Audiencia 77 / VEREDICTO

20-09-18 / En la fecha el Tribunal Oral N° 1 dictó sentencia para 19 procesados por delitos de lesa humanidad. Hubo cinco condenas a prisión perpetua, entre ellas a Juan Carlos Santamaría, por su responsabilidad en la desaparición del reconocido profesor Mauricio López. Además, hubo una absolución y penas de distinto monto, algunas muy bajas. Para Carlos Rico, 4 años y 6 meses; así como para los miembros de la Policía Federal, Raúl Mirotta y Marcelo León, quienes, a la vez, curiosamente, fueron condenados por asociación ilícita. El Campo Las Lajas fue reconocido como Centro Clandestino de Detención. También se dictaminó que el trato recibido por las mujeres detenidas se encuadra en Violencia de Género. Los crímenes analizados fueron considerados delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio cuyo alcance incluye a los y las niñas que estuvieron a disposición del D2.

Este VI juicio se inició el 27 de octubre de 2016. Estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza integrado por los jueces Daniel Cisneros del Juzgado de San Martín, provincia de Buenos Aires; Alejandro Piña y la jueza Gretel Diamante.

La parte acusadora fue representada por el fiscal general Dante Vega, la fiscal Patricia Santoni y el ad hoc, Daniel Rodríguez Infante. A ello se sumaron los querellantes: por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Pablo Salinas, Viviana Beigel, Diego Lavado y Carlos Varela. Por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervino Fernando Peñaloza, quien solamente querelló por la Causa Las Lajas. Por último, el Gobierno de Mendoza adhirió a los alegatos y pedidos de pena de la Fiscalía.

Solo un acusado contó con abogado particular: el vicecomodoro Juan Carlos Alberto Santamaría, patrocinado por Carlos Benavídez. Los 19 imputados restantes fueron asistidos por los defensores oficiales Ramiro Dillon y Leonardo Pérez Videla.

Por mayoría, el Tribunal decidió “rechazar los incidentes y planteos de prescripción de la acción penal, inconstitucionalidad, anticonvencionalidad y nulidad interpuestos por los defensores de los acusados”. Asimismo, declaró a los hechos juzgados como “constitutivos de crímenes de lesa humanidad, cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio”.

Causas acumuladas

En el debate se trataron once causas acumuladas que contemplaban a 76 víctimas, entre ellas cuatro asesinados/as y siete desaparecidas/os. 19 miembros de las fuerzas armadas y policiales esperaron el veredicto, de los cuales 10 llegaron a juicio por primera vez.

Llegaron al estrado varias causas por hechos que conmovieron a la sociedad: los asesinatos de Susana Bermejillo y Mario Susso, verificados cuatro días antes del Golpe del ‘76. El único imputado por el caso, Armando Osvaldo Fernández, fue absuelto por esta causa aunque condenado por otros hechos cometidos en el D2, con un monto de 20 años.

Por las ejecuciones de Amadeo Sánchez Andía, en junio de 1975 y de Víctor Romano Rivamar, en abril del ’76, absolvieron a José Luis Mirotta y Marcelo León, de la Policía Federal, a su vez que fueron condenados a la pena de cuatro años y seis meses por el delito de asociación ilícita.

En las dos causas mencionadas, el Tribunal entendió que los hechos, rodeados de la mayor clandestinidad, no estaban suficientemente probados para condenar a los imputados por las muertes. Sin embargo, reconoció que fueron víctimas del terrorismo de estado y a los imputados como miembros del aparato criminal.

Rico fue parte del Terrorismo de Estado

Algo similar sucedió con Carlos Rico, Exsecretario de Seguridad de la Provincia. El juicio retomó la Causa Rabanal que trata la detención y tortura de miembros cercanos a Montoneros, en febrero de 1976. El comisario Carlos Rico, miembro de Infantería, fue acusado de aportar a la custodia y traslado de los/as detenidos/as por el D2. Sin embargo, fue absuelto por los casos nombrados aunque condenado a la pena de cuatro años y seis meses por el delito de asociación ilícita, reclusión menor al tiempo que lleva en prisión preventiva luego de su fuga y posterior captura en el año 2013.

Para este caso, el Ministerio Público Fiscal había desestimado, en su acusación final, algunos hechos contemplados en instrucción y sostuvo solo aquellos suficientemente probados por los documentos y las declaraciones del propio Rico. El tribunal no acompañó el criterio de la Fiscalía. El fallo confirmó la pertenencia del exfuncionario del gobierno de Jaque a la asociación ilícita constituida para llevar a cabo el plan criminal estatal de la última dictadura.

Fuerza Aérea

Otros hechos nunca tratados también cobraron relevancia en este juicio. Por primera vez se analizó el accionar de la Fuerza Aérea en la represión ilegal a través de la Regional Oeste de Inteligencia dependiente de esa fuerza. Particularmente se ventiló el funcionamiento del Campo Las Lajas, sostenido por la acusación como Centro Clandestino de Detención (CCD), categoría confirmada por el Tribunal en la sentencia.

Fue condenado a prisión perpetua Carlos Santamaría, vicecomodoro de la Fuerza Aérea, por la detención y desaparición de Mauricio Amílcar López, visto por última vez con vida en este CCD. Lamentablemente, debido al reciente apartamiento de Paulino Enrique Furió, condenado en juicios anteriores, también quedaron sin responsables penales las desapariciones de Osvaldo Zuin, Juan Ramón Fernández, María del Carmen y Carlos Armando Marín, así como la detención y los tormentos sufridos por Horacio Ferraris en dicho centro clandestino.

ejército

En el Casino de Suboficiales, dependencia de la VIII Brigada del Ejército, ubicada en calle Boulogne Sur Mer, estuvieron alojadas 16 mujeres que convergieron en ese CCD donde fueron abusadas y torturadas. Fueron víctimas en este juicio: Liliana Buttini, Yolanda Cora Cejas, Vilma Rúpolo, Estela Izaquirre, Olga Salvucci, Carmen Corbellini, Eda Sbarbati de Alliendes, Rosa Alliendes, Beatriz García, Rosa Obredor, Susana Nardi, Dora Goldfarb, Norma Sibila, Marina Elena Castro y Liliana Petruy.

Las responsabilidades por estos delitos recayeron en el Ejército en articulación con la Fuerza Aérea. Carlos Eduardo Ledesma y Armando Olimpo Carelli fueron condenados a la pena de 22 años de prisión. Haciendo lugar a la fiscalía y la querella, el fallo declaró que “las mujeres mencionadas en el dispositivo precedente fueron víctimas en un contexto de violencia en razón de su género” y falló por la violación sufrida por Carmen Corbellini.

Además, por las detenciones de Arturo Galván, Hermes Ocaña, Ricardo Alliendes y Segundo Alliendes en la Compañía de Comunicaciones dependiente de la VIII Brigada de Montaña fueron condenados Dardo Migno y Ramón Ángel Puebla a doce y catorce años de prisión, respectivamente.

Condenas para miembros del D2

Asimismo, se revisó la feroz embestida contra el PRT-ERP, verificada en mayo de 1976, que dio por resultado la desaparición forzada de Jorge Daniel Moyano, visto por última vez en el D2, y las detenciones y tormentos de otras seis personas: Victor Sabatini, Lucía Allegrini, Graciela Leda, Liliana Tognetti, Silvia Schvartzman y Antonio Siro Vignone.

Por esta causa fueron condenados a prisión perpetua Pablo José Gutiérrez y Diego Fernando Morales. Armando Osvaldo Fernández recibió la pena de 20 años de prisión por éste y otros hechos ocurridos en el ya mencionado Centro Clandestino de Detención.

Por su parte, Alcides París Francisca y Ricardo Benjamín Miranda recibieron la condena de prisión perpetua por la desaparición de Olga Inés Roncelli, detenida también en el D2. Con eje en esta dependencia, se consideraron a su vez las causas que refieren las detenciones de Roberto Marmolejo, Alfredo Ghilardi, Carlos Mauri, Mirta Hernández, Adriana Espínola, Segundo Alliendes y Fredi Ramírez Longo. Por último, fueron condenados por primera vez los exagentes del D2, Miguel Ángel Salinas y Carlos Faustino Álvarez a la pena de cinco años de prisión por la detención y tortura de Nélida Virginia Correa.

La sentencia también contempló la persecución contra miembros de la Asociación Bancaria por la cual fueron condenados Armando Fernández y Pablo Gutiérrez Araya, responsables de los delitos sufridos por Luis Ocaña, Hermes Ocaña, Arturo Galván y Horacio Lucero.

Se condenó por primera vez a Roberto Usinger, exoficial del D2, a la pena de 14 años de prisión por la persecución contra miembros del Partico Comunista -dentro de la llamada “Causa Berlanga”- y las detenciones de Oscar Miguel Pérez y los hermanos Pedro y Marcelo Straniero.

Finalmente, como sucedió en otros juicios, cayó una causa que tenía como único imputado al exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, quien falleció el 27 de febrero de este año. Se trata de la Compañía de Telecomunicaciones 141 “Campo los Andes” del Ejército, ubicada en Tunuyán, que se constituyó en CCD para ocho detenidos trasladados de la Penitenciaría, presumiblemente, en calidad de rehenes.

Por último, fue absuelto el comisario Carlos Luciani, imputado por la detención y los tormentos sufridos por Miguel Ángel Rodríguez en la Seccional 33 que estaba a su cargo.

Vigilia fuera del recinto

Desde las escalinatas de Tribunales Federales, con un sol abrasador de primavera, la lectura de la sentencia fue seguida atentamente por miembros de los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, políticas, sindicales y medios comunitarios, entre ellos la radio La Mosquitera, que se acercaron a acompañar a víctimas y testigos/as.

El veredicto produjo emociones encontradas. Fue una reconfortante reparación para las mujeres y otras víctimas pero, a la vez, una desagradable sensación colectiva, por las indebidas penas a partícipes de la Dictadura, que pronto volverán a las calles.

la sentencia
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1836

 

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Audiencia 76 / ÚLTIMAS PALABRAS DE ROBERTO USINGER

23-08-18 / En la fecha se escucharon las últimas palabras de Roberto Usinger, agente del D2 procesado por privaciones ilegitimas de la libertad y tormentos, a quien reconocieron varios testigos.

Usinger, a lo largo de su exposición minimizó su rol dentro del D2 y se valió de un ayuda memoria para refutar algunos dichos de la Fiscalía y de los testigos.

Al iniciar, hizo referencia a la ampliación de su declaración indagatoria. El acusado mencionó los nombres de policías ya fallecidos como los máximos responsables sobre el destino de las y los detenidos. La Fiscalía advirtió la estratagema y se lo reprochó. Al respecto, Usinger respondió que ya hacía más de 30 años que estaba desvinculado de la Policía, por ende, no sabía quiénes seguían con vida y quiénes no. Molesto, afirmó que no era cierto que “le tiraba todo a los muertos”.

También contradijo la versión de que se quedaba con dinero de los detenidos. Describió los procedimientos establecidos para el manejo de valores, que distan bastante de lo que sucedía en la realidad. Según el imputado, el dinero que portaba el o la apresada era guardado en un sobre y luego, junto a los objetos de cuantía, era entregado a un familiar.

En cuanto al traslado de detenidos negó rotundamente los dichos de los testigos y aportó que los encargados eran los choferes del D2. En la época de los hechos (1979 al 1981), dijo que esa función la cumplían Hipólito Sosa y Domingo Scacchi, ambos fallecidos. Lamentó que los libros de novedades del D2 hayan desaparecido. Según él, si existieran hubiese sido favorecido porque allí constaban los servicios que realmente había cumplido.

Por otro lado, aportó el nombre de los médicos que asistían a las y los cautivos. Recordó que al menos ocho veces los hizo llamar. Mencionó a un psiquiatra Irisarri, quien visitaba los calabozos y a los doctores Masnú y Podestá.

Usinger reconoció que él atendía y acompañaba a los detenidos de una dependencia a otra, dentro del D2, tal como lo señaló el testigo víctima Oscar Pérez, torturado en esa dependencia. Así, también lo indicaron, los hermanos Straniero y los miembros del Partido Comunista presos en una redada.

En varios tramos de su intervención hizo referencia a consecuencias familiares lamentables, ocasionadas por su detención y solicitó al Tribunal le otorgue la prisión domiciliaria.

Para finalizar, Roberto Usinger, concluyó, “pido perdón si alguien se sintió ofendido”.

Al cierre, el Presidente del Tribunal, Daniel Cisneros, ofreció el cronograma de las próximas audiencias. El 29 de agosto tomará últimas palabras a Mirotta, León y Santamaría en el Juzgado de San Martín- Olivos, Pvcia de Buenos Aires. Luego ocupará el 6 y 13 de septiembre para completar las últimas palabras de los procesados. Aún no se estableció la fecha del veredicto.

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Audiencia 75 / PALABRAS FINALES: RICO Y LEDESMA

16-08-18 / Después de una breve dúplica de la defensa del exoficial de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Santamaría, se inició la ronda de palabras finales de los procesados. En la fecha fue el turno de Carlos Rico Tejeiro, acusado en la causa Rabanal y del exoficial del Ejército, Carlos Ledesma, por el Casino de Suboficiales.

Dúplica por Santamaría

En una breve intervención, Carlos Benavidez, respondió a la réplica que realizara la Fiscalía con respecto a sus argumentos en defensa del exvicecomodoro Juan Carlos Santamaría.

En primer lugar, se refirió a su pedido de inconstitucionalidad de la prisión perpetua, objetado por el Fiscal, en razón de que la reclusión no se cumple en forma taxativa.Los sentenciados tiene opción de salir, tener prisión domiciliaria y otras posibilidades. A este argumento, Benavidez respondió que no se trata de un “derecho per se”, si no que queda a criterio de los magistrados. Destacó que a Santamaría le permitieron asistir al casamiento de una de las hijas pero se le denegó permiso para asistir a la boda de su segunda hija debido a la intervención de la Fiscalía.

Por otro lado,insistió en rebatir el carácter de jefe u organizador de una asociación ilícita contenido en la imputación. Tal como lo hiciera en la etapa de alegatos, insistió en que su defendido no participó de la Regional Oeste de Inteligencia. Recordó que el jefe era el comodoro Padorno, como también sostuvieron los acusadores, resaltó. Tampoco estuvo en la Comunidad Informativa; su legajo no registra ningún dato que lo vincule con estas dependencias.

En 1977, agregó Benavidez, la División Inteligencia que comandaba Santamaría estaba abocada, exclusivamente, a brindar seguridad interna a la IV Brigada, insistió.

Para finalizar esbozó una novedosa hipótesis. Según el abogado, la Fuerza Aérea cedió el campo Las Lajas al Ejército. Esta fuerza instaló allí un campo clandestino de detención, a su cargo. Como única prueba de ello el abogado argumentó que la Fuerza Aérea no cumplía guardias en ese predio.

“Las cosas en su lugar”

Carlos Rico hizo uso de su derecho a las últimas palabras para seguir esgrimiendo argumentos que hacen a su defensa. El imputado repasó una a una las acusaciones en su contra y negó ser responsable penalmente. Remarcó que pondría “verdades y mentiras en relieve” para que estuvieran “las cosas en su lugar”.

En esta instancia, Rico reclamó a la Fiscalía haber hecho “giros imputativos” sobre diferentes puntos. Sobre la licencia anual, sostuvo con firmeza que “faltó investigación” respecto de este tema, que no supieron interpretar los libros de novedades ni determinar con certeza si participó, o no, en algunos hechos. Además afirmó que no se pudo saber si el destino fue o no incierto para “los presos” y que no era su tarea comunicar eso. Entiende el imputado, que por esta razón, no se puede afirmar que la incertidumbre sobre el destino de un traslado configure el delito de tormentos.

La omisión deliberada de ciertas declaraciones de las víctimas le sirvieron para hilar su relato. En este punto, por ejemplo, no mencionó jamás el estado en el que estaban las personas luego de haber sido secuestradas, torturadas, abusadas, vendadas, durante días. Él habla de un simple traslado de un grupo de “presos” desde el D2 hacia la Unidad Regional Primera. Se defendió precisando que no tenía “facultad revisoria” para preguntar nada sobre esas personas.

Carlos Rico desestimó por completo tener que responder penalmente por el delito de asociación ilícita. Aseguró que sería imposible encontrar un hilo conductivo hacia el pasado que pudiera comprobar esto y que nunca fue intimado ni declaró al respecto. Manifestó que nunca fue nombrado por nadie, ni en un juicio de Mendoza ni de San Rafael. “Nunca me escondí”, arremetió, a pesar de haber estado prófugo cuando se conocieron los cargos contra él.

Negó haber participado y planificado la detención de Olga Vicenta Zárate y que la única prueba que tenía la Fiscalía era su constancia de presentismo ese día en Infantería. Nuevamente sostuvo que no tenía ninguna autonomía funcional sino que era “un subinspector más” y no tenía poder de mando, sino que se encontraba en un escalón intermedio.

En la ampliación de su declaración indagatoria, Rico presentó ciertos libros que la querella utilizó en su alegato acusador. Hoy afirmó que “en los libros del Centro de Instrucción Contrasubversiva no hay ni una sola línea que denote ilegalidad” y comparó a estos libros con los supuestos manuales de Montoneros, alimentando fuertemente la teoría de los dos demonios.

Luego de despacharse contra la Cámara Federal de Apelaciones, calificándola de “la infamia más grande”, con un guiño hacia el Tribunal,aseguró que “las cosas van a terminar en su debido lugar” y “van a fallar como corresponde”, teniendo en cuenta “todas las dimensiones: jurídica, moral y con el corazón en la mano”. A pesar de eso, remarcó que nadie le devolvería la honra ni el apellido.

Finalizó, no sin antes hacer una cita bíblica, asegurando que la hipocresía y la inequidad vino del lado de los acusadores.

Yo solamente le pido perdón a Dios

Carlos Ledesma hizo uso de las últimas palabras para insistir sobre la autonomía del Casino de Suboficiales –que funcionó como Centro Clandestino de Detención de mujeres en 1976- respecto de la Compañía de Comando y Servicios, que estaba a su cargo. Fue reprendido por Daniel Cisneros, presidente del Tribunal, debido al tono agresivo que adoptó en más de una ocasión hacia la Fiscalía.

El imputado señaló como responsable del Casino al recientemente capturado Walter Tomás Eichhorn, quien habría sido designado por sus propios pares. Según Ledesma, en el Casino vivían los suboficiales solteros, razón por la cual las autoridades no podían ingresar libremente para preservar la intimidad: como al domicilio de un casado, “si no me invitan, no voy”. Además, repitió que las órdenes eran transmitidas a Eichhorn directamente por el general Jorge Maradona.

También negó haber conocido o firmado órdenes referidas a las “19 víctimas” del CCD. Sostuvo que Dora Goldfarb, quien declaró recibir insultos y amenazas de Ledesma por su origen judío, no pudo identificarlo luego en el reconocimiento: “Ni soy rubio, ni uso botas, ni soy nazi”, fue su defensa frente a las palabras de algunas de las detenidas. Como es corriente entre los acusados, Ledesma reclamó al Ministerio Público Fiscal que no hubieran sido citados los cinco suboficiales efectivamente identificados, aunque admitió que “algunos están muertos”.

El resto de su declaración versó sobre aspectos de su carrera militar y profesional: “mientras fui militar, fui uno de los mejores”. Aseguró pertenecer a la fuerza desde los doce años y agradeció la formación recibida de los mejores instructores, entre ellos el excoronel carapintada Mohamed Alí Seineldín. Obtuvo una condecoración por su actuación en Tucumán en 1975 y explicó que sus compañeros lo consideraron “veterano de guerra”. También reveló que se retiró de su cargo en la Compañía de Comando y Servicios “porque no compartía los lineamientos de parte del Proceso de Reorganización Nacional”.

Por otro lado, reconoció haber desarrollado “militancia política” en un ministerio, pero aclaró: “tener una ideología no significa que yo me haga cargo de estos actos que son en contra de los Derechos Humanos”. Sostuvo que “era conocido” porque en paralelo al ejército estudió Ciencias Políticas y Sociología en la UNCuyo, algo que estaba prohibido para un oficial. Dijo que desde los noventa se dedicó “exclusivamente a formar gente en claustros universitarios” hasta el año 2011.

Destacó que lleva escritos tres libros y que prepara uno próximo que “no tiene cabida en Argentina” pero sí en el exterior. Luego reivindicó su condición de “católico apostólico romano” y laico consagrado, y sentenció no tener ningún problema de conciencia: “Yo solamente le pido perdón a Dios”.

En relación al proceso judicial, dijo haberse presentado voluntariamente desde Buenos Aires “para aportar datos” pero luego de siete años “no se descubrió nada”. “Que la verdad corone a la justicia que está muy vapuleada”, concluyó.

La próxima audiencia será el jueves 23 de agosto a las 9.30hs.

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