Audiencia 75 / PALABRAS FINALES: RICO Y LEDESMA

16-08-18 / Después de una breve dúplica de la defensa del exoficial de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Santamaría, se inició la ronda de palabras finales de los procesados. En la fecha fue el turno de Carlos Rico Tejeiro, acusado en la causa Rabanal y del exoficial del Ejército, Carlos Ledesma, por el Casino de Suboficiales.

Dúplica por Santamaría

En una breve intervención, Carlos Benavidez, respondió a la réplica que realizara la Fiscalía con respecto a sus argumentos en defensa del exvicecomodoro Juan Carlos Santamaría.

En primer lugar, se refirió a su pedido de inconstitucionalidad de la prisión perpetua, objetado por el Fiscal, en razón de que la reclusión no se cumple en forma taxativa.Los sentenciados tiene opción de salir, tener prisión domiciliaria y otras posibilidades. A este argumento, Benavidez respondió que no se trata de un “derecho per se”, si no que queda a criterio de los magistrados. Destacó que a Santamaría le permitieron asistir al casamiento de una de las hijas pero se le denegó permiso para asistir a la boda de su segunda hija debido a la intervención de la Fiscalía.

Por otro lado,insistió en rebatir el carácter de jefe u organizador de una asociación ilícita contenido en la imputación. Tal como lo hiciera en la etapa de alegatos, insistió en que su defendido no participó de la Regional Oeste de Inteligencia. Recordó que el jefe era el comodoro Padorno, como también sostuvieron los acusadores, resaltó. Tampoco estuvo en la Comunidad Informativa; su legajo no registra ningún dato que lo vincule con estas dependencias.

En 1977, agregó Benavidez, la División Inteligencia que comandaba Santamaría estaba abocada, exclusivamente, a brindar seguridad interna a la IV Brigada, insistió.

Para finalizar esbozó una novedosa hipótesis. Según el abogado, la Fuerza Aérea cedió el campo Las Lajas al Ejército. Esta fuerza instaló allí un campo clandestino de detención, a su cargo. Como única prueba de ello el abogado argumentó que la Fuerza Aérea no cumplía guardias en ese predio.

“Las cosas en su lugar”

Carlos Rico hizo uso de su derecho a las últimas palabras para seguir esgrimiendo argumentos que hacen a su defensa. El imputado repasó una a una las acusaciones en su contra y negó ser responsable penalmente. Remarcó que pondría “verdades y mentiras en relieve” para que estuvieran “las cosas en su lugar”.

En esta instancia, Rico reclamó a la Fiscalía haber hecho “giros imputativos” sobre diferentes puntos. Sobre la licencia anual, sostuvo con firmeza que “faltó investigación” respecto de este tema, que no supieron interpretar los libros de novedades ni determinar con certeza si participó, o no, en algunos hechos. Además afirmó que no se pudo saber si el destino fue o no incierto para “los presos” y que no era su tarea comunicar eso. Entiende el imputado, que por esta razón, no se puede afirmar que la incertidumbre sobre el destino de un traslado configure el delito de tormentos.

La omisión deliberada de ciertas declaraciones de las víctimas le sirvieron para hilar su relato. En este punto, por ejemplo, no mencionó jamás el estado en el que estaban las personas luego de haber sido secuestradas, torturadas, abusadas, vendadas, durante días. Él habla de un simple traslado de un grupo de “presos” desde el D2 hacia la Unidad Regional Primera. Se defendió precisando que no tenía “facultad revisoria” para preguntar nada sobre esas personas.

Carlos Rico desestimó por completo tener que responder penalmente por el delito de asociación ilícita. Aseguró que sería imposible encontrar un hilo conductivo hacia el pasado que pudiera comprobar esto y que nunca fue intimado ni declaró al respecto. Manifestó que nunca fue nombrado por nadie, ni en un juicio de Mendoza ni de San Rafael. “Nunca me escondí”, arremetió, a pesar de haber estado prófugo cuando se conocieron los cargos contra él.

Negó haber participado y planificado la detención de Olga Vicenta Zárate y que la única prueba que tenía la Fiscalía era su constancia de presentismo ese día en Infantería. Nuevamente sostuvo que no tenía ninguna autonomía funcional sino que era “un subinspector más” y no tenía poder de mando, sino que se encontraba en un escalón intermedio.

En la ampliación de su declaración indagatoria, Rico presentó ciertos libros que la querella utilizó en su alegato acusador. Hoy afirmó que “en los libros del Centro de Instrucción Contrasubversiva no hay ni una sola línea que denote ilegalidad” y comparó a estos libros con los supuestos manuales de Montoneros, alimentando fuertemente la teoría de los dos demonios.

Luego de despacharse contra la Cámara Federal de Apelaciones, calificándola de “la infamia más grande”, con un guiño hacia el Tribunal,aseguró que “las cosas van a terminar en su debido lugar” y “van a fallar como corresponde”, teniendo en cuenta “todas las dimensiones: jurídica, moral y con el corazón en la mano”. A pesar de eso, remarcó que nadie le devolvería la honra ni el apellido.

Finalizó, no sin antes hacer una cita bíblica, asegurando que la hipocresía y la inequidad vino del lado de los acusadores.

Yo solamente le pido perdón a Dios

Carlos Ledesma hizo uso de las últimas palabras para insistir sobre la autonomía del Casino de Suboficiales –que funcionó como Centro Clandestino de Detención de mujeres en 1976- respecto de la Compañía de Comando y Servicios, que estaba a su cargo. Fue reprendido por Daniel Cisneros, presidente del Tribunal, debido al tono agresivo que adoptó en más de una ocasión hacia la Fiscalía.

El imputado señaló como responsable del Casino al recientemente capturado Walter Tomás Eichhorn, quien habría sido designado por sus propios pares. Según Ledesma, en el Casino vivían los suboficiales solteros, razón por la cual las autoridades no podían ingresar libremente para preservar la intimidad: como al domicilio de un casado, “si no me invitan, no voy”. Además, repitió que las órdenes eran transmitidas a Eichhorn directamente por el general Jorge Maradona.

También negó haber conocido o firmado órdenes referidas a las “19 víctimas” del CCD. Sostuvo que Dora Goldfarb, quien declaró recibir insultos y amenazas de Ledesma por su origen judío, no pudo identificarlo luego en el reconocimiento: “Ni soy rubio, ni uso botas, ni soy nazi”, fue su defensa frente a las palabras de algunas de las detenidas. Como es corriente entre los acusados, Ledesma reclamó al Ministerio Público Fiscal que no hubieran sido citados los cinco suboficiales efectivamente identificados, aunque admitió que “algunos están muertos”.

El resto de su declaración versó sobre aspectos de su carrera militar y profesional: “mientras fui militar, fui uno de los mejores”. Aseguró pertenecer a la fuerza desde los doce años y agradeció la formación recibida de los mejores instructores, entre ellos el excoronel carapintada Mohamed Alí Seineldín. Obtuvo una condecoración por su actuación en Tucumán en 1975 y explicó que sus compañeros lo consideraron “veterano de guerra”. También reveló que se retiró de su cargo en la Compañía de Comando y Servicios “porque no compartía los lineamientos de parte del Proceso de Reorganización Nacional”.

Por otro lado, reconoció haber desarrollado “militancia política” en un ministerio, pero aclaró: “tener una ideología no significa que yo me haga cargo de estos actos que son en contra de los Derechos Humanos”. Sostuvo que “era conocido” porque en paralelo al ejército estudió Ciencias Políticas y Sociología en la UNCuyo, algo que estaba prohibido para un oficial. Dijo que desde los noventa se dedicó “exclusivamente a formar gente en claustros universitarios” hasta el año 2011.

Destacó que lleva escritos tres libros y que prepara uno próximo que “no tiene cabida en Argentina” pero sí en el exterior. Luego reivindicó su condición de “católico apostólico romano” y laico consagrado, y sentenció no tener ningún problema de conciencia: “Yo solamente le pido perdón a Dios”.

En relación al proceso judicial, dijo haberse presentado voluntariamente desde Buenos Aires “para aportar datos” pero luego de siete años “no se descubrió nada”. “Que la verdad corone a la justicia que está muy vapuleada”, concluyó.

La próxima audiencia será el jueves 23 de agosto a las 9.30hs.

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Audiencia 69 / ORFANDAD PROBATORIA

21-06-18 / El defensor oficial hizo un repaso por distintas causas y, en todos los casos, pidió la absolución lisa y llana de los imputados. Pérez Videla recurrió al argumento de la falta de pruebas y aseguró que la explicación narrativa no evidenciaba la responsabilidad penal de los acusados.

El representante del Ministerio Público de la Defensa (MPD), Leonardo Pérez Videla, repasó las causas del D2, de la Compañía de Comunicaciones y del Casino de Suboficiales.Aseguró que no pudo encontrar pruebas concretas que relacionaran el contexto del momento de los hechos con la actuación particular de cada imputado. Hasta su fallecimiento, a Menéndez se le endilgaba la responsabilidad penal por todas las causas.

Susso y Bermejillo

El único imputado por esta causa es el oficial de inteligencia del D2, Armando Osvaldo Fernández, ya condenado por delitos de lesa humanidad. Pérez Videla hizo hincapié en la anomia que caracteriza a esta causa, fundamentándose en el manifiesto secreto y actuar ilegal de los perpetradores. Según el abogado, los autores son inidentificables.

Salvando la cuestión funcional, “no hay un solo elemento de prueba”. El representante del MPD sostuvo que están juzgando a Fernández basándose en el derecho penal de autor y no de acto y que, a pesar de que estos sean “casos tremendos”, no hay ninguna constancia de la relación con la participación del acusado.

Sobre las declaraciones testimoniales, aseguró que no se refirieron a los hechos juzgados sino a la ubicación histórica, al contexto universitario de militancia y de vivencias. Desestimó el testimonio de Alejandra Bermejillo, hermana de la víctima, por hablar desde el dolor y no brindar “ningún tipo de precisiones”. “La imputación está mezclada, lamentablemente, con la narrativa”, resumió.

Pérez Videla afirmó, basándose en la obra de Roberto Vélez, que la responsabilidad es atribuible “más a los grupos secretos”. Este “marco caótico no puede achacársele a un sujeto”. Asimismo, aseguró que nada tiene que ver el hecho juzgado con la Misión Ivanissevich de represión universitaria.
Como la pena sería anticonvencional y anticonstitucional, el caso “tiene que seguir lamentablemente impune”, adelantó. Pidió, finalmente, la absolución lisa y llana del imputado o, en su defecto, la absolución por el beneficio de la duda.

Compañía de Comunicaciones

Los imputados de este caso, Dardo Migno y Ramón Ángel Puebla, deben responder por lo sucedido a siete víctimas en la Compañía de Comunicaciones. El defensor afirmó que “no hay un solo elemento objetivo de prueba”. El control operacional del centro clandestino de detención (CCD) no podría tomarse como un elemento de intervención concreta de los acusados. Sostuvo que ese control significaba operativizar ingresos y egresos del “Lugar de Reunión de Detenidos (LRD)”, no garantizar traslados ni torturas.

Continuando con la estrategia de echarle la culpa al muerto, según Pérez Videla sería el comisario de la seccional 16 el responsable de lo ocurrido a la familia Alliendes. Aunque sin pruebas afirmó: “yo creo que murió quien estaba a cargo”.

Además, Pablo José Gutiérrez y Armando Osvaldo Fernández están acusados por lo ocurrido a Arturo Galván y Horacio Lucero en el D2. El abogado aseguró que la imputación se sostiene en el cumplimiento del rol y no en la participación concreta y, nuevamente, apeló a la orfandad probatoria. Además, aseguró que “para tareas de inteligencia se necesitan fondos” con los que la policía no habría contado.

Debido a que lo juzgado no cumple con los aspectos cognitivos y volitivos del dolo, el representante del MPD pidió la absolución lisa y llana de los imputados. En caso de que esto no cumpliera los requisitos, solicitó la absolución por el principio de la duda.

Casino de Suboficiales

Los imputados en esta causa, Armando Olimpo Carelli y Carlos Ledesma, tienen pocos elementos para defenderse debido a que las víctimas los mencionaron específicamente.El abogado Leonardo Pérez Videla habló de los hechos cometidos contra estas mujeres como “desavenencias que lamentablemente les tocó vivir”.

En primer lugar, solicitó que no se tuviera en cuenta la acusación por asociación ilícita ya que la posición funcional de los hombres en la jerarquía del Ejército no garantizaría su participación en el plan criminal. Refirió, desafortunadamente, al “terror de los imputados” de no saber por qué se los acusa.

Algunas víctimas nombraron explícitamente a Ledesma. Edith Arito habló de su rango y de cómo su voz aún le “martillaba la cabeza”. Dora Goldfarb hizo particular referencia a los insultos antisemitas del teniente. A pesar de esto, el abogado defensor afirmó que a Ledesma lo ocupaban “otras responsabilidades” que no se centraban en el Casino ya que tenía a su cargo toda la Compañía de Comandos y Servicios. Señaló al general Maradona, quien por supuesto ya falleció, a la cabeza de todo lo ocurrido.

En este contexto, se adelantó a la defensa de Walter Tomás Eichhorn, quien estaba prófugo al momento del inicio de este juicio, pero fue detenido y pronto será juzgado. Como responsable del Casino, “estaba a cargo de las tareas cotidianas”. Lo nombraron Beatriz García “y otra más” pero el resto “lo recuerda sin precisar”.

Aseguró Leonardo Pérez Videla que se debe distinguir el “marco de situación tremendamente doloroso” del “ejercicio o dominio de la situación”. Su tesis de defensa se centró en asegurar que el padecimiento de estas mujeres estaba a cargo de subgrupos y no de los responsables del CCD. Este “tremendo escarnio” estuvo “sometido a este poder superior que 40 años después no podemos conocer”.

Para Carelli, la defensa se fundamentó en la aseveración de la existencia de un problema interpretativo. Algunas víctimas se refirieron a él como “Willy” y el abogado afirmó que lo confundieron con Cardello, a quien apodaban así. La explicación faltante sería el motivo de la presencia de ese oficial de la policía federal en el predio del Ejército.Si bien él tenía el control de cada una de las detenidas, “el desastre se desató después” y estaba fuera de su alcance. Respecto de la secuencia del auto de Goldfarb simplemente afirmóque “fue de otra forma” pero no se explayó en fundamentar la afirmación.

Para concluir este caso solicitó, en contra de lo sostenido por la Fiscalía y la querella, que no se consideraran por separado los delitos sexuales y los tormentos. Los ataques sexuales eran, según el representante del MPD, parte del mismo delito de torturas agravadas por ser perseguidas políticas.

Por considerar escasas las pruebas para endilgar responsabilidades concretas a los imputados Carelli y Ledesma, el defensor solicitó para estos hombres la absolución lisa y llana o, en su defecto, por el beneficio de la duda.

Las causas del D2 y el ejército

Pérez Videla inició un recorrido “express” por las causas que involucran a autoridades policiales y militares a raíz de múltiples detenciones en el mayor centro de detención y exterminio de la Provincia, el Departamento de Informaciones D2.

En todos los casos, la defensa consistió en la ya mencionada “orfandad probatoria”, en reclamar la falta de investigación de ciertos aspectos, en repetir que las víctimas eran perseguidas con anterioridad a la detención y en lamentar que los “grupos secretos que cometieron los delitos ”fueran imposibles de determinar por el paso de los años. Para todos los acusados pidió la absolución lisa y llana o por beneficio de la duda.

Por los hechos cometidos contra Marta Rosa Agüero y Roberto Marmolejo el imputado es Armando Fernández, oficial de Inteligencia del D2 que ya fue condenado en juicios anteriores por numerosos crímenes.

La única defensa consintió en señalar que las víctimas, según sus propias declaraciones, estaban identificadas desde principios de los ’70. Este hecho parecería exonerar a Fernández ya que volvería innecesaria la tarea de inteligencia posterior que el propio acusado rechaza haber realizado como miembro del D2.

El abogado también reclamó que la Fiscalía no hubiera citado a declarar a los miembros de la Concertación Nacional Universitaria (CNU) cuyos nombres se pronunciaron más de una vez en las declaraciones testimoniales en relación a la persecución de militantes universitarios.

En la causa de Daniel Hervida está acusado Paulino Furió, jefe del G2 de Inteligencia del Ejército. El imputado había afirmado en su indagatoria que su tarea se remitía al “armado de causas y manejo de datos”. Según el defensor, como en todos los casos de autoría mediata, no existen elementos de contacto directo con los delitos y la acusación de la Fiscalía se basa solamente en su cargo.

La detención y los tormentos padecidos por Miguel Ángel Rodríguez tienen como responsable a Carlos Luciani, jefe de la Seccional 33 donde permaneció inicialmente secuestrado –y donde fue brutalmente golpeado- antes del trasladado al D2. La Fiscalía había señalado este caso como un ejemplo del funcionamiento de las comisarías como ruedas de auxilio en la represión ilegal.

Aunque Rodríguez declaró haber sido detenido por personal policial, el defensor buscó desvincular a esta fuerza recurriendo a la descripción del uniforme dada por la víctima, ya que coincidiría más con la vestimenta militar.

Por otro lado, argumentó que Luciani estuvo de licencia hasta el 29 de noviembre aunque su legajo indica que el mes de vacaciones concluyó un día antes del secuestro. De ser así, tampoco podría haber “planificado o preordenado” la detención. Además, reclamó a la Fiscalía el no haber citado a las demás autoridades de la comisaría que “seguro estuvieron” el día del hecho.

Por último, señaló como responsable del procedimiento y de los traslados a Sánchez Camargo, cuya firma figura en las actas y desestimó la acusación de asociación ilícita porque no existe repitencia ni sistematicidad en los delitos adjudicados a Luciani.

En la causa de Alfredo Luis Ghilardi está acusado como autor mediato Alcides París Francisca, jefe de policía que firmó personalmente la orden de traslado de la víctima desde el D2 hasta la penitenciaría. Sin embargo, para la defensa se trata de un hecho “accidental” que Francisca aseguró no conocer ni recordar porque en esa época estaba “recorriendo las comisarías de toda la Provincia”. El criterio para la imputación del Ministerio Público sería, una vez más, el cargo que desempeñaba.

Por la detención, los tormentos y el homicidio de Olga Inés Roncelli –vista por última vez con vida en el D2- están acusados Paulino Enrique Furió, Alcides París Francisca y Ricardo Benjamín Miranda, en calidad de autores mediatos. Los tres acusados declararon desconocer el caso y negaron la actividad de inteligencia asumida por el D2. Este caso, como todos los abordados por la defensa, sería producto del “ejercicio de una autoridad secreta y sistemática” que “definía quién sobrevivía”.

Lo mismo sucedería en la detención de Fredi Ramírez Longo, cuyos acusados son los jefes de la policía, Alcides París Francisca y su sucesor, Mario Laporta. De toda la prueba documental que existe en esta causa, el defensor solo resaltó que se indica la intervención del cuerpo de motorizada en la detención pero no se citó a ninguno de sus miembros a prestar declaración.

Por el secuestro de Carlos José Mauri también está imputado Mario Laporta cuya intervención habría sido, otra vez, “accidental”. Pérez Videla señaló que se desconocen las gestiones que realizó el yerno de Mauri –abogado con vínculos militares- a partir de las cuales podría señalarse con mayor precisión quienes estuvieron involucrados.

Por los delitos cometidos contra Nélida Virginia Correa,los acusados son Miguel Ángel Tello Amaya, Miguel Ángel Salinas y Carlos Faustino Álvarez, todos miembros del D2; los dos últimos imputados por primera vez.

El abogado defensor pidió no considerar la declaración de la víctima –que reconoció a varios agentes de este CCD, entre ellos los mencionados- debido a su incorporación por lectura de su declaración en juicio anterior. Señaló que es la “única prueba” existente y, al igual que en el resto de los casos, no existirían elementos suficientes para sostener la figura de asociación ilícita.

Por último, la defensa abordó escuetamente las causas del operativo contra la Juventud Guevarista por las cuales están acusados Diego Fernando Morales Pastrán, Armando Fernández Miranda y Pablo Gutiérrez Araya. Entre los múltiples delitos cometidos contra las víctimas se encuentra el homicidio de Daniel Moyano, visto por última vez en el D2.

Pérez Videla consideró que la Fiscalía “se volcó” a estos miembros de la policía porque son algunos “agentes que quedan vivos” pero no investigó ni acusó a personal de mayor rango.

Como sostuvo al comienzo de su alegato, el pedido de prisión perpetua para adultos mayores sería“inconstitucional y anticonvencional” y solicitó al tribunal que así lo declarara.

Los alegatos de la defensa continúan el viernes 22 de junio a las 9.30 hs.

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Audiencia 66 / LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

08-06-18 / Durante toda la jornada se escucharon los alegatos y pedido de pena de los representantes del MEDH. Diego Lavado terminó su intervención por las causas correspondientes al D2. Viviana Beigel expuso sobre la causa Susana Bermejillo / Mario Susso y luego por la causa del Casino de Suboficiales del Ejército desde una perspectiva de género. Cerró Pablo Salinas, quien inició su alegato por el CCD Campo Las Lajas.

El abogado Diego Lavado retomó su alegato al iniciar la jornada. Repasó las pruebas del accionar conjunto de las distintas fuerzas armadas y de seguridad para explicar el funcionamiento del plan represivo. Esto quedó demostrado por la declaración de Sánchez Camargo en 1987.

Finalmente, y por todos los hechos narrados con anterioridad, Lavado formuló la acusación y el pedido de pena.

Alcides París Francisca fue acusado de ser autor mediato de los siguientes delitos:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía por el caso de Olga Inés Roncelli
  • Privación abusiva de la libertad agravada en el mismo caso
  • Privación abusiva de la libertad agravada por tres hechos
  • Tormentos agravados, por los mismos hechos

La pena solicitada por la querella para Francisca es prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

Mario Alfredo Laporta debe responder como autor mediato de los delitos de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por tres hechos
  • Tormentos agravados, por los mismos hechos

Lavado solicitó la pena de 20 años de prisión.

A Armando Osvaldo Fernández Miranda se lo acusó por:

  • Homicidio doblemente agravado por los casos de Susso y Bermejillo
  • Privación abusiva de la libertad agravada por 12 hechos
  • Tormentos agravados por 14 hechos
  • Lesiones graves agravadas, por los casos de Allegrini y Leda
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor persona encargada de la guarda en los mismos casos y Espínola

La pena solicitada para Fernández es prisión perpetua.

Diego Fernando Morales Pastrán fue acusado por ser coautor de los siguientes delitos:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas, por el caso de Daniel Moyano
  • Privación abusiva de la libertad agravada, por el mismo caso
  • Lesiones graves agravadas por los casos de Allegrini y Leda
  • Privación abusiva de la libertad agravada por seis hechos

Por todo lo mencionado se solicitó que se lo condenara a prisión perpetua.

Carlos Alberto Luciani debe responder penalmente como autor mediato de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, por Miguel Ángel Rodríguez
  • Tormentos agravados, por el mismo caso
  • Asociación ilícita en calidad de jefe

La pena pedida por el MEDH es de 20 años de prisión.

Pablo José Gutiérrez fue acusado de los siguientes delitos en calidad de coautor:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía por Daniel Moyano
  • Privación abusiva de la libertad agravada por el mismo caso
  • Privación abusiva de la libertad agravada por nueve hechos
  • Tormentos agravados, por 10 hechos
  • Lesiones graves agravadas por los casos de Allegrini y Leda
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda en los mismos casos

Para Gutiérrez se solicitó la pena de prisión perpetua.

Miguel Ángel Tello Amaya es acusado de:

  • Coautor de privación abusiva de la libertad agravada, por el caso de Nélida Virginia Correa
  • Y como partícipe primario de tormentos agravados por el mismo caso

Lavado pidió la pena de 16 años de prisión para Tello.

Ricardo Benjamín Miranda debe responder por ser autor mediato de:

  • Homicidio doblemente agravado por el caso de Olga Inés Roncelli
  • Privación abusiva de la libertad agravada en el mismo caso
  • Tormentos agravados, por el mismo hecho

Se solicitó para Miranda la pena de prisión perpetua.

Tanto a Miguel Ángel Salinas como a Carlos Faustino Álvarez se los acusa de ser coautores de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por el caso de Nélida Virginia Correa
  • Tormentos agravados por el mismo caso
  • Asociación ilícita en calidad de integrantes

Para estos dos imputados la pena pedida es de 16 años de prisión.

Por último, Roberto Usinger debe responder penalmente como coautor de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por Marcelo Straniero
  • Privación abusiva de la libertad agravada por 14 hechos
  • Tormentos agravados por 14 hechos
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda en los casos de Valerio Castillo y Rosa Rouge
  • Asociación ilícita en calidad de integrante

Para Usinger se pide la pena de 20 años de prisión.

El abogado Diego Lavado explicó la razón para pedir, en algunos casos, penas más duras que el Ministerio Público Fiscal. Para ello recurrió a la sentencia de Ortubia-Salinas de la Cámara Federal de Casación que afirma que no se puede hacer análisis de delitos en abstracto sino que hay que valorar el contexto del aparato organizado de poder, ejecutor de delitos de lesa humanidad. Mencionó, además, la particular condición de indefensión de las víctimas.

Para finalizar, Lavado citó a Joan Manuel Serrat, con su canción “Los macarras de la moral”:

“Sin prisa pero sin pausa,
esos carcamales
organizan sus cruzadas
contra el hombre libre
más o menos responsable
de todos los males
piensan que por su cuenta
sueñan y lo dicen.

Si no fueran tan temibles
nos darían risa.
Si no fueran tan dañinos
nos darían lástima.
Porque como los fantasmas,
sin pausa y sin prisa,
no son nada si se les quita la sábana”.

La CNU, Susana Bermejillo y Mario Susso

Viviana Beigel, encargada del alegato por los asesinatos de Bermejillo y Susso, comenzó su exposición agradeciendo a los familiares por los aportes en la reconstrucción de la historia de ambos. La tónica de su intervención fue similar a la adoptada por Pablo Salinas, una puesta en palabra de las vivencias generadas por el terrorismo de estado.

Reivindicó el derecho a la verdad y la obligación de investigar lo sucedido. “Somos la voz de las víctimas”, resaltó. Antes de abordar las causas hizo una contextualización de lo que sucedía en la esfera universitaria ya que tanto Susso como Bermejillo provenían de ese ámbito.

Según Beigel, la designación de Oscar Ivanisevich en el Ministerio de Educación de la Nación marcó un hito para la avanzada de las corrientes de derecha dentro de las instituciones educativas. Esta gestión, destinada a “combatir la infiltración marxista”, sirvió de caldo de cultivo para el accionar de los grupos de la misma orientación como la Concentración Nacional Universitaria (CNU ) vinculados a la Triple A.

En la causa sobre la CNU, tratada por el Tribunal de Mar del Plata, quedó demostrado su aporte a la ofensiva represiva. Su tarea consistía en realizar inteligencia sobre los estudiantes y se valían de métodos patoteriles como las amenazas, robos, falsificaciones y otros delitos propios de los cuerpos paraestatales. Tenían conexión con las policías y demás fuerzas; varios integrantes, con posterioridad, ocuparon cargos en el Estado.

En Mendoza, en 1975, fue designado rector de la UNCuyo, Otto Heber Burgos, quien, en línea con Ivanisevich, se dispuso a combatir la política disolvente que atribuía a las corrientes estudiantiles, mayoritariamente de izquierda.

Burgos, en su embestida contra el marxismo, contó con el valioso aporte de Enrique Gómez Saá, oficial del Ejército, perteneciente al área de inteligencia, quien se desempañaba como profesor de la Universidad. El mismo coordinaba con la policía y otras fuerzas, según consta en el libro de Roberto Vélez, sobre el tema.

Ya en Dictadura, se estableció un régimen de militarización de las prácticas cotidianas, como la prohibición de expresiones políticas así como el uso de barba para los jóvenes y maquillaje en las mujeres. La “Operación Claridad”, realizó una suerte de depuración de los claustros, tras “el ideario nacional”.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) contaba con fuerte presencia de integrantes de la CNU y un activo centro de estudiantes en manos de corrientes de izquierda. La provocación de los primeros era incesante, perturbaban las marchas y patoteaban, inclusive con el uso de armas. Seijo, Burlot, Lucas y otros, estaban abocados a terminar con esa “bastarda élite de mercenarios”, los marxistas, tal como lo consignan sus escritos.

El 14 de julio de 1976 se produjo el asalto a una estación de servicio protagonizada por el mencionado Pato Lucas, junto a Héctor Gómez y Talley, integrantes de la CNU. Fueron detenidos in fraganti. En sus declaraciones sostuvieron que el dinero estaba destinado a la lucha contra la subversión.

A mansalva

Existen contundentes indicios de que la CNU en articulación con el D2 de la Policía de Mendoza intervinieron en los homicidios de Susana Bermejillo y Mario Susso.

Mario Susso, estudiante de la UTN, pertenecía a la agrupación de izquierda FAUDI y era miembro del Partido Comunista Revolucionario (PCR). En diciembre de 1975 su domicilio fue allanado y estuvo detenido e interrogado en el D2. Después de un breve lapso fue liberado.

En la madrugada del 20 de marzo fue arrebatado del domicilio de sus padres por un grupo armado que lo baleó cuando intentaba evitar su secuestro. Su cuerpo, sin vida, fue encontrado horas después en la calle Pescadores.

Susana Bermejillo, estudiante de literatura y filosofía, estaba casada con Juan Carlos Carrizo, militante del Partido Comunista y estudiante de la UTN. Según Carrizo, la patota venía por él pero consiguió escapar; entonces se la llevaron a ella. El operativo estuvo a cargo de un grupo que parecía, eran de la policía (según sus familiares a uno de ellos lo llamaron “sargento”). Susana fue ultimada y abandonada en el mismo lugar que Mario Susso.

En cuanto a las pruebas, Juan Carlos Carrizo ha afirmado, reiteradamente, que fue la patota de la CNU quien ejecutó a su esposa y a Susso. Tal como fue señalado, anteriormente, esta agrupación tenía conexión con las policías locales. Prueba de ello es la indagatoria, bajo tortura, realizada a Roberto Mermolejo, en el D2, antes de las ejecuciones. Él era estudiante de la UTN y miembro de una agrupación de izquierda. Un día antes de este suceso fue torturado mientras le preguntaban por Susso y Carrizo.

Por los homicidios de Mario Susso y Susana Bermejillo está acusado Armando Osvaldo Fernández. Este policía del D2, entre otras funciones, era miembro de inteligencia y figura clave en el Comando de Operaciones Tácticas, encargado de los procedimientos.

Por ello fue imputado, en los dos casos, como autor mediato de:

  • homicidio agravado
  • privación abusiva de la libertad
  • tormentos agravados

La abogada pidió la pena de prisión perpetua.

Asimismo, solicitó compulsa para que sean investigados los miembros de la CNU señalados por Juan Carlos Carrizo.

Los impecables alegatos de Viviana Beigel fueron acompañados por una sala colmada de gente. Los familiares y pares en la militancia de Mario Susso y Susana Bermejillo, las expresas sobrevivientes del casino y sus parientes, amistades, varones y mujeres pertenecientes a los organismos de DDHH, periodistas, artistas y un nutrido grupo humano que escuchó con atención el alegato-homenaje desplegado por la abogada, con el soporte de cartas y fotografías.

Por una sentencia con perspectiva de género

Al abordar la causa del Casino de Suboficiales, el Centro Clandestino de Detención que albergó detenidas en 1976, Viviana Beigel analizó la situación particular de las mujeres durante el Terrorismo de Estado. Reconoció el trabajo previo iniciado por la Fiscalía a través del alegato de Rodríguez Infante sobre este tema.

La ideología conservadora del aparato represivo en relación a la mujer bregó por la recuperación de los roles tradicionales de madre y esposa con anterioridad al Golpe. Por ejemplo, el Comando Pío XII de Santuccione persiguió y ejecutó a mujeres que ejercían la prostitución antes de abocarse a militantes de organizaciones políticas y sociales.

El disciplinamiento hacia las víctimas, que se profundizó luego del 24 de marzo del ’76, implicó un castigo diferenciado por su condición de mujeres y fue una práctica sistemática y planificada, tendiente a imponer un orden social patriarcal. Beigel citó a Rita Segato para explicar que en la estrategia de desmoralizar al enemigo, la usurpación y la destrucción del cuerpo, es algo central.

Para los represores y su moral occidental y cristiana, la familia era la célula de la Nación. Por lo tanto, el Estado debía intervenir cuando esa familia se “desnaturalizaba”. La Iglesia también jugó un importante papel disciplinador cuando sus curas visitaban las cárceles o centros clandestinos buscando el arrepentimiento y la confesión de las detenidas.

Estas ideas eran expresadas por los mandos militares en sus comunicados y reglamentos, además de la prensa. La revista oficialista Para Ti, por ejemplo, se preguntaba “¿qué le están haciendo a nuestros hijos?” y sugería a las madres proteger de la amenaza subversiva a sus familias mediante una mayor dedicación.

Las militantes políticas, por lo tanto, fueron doblemente perseguidas: como opositoras y como transgresoras de sus roles impuestos, por ser “viriles”, por tener vida pública y por desatender la maternidad.

Los reglamentos militares y carcelarios establecieron pautas diferenciadas de género respecto de la requisa de mujeres (no dejarse amedrentar por reacciones “histéricas”) o la maternidad (de dos años se redujo a seis meses el lapso para la permanencia de infantes con sus madres). En el penal de Devoto se creó una junta interdisciplinaria que elaboró un “Plan de conducta y libertad” que forzaba a la confesión y clasificaba a las detenidas en “recuperadas”, “en vía de recuperación” o “irrecuperables”, a fines de generar divisiones y extraer información.

En los Centros Clandestinos de Detención, la represión también tuvo formas propias: la tortura física y psicológica, la violación, la desnudez forzada, los abortos, los partos deshumanizos. A la subversiva había que denostarla y destruirla. Y la sanción, en algunos casos, fue más allá de sus propios cuerpos, mediante la apropiación de sus hijos e hijas o la utilización de menores para torturarlas y amenazarlas.

La violencia sexual fue confirmada por la CONADEP, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y el Juicio a las Juntas. Progresivamente, la jurisprudencia nacional y provincial fue identificando los delitos sexuales en su especificidad y, según el artículo siete del Estatuto de Roma, como delitos de Lesa Humanidad en sí mismos.

El caso del Casino de Suboficiales

Este CCD de mujeres dependía de la Compañía de Comunicaciones de la VIII Brigada de Montaña y estaba a cargo de Walter Tomás Eichhorn, prófugo recientemente capturado, cuyo superior era Carlos Ledesma. Tanto ellos como los interrogadores (García, Pagella y Carelli) fueron reconocidos en numerosos testimonios de las víctimas.

De abril a septiembre de 1976 pasaron por allí dieciséis mujeres: Liliana Buttini, Vilma Emilia Rúpolo, Olga Salvucci, Norma Sibila de Morán (fallecida), Dora Goldfarb, Yolanda Cora Cejas, Estela Izaguirre, Carmen Corbellini, Edith Arito, Rosa Obredor, Beatriz García, Susana Nardi, María Elena Castro (fallecida), Liliana Petruy, Silvia Alliendes y Eda Sbarbati de Alliendes (fallecida).

Beigel relató en detalle el caso de Vilma Rúpolo, quien fue detenida dos días después de dar a luz a su hijo Mariano. El recién nacido quedó a cuidado de sus abuelos y pudo reencontrarse con su madre varios días más tarde, luego de que Rúpolo presionara con amenazas de suicidio. La querella instaló frente al tribunal el moisés en el que Mariano fue conducido al Casino por dos militares con Itacas. Una muestra muy gráfica de la caracterización que los represores tenían respecto de la peligrosidad de los “hijos e hijas de la subversión”.

Pese a la tortura y las amenazas constantes que padecieron las mujeres allí detenidas, la llegada de Mariano fue “un momento de alegría”. La solidaridad, que fue una característica entre las compañeras de cautiverio de los distintos centros y cárceles a lo largo del país, permitió, según sus palabras, la supervivencia frente al terror. En el caso del Casino, el cuidado colectivo del pequeño niño, los cantos de resistencia, la contención, fue un lazo salvador. Ese mismo compañerismo continuó a lo largo de cuarenta y dos años y las encontró, de nuevo, tomadas de las manos y en primera fila, oyendo esta vez, los alegatos que rescatan sus hechos.

Por estos delitos, la querella sostuvo la calificación legal y las acusaciones de la Fiscalía contra Carlos Ledesma (autor mediato) y Armando Olimpo Carelli (coautor) y pidió penas de 25 años e inhabilitación perpetua para ambos.

Por último, al igual que el Ministerio Público, Viviana Beigel pidió una sentencia con perspectiva de género que incluyera explícitamente la violencia desplegada por el aparato represivo contra las víctimas mujeres de este juicio.

Salinas inició el alegato por Las Lajas

En la última hora de la jornada del debate de hoy refirió Pablo Salinas lo sucedido en el CCD Campo Las Lajas. El abogado hizo un recorrido por la historia del MEDH, sus orígenes, su objetivo, sus valores. Mencionó a “las imprescindibles” Elba Morales y Pocha Camín y agradeció su trabajo incansable por dilucidar lo sucedido durante la última dictadura.

Sobre Las Lajas se conoce su uso como campo de tiro antes del ‘76. Sin embargo, entre ese año y el ‘83 hay un ocultamiento de la información de su funcionamiento. La querella sostuvo que la falta de datos sobre esa época se debe al uso de ese campo como Centro Clandestino de Detención. “En Campo Las Lajas están los restos de nuestros compañeros”, aseguró Salinas.

En ese contexto, hizo referencia al rol central de Carlos Santamaría como jefe de inteligencia de la IV Brigada Aérea. “La inteligencia decidía quién vivía y quién moría”, como también los distintos mecanismos para deshacerse de los cuerpos. Hay testimonios muy elocuentes que refieren a Las Lajas, dependiente de la Fuerza Aérea, como centro clandestino de detención, torturas y exterminio. Ejemplos de ello son las palabras de Horacio Oscar Ferraris, Emilio Luque Bracchi y Vivian Acquaviva.

Contra los dichos de Carlos Rico en su indagatoria, “¿por qué no juzgan a los Montoneros?”, Salinas respondió: “ojalá hubieran juzgado a todos como a ellos ahora, con todas las garantías. Esto es un Estado de derecho, no lo que aplicaban ustedes”. Y ejemplificó con la pastilla de cianuro que tomó María del Carmen Marín para evitar la máxima perversidad que podía sufrir al caer en manos de los represores.

Las víctimas de Las Lajas

A través de fotos, ilustraciones y distintas diapositivas hizo el abogado un recorrido por las víctimas de este caso. Mauricio López tenía un voto por la paz y por la pluralidad. Fue integrante del Consejo Mundial de Iglesias y el primer rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Era un profesor reconocido y muy querido.

Osvaldo Zuin era exseminarista y actor de teatro, militaba en el PRT. Emilio Luque estudiaba en Ciencias Físicas y Matemáticas en la UNSL, además de compartir habitación con el militante peronista Santana Alcaraz. María del Carmen Marín estudiaba Bellas Artes en Buenos Aires y militaba en Montoneros. Su padre, Carlos Armando Marín, la protegía y fue secuestrado luego de que ella se suicidara al tomar la pastilla de cianuro.

El jueves próximo, 14 de junio, continuará la audiencia con la conclusión del alegato de la querella y comenzará la defensa con su argumentación.

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