Audiencia 74 / DÚPLICA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA

02-08-18 / El defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, presentó las contrarréplicas siguiendo el esquema argumentativo desarrollado por el Ministerio Público Fiscal la semana pasada. La próxima audiencia será el turno del abogado defensor de Carlos Santamaría.

Caracterización del contexto

El abogado defensor, Leonardo Pérez Videla, sostuvo la posición esgrimida en la instancia de alegatos respecto de la caracterización del contexto como “beligerante”. Al respecto, aseguró que la perspectiva de la defensa fue siempre “desideologizada”.

Para justificar el “marco inconmovible” al que ya se había referido, reiteró la existencia de “claras manifestaciones de violencia” desde comienzos de la década del ‘70 tales como secuestros, copamientos y tomas. Aclaró que en este contexto de “caos y terror” deben ser juzgados los acusados.

Como la Fiscalía pidió citar fuentes que avalaran esta caracterización, Pérez Videla enumeró una serie de publicaciones de “propaganda” de las organizaciones políticas que contenían “partes de guerra”: Cristianismo y Revolución, Evita Montonera, El Combatiente,Gaviotas Blindadas, entre otras.

Por otro lado, se refirió a la crisis institucional de estos años y justificó su incapacidad para explicar lo ocurrido hacia el interior del peronismo. Volvió a solicitarle a la querella que dilucidara el extraño paso de la “juventud maravillosa” a la “infiltración marxista”.

En cuanto a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, reiteró el argumento de la trama paraestatal que encabezó la represión ilegal y mencionó asesinatos y desplazamientos dentro de las propias fuerzas: “nadie sabía nada ni podía determinar nada”, dijo en relación a sus defendidos.

Prescripción e irretroactividad

La estrategia del defensor fue ampararse, una vez más, en el voto en disidencia de Argibay respecto de la imprescriptibilidad de los delitos cometidos. Pérez Videla discutió que el espíritu de los fallos que dispusieron dicha imprescriptibilidad estuvo orientado a juzgar a los altos mandos, mientras que la situación de los demás miembros de las Fuerzas Armadas es distinta y merece una consideración particular.

En contraposición a una justicia “punitivista”, solicitó que se respeten las garantías básicas de sus defendidos a quienes se imputa por la simple pertenencia a las fuerzas. Como en los alegatos, reclamó analizar cada caso y evitar generalizaciones. Ese habría sido el objetivo de mencionar los fallos Fontevecchia y Muiña, cuestionados por el Ministerio Público Fiscal.

Nulidad de la asociación ilícita

La defensa reiteró que no está suficientemente probada la plataforma fáctica para “tamaña acusación”. Las penas “son duras” pero no se demuestran los aportes concretos de los acusados como miembros de un “aparato organizado de poder cuyo objetivo fue destruir a las personas”, que efectivamente existió.

Como base del derecho a la defensa mencionó la posibilidad del imputado de expresarse sobre todos los hechos y pruebas, razón por la cual la acusación debe ser clara. Reclamó que este aspecto no se cumplió desde la instancia indagatoria ni en el desarrollo posterior del juicio.

Por último, sostuvo que la Fiscalía consideró arbitrariamente el valor de las licencias de los imputados cuando fue conveniente para la acusación, mientras que no se demostró la presencia de sus defendidos en los días concretos. En síntesis, se trataría de “imputación narrativa” por su pertenencia a las fuerzas de seguridad, tal como sucedió con “todos los empleados del D2”.

Nulidades varias

En relación a la incorporación de declaraciones de juicios previos por lectura, el abogado defensor argumentó que quita seriedad y relevancia al juicio. Puntualmente, la acusación por el caso de Nélida Virginia Correa, se sostiene sobre las declaraciones de la víctima que no pudieron ser rebatidas por los imputados.

También defendió el pedido de nulidad de los reconocimientos fotográficos porque la muestra es “sugestiva” y fácil de “dirigir”. En muchos casos las descripciones hechas por los y las testigos no coincidirían con las identificaciones realizadas.

Prohibición de acción de regreso

En su réplica, la Fiscalía justificó la imposibilidad de aplicar el principio de prohibición de regreso tomando como ejemplos los casos de Roberto Usinger y Carlos Rico porque sus intervenciones no fueron culposas sino dolosas, es decir, manifiestamente ilegales. Pérez Videla cuestionó el concepto restrictivo de esta figura que tomó la parte acusadora en relación al desarrollo histórico que tuvo en la doctrina.

Según el abogado defensor, existen antecedentes internacionales que abordan situaciones de traslados donde se toma en cuenta este principio. Por otro lado, marco la ligazón con el propio Estatuto de Roma y la posibilidad, o no, de conocer la ilegalidad de los actos. En el caso de Carlos Rico, el imputado reconoció desde el primer momento su participación y aseguró haber acatado la orden emitida por las autoridades competentes, entre ellas un juez. Además, cuestionó la selectividad de responsables en la “cadena”, dado que el juez Carrizo no está acusado por los hechos que sí se le adjudican a Rico.

De esta forma, la defensa pidió contemplar la participación puntual, accidental y casual de los acusados. Sobre Rico y su juventud al momento de los hechos, sostuvo que era demasiado joven para “organizar semejante faena”: “vean lo que es hoy un joven de ‘veintipico’ de años, vean si pueden cargarle semejante reproche”. Para el abogado, Rico “accidentalmente confió”.

Inconstitucionalidad de prisión perpetua

En relación a la inconstitucionalidad y anticonvencionalidad de la pena de prisión perpetua para adultos mayores, Pérez Videla sostuvo que por doctrina y jurisprudencia no existe esta pena en la legislación argentina.

“Viene sucediendo que se aplica penas perpetuas a mayores de 70 años en estos juicios pero debe detenerse”. Instó al tribunal a “animarse a plantear otra cosa[…]conforme al principio de finalidad y función de la pena, vinculado al principio de legalidad, de mínima severidad, favor humanitatis”. Debe tenerse en cuenta una posición “misericorde y piadosa” frente a la decrepitud y la vulnerabilidad de las personas mayores. Pese a los terribles delitos que se abordan en estos juicios, “no tenemos por qué crear un marco de excepcionalidad”.

Delitos sexuales

Por último, la defensa respondió a la Fiscalía respecto de la separación entre el dolor y el perjuicio sufrido por los delitos sexuales y la figura general de tormentos.

Pérez Videla sostuvo que el carácter individual, personal y situacional de estos delitos no era claro en relación a las coautorías adjudicadas a sus defendidos. Aseguró que el objetivo no es “vilipendiar el dolor sufrido” sino cuestionar el engranaje lógico que sustenta la acusación.

Tomando como referencia Berenger, el abogado argumentó que no se visualizan los actos cognitivos y volitivos que caracterizan a estos delitos porque se desarrollaron en el marco de la tortura. Por otro lado, no fueron prácticas sistemáticas sino dolos individuales.

La defensa concluyó su contrarréplica con el pedido de absolución lisa y llana o por beneficio de la duda para todos los acusados.

La próxima audiencia será el jueves 16 de agosto, a las 9.30 hs.

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Audiencia 68 / LA DEFENSA DE RICO, “ESTE POBRE HOMBRE”

15-06-18 / Continuó el alegato de la Defensoría Oficial, representada en este debate por el abogado Leonardo Pérez Videla. Hoy tuvo lugar la defensa de Carlos Rico, centrada en el cuestionamiento de la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía y la querella para sostener la acusación.

El representante del Ministerio Público de la Defensa (MPD) introdujo la audiencia explicando que hay una “visión objetiva” y certera de los hechos que se aleja de la “versión subjetiva”, que sería la usada por la parte acusadora. A este último abordaje lo mencionó como una “visión alejada de la realidad, estigmatizante”. Remarcó, además, que a su parecer, la Fiscalía había tenido más objetividad que la querella.

Criticó a estos juicios por delitos de lesa humanidad aludiendo que se utiliza “este sistema de juicios para revalorizar y exteriorizar otros reclamos que no tienen nada que ver con la naturaleza, con la seriedad y con los elementos jurídicos que deben darse en el juicio”. Rico habría quedado implicado en el caso producto de la “providencia”.

Pérez calificó la “valentía y el coraje” del Ministerio Público Fiscal (MPF) de eliminar una de las acusaciones, la del GE ‘78. Esto, a pesar de haber tenido que “enfrentar el cuestionamiento de los sectores de Derechos Humanos”, descargó el abogado contra los Organismos que, en rigor de verdad, nunca reprocharon el accionar del Ministerio Público Fiscal. El otro hecho por el que está acusado Carlos Rico, sobre el que se habló en la audiencia, refiere a los procedimientos de febrero del ’76 contra militantes peronistas, nucleados bajo el nombre de “Operativo Rabanal”.

El contexto y los hechos

El defensor mencionó repetidas veces que la narrativa genérica de los hechos no sirve para explicar el hecho concreto que implicaría a Rico. Según su punto de vista, no se puede probar la participación de Rico relacionando la reconstrucción del panorama en ese momento de represión, ilegalidad, centros clandestinos y rol del imputado en ese entramado. Por esto pidió la nulidad de la acusación por asociación ilícita. No hubo, remarcó, un grupo de personas relacionadas por voluntad asociativa con carácter delictivo.

Leonardo Pérez Videla desprestigió el discurso acusatorio nombrándolo como una “tarea jurídica de reproche”, que “afecta el principio de verdad jurídica objetiva”. Además, nunca hizo referencia al accionar ilegal de las fuerzas militares y de seguridad sino que nombró a los perpetradores como un “subgrupo” de organizaciones paramilitares. El imputado se desempeñaba como oficial subinspector del Cuerpo de Infantería al momento de los hechos. Sin embargo, el poder de mando del imputado no sería tal, está acreditado por los legajos pero “no existe”, concluyó el abogado. Sostuvo “la tesis de que el manejo situacional estaba en otras manos”.

Según el razonamiento de Pérez Videla no existió el accionar conjunto de las fuerzas sino que la intervención y poder del Ejército fue de carácter omnímodo. Ejemplificó esto con el caso Rabanal, atribuyéndole total responsabilidad a la fuerza militar y mencionando el “camino de judicialización”. El poder judicial federal intervino pero su accionar fue juzgado y condenado con la pena de prisión perpetua para los exmagistrados. “No creo que la justicia haya sido cómplice”, “el de la justicia y el mío son criterios distintos”, remató el defensor.

Quitar responsabilidad

A través de un repaso por las diversas declaraciones de testigos, Pérez afirmó que las versiones no eran coincidentes entre sí para desacreditar ciertas afirmaciones. Recorrió los testimonios de Rule, Ontivero, Zárate, Actis, Ferrón, Larrieu, Muñoz y Fernández. “Esta terrible y espantosa situación” no tiene probada la intervención concreta de Rico. Habló de las fallas en la instancia probatoria, como la falta de nombres concretos o de pericias caligráficas. También descartó el accionar de la inteligencia en el caso de Haydeé Fernández ya que era una abogada que no vivía en la clandestinidad y era “fácilmente ubicable”.

En este entramado ilegal, “un mero subinspector no podía decidir absolutamente nada”, afirmó el defensor. Nombró a Rico como un “pobre funcionario con escasísimo rango” y, con tono sensibilizador, continuó, “le han destruido la vida a este hombre, a él y a su familia”.

El testimonio de Sánchez Camargo, que echa luz sobre el accionar conjunto en la represión ilegal, fue puesto en cuestión por Pérez Videla. Lo tachó de “equívoco” y de desconocer los conceptos de mando y capacidad de mando. Las palabras del exjuez Carrizo tampoco fueron valoradas ya que a todas las víctimas se les preguntó sobre la supuesta manifestación “contrasubversiva” en la puerta de la Unidad Regional I y nadie la recordó.

Sobre los traslados que realizó Carlos Rico de las personas secuestradas, el representante del MPD refirió a los libros de novedades aportados por Carlos Rico como la única prueba instrumental. Los testimonios, por no recordar a la perfección o confundir el color de los uniformes, fueron desestimados.

Una “criminalización mediática de un sujeto de la forma más encarnizada” es lo que dedujo el defensor de la acusación. El traslado debía hacerse custodiado por la posibilidad de “un ataque de grupos armados”. Y citó a Rico: “Nunca me formaron para torturar, para matar, para secuestrar”. Exhibió en esa instancia, fotos en blanco y negro del acusado para mostrar que su uniforme no era del color que los testigos recordaban.

El correo electrónico de Sinescalchi presentado como prueba del MPF es para Pérez una muestra de que Rico desconocía absolutamente lo que pasó en el Operativo Rabanal. “Había cuadros capacitados de otras formas para hacer eso”. Hay que “juzgar a un subinspector y no a un jerarca nazi”. Los manuales del Centro de Instrucción Contrasubversiva no serían prueba suficiente.

Evadió el defensor, permanentemente, hacer referencia a las pruebas que, específicamente, responsabilizan a Rico. Se limitó a intentar demostrar que ciertos detalles probatorios no son consistentes o son errados. No habría vinculación directa de carácter probatorio de lo narrado con la participación concreta.

Dos demonios

Con tono de lamento, el representante del MPD refirió al contexto del momento que se juzga como una situación de “caos”. Remarcó las tomas de dependencias policiales, asalto a cuarteles militares y secuestro de armamento por parte de las organizaciones políticas. Según Pérez Videla, había jóvenes que tenían ideales y “otros jóvenes que también tenían ideales pero distintos ideales para llegar a ellos”. Así, en cierto sentido se legitimó la alternativa ilegal para combatir la lucha armada.

Por todo lo expuesto, el abogado solicitó la absolución lisa y llana del imputado, o, en su defecto, aplicar el beneficio de la duda.

La próxima audiencia será el jueves 21 de junio a las 9.30 y la defensa continuará sus alegatos.

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Audiencia 66 / LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

08-06-18 / Durante toda la jornada se escucharon los alegatos y pedido de pena de los representantes del MEDH. Diego Lavado terminó su intervención por las causas correspondientes al D2. Viviana Beigel expuso sobre la causa Susana Bermejillo / Mario Susso y luego por la causa del Casino de Suboficiales del Ejército desde una perspectiva de género. Cerró Pablo Salinas, quien inició su alegato por el CCD Campo Las Lajas.

El abogado Diego Lavado retomó su alegato al iniciar la jornada. Repasó las pruebas del accionar conjunto de las distintas fuerzas armadas y de seguridad para explicar el funcionamiento del plan represivo. Esto quedó demostrado por la declaración de Sánchez Camargo en 1987.

Finalmente, y por todos los hechos narrados con anterioridad, Lavado formuló la acusación y el pedido de pena.

Alcides París Francisca fue acusado de ser autor mediato de los siguientes delitos:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía por el caso de Olga Inés Roncelli
  • Privación abusiva de la libertad agravada en el mismo caso
  • Privación abusiva de la libertad agravada por tres hechos
  • Tormentos agravados, por los mismos hechos

La pena solicitada por la querella para Francisca es prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

Mario Alfredo Laporta debe responder como autor mediato de los delitos de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por tres hechos
  • Tormentos agravados, por los mismos hechos

Lavado solicitó la pena de 20 años de prisión.

A Armando Osvaldo Fernández Miranda se lo acusó por:

  • Homicidio doblemente agravado por los casos de Susso y Bermejillo
  • Privación abusiva de la libertad agravada por 12 hechos
  • Tormentos agravados por 14 hechos
  • Lesiones graves agravadas, por los casos de Allegrini y Leda
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor persona encargada de la guarda en los mismos casos y Espínola

La pena solicitada para Fernández es prisión perpetua.

Diego Fernando Morales Pastrán fue acusado por ser coautor de los siguientes delitos:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas, por el caso de Daniel Moyano
  • Privación abusiva de la libertad agravada, por el mismo caso
  • Lesiones graves agravadas por los casos de Allegrini y Leda
  • Privación abusiva de la libertad agravada por seis hechos

Por todo lo mencionado se solicitó que se lo condenara a prisión perpetua.

Carlos Alberto Luciani debe responder penalmente como autor mediato de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, por Miguel Ángel Rodríguez
  • Tormentos agravados, por el mismo caso
  • Asociación ilícita en calidad de jefe

La pena pedida por el MEDH es de 20 años de prisión.

Pablo José Gutiérrez fue acusado de los siguientes delitos en calidad de coautor:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía por Daniel Moyano
  • Privación abusiva de la libertad agravada por el mismo caso
  • Privación abusiva de la libertad agravada por nueve hechos
  • Tormentos agravados, por 10 hechos
  • Lesiones graves agravadas por los casos de Allegrini y Leda
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda en los mismos casos

Para Gutiérrez se solicitó la pena de prisión perpetua.

Miguel Ángel Tello Amaya es acusado de:

  • Coautor de privación abusiva de la libertad agravada, por el caso de Nélida Virginia Correa
  • Y como partícipe primario de tormentos agravados por el mismo caso

Lavado pidió la pena de 16 años de prisión para Tello.

Ricardo Benjamín Miranda debe responder por ser autor mediato de:

  • Homicidio doblemente agravado por el caso de Olga Inés Roncelli
  • Privación abusiva de la libertad agravada en el mismo caso
  • Tormentos agravados, por el mismo hecho

Se solicitó para Miranda la pena de prisión perpetua.

Tanto a Miguel Ángel Salinas como a Carlos Faustino Álvarez se los acusa de ser coautores de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por el caso de Nélida Virginia Correa
  • Tormentos agravados por el mismo caso
  • Asociación ilícita en calidad de integrantes

Para estos dos imputados la pena pedida es de 16 años de prisión.

Por último, Roberto Usinger debe responder penalmente como coautor de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por Marcelo Straniero
  • Privación abusiva de la libertad agravada por 14 hechos
  • Tormentos agravados por 14 hechos
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda en los casos de Valerio Castillo y Rosa Rouge
  • Asociación ilícita en calidad de integrante

Para Usinger se pide la pena de 20 años de prisión.

El abogado Diego Lavado explicó la razón para pedir, en algunos casos, penas más duras que el Ministerio Público Fiscal. Para ello recurrió a la sentencia de Ortubia-Salinas de la Cámara Federal de Casación que afirma que no se puede hacer análisis de delitos en abstracto sino que hay que valorar el contexto del aparato organizado de poder, ejecutor de delitos de lesa humanidad. Mencionó, además, la particular condición de indefensión de las víctimas.

Para finalizar, Lavado citó a Joan Manuel Serrat, con su canción “Los macarras de la moral”:

“Sin prisa pero sin pausa,
esos carcamales
organizan sus cruzadas
contra el hombre libre
más o menos responsable
de todos los males
piensan que por su cuenta
sueñan y lo dicen.

Si no fueran tan temibles
nos darían risa.
Si no fueran tan dañinos
nos darían lástima.
Porque como los fantasmas,
sin pausa y sin prisa,
no son nada si se les quita la sábana”.

La CNU, Susana Bermejillo y Mario Susso

Viviana Beigel, encargada del alegato por los asesinatos de Bermejillo y Susso, comenzó su exposición agradeciendo a los familiares por los aportes en la reconstrucción de la historia de ambos. La tónica de su intervención fue similar a la adoptada por Pablo Salinas, una puesta en palabra de las vivencias generadas por el terrorismo de estado.

Reivindicó el derecho a la verdad y la obligación de investigar lo sucedido. “Somos la voz de las víctimas”, resaltó. Antes de abordar las causas hizo una contextualización de lo que sucedía en la esfera universitaria ya que tanto Susso como Bermejillo provenían de ese ámbito.

Según Beigel, la designación de Oscar Ivanisevich en el Ministerio de Educación de la Nación marcó un hito para la avanzada de las corrientes de derecha dentro de las instituciones educativas. Esta gestión, destinada a “combatir la infiltración marxista”, sirvió de caldo de cultivo para el accionar de los grupos de la misma orientación como la Concentración Nacional Universitaria (CNU ) vinculados a la Triple A.

En la causa sobre la CNU, tratada por el Tribunal de Mar del Plata, quedó demostrado su aporte a la ofensiva represiva. Su tarea consistía en realizar inteligencia sobre los estudiantes y se valían de métodos patoteriles como las amenazas, robos, falsificaciones y otros delitos propios de los cuerpos paraestatales. Tenían conexión con las policías y demás fuerzas; varios integrantes, con posterioridad, ocuparon cargos en el Estado.

En Mendoza, en 1975, fue designado rector de la UNCuyo, Otto Heber Burgos, quien, en línea con Ivanisevich, se dispuso a combatir la política disolvente que atribuía a las corrientes estudiantiles, mayoritariamente de izquierda.

Burgos, en su embestida contra el marxismo, contó con el valioso aporte de Enrique Gómez Saá, oficial del Ejército, perteneciente al área de inteligencia, quien se desempañaba como profesor de la Universidad. El mismo coordinaba con la policía y otras fuerzas, según consta en el libro de Roberto Vélez, sobre el tema.

Ya en Dictadura, se estableció un régimen de militarización de las prácticas cotidianas, como la prohibición de expresiones políticas así como el uso de barba para los jóvenes y maquillaje en las mujeres. La “Operación Claridad”, realizó una suerte de depuración de los claustros, tras “el ideario nacional”.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) contaba con fuerte presencia de integrantes de la CNU y un activo centro de estudiantes en manos de corrientes de izquierda. La provocación de los primeros era incesante, perturbaban las marchas y patoteaban, inclusive con el uso de armas. Seijo, Burlot, Lucas y otros, estaban abocados a terminar con esa “bastarda élite de mercenarios”, los marxistas, tal como lo consignan sus escritos.

El 14 de julio de 1976 se produjo el asalto a una estación de servicio protagonizada por el mencionado Pato Lucas, junto a Héctor Gómez y Talley, integrantes de la CNU. Fueron detenidos in fraganti. En sus declaraciones sostuvieron que el dinero estaba destinado a la lucha contra la subversión.

A mansalva

Existen contundentes indicios de que la CNU en articulación con el D2 de la Policía de Mendoza intervinieron en los homicidios de Susana Bermejillo y Mario Susso.

Mario Susso, estudiante de la UTN, pertenecía a la agrupación de izquierda FAUDI y era miembro del Partido Comunista Revolucionario (PCR). En diciembre de 1975 su domicilio fue allanado y estuvo detenido e interrogado en el D2. Después de un breve lapso fue liberado.

En la madrugada del 20 de marzo fue arrebatado del domicilio de sus padres por un grupo armado que lo baleó cuando intentaba evitar su secuestro. Su cuerpo, sin vida, fue encontrado horas después en la calle Pescadores.

Susana Bermejillo, estudiante de literatura y filosofía, estaba casada con Juan Carlos Carrizo, militante del Partido Comunista y estudiante de la UTN. Según Carrizo, la patota venía por él pero consiguió escapar; entonces se la llevaron a ella. El operativo estuvo a cargo de un grupo que parecía, eran de la policía (según sus familiares a uno de ellos lo llamaron “sargento”). Susana fue ultimada y abandonada en el mismo lugar que Mario Susso.

En cuanto a las pruebas, Juan Carlos Carrizo ha afirmado, reiteradamente, que fue la patota de la CNU quien ejecutó a su esposa y a Susso. Tal como fue señalado, anteriormente, esta agrupación tenía conexión con las policías locales. Prueba de ello es la indagatoria, bajo tortura, realizada a Roberto Mermolejo, en el D2, antes de las ejecuciones. Él era estudiante de la UTN y miembro de una agrupación de izquierda. Un día antes de este suceso fue torturado mientras le preguntaban por Susso y Carrizo.

Por los homicidios de Mario Susso y Susana Bermejillo está acusado Armando Osvaldo Fernández. Este policía del D2, entre otras funciones, era miembro de inteligencia y figura clave en el Comando de Operaciones Tácticas, encargado de los procedimientos.

Por ello fue imputado, en los dos casos, como autor mediato de:

  • homicidio agravado
  • privación abusiva de la libertad
  • tormentos agravados

La abogada pidió la pena de prisión perpetua.

Asimismo, solicitó compulsa para que sean investigados los miembros de la CNU señalados por Juan Carlos Carrizo.

Los impecables alegatos de Viviana Beigel fueron acompañados por una sala colmada de gente. Los familiares y pares en la militancia de Mario Susso y Susana Bermejillo, las expresas sobrevivientes del casino y sus parientes, amistades, varones y mujeres pertenecientes a los organismos de DDHH, periodistas, artistas y un nutrido grupo humano que escuchó con atención el alegato-homenaje desplegado por la abogada, con el soporte de cartas y fotografías.

Por una sentencia con perspectiva de género

Al abordar la causa del Casino de Suboficiales, el Centro Clandestino de Detención que albergó detenidas en 1976, Viviana Beigel analizó la situación particular de las mujeres durante el Terrorismo de Estado. Reconoció el trabajo previo iniciado por la Fiscalía a través del alegato de Rodríguez Infante sobre este tema.

La ideología conservadora del aparato represivo en relación a la mujer bregó por la recuperación de los roles tradicionales de madre y esposa con anterioridad al Golpe. Por ejemplo, el Comando Pío XII de Santuccione persiguió y ejecutó a mujeres que ejercían la prostitución antes de abocarse a militantes de organizaciones políticas y sociales.

El disciplinamiento hacia las víctimas, que se profundizó luego del 24 de marzo del ’76, implicó un castigo diferenciado por su condición de mujeres y fue una práctica sistemática y planificada, tendiente a imponer un orden social patriarcal. Beigel citó a Rita Segato para explicar que en la estrategia de desmoralizar al enemigo, la usurpación y la destrucción del cuerpo, es algo central.

Para los represores y su moral occidental y cristiana, la familia era la célula de la Nación. Por lo tanto, el Estado debía intervenir cuando esa familia se “desnaturalizaba”. La Iglesia también jugó un importante papel disciplinador cuando sus curas visitaban las cárceles o centros clandestinos buscando el arrepentimiento y la confesión de las detenidas.

Estas ideas eran expresadas por los mandos militares en sus comunicados y reglamentos, además de la prensa. La revista oficialista Para Ti, por ejemplo, se preguntaba “¿qué le están haciendo a nuestros hijos?” y sugería a las madres proteger de la amenaza subversiva a sus familias mediante una mayor dedicación.

Las militantes políticas, por lo tanto, fueron doblemente perseguidas: como opositoras y como transgresoras de sus roles impuestos, por ser “viriles”, por tener vida pública y por desatender la maternidad.

Los reglamentos militares y carcelarios establecieron pautas diferenciadas de género respecto de la requisa de mujeres (no dejarse amedrentar por reacciones “histéricas”) o la maternidad (de dos años se redujo a seis meses el lapso para la permanencia de infantes con sus madres). En el penal de Devoto se creó una junta interdisciplinaria que elaboró un “Plan de conducta y libertad” que forzaba a la confesión y clasificaba a las detenidas en “recuperadas”, “en vía de recuperación” o “irrecuperables”, a fines de generar divisiones y extraer información.

En los Centros Clandestinos de Detención, la represión también tuvo formas propias: la tortura física y psicológica, la violación, la desnudez forzada, los abortos, los partos deshumanizos. A la subversiva había que denostarla y destruirla. Y la sanción, en algunos casos, fue más allá de sus propios cuerpos, mediante la apropiación de sus hijos e hijas o la utilización de menores para torturarlas y amenazarlas.

La violencia sexual fue confirmada por la CONADEP, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y el Juicio a las Juntas. Progresivamente, la jurisprudencia nacional y provincial fue identificando los delitos sexuales en su especificidad y, según el artículo siete del Estatuto de Roma, como delitos de Lesa Humanidad en sí mismos.

El caso del Casino de Suboficiales

Este CCD de mujeres dependía de la Compañía de Comunicaciones de la VIII Brigada de Montaña y estaba a cargo de Walter Tomás Eichhorn, prófugo recientemente capturado, cuyo superior era Carlos Ledesma. Tanto ellos como los interrogadores (García, Pagella y Carelli) fueron reconocidos en numerosos testimonios de las víctimas.

De abril a septiembre de 1976 pasaron por allí dieciséis mujeres: Liliana Buttini, Vilma Emilia Rúpolo, Olga Salvucci, Norma Sibila de Morán (fallecida), Dora Goldfarb, Yolanda Cora Cejas, Estela Izaguirre, Carmen Corbellini, Edith Arito, Rosa Obredor, Beatriz García, Susana Nardi, María Elena Castro (fallecida), Liliana Petruy, Silvia Alliendes y Eda Sbarbati de Alliendes (fallecida).

Beigel relató en detalle el caso de Vilma Rúpolo, quien fue detenida dos días después de dar a luz a su hijo Mariano. El recién nacido quedó a cuidado de sus abuelos y pudo reencontrarse con su madre varios días más tarde, luego de que Rúpolo presionara con amenazas de suicidio. La querella instaló frente al tribunal el moisés en el que Mariano fue conducido al Casino por dos militares con Itacas. Una muestra muy gráfica de la caracterización que los represores tenían respecto de la peligrosidad de los “hijos e hijas de la subversión”.

Pese a la tortura y las amenazas constantes que padecieron las mujeres allí detenidas, la llegada de Mariano fue “un momento de alegría”. La solidaridad, que fue una característica entre las compañeras de cautiverio de los distintos centros y cárceles a lo largo del país, permitió, según sus palabras, la supervivencia frente al terror. En el caso del Casino, el cuidado colectivo del pequeño niño, los cantos de resistencia, la contención, fue un lazo salvador. Ese mismo compañerismo continuó a lo largo de cuarenta y dos años y las encontró, de nuevo, tomadas de las manos y en primera fila, oyendo esta vez, los alegatos que rescatan sus hechos.

Por estos delitos, la querella sostuvo la calificación legal y las acusaciones de la Fiscalía contra Carlos Ledesma (autor mediato) y Armando Olimpo Carelli (coautor) y pidió penas de 25 años e inhabilitación perpetua para ambos.

Por último, al igual que el Ministerio Público, Viviana Beigel pidió una sentencia con perspectiva de género que incluyera explícitamente la violencia desplegada por el aparato represivo contra las víctimas mujeres de este juicio.

Salinas inició el alegato por Las Lajas

En la última hora de la jornada del debate de hoy refirió Pablo Salinas lo sucedido en el CCD Campo Las Lajas. El abogado hizo un recorrido por la historia del MEDH, sus orígenes, su objetivo, sus valores. Mencionó a “las imprescindibles” Elba Morales y Pocha Camín y agradeció su trabajo incansable por dilucidar lo sucedido durante la última dictadura.

Sobre Las Lajas se conoce su uso como campo de tiro antes del ‘76. Sin embargo, entre ese año y el ‘83 hay un ocultamiento de la información de su funcionamiento. La querella sostuvo que la falta de datos sobre esa época se debe al uso de ese campo como Centro Clandestino de Detención. “En Campo Las Lajas están los restos de nuestros compañeros”, aseguró Salinas.

En ese contexto, hizo referencia al rol central de Carlos Santamaría como jefe de inteligencia de la IV Brigada Aérea. “La inteligencia decidía quién vivía y quién moría”, como también los distintos mecanismos para deshacerse de los cuerpos. Hay testimonios muy elocuentes que refieren a Las Lajas, dependiente de la Fuerza Aérea, como centro clandestino de detención, torturas y exterminio. Ejemplos de ello son las palabras de Horacio Oscar Ferraris, Emilio Luque Bracchi y Vivian Acquaviva.

Contra los dichos de Carlos Rico en su indagatoria, “¿por qué no juzgan a los Montoneros?”, Salinas respondió: “ojalá hubieran juzgado a todos como a ellos ahora, con todas las garantías. Esto es un Estado de derecho, no lo que aplicaban ustedes”. Y ejemplificó con la pastilla de cianuro que tomó María del Carmen Marín para evitar la máxima perversidad que podía sufrir al caer en manos de los represores.

Las víctimas de Las Lajas

A través de fotos, ilustraciones y distintas diapositivas hizo el abogado un recorrido por las víctimas de este caso. Mauricio López tenía un voto por la paz y por la pluralidad. Fue integrante del Consejo Mundial de Iglesias y el primer rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Era un profesor reconocido y muy querido.

Osvaldo Zuin era exseminarista y actor de teatro, militaba en el PRT. Emilio Luque estudiaba en Ciencias Físicas y Matemáticas en la UNSL, además de compartir habitación con el militante peronista Santana Alcaraz. María del Carmen Marín estudiaba Bellas Artes en Buenos Aires y militaba en Montoneros. Su padre, Carlos Armando Marín, la protegía y fue secuestrado luego de que ella se suicidara al tomar la pastilla de cianuro.

El jueves próximo, 14 de junio, continuará la audiencia con la conclusión del alegato de la querella y comenzará la defensa con su argumentación.

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