Audiencia 69 / ORFANDAD PROBATORIA

21-06-18 / El defensor oficial hizo un repaso por distintas causas y, en todos los casos, pidió la absolución lisa y llana de los imputados. Pérez Videla recurrió al argumento de la falta de pruebas y aseguró que la explicación narrativa no evidenciaba la responsabilidad penal de los acusados.

El representante del Ministerio Público de la Defensa (MPD), Leonardo Pérez Videla, repasó las causas del D2, de la Compañía de Comunicaciones y del Casino de Suboficiales.Aseguró que no pudo encontrar pruebas concretas que relacionaran el contexto del momento de los hechos con la actuación particular de cada imputado. Hasta su fallecimiento, a Menéndez se le endilgaba la responsabilidad penal por todas las causas.

Susso y Bermejillo

El único imputado por esta causa es el oficial de inteligencia del D2, Armando Osvaldo Fernández, ya condenado por delitos de lesa humanidad. Pérez Videla hizo hincapié en la anomia que caracteriza a esta causa, fundamentándose en el manifiesto secreto y actuar ilegal de los perpetradores. Según el abogado, los autores son inidentificables.

Salvando la cuestión funcional, “no hay un solo elemento de prueba”. El representante del MPD sostuvo que están juzgando a Fernández basándose en el derecho penal de autor y no de acto y que, a pesar de que estos sean “casos tremendos”, no hay ninguna constancia de la relación con la participación del acusado.

Sobre las declaraciones testimoniales, aseguró que no se refirieron a los hechos juzgados sino a la ubicación histórica, al contexto universitario de militancia y de vivencias. Desestimó el testimonio de Alejandra Bermejillo, hermana de la víctima, por hablar desde el dolor y no brindar “ningún tipo de precisiones”. “La imputación está mezclada, lamentablemente, con la narrativa”, resumió.

Pérez Videla afirmó, basándose en la obra de Roberto Vélez, que la responsabilidad es atribuible “más a los grupos secretos”. Este “marco caótico no puede achacársele a un sujeto”. Asimismo, aseguró que nada tiene que ver el hecho juzgado con la Misión Ivanissevich de represión universitaria.
Como la pena sería anticonvencional y anticonstitucional, el caso “tiene que seguir lamentablemente impune”, adelantó. Pidió, finalmente, la absolución lisa y llana del imputado o, en su defecto, la absolución por el beneficio de la duda.

Compañía de Comunicaciones

Los imputados de este caso, Dardo Migno y Ramón Ángel Puebla, deben responder por lo sucedido a siete víctimas en la Compañía de Comunicaciones. El defensor afirmó que “no hay un solo elemento objetivo de prueba”. El control operacional del centro clandestino de detención (CCD) no podría tomarse como un elemento de intervención concreta de los acusados. Sostuvo que ese control significaba operativizar ingresos y egresos del “Lugar de Reunión de Detenidos (LRD)”, no garantizar traslados ni torturas.

Continuando con la estrategia de echarle la culpa al muerto, según Pérez Videla sería el comisario de la seccional 16 el responsable de lo ocurrido a la familia Alliendes. Aunque sin pruebas afirmó: “yo creo que murió quien estaba a cargo”.

Además, Pablo José Gutiérrez y Armando Osvaldo Fernández están acusados por lo ocurrido a Arturo Galván y Horacio Lucero en el D2. El abogado aseguró que la imputación se sostiene en el cumplimiento del rol y no en la participación concreta y, nuevamente, apeló a la orfandad probatoria. Además, aseguró que “para tareas de inteligencia se necesitan fondos” con los que la policía no habría contado.

Debido a que lo juzgado no cumple con los aspectos cognitivos y volitivos del dolo, el representante del MPD pidió la absolución lisa y llana de los imputados. En caso de que esto no cumpliera los requisitos, solicitó la absolución por el principio de la duda.

Casino de Suboficiales

Los imputados en esta causa, Armando Olimpo Carelli y Carlos Ledesma, tienen pocos elementos para defenderse debido a que las víctimas los mencionaron específicamente.El abogado Leonardo Pérez Videla habló de los hechos cometidos contra estas mujeres como “desavenencias que lamentablemente les tocó vivir”.

En primer lugar, solicitó que no se tuviera en cuenta la acusación por asociación ilícita ya que la posición funcional de los hombres en la jerarquía del Ejército no garantizaría su participación en el plan criminal. Refirió, desafortunadamente, al “terror de los imputados” de no saber por qué se los acusa.

Algunas víctimas nombraron explícitamente a Ledesma. Edith Arito habló de su rango y de cómo su voz aún le “martillaba la cabeza”. Dora Goldfarb hizo particular referencia a los insultos antisemitas del teniente. A pesar de esto, el abogado defensor afirmó que a Ledesma lo ocupaban “otras responsabilidades” que no se centraban en el Casino ya que tenía a su cargo toda la Compañía de Comandos y Servicios. Señaló al general Maradona, quien por supuesto ya falleció, a la cabeza de todo lo ocurrido.

En este contexto, se adelantó a la defensa de Walter Tomás Eichhorn, quien estaba prófugo al momento del inicio de este juicio, pero fue detenido y pronto será juzgado. Como responsable del Casino, “estaba a cargo de las tareas cotidianas”. Lo nombraron Beatriz García “y otra más” pero el resto “lo recuerda sin precisar”.

Aseguró Leonardo Pérez Videla que se debe distinguir el “marco de situación tremendamente doloroso” del “ejercicio o dominio de la situación”. Su tesis de defensa se centró en asegurar que el padecimiento de estas mujeres estaba a cargo de subgrupos y no de los responsables del CCD. Este “tremendo escarnio” estuvo “sometido a este poder superior que 40 años después no podemos conocer”.

Para Carelli, la defensa se fundamentó en la aseveración de la existencia de un problema interpretativo. Algunas víctimas se refirieron a él como “Willy” y el abogado afirmó que lo confundieron con Cardello, a quien apodaban así. La explicación faltante sería el motivo de la presencia de ese oficial de la policía federal en el predio del Ejército.Si bien él tenía el control de cada una de las detenidas, “el desastre se desató después” y estaba fuera de su alcance. Respecto de la secuencia del auto de Goldfarb simplemente afirmóque “fue de otra forma” pero no se explayó en fundamentar la afirmación.

Para concluir este caso solicitó, en contra de lo sostenido por la Fiscalía y la querella, que no se consideraran por separado los delitos sexuales y los tormentos. Los ataques sexuales eran, según el representante del MPD, parte del mismo delito de torturas agravadas por ser perseguidas políticas.

Por considerar escasas las pruebas para endilgar responsabilidades concretas a los imputados Carelli y Ledesma, el defensor solicitó para estos hombres la absolución lisa y llana o, en su defecto, por el beneficio de la duda.

Las causas del D2 y el ejército

Pérez Videla inició un recorrido “express” por las causas que involucran a autoridades policiales y militares a raíz de múltiples detenciones en el mayor centro de detención y exterminio de la Provincia, el Departamento de Informaciones D2.

En todos los casos, la defensa consistió en la ya mencionada “orfandad probatoria”, en reclamar la falta de investigación de ciertos aspectos, en repetir que las víctimas eran perseguidas con anterioridad a la detención y en lamentar que los “grupos secretos que cometieron los delitos ”fueran imposibles de determinar por el paso de los años. Para todos los acusados pidió la absolución lisa y llana o por beneficio de la duda.

Por los hechos cometidos contra Marta Rosa Agüero y Roberto Marmolejo el imputado es Armando Fernández, oficial de Inteligencia del D2 que ya fue condenado en juicios anteriores por numerosos crímenes.

La única defensa consintió en señalar que las víctimas, según sus propias declaraciones, estaban identificadas desde principios de los ’70. Este hecho parecería exonerar a Fernández ya que volvería innecesaria la tarea de inteligencia posterior que el propio acusado rechaza haber realizado como miembro del D2.

El abogado también reclamó que la Fiscalía no hubiera citado a declarar a los miembros de la Concertación Nacional Universitaria (CNU) cuyos nombres se pronunciaron más de una vez en las declaraciones testimoniales en relación a la persecución de militantes universitarios.

En la causa de Daniel Hervida está acusado Paulino Furió, jefe del G2 de Inteligencia del Ejército. El imputado había afirmado en su indagatoria que su tarea se remitía al “armado de causas y manejo de datos”. Según el defensor, como en todos los casos de autoría mediata, no existen elementos de contacto directo con los delitos y la acusación de la Fiscalía se basa solamente en su cargo.

La detención y los tormentos padecidos por Miguel Ángel Rodríguez tienen como responsable a Carlos Luciani, jefe de la Seccional 33 donde permaneció inicialmente secuestrado –y donde fue brutalmente golpeado- antes del trasladado al D2. La Fiscalía había señalado este caso como un ejemplo del funcionamiento de las comisarías como ruedas de auxilio en la represión ilegal.

Aunque Rodríguez declaró haber sido detenido por personal policial, el defensor buscó desvincular a esta fuerza recurriendo a la descripción del uniforme dada por la víctima, ya que coincidiría más con la vestimenta militar.

Por otro lado, argumentó que Luciani estuvo de licencia hasta el 29 de noviembre aunque su legajo indica que el mes de vacaciones concluyó un día antes del secuestro. De ser así, tampoco podría haber “planificado o preordenado” la detención. Además, reclamó a la Fiscalía el no haber citado a las demás autoridades de la comisaría que “seguro estuvieron” el día del hecho.

Por último, señaló como responsable del procedimiento y de los traslados a Sánchez Camargo, cuya firma figura en las actas y desestimó la acusación de asociación ilícita porque no existe repitencia ni sistematicidad en los delitos adjudicados a Luciani.

En la causa de Alfredo Luis Ghilardi está acusado como autor mediato Alcides París Francisca, jefe de policía que firmó personalmente la orden de traslado de la víctima desde el D2 hasta la penitenciaría. Sin embargo, para la defensa se trata de un hecho “accidental” que Francisca aseguró no conocer ni recordar porque en esa época estaba “recorriendo las comisarías de toda la Provincia”. El criterio para la imputación del Ministerio Público sería, una vez más, el cargo que desempeñaba.

Por la detención, los tormentos y el homicidio de Olga Inés Roncelli –vista por última vez con vida en el D2- están acusados Paulino Enrique Furió, Alcides París Francisca y Ricardo Benjamín Miranda, en calidad de autores mediatos. Los tres acusados declararon desconocer el caso y negaron la actividad de inteligencia asumida por el D2. Este caso, como todos los abordados por la defensa, sería producto del “ejercicio de una autoridad secreta y sistemática” que “definía quién sobrevivía”.

Lo mismo sucedería en la detención de Fredi Ramírez Longo, cuyos acusados son los jefes de la policía, Alcides París Francisca y su sucesor, Mario Laporta. De toda la prueba documental que existe en esta causa, el defensor solo resaltó que se indica la intervención del cuerpo de motorizada en la detención pero no se citó a ninguno de sus miembros a prestar declaración.

Por el secuestro de Carlos José Mauri también está imputado Mario Laporta cuya intervención habría sido, otra vez, “accidental”. Pérez Videla señaló que se desconocen las gestiones que realizó el yerno de Mauri –abogado con vínculos militares- a partir de las cuales podría señalarse con mayor precisión quienes estuvieron involucrados.

Por los delitos cometidos contra Nélida Virginia Correa,los acusados son Miguel Ángel Tello Amaya, Miguel Ángel Salinas y Carlos Faustino Álvarez, todos miembros del D2; los dos últimos imputados por primera vez.

El abogado defensor pidió no considerar la declaración de la víctima –que reconoció a varios agentes de este CCD, entre ellos los mencionados- debido a su incorporación por lectura de su declaración en juicio anterior. Señaló que es la “única prueba” existente y, al igual que en el resto de los casos, no existirían elementos suficientes para sostener la figura de asociación ilícita.

Por último, la defensa abordó escuetamente las causas del operativo contra la Juventud Guevarista por las cuales están acusados Diego Fernando Morales Pastrán, Armando Fernández Miranda y Pablo Gutiérrez Araya. Entre los múltiples delitos cometidos contra las víctimas se encuentra el homicidio de Daniel Moyano, visto por última vez en el D2.

Pérez Videla consideró que la Fiscalía “se volcó” a estos miembros de la policía porque son algunos “agentes que quedan vivos” pero no investigó ni acusó a personal de mayor rango.

Como sostuvo al comienzo de su alegato, el pedido de prisión perpetua para adultos mayores sería“inconstitucional y anticonvencional” y solicitó al tribunal que así lo declarara.

Los alegatos de la defensa continúan el viernes 22 de junio a las 9.30 hs.

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Audiencia 66 / LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

08-06-18 / Durante toda la jornada se escucharon los alegatos y pedido de pena de los representantes del MEDH. Diego Lavado terminó su intervención por las causas correspondientes al D2. Viviana Beigel expuso sobre la causa Susana Bermejillo / Mario Susso y luego por la causa del Casino de Suboficiales del Ejército desde una perspectiva de género. Cerró Pablo Salinas, quien inició su alegato por el CCD Campo Las Lajas.

El abogado Diego Lavado retomó su alegato al iniciar la jornada. Repasó las pruebas del accionar conjunto de las distintas fuerzas armadas y de seguridad para explicar el funcionamiento del plan represivo. Esto quedó demostrado por la declaración de Sánchez Camargo en 1987.

Finalmente, y por todos los hechos narrados con anterioridad, Lavado formuló la acusación y el pedido de pena.

Alcides París Francisca fue acusado de ser autor mediato de los siguientes delitos:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía por el caso de Olga Inés Roncelli
  • Privación abusiva de la libertad agravada en el mismo caso
  • Privación abusiva de la libertad agravada por tres hechos
  • Tormentos agravados, por los mismos hechos

La pena solicitada por la querella para Francisca es prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

Mario Alfredo Laporta debe responder como autor mediato de los delitos de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por tres hechos
  • Tormentos agravados, por los mismos hechos

Lavado solicitó la pena de 20 años de prisión.

A Armando Osvaldo Fernández Miranda se lo acusó por:

  • Homicidio doblemente agravado por los casos de Susso y Bermejillo
  • Privación abusiva de la libertad agravada por 12 hechos
  • Tormentos agravados por 14 hechos
  • Lesiones graves agravadas, por los casos de Allegrini y Leda
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor persona encargada de la guarda en los mismos casos y Espínola

La pena solicitada para Fernández es prisión perpetua.

Diego Fernando Morales Pastrán fue acusado por ser coautor de los siguientes delitos:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas, por el caso de Daniel Moyano
  • Privación abusiva de la libertad agravada, por el mismo caso
  • Lesiones graves agravadas por los casos de Allegrini y Leda
  • Privación abusiva de la libertad agravada por seis hechos

Por todo lo mencionado se solicitó que se lo condenara a prisión perpetua.

Carlos Alberto Luciani debe responder penalmente como autor mediato de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, por Miguel Ángel Rodríguez
  • Tormentos agravados, por el mismo caso
  • Asociación ilícita en calidad de jefe

La pena pedida por el MEDH es de 20 años de prisión.

Pablo José Gutiérrez fue acusado de los siguientes delitos en calidad de coautor:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía por Daniel Moyano
  • Privación abusiva de la libertad agravada por el mismo caso
  • Privación abusiva de la libertad agravada por nueve hechos
  • Tormentos agravados, por 10 hechos
  • Lesiones graves agravadas por los casos de Allegrini y Leda
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda en los mismos casos

Para Gutiérrez se solicitó la pena de prisión perpetua.

Miguel Ángel Tello Amaya es acusado de:

  • Coautor de privación abusiva de la libertad agravada, por el caso de Nélida Virginia Correa
  • Y como partícipe primario de tormentos agravados por el mismo caso

Lavado pidió la pena de 16 años de prisión para Tello.

Ricardo Benjamín Miranda debe responder por ser autor mediato de:

  • Homicidio doblemente agravado por el caso de Olga Inés Roncelli
  • Privación abusiva de la libertad agravada en el mismo caso
  • Tormentos agravados, por el mismo hecho

Se solicitó para Miranda la pena de prisión perpetua.

Tanto a Miguel Ángel Salinas como a Carlos Faustino Álvarez se los acusa de ser coautores de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por el caso de Nélida Virginia Correa
  • Tormentos agravados por el mismo caso
  • Asociación ilícita en calidad de integrantes

Para estos dos imputados la pena pedida es de 16 años de prisión.

Por último, Roberto Usinger debe responder penalmente como coautor de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por Marcelo Straniero
  • Privación abusiva de la libertad agravada por 14 hechos
  • Tormentos agravados por 14 hechos
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda en los casos de Valerio Castillo y Rosa Rouge
  • Asociación ilícita en calidad de integrante

Para Usinger se pide la pena de 20 años de prisión.

El abogado Diego Lavado explicó la razón para pedir, en algunos casos, penas más duras que el Ministerio Público Fiscal. Para ello recurrió a la sentencia de Ortubia-Salinas de la Cámara Federal de Casación que afirma que no se puede hacer análisis de delitos en abstracto sino que hay que valorar el contexto del aparato organizado de poder, ejecutor de delitos de lesa humanidad. Mencionó, además, la particular condición de indefensión de las víctimas.

Para finalizar, Lavado citó a Joan Manuel Serrat, con su canción “Los macarras de la moral”:

“Sin prisa pero sin pausa,
esos carcamales
organizan sus cruzadas
contra el hombre libre
más o menos responsable
de todos los males
piensan que por su cuenta
sueñan y lo dicen.

Si no fueran tan temibles
nos darían risa.
Si no fueran tan dañinos
nos darían lástima.
Porque como los fantasmas,
sin pausa y sin prisa,
no son nada si se les quita la sábana”.

La CNU, Susana Bermejillo y Mario Susso

Viviana Beigel, encargada del alegato por los asesinatos de Bermejillo y Susso, comenzó su exposición agradeciendo a los familiares por los aportes en la reconstrucción de la historia de ambos. La tónica de su intervención fue similar a la adoptada por Pablo Salinas, una puesta en palabra de las vivencias generadas por el terrorismo de estado.

Reivindicó el derecho a la verdad y la obligación de investigar lo sucedido. “Somos la voz de las víctimas”, resaltó. Antes de abordar las causas hizo una contextualización de lo que sucedía en la esfera universitaria ya que tanto Susso como Bermejillo provenían de ese ámbito.

Según Beigel, la designación de Oscar Ivanisevich en el Ministerio de Educación de la Nación marcó un hito para la avanzada de las corrientes de derecha dentro de las instituciones educativas. Esta gestión, destinada a “combatir la infiltración marxista”, sirvió de caldo de cultivo para el accionar de los grupos de la misma orientación como la Concentración Nacional Universitaria (CNU ) vinculados a la Triple A.

En la causa sobre la CNU, tratada por el Tribunal de Mar del Plata, quedó demostrado su aporte a la ofensiva represiva. Su tarea consistía en realizar inteligencia sobre los estudiantes y se valían de métodos patoteriles como las amenazas, robos, falsificaciones y otros delitos propios de los cuerpos paraestatales. Tenían conexión con las policías y demás fuerzas; varios integrantes, con posterioridad, ocuparon cargos en el Estado.

En Mendoza, en 1975, fue designado rector de la UNCuyo, Otto Heber Burgos, quien, en línea con Ivanisevich, se dispuso a combatir la política disolvente que atribuía a las corrientes estudiantiles, mayoritariamente de izquierda.

Burgos, en su embestida contra el marxismo, contó con el valioso aporte de Enrique Gómez Saá, oficial del Ejército, perteneciente al área de inteligencia, quien se desempañaba como profesor de la Universidad. El mismo coordinaba con la policía y otras fuerzas, según consta en el libro de Roberto Vélez, sobre el tema.

Ya en Dictadura, se estableció un régimen de militarización de las prácticas cotidianas, como la prohibición de expresiones políticas así como el uso de barba para los jóvenes y maquillaje en las mujeres. La “Operación Claridad”, realizó una suerte de depuración de los claustros, tras “el ideario nacional”.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) contaba con fuerte presencia de integrantes de la CNU y un activo centro de estudiantes en manos de corrientes de izquierda. La provocación de los primeros era incesante, perturbaban las marchas y patoteaban, inclusive con el uso de armas. Seijo, Burlot, Lucas y otros, estaban abocados a terminar con esa “bastarda élite de mercenarios”, los marxistas, tal como lo consignan sus escritos.

El 14 de julio de 1976 se produjo el asalto a una estación de servicio protagonizada por el mencionado Pato Lucas, junto a Héctor Gómez y Talley, integrantes de la CNU. Fueron detenidos in fraganti. En sus declaraciones sostuvieron que el dinero estaba destinado a la lucha contra la subversión.

A mansalva

Existen contundentes indicios de que la CNU en articulación con el D2 de la Policía de Mendoza intervinieron en los homicidios de Susana Bermejillo y Mario Susso.

Mario Susso, estudiante de la UTN, pertenecía a la agrupación de izquierda FAUDI y era miembro del Partido Comunista Revolucionario (PCR). En diciembre de 1975 su domicilio fue allanado y estuvo detenido e interrogado en el D2. Después de un breve lapso fue liberado.

En la madrugada del 20 de marzo fue arrebatado del domicilio de sus padres por un grupo armado que lo baleó cuando intentaba evitar su secuestro. Su cuerpo, sin vida, fue encontrado horas después en la calle Pescadores.

Susana Bermejillo, estudiante de literatura y filosofía, estaba casada con Juan Carlos Carrizo, militante del Partido Comunista y estudiante de la UTN. Según Carrizo, la patota venía por él pero consiguió escapar; entonces se la llevaron a ella. El operativo estuvo a cargo de un grupo que parecía, eran de la policía (según sus familiares a uno de ellos lo llamaron “sargento”). Susana fue ultimada y abandonada en el mismo lugar que Mario Susso.

En cuanto a las pruebas, Juan Carlos Carrizo ha afirmado, reiteradamente, que fue la patota de la CNU quien ejecutó a su esposa y a Susso. Tal como fue señalado, anteriormente, esta agrupación tenía conexión con las policías locales. Prueba de ello es la indagatoria, bajo tortura, realizada a Roberto Mermolejo, en el D2, antes de las ejecuciones. Él era estudiante de la UTN y miembro de una agrupación de izquierda. Un día antes de este suceso fue torturado mientras le preguntaban por Susso y Carrizo.

Por los homicidios de Mario Susso y Susana Bermejillo está acusado Armando Osvaldo Fernández. Este policía del D2, entre otras funciones, era miembro de inteligencia y figura clave en el Comando de Operaciones Tácticas, encargado de los procedimientos.

Por ello fue imputado, en los dos casos, como autor mediato de:

  • homicidio agravado
  • privación abusiva de la libertad
  • tormentos agravados

La abogada pidió la pena de prisión perpetua.

Asimismo, solicitó compulsa para que sean investigados los miembros de la CNU señalados por Juan Carlos Carrizo.

Los impecables alegatos de Viviana Beigel fueron acompañados por una sala colmada de gente. Los familiares y pares en la militancia de Mario Susso y Susana Bermejillo, las expresas sobrevivientes del casino y sus parientes, amistades, varones y mujeres pertenecientes a los organismos de DDHH, periodistas, artistas y un nutrido grupo humano que escuchó con atención el alegato-homenaje desplegado por la abogada, con el soporte de cartas y fotografías.

Por una sentencia con perspectiva de género

Al abordar la causa del Casino de Suboficiales, el Centro Clandestino de Detención que albergó detenidas en 1976, Viviana Beigel analizó la situación particular de las mujeres durante el Terrorismo de Estado. Reconoció el trabajo previo iniciado por la Fiscalía a través del alegato de Rodríguez Infante sobre este tema.

La ideología conservadora del aparato represivo en relación a la mujer bregó por la recuperación de los roles tradicionales de madre y esposa con anterioridad al Golpe. Por ejemplo, el Comando Pío XII de Santuccione persiguió y ejecutó a mujeres que ejercían la prostitución antes de abocarse a militantes de organizaciones políticas y sociales.

El disciplinamiento hacia las víctimas, que se profundizó luego del 24 de marzo del ’76, implicó un castigo diferenciado por su condición de mujeres y fue una práctica sistemática y planificada, tendiente a imponer un orden social patriarcal. Beigel citó a Rita Segato para explicar que en la estrategia de desmoralizar al enemigo, la usurpación y la destrucción del cuerpo, es algo central.

Para los represores y su moral occidental y cristiana, la familia era la célula de la Nación. Por lo tanto, el Estado debía intervenir cuando esa familia se “desnaturalizaba”. La Iglesia también jugó un importante papel disciplinador cuando sus curas visitaban las cárceles o centros clandestinos buscando el arrepentimiento y la confesión de las detenidas.

Estas ideas eran expresadas por los mandos militares en sus comunicados y reglamentos, además de la prensa. La revista oficialista Para Ti, por ejemplo, se preguntaba “¿qué le están haciendo a nuestros hijos?” y sugería a las madres proteger de la amenaza subversiva a sus familias mediante una mayor dedicación.

Las militantes políticas, por lo tanto, fueron doblemente perseguidas: como opositoras y como transgresoras de sus roles impuestos, por ser “viriles”, por tener vida pública y por desatender la maternidad.

Los reglamentos militares y carcelarios establecieron pautas diferenciadas de género respecto de la requisa de mujeres (no dejarse amedrentar por reacciones “histéricas”) o la maternidad (de dos años se redujo a seis meses el lapso para la permanencia de infantes con sus madres). En el penal de Devoto se creó una junta interdisciplinaria que elaboró un “Plan de conducta y libertad” que forzaba a la confesión y clasificaba a las detenidas en “recuperadas”, “en vía de recuperación” o “irrecuperables”, a fines de generar divisiones y extraer información.

En los Centros Clandestinos de Detención, la represión también tuvo formas propias: la tortura física y psicológica, la violación, la desnudez forzada, los abortos, los partos deshumanizos. A la subversiva había que denostarla y destruirla. Y la sanción, en algunos casos, fue más allá de sus propios cuerpos, mediante la apropiación de sus hijos e hijas o la utilización de menores para torturarlas y amenazarlas.

La violencia sexual fue confirmada por la CONADEP, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y el Juicio a las Juntas. Progresivamente, la jurisprudencia nacional y provincial fue identificando los delitos sexuales en su especificidad y, según el artículo siete del Estatuto de Roma, como delitos de Lesa Humanidad en sí mismos.

El caso del Casino de Suboficiales

Este CCD de mujeres dependía de la Compañía de Comunicaciones de la VIII Brigada de Montaña y estaba a cargo de Walter Tomás Eichhorn, prófugo recientemente capturado, cuyo superior era Carlos Ledesma. Tanto ellos como los interrogadores (García, Pagella y Carelli) fueron reconocidos en numerosos testimonios de las víctimas.

De abril a septiembre de 1976 pasaron por allí dieciséis mujeres: Liliana Buttini, Vilma Emilia Rúpolo, Olga Salvucci, Norma Sibila de Morán (fallecida), Dora Goldfarb, Yolanda Cora Cejas, Estela Izaguirre, Carmen Corbellini, Edith Arito, Rosa Obredor, Beatriz García, Susana Nardi, María Elena Castro (fallecida), Liliana Petruy, Silvia Alliendes y Eda Sbarbati de Alliendes (fallecida).

Beigel relató en detalle el caso de Vilma Rúpolo, quien fue detenida dos días después de dar a luz a su hijo Mariano. El recién nacido quedó a cuidado de sus abuelos y pudo reencontrarse con su madre varios días más tarde, luego de que Rúpolo presionara con amenazas de suicidio. La querella instaló frente al tribunal el moisés en el que Mariano fue conducido al Casino por dos militares con Itacas. Una muestra muy gráfica de la caracterización que los represores tenían respecto de la peligrosidad de los “hijos e hijas de la subversión”.

Pese a la tortura y las amenazas constantes que padecieron las mujeres allí detenidas, la llegada de Mariano fue “un momento de alegría”. La solidaridad, que fue una característica entre las compañeras de cautiverio de los distintos centros y cárceles a lo largo del país, permitió, según sus palabras, la supervivencia frente al terror. En el caso del Casino, el cuidado colectivo del pequeño niño, los cantos de resistencia, la contención, fue un lazo salvador. Ese mismo compañerismo continuó a lo largo de cuarenta y dos años y las encontró, de nuevo, tomadas de las manos y en primera fila, oyendo esta vez, los alegatos que rescatan sus hechos.

Por estos delitos, la querella sostuvo la calificación legal y las acusaciones de la Fiscalía contra Carlos Ledesma (autor mediato) y Armando Olimpo Carelli (coautor) y pidió penas de 25 años e inhabilitación perpetua para ambos.

Por último, al igual que el Ministerio Público, Viviana Beigel pidió una sentencia con perspectiva de género que incluyera explícitamente la violencia desplegada por el aparato represivo contra las víctimas mujeres de este juicio.

Salinas inició el alegato por Las Lajas

En la última hora de la jornada del debate de hoy refirió Pablo Salinas lo sucedido en el CCD Campo Las Lajas. El abogado hizo un recorrido por la historia del MEDH, sus orígenes, su objetivo, sus valores. Mencionó a “las imprescindibles” Elba Morales y Pocha Camín y agradeció su trabajo incansable por dilucidar lo sucedido durante la última dictadura.

Sobre Las Lajas se conoce su uso como campo de tiro antes del ‘76. Sin embargo, entre ese año y el ‘83 hay un ocultamiento de la información de su funcionamiento. La querella sostuvo que la falta de datos sobre esa época se debe al uso de ese campo como Centro Clandestino de Detención. “En Campo Las Lajas están los restos de nuestros compañeros”, aseguró Salinas.

En ese contexto, hizo referencia al rol central de Carlos Santamaría como jefe de inteligencia de la IV Brigada Aérea. “La inteligencia decidía quién vivía y quién moría”, como también los distintos mecanismos para deshacerse de los cuerpos. Hay testimonios muy elocuentes que refieren a Las Lajas, dependiente de la Fuerza Aérea, como centro clandestino de detención, torturas y exterminio. Ejemplos de ello son las palabras de Horacio Oscar Ferraris, Emilio Luque Bracchi y Vivian Acquaviva.

Contra los dichos de Carlos Rico en su indagatoria, “¿por qué no juzgan a los Montoneros?”, Salinas respondió: “ojalá hubieran juzgado a todos como a ellos ahora, con todas las garantías. Esto es un Estado de derecho, no lo que aplicaban ustedes”. Y ejemplificó con la pastilla de cianuro que tomó María del Carmen Marín para evitar la máxima perversidad que podía sufrir al caer en manos de los represores.

Las víctimas de Las Lajas

A través de fotos, ilustraciones y distintas diapositivas hizo el abogado un recorrido por las víctimas de este caso. Mauricio López tenía un voto por la paz y por la pluralidad. Fue integrante del Consejo Mundial de Iglesias y el primer rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Era un profesor reconocido y muy querido.

Osvaldo Zuin era exseminarista y actor de teatro, militaba en el PRT. Emilio Luque estudiaba en Ciencias Físicas y Matemáticas en la UNSL, además de compartir habitación con el militante peronista Santana Alcaraz. María del Carmen Marín estudiaba Bellas Artes en Buenos Aires y militaba en Montoneros. Su padre, Carlos Armando Marín, la protegía y fue secuestrado luego de que ella se suicidara al tomar la pastilla de cianuro.

El jueves próximo, 14 de junio, continuará la audiencia con la conclusión del alegato de la querella y comenzará la defensa con su argumentación.

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Audiencia 61 / FIN DEL CASINO E INICIO DEL D2

04-05-18 / Para dar seguimiento a la etapa de Alegatos, la Fiscalía expuso sus consideraciones finales sobre la causa del Casino de Suboficiales. Luego, Daniel Rodríguez Infante introdujo el análisis de las causas vinculadas a la Policía de Mendoza con una reseña del origen y funciones del D2. La fiscal Patricia Santoni, por su parte, se abocó a la revisión de los casos contenidos en dichas causas.

Acusaciones Ledesma y Carelli

El fiscal ad-hoc Rodríguez Infante retomó los hechos que sustentan la acusación de Ledesma y Carelli por los delitos del Casino de Suboficiales pendientes al finalizar la audiencia anterior.

Sobre Armando Carelli y el trato personal que tenía con las detenidas, se abordó un hecho que involucró a Dora Goldfarb, una de las víctimas, y que significó una sanción para el imputado que consta en su legajo.

Como relató la propia testigo, la mujer tenía, al momento de los hechos, un auto recién comprado y Carelli le propuso entregarlo para colaborar con el ejército. Con este fin, la condujo fuera del predio hasta su domicilio pero no logró persuadirla de entregar las llaves.

En su indagatoria, Carelli se defendió con un argumento “ridículo” según el cual la habría llevado a su casa porque uno de sus hijos estaba enfermo. Peor aún, los superiores del acusado responsabilizaron a Goldfarb por seducir a Carelli para salir del Casino. Otro ejemplo más de la violencia heteropatriarcal del aparato represivo, como señaló el fiscal.

También se mencionaron las modificaciones progresivas que el acusado debió hacer en sus declaraciones, dadas las contundentes pruebas en su contra. Primero negó haber participado de los interrogatorios y luego debió reconocer su presencia diaria en el Casino. Las testigos aseguran que los interrogadores, dentro de los cuales se encontraba Carelli, incluso mostraron sus credenciales de la Fuerza Aérea.

La Fiscalía acusó a Carlos Ledesma como autor mediato y a Armando Olimpo Carelli como coautor por los delitos de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por durar más de un mes y por mediar violencia y amenazas, por 15 hechos.
  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, en el caso de María Elena Castro.
  • Tormentos agravados por la condición de perseguidas políticas de las víctimas, en los 16 casos.
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor o persona encargada de la guardia, por los casos de Vilma Rúpolo y Olga Salvucci.
  • Violación con abuso sexual agravado por acceso carnal por la calidad de autor o persona encargada de la guardia, por Carmen Corbellini.
  • Asociación ilícita en calidad de jefes u organizadores, en concurso real.
El D2

El Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Mendoza fue creado mediante una ley de 1970 que organizó a la policía en una jefatura y cinco departamentos (D1: personal; D2: informaciones policiales; D3: operaciones policiales; D4: logística; D5: judicial). El D2, a su vez, constaba de cuatro dependencias: a) Investigación de informaciones, b) Reunión, c) Planes e instrucción y d) Central. Si bien fue concebido para el abordaje de todo tipo de delitos, terminó abocado al control y la represión política en el marco de la “lucha antisubversiva”. Existió un Reglamento Reservado que regía las funciones otorgadas a la dependencia pero la Fiscalía nunca pudo encontrar ese valioso documento. Mucho material fue destruido, como sucedió con los Libros de Ordenes de Reunión, así como los prontuarios o legajos políticos de las y los desaparecidos sobre los que hizo inteligencia el D2.

En 1977 se operó un reacomodamiento de los Departamentos de la Policía local y el D2 pasó a denominarse Dirección de Informaciones 2. En 1979 quedó vinculado a la Dirección general de apoyo operativo.

Desde su creación, en 1970, se estableció que todas las dependencias, seccionales o comisarías debían reportar, ante el D2, todas las novedades sobre reuniones, concentraciones, huelgas y toda manifestación colectiva que llegara a su conocimiento.

De acuerdo a lo expresado por el fiscal Rodríguez Infante, el D2 contaba con dos facetas. Era un órgano de inteligencia y, a la vez, un Centro Clandestino de Detención (CCD).

En tanto órgano de inteligencia, no hay duda de que su función no se reducía a un simple centro de informaciones como intentan afirmar los imputados, sino que hacía inteligencia, nervio vital para la represión. Pruebas de ello son las declaraciones indagatorias de los jefes, Santuccione, Sánchez Camargo, Oyarzabal, etc., valorados en esta causa.

Asimismo, fue el principal CCD de Mendoza: por allí pasaron unas 300 personas detenidas clandestinamente, sometidas a torturas y a un régimen de reclusión infrahumano.

Desde 1975 en adelante, el D2 fue cobrando relevancia entre las FFAA y de seguridad abocadas a la represión política. Contaba con hombres preparados, poseía infraestructura y condiciones operativas.

Tuvo la característica particular de confeccionar sumarios preventivos a la mayoría de las víctimas que pasaron por allí. Ello posibilitaba la formación de causas penales, dibujadas a su gusto, que pasaban a la justicia.

El D2 funcionó en el 1º piso del Palacio Policial y en el entrepiso se hallaban los calabozos. Sobrevivientes de ese CCD dieron cuenta de que una sala principal de torturas estaba en el 2º subsuelo. Al mismo tiempo, ubicaron una segunda sala en el 1º subsuelo y hasta una tercera.

Según el fiscal, está probada la participación del D2 en 60 homicidios que incluyen a víctimas de desaparición forzada. Por lo menos 11 estuvieron alojadas en el D2, aseguró.

causa por causa

La fiscal Patricia Santoni se encargó de iniciar la revisión de las causas para determinar las pruebas existentes y las responsabilidades de los acusados.

Roberto Marmolejo, estudiante en la UTN y militante de la agrupación TUPAC, fue detenido el 17 de marzo de 1976. El operativo en su domicilio fue realizado por el Ejército. De camino al D2 pararon en la casa de Rosa Marta Agüero, miembro de la Liga por los Derechos del Hombre, y también la levantaron (la causa por detención de Agüero, inserta en este juicio, se cayó debido al fallecimiento del general Menéndez, único imputado).

Hay un acta de detención del Ejército como prueba del operativo y un Habeas Corpus, presentado por su padre.

Una vez en el D2, fue sometido a golpes y severísimos tormentos durante 11 días. Existe prueba testimonial aportada por Haydée Fernández y Enrique Barroso que afirman haber compartido cautiverio. Este último estuvo en la misma celda; recordó que cuando lo traían de la tortura, Marmolejo “quedaba tirado, no sé podía mover”.

El 28 de marzo pasó a la penitenciaría provincial y de allí a la U9 de La Plata. Salió en libertad en agosto de 1978.

Por este caso está acusado Osvaldo Armando Fernández, oficial de Inteligencia del D2, enlace con la Comunidad Informativa, ya condenado en anteriores juicios por numerosos crímenes. Se trata de un personaje altamente especializado en inteligencia y contrainteligencia. Fue profesor ad hoc en esa especialidad.

Fernández Miranda es acusado por la causa Marmolejo, como autor mediato de:

  • privación abusiva de la libertad agravada.
  • tormentos agravados.

Alfredo Hervida Miguel, estudiante de 21 años, secuestrado en la vía publica el 17 de diciembre de 1976. En primera instancia fue llevado a la Comisaría 31 donde recibió tal golpiza que quedó lesionado en una pierna. Al día siguiente recaló en el D2 y recibió los consabidos tormentos.

El 10 de enero pasó a la cárcel y también fue sometido a torturas tal como consta en las numerosas declaraciones realizadas por Hervida. En marzo paso a la U9 de La Plata y salió en libertad en 1980.

Prueba de su detención y torturas son el sumario labrado por la policía que lo sindica como miembro del Partido Comunista Marxista Leninista y una nota de remisión del detenido a la cárcel, firmada por el jefe del D2, Oyarzabal. También en su prontuario penitenciario consta la lesión sufrida en su pierna.

Por los padecimientos de Hervida está imputado Paulino Furió. El exteniente coronel del Ejército estuvo a cargo de la jefatura del G2, Inteligencia de la 8va. Brigada de Montaña. También revistió en el G3, el Grupo de Operaciones. Ambas áreas, altamente comprometidas en la “lucha antisubversiva”.

Furió está acusado como autor mediato de:

  • privación abusiva de la libertad agravada.
  • tormentos agravados.

Miguel Ángel Rodríguez, apresado el 17 de diciembre de 1976, integra una misma causa con Alfredo Hervida.

Rodríguez fue sorprendido por policías de la Seccional 33 del Barrio San Martín, distribuyendo volantes con contenido político junto a un compañero. Inmediatamente, ambos fueron detenidos y trasladados a esa comisaría donde recibieron golpes y torturas. Allí se labró un acta de procedimiento en la que consta que los jóvenes eran Montoneros. Luego, pasaron al D2.

Al igual que Hervida, los dos aprehendidos fueron trasladados a la cárcel el 10 de enero. Meses después, Rodríguez fue transferido a la U9 de La Plata de donde salió en libertad.

Por esta causa está acusado el jefe de la Seccional 33, Carlos Alberto Luciani. El policía se inició en esa dependencia; en el ‘75 se desempeñó en la Compañía Motorizada hasta que regresó a la 33 en calidad de jefe. Luciani trató de deslindar responsabilidades por sendas detenciones al señalar que se encontraba de vacaciones. Lo cierto es que está documentado que la licencia culminó un día antes del episodio descripto.

La fiscal destacó el rol de las comisarías calificándolas de “satélites y ayuda” en la tarea represiva. Rememoró las sentencias emitidas en anteriores juicios que condenaron a miembros de las comisarías 7ma. de Godoy Cruz y 13va. de Rivadavia.

En esta causa, Carlos Luciani está acusado como autor mediato de:

  • privación abusiva de la libertad agravada.
  • tormentos agravados.

Alfredo Luis Ghilardi había sido un activo militante pero al momento de su detención ya no tenía actividad política. Fue legislador provincial por Rivadavia durante el gobierno de Martínez Baca y es parte del grupo de seis personas del Este mendocino detenido entre el 8 y el 16 de septiembre de 1977. Declaró en numerosas oportunidades.

En agosto de 1976 sufrió una detención de 48 horas en la que fue llevado a la Unidad Regional Primera y luego a la Compañía de Comunicaciones. La causa pertinente a este juicio es la del secuestro de septiembre del ‘77 cuyo destino directo fue el D2. Allí permaneció ocho días hasta el 21 de ese mes y fue trasladado a la penitenciaría provincial. Declaró no haber sufrido tormentos físicos como sus compañeros, pero sí psicológicos. Es un testigo clave en la causa que investiga lo ocurrido a Olga Inés Roncelli ya que compartió cautiverio con ella en el D2 y la escuchaba gritar su nombre.

Ghilardi recuperó su libertad el 25 de abril de 1978. Nunca se intentó justificar o “blanquear” su situación de detención mediante ningún medio.

Por los hechos ocurridos en perjuicio de Ghilardi ya han sido condenados Paulino Furió y Ricardo Miranda pero es posible extender la acusación a Alcides París Francisca, quien también ha sido condenado por otros hechos. Fue jefe de la policía de Mendoza desde fines del ‘76 hasta fines del ‘79, cargo que lo habilitó para integrar la Comunidad Informativa bajo reglamento del Centro de Operaciones Tácticas (COT). En su indagatoria se jactó de haber concurrido a todas las unidades policiales y de haber tenido trato personal con familiares de personas desaparecidas.

La representante del Ministerio Publico Fiscal, Patricia Santoni, pronunció la acusación contra Alcides París Francisca, como autor mediato de los siguientes delitos:

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes.
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima.

Olga Inés Roncelli tenía 27 años y estaba casada con Alfredo Saieg, con quien tenía un hijo. Vivían en el barrio Trapiche de Godoy Cruz. Era profesora de matemática, física y cosmografía. Ejercía la docencia en la escuela del Magisterio y en una escuela técnica de Lavalle. Tenía actividad social en el colegio Virgen del Rosario y militancia política en la Organización Comunista Poder Obrero.

Su esposo es el principal testimonio en la causa. El 13 de septiembre de 1977 Olga fue a dar clases al Magisterio en su Fiat 128. Nunca volvió y el auto tampoco apareció. Su marido recorrió varios lugares buscándola y al día siguiente hizo la denuncia en la Comisaría 7ma.

Saieg declaró que ambos sabían que ella estaba siendo seguida desde un mes antes de su secuestro. En distintas situaciones anotaron modelo y patente de los autos que les parecían sospechosos. En una oportunidad cuando llevaban a su hijo a la guardería se sintieron en peligro y fueron directamente a la policía. Fueron escoltados por Aldo Patrocinio Bruno para su “seguridad” hasta que llegaron a su casa.

El grupo de personas de Rivadavia dio cuenta de que ella estuvo en el D2. Tanto Burgoa como Carrasco y Rossi mencionaron a una chica que estaba muy golpeada, gritaba mucho, la sacaban y la traían. Ella gritaba su nombre y pedía que dieran aviso a su familia. Fue Alfredo Luis Ghilardi quien recordó que la mujer era Olga Inés Roncelli (o Saieg) y era profesora de matemática. En un momento la mujer se calló y él escuchó cómo sacaban algo de la celda. Además, el padre de la víctima se entrevistó personalmente con el testigo cuando éste formaba parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y le reveló que había compartido detención con su hija.

Por la causa de Olga Inés Roncelli están acusados Paulino Enrique Furió, Alcides París Francisca y Ricardo Benjamín Miranda, como jefe de inteligencia, jefe de policía y jefe del D2, respectivamente. La responsabilidad penal es por ser autores mediatos de:

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas.
  • tormentos agravados por la condición de perseguida política de la víctima.
  • homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas.

Los imputados ya están condenados por asociación ilícita, razón por la cual no se los acusa en esta oportunidad por ese crimen.

Fredi Ramírez Longo tenía 29 años y vivía con su esposa en San Martín. Trabajaba en la librería Simoncini del centro de Mendoza. Simpatizaba con la Juventud Peronista y era amigo de Bonoso Pérez, reconocido militante del peronismo.

Fue detenido cerca de su trabajo el 11 de septiembre de 1978 por personal de civil. Debido a que se resistió al secuestro tuvo que intervenir un patrullero como refuerzo. Lo trasladaron al D2 donde padeció veintidós días “de terror y tormento”. El 3 de octubre ingresó al penal provincial.

La familia de Ramírez no supo nada sobre su paradero por dieciocho días. Luego recibieron del D2 su ropa ensangrentada, una muestra más de los tormentos sufridos en el CCD.

Como prueba documental, la Fiscalía mencionó un acta que labró el D2 en la que se refiere el operativo llevado a cabo por personal de dicha dependencia con ayuda de una patrulla de la policía motorizada. Según el documento, la detención se realizó por el parecido de Ramírez con un militante montonero prófugo. Lo mismo sostiene un acta que elevó el D2 al Comando de la 8va. Compañía de Montaña informando sobre el procedimiento. También confirma su itinerario la nota de remisión del D2 a la penitenciaría, firmada por el propio Oyarzabal.

El caso de Ramírez es particular por dos razones. En primer lugar, se demostró que en tres ocasiones fue retirado de la cárcel por personal del D2 y trasladado a esa dependencia para ser nuevamente interrogado bajo tortura, luego de lo cual regresó a la penitenciaría.

Estos hechos fueron confirmados por las declaraciones del propio Ramírez y de dos compañeros de celda. Además, su esposa notó moretones durante una de sus visitas al penal y decidió presentar un Habeas Corpus por las condiciones de detención, que fue rechazado. Las tres salidas al D2 también constan en su prontuario penitenciario.

Otra singularidad de este caso fue el recorrido judicial de su causa. Un Consejo de Guerra condenó a Ramírez a veinte años de prisión. Sus abogados interpusieron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema denunciando la irregularidad del proceso y los apremios sufridos por el detenido, razón por la cual la Corte dejó sin efecto la condena y ordenó investigar el accionar de la Justicia Federal. Sin embargo, recuperó su libertad recién, desde el penal de Caseros, el 19 de septiembre de 1983, luego de cinco años de detención ilegal.

Por esta causa están acusados dos ex jefes de la policía de Mendoza: Alcides Paris Francisca y su sucesor, Mario Laporta (1979-1982). Ambos cuentan con condenas previas por delitos ocurridos en el D2 mientras fueron la máxima autoridad policial, entre ellos, por asociación ilícita.

En perjuicio de Fredi Ramírez Longo, se los imputa como autores mediatos por los delitos de:

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas.
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima.

Carlos José Mauri era sargento retirado y mecánico de armas. Fue detenido en 1979 a los 68 años y falleció poco después de recuperar la libertad, en octubre de 1980. La única declaración de Mauri consiste en su denuncia ante el Consejo de Guerra en mayo de 1979.

Los testimonios de su esposa e hija dan cuenta de la detención ocurrida el 27 de abril en el domicilio familiar del barrio UNIMEV. Las mujeres trataron de seguir el vehículo en el que se lo llevaron con la ayuda de un vecino pero perdieron el rastro.

Preguntaron en el D2, donde efectivamente fue trasladado, pero no tuvieron certezas hasta que el novio de su hija, abogado con contactos militares, obtuvo una respuesta afirmativa. También les entregaron vestimenta de Mauri ensangrentada.

En el D2 compartió cautiverio con otros cinco armeros, todos conocidos y amigos. Mario Lorenzo Carrasco, uno de ellos, declaró los brutales golpes sufridos por Mauri que desembocaron en su traslado al Hospital Militar, luego de veintidós días. Allí permaneció en calidad de detenido, con custodia, hasta su liberación el 31 de diciembre de 1980.

La esposa declaró que pudo visitarlo en el hospital y observó que tenía la nariz quebrada. También escuchó de boca de la víctima los tormentos padecidos en el CCD. Según su familia, por el sufrimiento que experimentó, enfermó de cáncer y debió ser operado en el mismo hospital. Una vez libre, murió sin poder moverse del domicilio, diez meses después.

Por estos hechos, la Fiscalía acusó a Mario Laporta como autor mediato por la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes. También se lo responsabiliza por el delito de tormentos.

Los alegatos continúan en la próxima audiencia, el 17 de mayo, en el horario habitual.

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