Audiencia 69 / ORFANDAD PROBATORIA

21-06-18 / El defensor oficial hizo un repaso por distintas causas y, en todos los casos, pidió la absolución lisa y llana de los imputados. Pérez Videla recurrió al argumento de la falta de pruebas y aseguró que la explicación narrativa no evidenciaba la responsabilidad penal de los acusados.

El representante del Ministerio Público de la Defensa (MPD), Leonardo Pérez Videla, repasó las causas del D2, de la Compañía de Comunicaciones y del Casino de Suboficiales.Aseguró que no pudo encontrar pruebas concretas que relacionaran el contexto del momento de los hechos con la actuación particular de cada imputado. Hasta su fallecimiento, a Menéndez se le endilgaba la responsabilidad penal por todas las causas.

Susso y Bermejillo

El único imputado por esta causa es el oficial de inteligencia del D2, Armando Osvaldo Fernández, ya condenado por delitos de lesa humanidad. Pérez Videla hizo hincapié en la anomia que caracteriza a esta causa, fundamentándose en el manifiesto secreto y actuar ilegal de los perpetradores. Según el abogado, los autores son inidentificables.

Salvando la cuestión funcional, “no hay un solo elemento de prueba”. El representante del MPD sostuvo que están juzgando a Fernández basándose en el derecho penal de autor y no de acto y que, a pesar de que estos sean “casos tremendos”, no hay ninguna constancia de la relación con la participación del acusado.

Sobre las declaraciones testimoniales, aseguró que no se refirieron a los hechos juzgados sino a la ubicación histórica, al contexto universitario de militancia y de vivencias. Desestimó el testimonio de Alejandra Bermejillo, hermana de la víctima, por hablar desde el dolor y no brindar “ningún tipo de precisiones”. “La imputación está mezclada, lamentablemente, con la narrativa”, resumió.

Pérez Videla afirmó, basándose en la obra de Roberto Vélez, que la responsabilidad es atribuible “más a los grupos secretos”. Este “marco caótico no puede achacársele a un sujeto”. Asimismo, aseguró que nada tiene que ver el hecho juzgado con la Misión Ivanissevich de represión universitaria.
Como la pena sería anticonvencional y anticonstitucional, el caso “tiene que seguir lamentablemente impune”, adelantó. Pidió, finalmente, la absolución lisa y llana del imputado o, en su defecto, la absolución por el beneficio de la duda.

Compañía de Comunicaciones

Los imputados de este caso, Dardo Migno y Ramón Ángel Puebla, deben responder por lo sucedido a siete víctimas en la Compañía de Comunicaciones. El defensor afirmó que “no hay un solo elemento objetivo de prueba”. El control operacional del centro clandestino de detención (CCD) no podría tomarse como un elemento de intervención concreta de los acusados. Sostuvo que ese control significaba operativizar ingresos y egresos del “Lugar de Reunión de Detenidos (LRD)”, no garantizar traslados ni torturas.

Continuando con la estrategia de echarle la culpa al muerto, según Pérez Videla sería el comisario de la seccional 16 el responsable de lo ocurrido a la familia Alliendes. Aunque sin pruebas afirmó: “yo creo que murió quien estaba a cargo”.

Además, Pablo José Gutiérrez y Armando Osvaldo Fernández están acusados por lo ocurrido a Arturo Galván y Horacio Lucero en el D2. El abogado aseguró que la imputación se sostiene en el cumplimiento del rol y no en la participación concreta y, nuevamente, apeló a la orfandad probatoria. Además, aseguró que “para tareas de inteligencia se necesitan fondos” con los que la policía no habría contado.

Debido a que lo juzgado no cumple con los aspectos cognitivos y volitivos del dolo, el representante del MPD pidió la absolución lisa y llana de los imputados. En caso de que esto no cumpliera los requisitos, solicitó la absolución por el principio de la duda.

Casino de Suboficiales

Los imputados en esta causa, Armando Olimpo Carelli y Carlos Ledesma, tienen pocos elementos para defenderse debido a que las víctimas los mencionaron específicamente.El abogado Leonardo Pérez Videla habló de los hechos cometidos contra estas mujeres como “desavenencias que lamentablemente les tocó vivir”.

En primer lugar, solicitó que no se tuviera en cuenta la acusación por asociación ilícita ya que la posición funcional de los hombres en la jerarquía del Ejército no garantizaría su participación en el plan criminal. Refirió, desafortunadamente, al “terror de los imputados” de no saber por qué se los acusa.

Algunas víctimas nombraron explícitamente a Ledesma. Edith Arito habló de su rango y de cómo su voz aún le “martillaba la cabeza”. Dora Goldfarb hizo particular referencia a los insultos antisemitas del teniente. A pesar de esto, el abogado defensor afirmó que a Ledesma lo ocupaban “otras responsabilidades” que no se centraban en el Casino ya que tenía a su cargo toda la Compañía de Comandos y Servicios. Señaló al general Maradona, quien por supuesto ya falleció, a la cabeza de todo lo ocurrido.

En este contexto, se adelantó a la defensa de Walter Tomás Eichhorn, quien estaba prófugo al momento del inicio de este juicio, pero fue detenido y pronto será juzgado. Como responsable del Casino, “estaba a cargo de las tareas cotidianas”. Lo nombraron Beatriz García “y otra más” pero el resto “lo recuerda sin precisar”.

Aseguró Leonardo Pérez Videla que se debe distinguir el “marco de situación tremendamente doloroso” del “ejercicio o dominio de la situación”. Su tesis de defensa se centró en asegurar que el padecimiento de estas mujeres estaba a cargo de subgrupos y no de los responsables del CCD. Este “tremendo escarnio” estuvo “sometido a este poder superior que 40 años después no podemos conocer”.

Para Carelli, la defensa se fundamentó en la aseveración de la existencia de un problema interpretativo. Algunas víctimas se refirieron a él como “Willy” y el abogado afirmó que lo confundieron con Cardello, a quien apodaban así. La explicación faltante sería el motivo de la presencia de ese oficial de la policía federal en el predio del Ejército.Si bien él tenía el control de cada una de las detenidas, “el desastre se desató después” y estaba fuera de su alcance. Respecto de la secuencia del auto de Goldfarb simplemente afirmóque “fue de otra forma” pero no se explayó en fundamentar la afirmación.

Para concluir este caso solicitó, en contra de lo sostenido por la Fiscalía y la querella, que no se consideraran por separado los delitos sexuales y los tormentos. Los ataques sexuales eran, según el representante del MPD, parte del mismo delito de torturas agravadas por ser perseguidas políticas.

Por considerar escasas las pruebas para endilgar responsabilidades concretas a los imputados Carelli y Ledesma, el defensor solicitó para estos hombres la absolución lisa y llana o, en su defecto, por el beneficio de la duda.

Las causas del D2 y el ejército

Pérez Videla inició un recorrido “express” por las causas que involucran a autoridades policiales y militares a raíz de múltiples detenciones en el mayor centro de detención y exterminio de la Provincia, el Departamento de Informaciones D2.

En todos los casos, la defensa consistió en la ya mencionada “orfandad probatoria”, en reclamar la falta de investigación de ciertos aspectos, en repetir que las víctimas eran perseguidas con anterioridad a la detención y en lamentar que los “grupos secretos que cometieron los delitos ”fueran imposibles de determinar por el paso de los años. Para todos los acusados pidió la absolución lisa y llana o por beneficio de la duda.

Por los hechos cometidos contra Marta Rosa Agüero y Roberto Marmolejo el imputado es Armando Fernández, oficial de Inteligencia del D2 que ya fue condenado en juicios anteriores por numerosos crímenes.

La única defensa consintió en señalar que las víctimas, según sus propias declaraciones, estaban identificadas desde principios de los ’70. Este hecho parecería exonerar a Fernández ya que volvería innecesaria la tarea de inteligencia posterior que el propio acusado rechaza haber realizado como miembro del D2.

El abogado también reclamó que la Fiscalía no hubiera citado a declarar a los miembros de la Concertación Nacional Universitaria (CNU) cuyos nombres se pronunciaron más de una vez en las declaraciones testimoniales en relación a la persecución de militantes universitarios.

En la causa de Daniel Hervida está acusado Paulino Furió, jefe del G2 de Inteligencia del Ejército. El imputado había afirmado en su indagatoria que su tarea se remitía al “armado de causas y manejo de datos”. Según el defensor, como en todos los casos de autoría mediata, no existen elementos de contacto directo con los delitos y la acusación de la Fiscalía se basa solamente en su cargo.

La detención y los tormentos padecidos por Miguel Ángel Rodríguez tienen como responsable a Carlos Luciani, jefe de la Seccional 33 donde permaneció inicialmente secuestrado –y donde fue brutalmente golpeado- antes del trasladado al D2. La Fiscalía había señalado este caso como un ejemplo del funcionamiento de las comisarías como ruedas de auxilio en la represión ilegal.

Aunque Rodríguez declaró haber sido detenido por personal policial, el defensor buscó desvincular a esta fuerza recurriendo a la descripción del uniforme dada por la víctima, ya que coincidiría más con la vestimenta militar.

Por otro lado, argumentó que Luciani estuvo de licencia hasta el 29 de noviembre aunque su legajo indica que el mes de vacaciones concluyó un día antes del secuestro. De ser así, tampoco podría haber “planificado o preordenado” la detención. Además, reclamó a la Fiscalía el no haber citado a las demás autoridades de la comisaría que “seguro estuvieron” el día del hecho.

Por último, señaló como responsable del procedimiento y de los traslados a Sánchez Camargo, cuya firma figura en las actas y desestimó la acusación de asociación ilícita porque no existe repitencia ni sistematicidad en los delitos adjudicados a Luciani.

En la causa de Alfredo Luis Ghilardi está acusado como autor mediato Alcides París Francisca, jefe de policía que firmó personalmente la orden de traslado de la víctima desde el D2 hasta la penitenciaría. Sin embargo, para la defensa se trata de un hecho “accidental” que Francisca aseguró no conocer ni recordar porque en esa época estaba “recorriendo las comisarías de toda la Provincia”. El criterio para la imputación del Ministerio Público sería, una vez más, el cargo que desempeñaba.

Por la detención, los tormentos y el homicidio de Olga Inés Roncelli –vista por última vez con vida en el D2- están acusados Paulino Enrique Furió, Alcides París Francisca y Ricardo Benjamín Miranda, en calidad de autores mediatos. Los tres acusados declararon desconocer el caso y negaron la actividad de inteligencia asumida por el D2. Este caso, como todos los abordados por la defensa, sería producto del “ejercicio de una autoridad secreta y sistemática” que “definía quién sobrevivía”.

Lo mismo sucedería en la detención de Fredi Ramírez Longo, cuyos acusados son los jefes de la policía, Alcides París Francisca y su sucesor, Mario Laporta. De toda la prueba documental que existe en esta causa, el defensor solo resaltó que se indica la intervención del cuerpo de motorizada en la detención pero no se citó a ninguno de sus miembros a prestar declaración.

Por el secuestro de Carlos José Mauri también está imputado Mario Laporta cuya intervención habría sido, otra vez, “accidental”. Pérez Videla señaló que se desconocen las gestiones que realizó el yerno de Mauri –abogado con vínculos militares- a partir de las cuales podría señalarse con mayor precisión quienes estuvieron involucrados.

Por los delitos cometidos contra Nélida Virginia Correa,los acusados son Miguel Ángel Tello Amaya, Miguel Ángel Salinas y Carlos Faustino Álvarez, todos miembros del D2; los dos últimos imputados por primera vez.

El abogado defensor pidió no considerar la declaración de la víctima –que reconoció a varios agentes de este CCD, entre ellos los mencionados- debido a su incorporación por lectura de su declaración en juicio anterior. Señaló que es la “única prueba” existente y, al igual que en el resto de los casos, no existirían elementos suficientes para sostener la figura de asociación ilícita.

Por último, la defensa abordó escuetamente las causas del operativo contra la Juventud Guevarista por las cuales están acusados Diego Fernando Morales Pastrán, Armando Fernández Miranda y Pablo Gutiérrez Araya. Entre los múltiples delitos cometidos contra las víctimas se encuentra el homicidio de Daniel Moyano, visto por última vez en el D2.

Pérez Videla consideró que la Fiscalía “se volcó” a estos miembros de la policía porque son algunos “agentes que quedan vivos” pero no investigó ni acusó a personal de mayor rango.

Como sostuvo al comienzo de su alegato, el pedido de prisión perpetua para adultos mayores sería“inconstitucional y anticonvencional” y solicitó al tribunal que así lo declarara.

Los alegatos de la defensa continúan el viernes 22 de junio a las 9.30 hs.

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Audiencia 66 / LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

08-06-18 / Durante toda la jornada se escucharon los alegatos y pedido de pena de los representantes del MEDH. Diego Lavado terminó su intervención por las causas correspondientes al D2. Viviana Beigel expuso sobre la causa Susana Bermejillo / Mario Susso y luego por la causa del Casino de Suboficiales del Ejército desde una perspectiva de género. Cerró Pablo Salinas, quien inició su alegato por el CCD Campo Las Lajas.

El abogado Diego Lavado retomó su alegato al iniciar la jornada. Repasó las pruebas del accionar conjunto de las distintas fuerzas armadas y de seguridad para explicar el funcionamiento del plan represivo. Esto quedó demostrado por la declaración de Sánchez Camargo en 1987.

Finalmente, y por todos los hechos narrados con anterioridad, Lavado formuló la acusación y el pedido de pena.

Alcides París Francisca fue acusado de ser autor mediato de los siguientes delitos:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía por el caso de Olga Inés Roncelli
  • Privación abusiva de la libertad agravada en el mismo caso
  • Privación abusiva de la libertad agravada por tres hechos
  • Tormentos agravados, por los mismos hechos

La pena solicitada por la querella para Francisca es prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

Mario Alfredo Laporta debe responder como autor mediato de los delitos de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por tres hechos
  • Tormentos agravados, por los mismos hechos

Lavado solicitó la pena de 20 años de prisión.

A Armando Osvaldo Fernández Miranda se lo acusó por:

  • Homicidio doblemente agravado por los casos de Susso y Bermejillo
  • Privación abusiva de la libertad agravada por 12 hechos
  • Tormentos agravados por 14 hechos
  • Lesiones graves agravadas, por los casos de Allegrini y Leda
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor persona encargada de la guarda en los mismos casos y Espínola

La pena solicitada para Fernández es prisión perpetua.

Diego Fernando Morales Pastrán fue acusado por ser coautor de los siguientes delitos:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas, por el caso de Daniel Moyano
  • Privación abusiva de la libertad agravada, por el mismo caso
  • Lesiones graves agravadas por los casos de Allegrini y Leda
  • Privación abusiva de la libertad agravada por seis hechos

Por todo lo mencionado se solicitó que se lo condenara a prisión perpetua.

Carlos Alberto Luciani debe responder penalmente como autor mediato de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, por Miguel Ángel Rodríguez
  • Tormentos agravados, por el mismo caso
  • Asociación ilícita en calidad de jefe

La pena pedida por el MEDH es de 20 años de prisión.

Pablo José Gutiérrez fue acusado de los siguientes delitos en calidad de coautor:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía por Daniel Moyano
  • Privación abusiva de la libertad agravada por el mismo caso
  • Privación abusiva de la libertad agravada por nueve hechos
  • Tormentos agravados, por 10 hechos
  • Lesiones graves agravadas por los casos de Allegrini y Leda
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda en los mismos casos

Para Gutiérrez se solicitó la pena de prisión perpetua.

Miguel Ángel Tello Amaya es acusado de:

  • Coautor de privación abusiva de la libertad agravada, por el caso de Nélida Virginia Correa
  • Y como partícipe primario de tormentos agravados por el mismo caso

Lavado pidió la pena de 16 años de prisión para Tello.

Ricardo Benjamín Miranda debe responder por ser autor mediato de:

  • Homicidio doblemente agravado por el caso de Olga Inés Roncelli
  • Privación abusiva de la libertad agravada en el mismo caso
  • Tormentos agravados, por el mismo hecho

Se solicitó para Miranda la pena de prisión perpetua.

Tanto a Miguel Ángel Salinas como a Carlos Faustino Álvarez se los acusa de ser coautores de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por el caso de Nélida Virginia Correa
  • Tormentos agravados por el mismo caso
  • Asociación ilícita en calidad de integrantes

Para estos dos imputados la pena pedida es de 16 años de prisión.

Por último, Roberto Usinger debe responder penalmente como coautor de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por Marcelo Straniero
  • Privación abusiva de la libertad agravada por 14 hechos
  • Tormentos agravados por 14 hechos
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda en los casos de Valerio Castillo y Rosa Rouge
  • Asociación ilícita en calidad de integrante

Para Usinger se pide la pena de 20 años de prisión.

El abogado Diego Lavado explicó la razón para pedir, en algunos casos, penas más duras que el Ministerio Público Fiscal. Para ello recurrió a la sentencia de Ortubia-Salinas de la Cámara Federal de Casación que afirma que no se puede hacer análisis de delitos en abstracto sino que hay que valorar el contexto del aparato organizado de poder, ejecutor de delitos de lesa humanidad. Mencionó, además, la particular condición de indefensión de las víctimas.

Para finalizar, Lavado citó a Joan Manuel Serrat, con su canción “Los macarras de la moral”:

“Sin prisa pero sin pausa,
esos carcamales
organizan sus cruzadas
contra el hombre libre
más o menos responsable
de todos los males
piensan que por su cuenta
sueñan y lo dicen.

Si no fueran tan temibles
nos darían risa.
Si no fueran tan dañinos
nos darían lástima.
Porque como los fantasmas,
sin pausa y sin prisa,
no son nada si se les quita la sábana”.

La CNU, Susana Bermejillo y Mario Susso

Viviana Beigel, encargada del alegato por los asesinatos de Bermejillo y Susso, comenzó su exposición agradeciendo a los familiares por los aportes en la reconstrucción de la historia de ambos. La tónica de su intervención fue similar a la adoptada por Pablo Salinas, una puesta en palabra de las vivencias generadas por el terrorismo de estado.

Reivindicó el derecho a la verdad y la obligación de investigar lo sucedido. “Somos la voz de las víctimas”, resaltó. Antes de abordar las causas hizo una contextualización de lo que sucedía en la esfera universitaria ya que tanto Susso como Bermejillo provenían de ese ámbito.

Según Beigel, la designación de Oscar Ivanisevich en el Ministerio de Educación de la Nación marcó un hito para la avanzada de las corrientes de derecha dentro de las instituciones educativas. Esta gestión, destinada a “combatir la infiltración marxista”, sirvió de caldo de cultivo para el accionar de los grupos de la misma orientación como la Concentración Nacional Universitaria (CNU ) vinculados a la Triple A.

En la causa sobre la CNU, tratada por el Tribunal de Mar del Plata, quedó demostrado su aporte a la ofensiva represiva. Su tarea consistía en realizar inteligencia sobre los estudiantes y se valían de métodos patoteriles como las amenazas, robos, falsificaciones y otros delitos propios de los cuerpos paraestatales. Tenían conexión con las policías y demás fuerzas; varios integrantes, con posterioridad, ocuparon cargos en el Estado.

En Mendoza, en 1975, fue designado rector de la UNCuyo, Otto Heber Burgos, quien, en línea con Ivanisevich, se dispuso a combatir la política disolvente que atribuía a las corrientes estudiantiles, mayoritariamente de izquierda.

Burgos, en su embestida contra el marxismo, contó con el valioso aporte de Enrique Gómez Saá, oficial del Ejército, perteneciente al área de inteligencia, quien se desempañaba como profesor de la Universidad. El mismo coordinaba con la policía y otras fuerzas, según consta en el libro de Roberto Vélez, sobre el tema.

Ya en Dictadura, se estableció un régimen de militarización de las prácticas cotidianas, como la prohibición de expresiones políticas así como el uso de barba para los jóvenes y maquillaje en las mujeres. La “Operación Claridad”, realizó una suerte de depuración de los claustros, tras “el ideario nacional”.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) contaba con fuerte presencia de integrantes de la CNU y un activo centro de estudiantes en manos de corrientes de izquierda. La provocación de los primeros era incesante, perturbaban las marchas y patoteaban, inclusive con el uso de armas. Seijo, Burlot, Lucas y otros, estaban abocados a terminar con esa “bastarda élite de mercenarios”, los marxistas, tal como lo consignan sus escritos.

El 14 de julio de 1976 se produjo el asalto a una estación de servicio protagonizada por el mencionado Pato Lucas, junto a Héctor Gómez y Talley, integrantes de la CNU. Fueron detenidos in fraganti. En sus declaraciones sostuvieron que el dinero estaba destinado a la lucha contra la subversión.

A mansalva

Existen contundentes indicios de que la CNU en articulación con el D2 de la Policía de Mendoza intervinieron en los homicidios de Susana Bermejillo y Mario Susso.

Mario Susso, estudiante de la UTN, pertenecía a la agrupación de izquierda FAUDI y era miembro del Partido Comunista Revolucionario (PCR). En diciembre de 1975 su domicilio fue allanado y estuvo detenido e interrogado en el D2. Después de un breve lapso fue liberado.

En la madrugada del 20 de marzo fue arrebatado del domicilio de sus padres por un grupo armado que lo baleó cuando intentaba evitar su secuestro. Su cuerpo, sin vida, fue encontrado horas después en la calle Pescadores.

Susana Bermejillo, estudiante de literatura y filosofía, estaba casada con Juan Carlos Carrizo, militante del Partido Comunista y estudiante de la UTN. Según Carrizo, la patota venía por él pero consiguió escapar; entonces se la llevaron a ella. El operativo estuvo a cargo de un grupo que parecía, eran de la policía (según sus familiares a uno de ellos lo llamaron “sargento”). Susana fue ultimada y abandonada en el mismo lugar que Mario Susso.

En cuanto a las pruebas, Juan Carlos Carrizo ha afirmado, reiteradamente, que fue la patota de la CNU quien ejecutó a su esposa y a Susso. Tal como fue señalado, anteriormente, esta agrupación tenía conexión con las policías locales. Prueba de ello es la indagatoria, bajo tortura, realizada a Roberto Mermolejo, en el D2, antes de las ejecuciones. Él era estudiante de la UTN y miembro de una agrupación de izquierda. Un día antes de este suceso fue torturado mientras le preguntaban por Susso y Carrizo.

Por los homicidios de Mario Susso y Susana Bermejillo está acusado Armando Osvaldo Fernández. Este policía del D2, entre otras funciones, era miembro de inteligencia y figura clave en el Comando de Operaciones Tácticas, encargado de los procedimientos.

Por ello fue imputado, en los dos casos, como autor mediato de:

  • homicidio agravado
  • privación abusiva de la libertad
  • tormentos agravados

La abogada pidió la pena de prisión perpetua.

Asimismo, solicitó compulsa para que sean investigados los miembros de la CNU señalados por Juan Carlos Carrizo.

Los impecables alegatos de Viviana Beigel fueron acompañados por una sala colmada de gente. Los familiares y pares en la militancia de Mario Susso y Susana Bermejillo, las expresas sobrevivientes del casino y sus parientes, amistades, varones y mujeres pertenecientes a los organismos de DDHH, periodistas, artistas y un nutrido grupo humano que escuchó con atención el alegato-homenaje desplegado por la abogada, con el soporte de cartas y fotografías.

Por una sentencia con perspectiva de género

Al abordar la causa del Casino de Suboficiales, el Centro Clandestino de Detención que albergó detenidas en 1976, Viviana Beigel analizó la situación particular de las mujeres durante el Terrorismo de Estado. Reconoció el trabajo previo iniciado por la Fiscalía a través del alegato de Rodríguez Infante sobre este tema.

La ideología conservadora del aparato represivo en relación a la mujer bregó por la recuperación de los roles tradicionales de madre y esposa con anterioridad al Golpe. Por ejemplo, el Comando Pío XII de Santuccione persiguió y ejecutó a mujeres que ejercían la prostitución antes de abocarse a militantes de organizaciones políticas y sociales.

El disciplinamiento hacia las víctimas, que se profundizó luego del 24 de marzo del ’76, implicó un castigo diferenciado por su condición de mujeres y fue una práctica sistemática y planificada, tendiente a imponer un orden social patriarcal. Beigel citó a Rita Segato para explicar que en la estrategia de desmoralizar al enemigo, la usurpación y la destrucción del cuerpo, es algo central.

Para los represores y su moral occidental y cristiana, la familia era la célula de la Nación. Por lo tanto, el Estado debía intervenir cuando esa familia se “desnaturalizaba”. La Iglesia también jugó un importante papel disciplinador cuando sus curas visitaban las cárceles o centros clandestinos buscando el arrepentimiento y la confesión de las detenidas.

Estas ideas eran expresadas por los mandos militares en sus comunicados y reglamentos, además de la prensa. La revista oficialista Para Ti, por ejemplo, se preguntaba “¿qué le están haciendo a nuestros hijos?” y sugería a las madres proteger de la amenaza subversiva a sus familias mediante una mayor dedicación.

Las militantes políticas, por lo tanto, fueron doblemente perseguidas: como opositoras y como transgresoras de sus roles impuestos, por ser “viriles”, por tener vida pública y por desatender la maternidad.

Los reglamentos militares y carcelarios establecieron pautas diferenciadas de género respecto de la requisa de mujeres (no dejarse amedrentar por reacciones “histéricas”) o la maternidad (de dos años se redujo a seis meses el lapso para la permanencia de infantes con sus madres). En el penal de Devoto se creó una junta interdisciplinaria que elaboró un “Plan de conducta y libertad” que forzaba a la confesión y clasificaba a las detenidas en “recuperadas”, “en vía de recuperación” o “irrecuperables”, a fines de generar divisiones y extraer información.

En los Centros Clandestinos de Detención, la represión también tuvo formas propias: la tortura física y psicológica, la violación, la desnudez forzada, los abortos, los partos deshumanizos. A la subversiva había que denostarla y destruirla. Y la sanción, en algunos casos, fue más allá de sus propios cuerpos, mediante la apropiación de sus hijos e hijas o la utilización de menores para torturarlas y amenazarlas.

La violencia sexual fue confirmada por la CONADEP, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y el Juicio a las Juntas. Progresivamente, la jurisprudencia nacional y provincial fue identificando los delitos sexuales en su especificidad y, según el artículo siete del Estatuto de Roma, como delitos de Lesa Humanidad en sí mismos.

El caso del Casino de Suboficiales

Este CCD de mujeres dependía de la Compañía de Comunicaciones de la VIII Brigada de Montaña y estaba a cargo de Walter Tomás Eichhorn, prófugo recientemente capturado, cuyo superior era Carlos Ledesma. Tanto ellos como los interrogadores (García, Pagella y Carelli) fueron reconocidos en numerosos testimonios de las víctimas.

De abril a septiembre de 1976 pasaron por allí dieciséis mujeres: Liliana Buttini, Vilma Emilia Rúpolo, Olga Salvucci, Norma Sibila de Morán (fallecida), Dora Goldfarb, Yolanda Cora Cejas, Estela Izaguirre, Carmen Corbellini, Edith Arito, Rosa Obredor, Beatriz García, Susana Nardi, María Elena Castro (fallecida), Liliana Petruy, Silvia Alliendes y Eda Sbarbati de Alliendes (fallecida).

Beigel relató en detalle el caso de Vilma Rúpolo, quien fue detenida dos días después de dar a luz a su hijo Mariano. El recién nacido quedó a cuidado de sus abuelos y pudo reencontrarse con su madre varios días más tarde, luego de que Rúpolo presionara con amenazas de suicidio. La querella instaló frente al tribunal el moisés en el que Mariano fue conducido al Casino por dos militares con Itacas. Una muestra muy gráfica de la caracterización que los represores tenían respecto de la peligrosidad de los “hijos e hijas de la subversión”.

Pese a la tortura y las amenazas constantes que padecieron las mujeres allí detenidas, la llegada de Mariano fue “un momento de alegría”. La solidaridad, que fue una característica entre las compañeras de cautiverio de los distintos centros y cárceles a lo largo del país, permitió, según sus palabras, la supervivencia frente al terror. En el caso del Casino, el cuidado colectivo del pequeño niño, los cantos de resistencia, la contención, fue un lazo salvador. Ese mismo compañerismo continuó a lo largo de cuarenta y dos años y las encontró, de nuevo, tomadas de las manos y en primera fila, oyendo esta vez, los alegatos que rescatan sus hechos.

Por estos delitos, la querella sostuvo la calificación legal y las acusaciones de la Fiscalía contra Carlos Ledesma (autor mediato) y Armando Olimpo Carelli (coautor) y pidió penas de 25 años e inhabilitación perpetua para ambos.

Por último, al igual que el Ministerio Público, Viviana Beigel pidió una sentencia con perspectiva de género que incluyera explícitamente la violencia desplegada por el aparato represivo contra las víctimas mujeres de este juicio.

Salinas inició el alegato por Las Lajas

En la última hora de la jornada del debate de hoy refirió Pablo Salinas lo sucedido en el CCD Campo Las Lajas. El abogado hizo un recorrido por la historia del MEDH, sus orígenes, su objetivo, sus valores. Mencionó a “las imprescindibles” Elba Morales y Pocha Camín y agradeció su trabajo incansable por dilucidar lo sucedido durante la última dictadura.

Sobre Las Lajas se conoce su uso como campo de tiro antes del ‘76. Sin embargo, entre ese año y el ‘83 hay un ocultamiento de la información de su funcionamiento. La querella sostuvo que la falta de datos sobre esa época se debe al uso de ese campo como Centro Clandestino de Detención. “En Campo Las Lajas están los restos de nuestros compañeros”, aseguró Salinas.

En ese contexto, hizo referencia al rol central de Carlos Santamaría como jefe de inteligencia de la IV Brigada Aérea. “La inteligencia decidía quién vivía y quién moría”, como también los distintos mecanismos para deshacerse de los cuerpos. Hay testimonios muy elocuentes que refieren a Las Lajas, dependiente de la Fuerza Aérea, como centro clandestino de detención, torturas y exterminio. Ejemplos de ello son las palabras de Horacio Oscar Ferraris, Emilio Luque Bracchi y Vivian Acquaviva.

Contra los dichos de Carlos Rico en su indagatoria, “¿por qué no juzgan a los Montoneros?”, Salinas respondió: “ojalá hubieran juzgado a todos como a ellos ahora, con todas las garantías. Esto es un Estado de derecho, no lo que aplicaban ustedes”. Y ejemplificó con la pastilla de cianuro que tomó María del Carmen Marín para evitar la máxima perversidad que podía sufrir al caer en manos de los represores.

Las víctimas de Las Lajas

A través de fotos, ilustraciones y distintas diapositivas hizo el abogado un recorrido por las víctimas de este caso. Mauricio López tenía un voto por la paz y por la pluralidad. Fue integrante del Consejo Mundial de Iglesias y el primer rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Era un profesor reconocido y muy querido.

Osvaldo Zuin era exseminarista y actor de teatro, militaba en el PRT. Emilio Luque estudiaba en Ciencias Físicas y Matemáticas en la UNSL, además de compartir habitación con el militante peronista Santana Alcaraz. María del Carmen Marín estudiaba Bellas Artes en Buenos Aires y militaba en Montoneros. Su padre, Carlos Armando Marín, la protegía y fue secuestrado luego de que ella se suicidara al tomar la pastilla de cianuro.

El jueves próximo, 14 de junio, continuará la audiencia con la conclusión del alegato de la querella y comenzará la defensa con su argumentación.

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Audiencia 62 / SUCESIÓN DE CAUSAS SOBRE EL D2

17-05-18 / En una prolongada audiencia, el equipo fiscal, compuesto por Patricia Santoni, Daniel Rodríguez Infante y Dante Vega, alegó acerca de la responsabilidad del personal del D2 en procedimientos ilegales, ataques sexuales y torturas que recayeron sobre numerosas personas detenidas. Entre ellas, se recordó el paso del desaparecido Jorge Daniel Moyano por sus calabozos.

La fiscal Patricia Santoni dio inicio a la jornada para abordar el caso de Nélida Virgina Correa. Según sus declaraciones era militante social cercana a Montoneros. Tenía cuatro hijos y debió pasar a la clandestinidad cuando se sucedieron numerosas detenciones en el marco del operativo contra esa corriente, registrado en febrero ’76.

Durante 3 años consiguió mantenerse en libertad pero el 26 de noviembre de 1979 fue aprehendida en la casa de un hermano y pudo reconocer, entre sus captores, al acusado Miguel Ángel Tello. Transportada al D2, estuvo allí 21 días y sufrió todo tipo de torturas. En diciembre la trasladaron al penal provincial de donde salió en libertad en 1981.

A Nélida Correa le fue aplicada la ley 20840 y luego fue absuelta. Entre las pruebas documentales que acreditan su detención en el D2 hay un sumario de prevención y el registro de su traslado a la penitenciaría. La víctima reconoció a varios miembros del D2: Oyarzabal, Bustos Medina, Scacchi y los acusados en este juicio: Miguel Ángel Salinas y Carlos Faustino Álvarez.

La fiscal se detuvo en estos dos últimos agentes, quienes fueron imputados por primera vez.
El tercer acusado por esta causa es Miguel Ángel Tello, quien participó de la detención de Correa y su traslado al D2.

Historial de Salinas y Álvarez

Miguel Ángel Salinas, según su legajo, era agente del D2 e ingresó en junio de 1976. Se desempeñaba en la sección Reunión de Información. Por un tiempo fue custodio del gobernador de la provincia y luego regresó para permanecer hasta 1999. Por desbaratar a las bandas de la subversión recibió las felicitaciones con las que Santuccione solía reconocer a sus subordinados.

A pesar de que en su declaración negó haber tenido contacto con detenidos en el D2, fue identificado por varixs presxs: Correa, Rosa Gómez, Nerio Neirotti y otros. David Blanco dijo que les acercaba la comida en los calabozos y lo reconoció como uno de los policías que custodiaba en el Banco Mendoza.

Carlos Faustino Álvarez, según su legajo, se desempeñó entre 1974 y 1984 en la sección Registro de Fichero y luego en la sección Análisis de la Información. También recibió felicitaciones por su participación en “la lucha antisubversiva”.

Al igual que Salinas dijo que no tuvo contacto con detenidos y que su trabajo consistía en recortar diarios. Sin embargo fue reconocido por Nélida Correa y Oscar Pérez.

Miguel Ángel Salinas y Carlos Faustino Álvarez están acusados como coautores de

  • Privación abusiva de la libertad agravada
  • Tormentos agravados
  • Asociación ilícita

Esta última imputación fue fundamentada por la fiscal entendiendo que el D2 funcionaba como un sistema donde sus integrantes tenían distintos roles pero respondían a un mismo fin.

A Miguel Ángel Tello, ya condenado en anteriores juicios, se lo acusa por privación abusiva de la libertad y tormentos agravados.

La Causa de los Bancarios

El fiscal Daniel Rodríguez Infante alegó por las detenciones de los empleados bancarios Luis Ocaña, Arturo Galván, Hermes Oca y Horacio Lucero.

La Asociación Bancaria, fundada en 1924, fue un sindicato con gran combatividad y objeto de persecución durante las sucesivas dictaduras. Cuenta con 200 personas desaparecidas a lo largo de su historia. En Mendoza se registraron 17 secuestros del colectivo bancario que participaba de las comisiones gremiales internas. Asimismo, fueron víctimas de desaparición forzada: Carlos Marín, José Vila Bustos, Ricardo Sánchez Coronel y Sabino Rosales, pertenecientes a los bancos de Previsión Social y Mendoza locales.

Dicho esto, el fiscal se abocó al caso de Luis Gabriel Ocaña, activista bancario que sufriera dos ataques: una bomba y un tiroteo contra su domicilio. Fue apresado el 17 noviembre de 1975 por el D2. Como prueba existe un acta con datos falaces sobre el lugar y la circunstancia de su detención así como el testimonio de varios compañeros que compartieron cautiverio y dieron cuenta de los tormentos a los que fue sometido. Después de un largo periplo salió con la opción a Francia en 1981.

Con posterioridad, igual suerte corrieron sus compañeros del Banco de Previsión, Arturo Galván, Hermes Ocaña y Víctor Horacio Lucero, detenidos el 6 de abril de 1976 en su lugar de trabajo y trasladados, inicialmente, al D2.

Los dos primeros permanecieron en esta dependencia hasta fines de junio de 1976 cuando fueron trasladados, juntos, a la Compañía de Comunicaciones. Durante su permanencia allí, según los testimonios de sus compañeros, fueron sometidos a torturas; particularmente, Hermes recibió terribles golpizas. Éste reconoció al imputado Pablo Gutiérrez como un custodio del banco que los vigilaba.

En cuanto a Arturo Galván sufrió, en enero de 1976, un primer cautiverio en Logística de la policía de Mendoza, donde se encontraban otros detenidos de apellido Balbas y Páez. Días después fue trasladado al Palacio Policial para que le tomaran las huellas dactilares y fue liberado.

Por su parte, Víctor Horacio Lucero recibió similar trato en el D2 y salió en libertad el 1 de junio del ‘76. No hay ninguna imputación contra Lucero ni registro alguno.

Por esta causa que incluye a los cuatro bancarios antes mencionados está acusado Armando Osvaldo Fernández como autor mediato de

  • Privación abusiva de la libertad agravada
  • Tormentos agravados

Por su parte Pablo Gutiérrez, ya condenado en anteriores juicios, es considerado coautor en los casos de Arturo Galván, Hermes Ocaña y Víctor Horacio Lucero por

  • Privación ilegítima de la libertad agravada
  • Tormentos agravados
La Juventud Guevarista

El fiscal Dante Vega desarrolló el alegato por los procedimientos ocurridos entre el 10 y el 17 de mayo de 1976 contra integrantes de la Juventud Guevarista. Se centró en siete víctimas por las cuales están acusados tres integrantes del D2: Armando Osvaldo Fernández, Pablo José Gutiérrez, Diego Fernando Morales. Este operativo no solamente evidencia la inteligencia previa sino también la actuación conjunta de las diferentes fuerzas constituyentes del aparato represivo estatal. En este caso, el D2, la fuerza aérea, las comisarías 7 y 33, el Consejo de Guerra Especial y Estable.

En una semana secuestraron a 20 personas relacionadas con el PRT-ERP. El diario Los Andes publicó el 22 de mayo del ’76 el “desbaratamiento de una célula extremista” e incluyó un listado de personas apresadas sin mención sobre quienes hoy continúan desaparecidas. Sin embargo, la actuación policial comenzó con tres detenidos que no pertenecen al grupo de militancia ni a la causa. Este operativo está plagado de irregularidades, como tantos otros. Ausencia de órdenes judiciales, declaraciones falsas, parodia de sumarios, actas fraguadas son algunos ejemplos.

De esta causa, todos fueron puestos a disposición del Consejo de Guerra por sumarios instruidos relacionados con participación en actividades subversivas. La pantomima que eran estos juzgamientos ya ha sido ampliamente relatada: defensores que a los gritos pedían confesiones, violencia, penas draconianas.

Es corriente escuchar a algunas personas, particularmente imputados y defensores, decir que en aquel momento se vivía una “guerra”. Con un tono irónico, el fiscal Vega se preguntó por qué, entonces, el Consejo de Guerra implementó el Código de Procedimiento estipulado para tiempos de paz.

En el D2, las víctimas fueron sometidas a picana eléctrica, submarino, golpes y amenazas.

Víctor Sabatini se desempeñaba como inspector laboral en la división regional del Ministerio de Trabajo. Tenía 33 años cuando ocho personas, algunas uniformadas y otras de civil, lo secuestraron de su domicilio, el 12 de mayo de 1976. Fue introducido en un vehículo junto con Daniel Moyano. En el camino sufrieron un simulacro de fusilamiento. El destino era el D2. El Consejo de Guerra lo juzgó y lo condenó, entre otras cosas, por “ocultamiento de delincuentes”, lo que devela la persecución a Daniel Moyano, a quien alojó en su casa pero perdió contacto en ese centro clandestino. Su detención continuó en la penitenciaría y en la Unidad 9 de La Plata. Fue liberado en democracia, el 26 de abril de 1984.

Daniel Moyano estudiaba en la Escuela de Comunicación Colectiva. El nombre tras el cual ocultada su identidad era Gustavo. Vivía para la fecha de su secuestro en el Barrio Santa Ana, con el matrimonio Sabattini-Allegrini. Fueron secuestrados el mismo día y al menos ocho testimonios acreditan su secuestro y paso por el D2. El más elocuente y preciso es el de Edith Arito, quien afirmó haberlo visto muy golpeado, tiritando por la picana. Ella le ofreció comida, él no aceptó pero le dijo su nombre. Hoy Daniel Moyano continúa desaparecido.

Nélida Lucía Allegrini era docente y se la llevaron después que a su marido y su amigo “Gustavo”. Esperaron que llegara su suegro, Valentín Sabattini, le hicieron firmar la custodia de sus hijos, dejaron a todos en la casa del hombre y la trasladaron al D2. En un ascensor fue llevada hasta un lugar de torturas donde recibió golpes en sus pechos y vagina lo que tipifica, según la fiscalía, un delito sexual por el cual van a acusar a los imputados.

Liliana Tognetti, Silvia Schwartzman, y Graciela Leda fueron secuestradas el 13 de mayo de 1976 y trasladadas al D2. La primera fue llevada por personas de civil. No declaró en debate pero diversas actas y testimonios dan cuenta de su estadía en ese centro clandestino y la trayectoria de su detención.

Silvia contó haber sido entrevistada en una sala de torturas, con manchas de sangre y cabellos pegados en las paredes. Reconoció al “Caballo Loco” y al “Puntano”.

Graciela declaró en varias oportunidades que fue secuestrada por efectivos de la policía de Mendoza, de civil y armados. En una ocasión, en el D2, la desnudaron completamente. Por una lesión en sus costillas, producto de los golpes, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en Devoto.

Estas cuatro mujeres, Allegrini, Tognetti, Schwartzman y Leda fueron llevadas a la penitenciaría provincial luego de ser condenadas en el Consejo de Guerra, en julio de ese año. A partir de septiembre cumplieron su condena en la cárcel de Villa Devoto.

Antonio Siro Vignoni era empleado judicial y estaba casado con Silvia Schwartzman. El 17 de mayo del ’76 fue secuestrado por tres agentes del D2. Su trabajo le permitió reconocer entre los perpetradores a Pablo Gutiérrez y a Alfredo Castro.

iMPUTACIONES ESPECÍFICAS

Por los hechos alegados, el Ministerio Público Fiscal responsabilizó penalmente a tres integrantes del D2:

Armando Osvaldo Fernández Miranda como autor mediato de

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por seis hechos
  • tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, por siete hechos
  • lesiones graves por los hechos cometidos contra Liliana Tognetti y Graciela Leda
  • abuso deshonesto agravado por la calidad de autor persona encargada de la guarda, por los mismos dos hechos

Diego Fernando Morales Pastrán prestó servicios en el D2 desde 1974 hasta 1981. En la instrucción declaró haber sido chofer y hacer tareas de archivo aunque habló de más al decir que por orden del jefe, Sánchez Camargo, los suboficiales tenían la tarea de bajar por turnos a ver a los detenidos, darles comida, ropa y demás. Fue reconocido por víctimas como Robledo Flores y Rosa Gómez. Junto con Pablo José Gutiérrez Araya son acusados por ser coautores de los siguientes delitos

  • homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, por el caso de Daniel Moyano
  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por el mismo hecho
  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por seis hechos
  • tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, por siete hechos
  • lesiones graves por los hechos cometidos contra Liliana Tognetti y Graciela Leda
  • abuso deshonesto agravado por la calidad de autor persona encargada de la guarda, por los mismos dos hechos
DOBLE DETENCIÓN

Segundo Isau Alliendes fue secuestrado y liberado en 1976, causa por la que ya se alegó audiencias atrás. Luego, el 21 de marzo de 1978 fue secuestrado nuevamente y trasladado a la IV Brigada. El sumario por su detención se inició el 27 de marzo, cuando fue alojado en el D2. En la Fuerza Aérea no hay ningún tipo de registro de su aprensión y estadía. Tres días después fue remitido a la penitenciaría provincial y fue liberado el 21 de agosto de ese año, cinco días después de que el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que mantenía su detención fuera dejado sin efecto.

Por esta causa se encuentra acusado Alcides París Francisca, como autor mediato de los delitos de

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima

Adriana Mercedes Spínola tenía 19 años cuando fue detenida en la vía pública por miembros de D2 el 12 de marzo de 1976. El secuestro se produjo por su vínculo con Juan Basilio Sgroi, dirigente del Partido Peronista Auténtico, detenido dos meses atrás.

Spínola permaneció una semana en el D2, donde fue golpeada, interrogada bajo tortura y obligada a desnudarse. El 19 de marzo fue conducida a la penitenciaría y luego a la cárcel de Devoto en los traslados del 29 de septiembre de ese año. Este itinerario está corroborado por sus prontuarios, el policial, labrado por el D2, y el penitenciario.

La tercera prueba documental es la causa elevada contra Juan Sgroi y otros militantes donde fue incluida Spínola. En este expediente, además de las actas de su captura, figura una constancia firmada por Spínola, por la cual autorizaba “a la fuerzas policiales y militares a realizar un minucioso registro de su domicilio”. El informe elevado a la 8va. Brigada está firmado por el propio Fernández.

Aunque obtuvo el sobreseimiento judicial a los ocho meses de su detención, junto con el fin de su disposición ante el PEN, fue liberada recién el 12 de enero de 1977.

Por estos hechos está acusado Armando Fernández como autor mediato de

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes
  • tormentos agravados por la condición de perseguida política de la víctima
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor o persona encargada de la guarda

Mirta Hernández, esposa del desaparecido Rodolfo Vera, víctimas del “Operativo Escoba” desplegado a nivel nacional contra el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Su detención en Mendoza hacia 1979 es parte de la represión residual sobre dicha Organización.

Desde el 30 de diciembre de 1976 hay constancia del pedido de captura de la pareja. Se refugiaron entre Rivadavia y Mendoza hasta el secuestro de Vera, el 6 de diciembre de 1977. Su esposa y otros militantes de la Organización se trasladaron a Buenos Aires, luego a San Clemente del Tuyú y finalmente, a Mar del Plata, hacia enero del año siguiente.

En 1979 regresó a Mendoza y se presentó ante el D2 por recomendación de un abogado de apellido Carloni. Quedó inmediatamente detenida por averiguación de antecedentes, desde el 27 de septiembre hasta el 7 de diciembre de ese año. La causa llegó a la justicia luego de su liberación. Recién en 1984 recuperó su documento de identidad.

Recordó las paredes del D2, manchadas con sangre, donde fue obligada a dar clases de matemática a los oficiales. Entre ellos reconoció a Pablo Gutiérrez.

Por estos hechos está acusado Mario Laporta (jefe de policía 1979-1982) en calidad de autor mediato por los delitos de

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes
  • tormentos agravados por la condición de perseguida política de la víctima
La responsabilidad de Roberto Usinger

La fiscalía continuó con dos causas que señalan la responsabilidad de Roberto Usinger entre los años 1979 y 1981.

La primera por la detención de Oscar Miguel Pérez, ciudadano chileno que entre 1974 y 1975 había participado de la Juventud Peronista, apresado a los 23 años, el 8 de mayo de 1979, cerca de su domicilio del Barrio San Martín. Permaneció cincuenta días en el D2 y fue torturado sistemáticamente hasta la visita del cónsul de Chile, Hernán Brantes Glavic.

Para esa época también estaban alojados en el D2 los exmilitares armeros que conocían a muchos de los policías del CCD. Con los nombres referidos por ellos y las voces que memorizaba, Pérez pudo ir identificando a Scacchi, Oyarzabal y Usinger, entre otros. Con este último conversó bastante y supo que era chofer o custodio del gobernador, y que estaba en el D2 “castigado”. Era el encargado de transportarlo de la celda a las sesiones de tortura y aseguró que estuvo en alguna de ellas. Pudo verlo y describir su apariencia.

El 28 de junio de 1979 Pérez fue acusado por la ley 20840. Trasladado desde el D2 a la penitenciaría, hizo un largo periplo, hasta que fue liberado por indulto de Bignone el 2 de diciembre de 1983.

La subversión tiene forma de libro

La segunda causa, denominada “Berlanga y otros”, engloba varios operativos realizados por el D2 para detener a miembros del Partido Comunista durante el año 1980.

El 5 de mayo se efectuaron los primeros cuatro allanamientos en cadena que concluyeron con las detenciones de Rosa María Rouge, Valerio Castillo, Concepción Azuaga, Patricia Campos y Aníbal Firpo, todos trasladados al D2 sin orden ni decreto previo. El paso por el CCD consta en sus prontuarios penitenciarios. Las viviendas fueron saqueadas.

Rosa María Rouge y su esposo Julio Berlanga eran militantes del PC y tenían en su domicilio de Las Heras la biblioteca de la Organización. La vivienda era vigilada y había sido revisada por un militar antes de la detención.

El 5 de mayo ingresaron a la casa ocho personas y secuestraron gran cantidad de libros que trasladaron en un camión. Berlanga logró escapar y detuvieron a Valerio Castillo, compañero de militancia que también estaba presente. Rouge fue trasladada hasta el domicilio de su suegra, Concepción Azuaga de Berlanga. Allí se encontró con los hijos menores que habían sido retirados de la escuela por los captores. También estaba su cuñado, Aurelio Berlanga y Patricia Campos. Como resultado del itinerario, Rouge, Azuaga, Campos y Berlanga fueron llevados al D2.

En este CCD, Rouge, desnuda, fue interrogada. Recibió las visitas de una vecina y de su hija y se enteró de que su casa, destruida, era vigilada.

El 30 de mayo pasó a la penitenciaría y recuperó la libertad el 22 de mayo del año siguiente.

Valerio Castillo fue llevado a su domicilio para un allanamiento antes de ser encerrado en el D2. Estuvo una semana desnudo en los calabozos, fue torturado y reconoció a uno de los policías apodado “el ruso” que robó un dinero que su familia había entregado en el D2 para él: “el más ladino de todos”.

El 30 de mayo llegó al penal provincial y fue liberado el 13 de abril de 1982.

Concepción Azuaga de Berlanga era la madre de Julio y Aurelio Berlanga. Tenía 68 años y fue detenida en su domicilio junto con su hijo Aurelio. A mediados de mayo fue liberada desde el D2. Sin embargo, figura detenida en la penitenciaría hacia noviembre de 1980. El 22 de mayo de 1981 recuperó la libertad según su prontuario.

Aurelio Berlanga tenía 39 años, también militaba en el PC y vivía con su madre. Fue llevado junto con ella al D2. El 30 de mayo ingresó a la penitenciaría y fue liberado el 13 de abril de 1982.

Patricia Campos tenía 29 años, era profesora de historia y militante del PC junto con su esposo Aníbal Firpo. Fue detenida en la casa de Concepción Azuaga y trasladada a su domicilio. Como Firpo no se encontraba, después de revisar el lugar fue colocada una consigna para esperarlo. Estuvo en el D2 junto con Rouge hasta ser llevada a Boulogne Sur Mer el 30 de mayo. Fue liberada el 17 de julio de 1981.

Aníbal Firpo, arquitecto, fue detenido por la noche en su domicilio y obligado a conducir con el vehículo de su trabajo hacia el D2. El 30 de mayo ingresó al penal y fue liberado el mismo día que su esposa.

También contra el Partido Comunista

El segundo grupo de operativos se completó con la detención de Jorge Aliste y Rafael Báez, ambos en el domicilio de Aliste, en Godoy Cruz, el 28 de agosto. Intervino la policía motorizada en coordinación con el D2. Días después detuvieron a Carmen Rey y Gabriel Solá.

Jorge Aliste tenía 29 años, militaba en el PC y trabajaba como tesorero en una empresa. Vivía con su esposa en el barrio Decavial. Fue detenido camino al trabajo y su domicilio fue brutalmente saqueado, además de secuestrar material de la Organización. Entre los documentos orgánicos se encontraban las autobiografías políticas de Rey y Solá.

Permaneció 44 días en el D2 sometido a interrogatorios. La empresa presentó un Habeas Corpus a su favor que fue contestado.

El 8 de octubre fue llevado junto con Báez hacia la penitenciaría en el vehículo particular de un policía de investigación apodado “El ruso”, a quien describió como un hombre “macizo” de tez colorada que detuvo el auto frente una casa de la calle Agustín Álvarez para avisar a una mujer que volvería en breve. Fue liberado en julio de 1981.

Rafael Báez era el Secretario General del PC. Fue detenido en la puerta de la vivienda de Aliste y llevado al D2 con el mismo itinerario que su compañero. La familia supo de su paradero por una mujer que contactó el día de la declaración ante el juez y que transmitió su mensaje. El 16 de diciembre de 1981 recuperó la libertad.

Carmen Noemí Rey fue detenida en su domicilio el 18 de septiembre de 1980. La forzaron a firmar su conformidad con el allanamiento. Estuvo en el D2 bajo interrogatorios hasta el 9 de diciembre de ese año, momento en que pasó a la penitenciaría. El 21 de julio de 1981 fue liberada.

El rosarino Gabriel Solá fue detenido ese mismo día en su vivienda luego de un allanamiento. Permaneció en el D2 hasta el 4 de noviembre de 1980. Luego pasó al penal desde donde fue liberado el 16 de diciembre de 1981.

Los últimos dos procedimientos contra el PC fueron efectuados el 2 de octubre de 1980 con los secuestros de Ignacio González y Guillermo Scoones. Llevados al D2 y tres meses después a la penitenciaría recuperaron su libertad el 27 de julio de 1981. González tenía 58 años y estaba casado con Elena Simón. Scoones tenía 28, estaba en pareja con Carmen Rey y fue detenido mientras estacionaba su vehículo en la calle Pedro Molina de Ciudad.

Los alegatos continúan el viernes 18 de mayo a las 9.30 hs.

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