Audiencia 76 / ÚLTIMAS PALABRAS DE ROBERTO USINGER

23-08-18 / En la fecha se escucharon las últimas palabras de Roberto Usinger, agente del D2 procesado por privaciones ilegitimas de la libertad y tormentos, a quien reconocieron varios testigos.

Usinger, a lo largo de su exposición minimizó su rol dentro del D2 y se valió de un ayuda memoria para refutar algunos dichos de la Fiscalía y de los testigos.

Al iniciar, hizo referencia a la ampliación de su declaración indagatoria. El acusado mencionó los nombres de policías ya fallecidos como los máximos responsables sobre el destino de las y los detenidos. La Fiscalía advirtió la estratagema y se lo reprochó. Al respecto, Usinger respondió que ya hacía más de 30 años que estaba desvinculado de la Policía, por ende, no sabía quiénes seguían con vida y quiénes no. Molesto, afirmó que no era cierto que “le tiraba todo a los muertos”.

También contradijo la versión de que se quedaba con dinero de los detenidos. Describió los procedimientos establecidos para el manejo de valores, que distan bastante de lo que sucedía en la realidad. Según el imputado, el dinero que portaba el o la apresada era guardado en un sobre y luego, junto a los objetos de cuantía, era entregado a un familiar.

En cuanto al traslado de detenidos negó rotundamente los dichos de los testigos y aportó que los encargados eran los choferes del D2. En la época de los hechos (1979 al 1981), dijo que esa función la cumplían Hipólito Sosa y Domingo Scacchi, ambos fallecidos. Lamentó que los libros de novedades del D2 hayan desaparecido. Según él, si existieran hubiese sido favorecido porque allí constaban los servicios que realmente había cumplido.

Por otro lado, aportó el nombre de los médicos que asistían a las y los cautivos. Recordó que al menos ocho veces los hizo llamar. Mencionó a un psiquiatra Irisarri, quien visitaba los calabozos y a los doctores Masnú y Podestá.

Usinger reconoció que él atendía y acompañaba a los detenidos de una dependencia a otra, dentro del D2, tal como lo señaló el testigo víctima Oscar Pérez, torturado en esa dependencia. Así, también lo indicaron, los hermanos Straniero y los miembros del Partido Comunista presos en una redada.

En varios tramos de su intervención hizo referencia a consecuencias familiares lamentables, ocasionadas por su detención y solicitó al Tribunal le otorgue la prisión domiciliaria.

Para finalizar, Roberto Usinger, concluyó, “pido perdón si alguien se sintió ofendido”.

Al cierre, el Presidente del Tribunal, Daniel Cisneros, ofreció el cronograma de las próximas audiencias. El 29 de agosto tomará últimas palabras a Mirotta, León y Santamaría en el Juzgado de San Martín- Olivos, Pvcia de Buenos Aires. Luego ocupará el 6 y 13 de septiembre para completar las últimas palabras de los procesados. Aún no se estableció la fecha del veredicto.

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Audiencia 65 / HUMANIZAR LOS JUICIOS

07-06-18 / Los abogados querellantes del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) continuaron desarrollando sus alegatos. Pablo Salinas concluyó la contextualización y abordó las causas que involucran a la Policía Federal. Luego, tomó el operativo Rabanal por el que está acusado Carlos Rico. Finalmente, Diego Lavado se ocupó de varias causas referidas al D2.

Pablo Salinas, en representación de las víctimas, hizo un encendido alegato para demostrar el pleno conocimiento que tenían los acusados del “plan criminal”, su anuencia y participación, desde distintos roles. Recordó las palabras del Gral. Videla: “el que se quería ir, se fue”, dijo, los que se quedaron “sabían que lo que hacían era ilegal”. Destacó que, a la hora de la comisión de los delitos, estaban previstos por el código penal y legislación internacional anterior a los hechos.

En lo operativo, reiteró, se trató de un plan conjunto en el que participaron todas las fuerzas armadas y de seguridad bajo el control operacional del Ejército. Como muestra de ello citó la orden 239 del Gral. Jorge Maradona, máxima autoridad del Ejército, destinada al jefe de la policía de Mendoza, Julio César Santuccione. En la misma, quedó claro el deber de subordinación de esa fuerza de seguridad a los dictados del Comando de la 8va. Brigada.

Después de hacer una revisión de lo expuesto en la audiencia anterior, analizó el marco histórico que devino en la represión. Mencionó los distintos golpes de estado, desde 1955, y a sus ejecutores como “infames traidores a la Patria”. Recorrió los breves intervalos democráticos tutelados por las fuerzas armadas y desembocó en la dictadura de Onganía que implementó la doctrina de Seguridad Nacional. Según afirmó Salinas, la ilegitimidad de esos gobiernos generó la resistencia peronista, primero, y luego la formación de organizaciones político militares para enfrentar la situación.

El plan sistemático de represión se valió de numerosos instrumentos. El abogado citó como prueba, una a una, las actas, estatutos, leyes y decretos, así como reglamentaciones y directivas militares, para sustentar su alegato.

Su exposición tuvo la particularidad de traer las palabras de las víctimas presentes en la sala, elogiar y recoger lo aportado por los fiscales y basarse en lo expresado, a través de fallos, por el tribunal local. Este conjunto de voces, Salinas lo valoró como expresión de la convergencia de distintos actores en aras de la justicia reparadora.

Policía Federal

Después de hacer algunas consideraciones sobre la participación de la Policía Federal (PF), el abogado abordó los casos de Zenón Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar, secuestrados y ultimados por esa fuerza. Los procesados en esta causa son José Luis Mirotta y Marcelo León.

La Policía Federal tuvo una activa participación y un rol central en la represión política antes del Golpe Militar del 24 de marzo. El Juez Rafecas investigó su accionar en la causa sobre “Coordinación Federal”. Su inequívoca participación también está probada en las causa penales por otro Centro Clandestino de Detención (CCD) de la PF, “El Olimpo”, a cargo de esa fuerza.

Asimismo, la Policía Federal era la encargada de formación en la lucha contrasubversiva, según las pruebas ofrecidas por el imputado Carlos Rico en el presente juicio. Allí se brindaban dos tipos de cursos, a los que asistió el mencionado Rico: uno ofrecido por el Ejército sobre control de disturbios y lucha antisubversiva y otro, en esta última especialidad, destinado a miembros de la policía provincial.

También es prueba en este juicio la participación de la PF en la Comunidad Informativa. Por su dependencia directa con el Ministerio del Interior se ocupó, particularmente, de los casos contenidos en el Plan Cóndor.

En Mendoza, numerosas detenciones practicadas en 1975, estuvieron a cargo de la Policía Federal. Así sucedió con Teresita Llorens, quien fue defendida por el recordado abogado Alfredo Guevara (padre). También Ángel Bustelo y Carlos Bula intervinieron en defensa del Amadeo Sánchez cuando se encontraba internado en el Hospital de San Martín. Tanto Guevara como Bustelo fueron posteriormente detenidos, recordó el querellante.

Pablo Salinas ofreció un organigrama del funcionamiento de la delegación local de la PF. Oscar Fenocchio (fallecido), jefe de la delegación, y José Luis Mirotta integraban la inteligencia de la fuerza; Marcelo León era oficial. Éstos junto al prófugo Ricardo Aleks y Carlos Cardelo (fallecido), integraban la patota de la federal; afirmó.

Asimismo, recordó un escrito de la Cámara de Apelaciones de Mendoza que determina que esta Delegación funcionó como CCD.

Las víctimas

El abogado prefirió obviar los datos luctuosos para centrarse en la vida y características de las víctimas, apoyándose en fotografías y escritos.

Sobre Zenón Amadeo Sánchez Andía dijo que era un brillante estudiante peruano. Primero cursó Ciencias Políticas y luego aprobó cuarto año en la Escuela de Comunicación Colectiva. Se refirió al libro de Roberto Vélez, expreso político ya fallecido, que relata la magnitud del impacto que produjo el asesinato de Amadeo Sánchez en la comunidad universitaria. Luego, leyó el perfil disponible en nuestra publicación digital (www.juiciosmendoza6.wordpress.com), y elogió la tarea.

Amadeo de 31 años, era miembro del PRT/ERP, estaba casado y su esposa embarazada en el momento de su asesinato, en agosto de 1975. Salinas prefirió recordarlo a través de una emotiva carta de su hija Gladys Sánchez, quien solo lo conoció por los relatos de su madre.

Como prueba de su asesinato a manos del grupo de tareas de la PF se remitió a las declaraciones de Carmelo Cirella ya que las pericias psicológicas realizadas al denunciante determinaron su verosimilitud.

Por otro lado, el homicidio de Víctor Romano Rivamar, ejecutado en Papagayos por la PF, tuvo similar abordaje. El abogado lo describió como un empleado judicial de 30 años, proyectó su fotografía y unos pocos detalles disponibles. Luego se refirió al relato de Cirella, quien aseguró que José Luis Mirotta le ordenó a sus subordinados el enterramiento del cadáver en Pedregal. Según Salinas, las declaraciones del expolicía Cirella coinciden con las evidencias, “encajan como un rompecabezas”, aseguró.

También, señaló como prueba, la investigación realizada por Rodrigo Sepúlveda sobre ambos casos y el documental que realizara el periodista.

Por los hechos alegados, la querella del MEDH, responsabilizó penalmente a José Luis Mirotta y Marcelo León de

  • privación ilegítima de la libertad agravada
  • tormentos calificados
  • homicidio agravado, con el agregado de “para asegurar la impunidad”
  • asociación ilícita (Según Soler)

Todo ello, considerado como crímenes contra la humanidad, según lo fija la Corte Interamericana de DDHH.

¿Quién era Carlos Rico?

A pesar de las maniobras discursivas de Rico para librarse de la responsabilidad penal, su trayectoria lo delata. El abogado Pablo Salinas hizo un recorrido por su carrera y mostró cómo de ser cadete policial llegó a ser viceministro de seguridad de la provincia de Mendoza durante el gobierno de Celso Jaque.

Carlos Rico, cuya carrera policial inició en el ’65, compartió escuela de cadetes con personas como Smaha y Fernández, futuros oficiales destacados de inteligencia del D2. Para el año 1976 el imputado ya había hecho cursos de formación en la Policía Federal en Buenos Aires, dictados por el cuestionable Mohamed Alí Seineldín. De vuelta en nuestra provincia se dedicó a la formación en el Centro de Instrucción Contrasubversiva de Infantería, en las materias “Guerra revolucionaria” y “Tiro en combate”.

El exjefe del Departamento de Informaciones 2, Pedro Dante Sánchez Camargo, en su declaración de 1987, develó de la represión estatal que el cuerpo motorizado, el cuerpo de infantería y la división de inteligencia de la policía provincial realizaban un accionar conjunto. Es decir, es imposible que Rico siendo oficial subinspector de Infantería haya desconocido lo que sucedía en el centro clandestino de detención “D2”. “No solo no desconocían sino que actuaban por convicciones”, reafirmó Salinas refiriéndose al intento de quitarse responsabilidad de los imputados. Así es como Rico tuvo a su cargo al Grupo Especial 78, creado e instruido para la desaparición de las victimas del Operativo de Mayo del ’78, desarrollado con motivo del Mundial de Fútbol.

La prueba documental es vasta y entre ella podemos encontrar declaraciones, manuales aportados por el imputado y su legajo personal, entre otras cosas. Por todo esto, sumado a la prueba testimonial existente, “no fue necesaria la declaración de Alicia Morales” para elaborar la acusación. Que la mujer lo haya visto en el D2 es elocuente pero no imprescindible para sostener que Carlos Rico conocía el funcionamiento y participaba del plan criminal estatal.

Causa Rabanal

A diferencia del Ministerio Público Fiscal, el abogado de la querella sostuvo que la licencia de febrero de 1976 presentada por el imputado no le quita responsabilidad. Este punto no entra en conflicto con la figura penal que se le aplica pues se refiere a la autoría mediata en calidad de mando intermedio. Es decir, que haya estado o no de licencia al momento de las detenciones del Operativo Rabanal puede hacerlo o no autor directo pero nunca desligarlo de su cargo en el cuerpo de Infantería y de su dominio del hecho. Salinas sostuvo que “es derecho penal del acto, del hecho, no de autor”. Lo cometido fue “la consecuencia práctica de su formación teórica”, finalizó.

A lo dicho hay que agregar que fue el mismo imputado quien afirmó en su indagatoria que la licencia era una “condición del servicio activo”. Se mostró, como ejemplo, que Rico sancionó en agosto del ‘77 a un policía en momento de goce de su licencia anual.

El hecho de que la firma de Carlos Rico figure en algunos de los traslados a las personas secuestradas en el D2 no quiere decir que haya participado solamente en eso, sino que da cuenta de su implicación en el plan criminal, no solamente como instructor contrasubversivo sino como ejecutor de las acciones que conformaban el entramado del terror.

Por lo acreditado en este alegato, el abogado de la querella acusó a Carlos Rico como autor mediato de privación de la libertad agravada por todos los hechos de la causa Rabanal, incluyendo a lxs niñxs que fueron secuestradxs junto con sus madres. Además, lo acusó como partícipe primario de los delitos de tormentos agravados por la condición de perseguidxs políticxs de las víctimas, agravado por resultar la muerte en el caso de Miguel Ángel Gil y por los ataques sexuales cometidos contra tres de las mujeres, distinguiendo este delito de las torturas.

La participación primaria se endilga en consonancia con lo resuelto por la Cámara de Apelaciones luego de la Instrucción. Esto, en tanto se entiende que el imputado hizo un aporte imprescindible para la comisión de los delitos tipificados, enmarcados en los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado antes y durante la última dictadura.

Por todo lo expuesto se solicitó la pena de 25 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

VÍCTIMAS

Pablo Salinas, en representación de la querella del MEDH, esbozó los perfiles de algunas de las víctimas de los procedimientos de febrero de 1976. Habló de Guido Actis, de Vicenta Olga Zárate, de Silvia Ontivero y su hijo Alejo Hunau, de Fernando Rule, de Stella Ferrón y su hija Yanina Rossi, de Miguel Ángel Gil. Contó quiénes son estas personas, cómo eran sus vidas, qué carácter tenían. Todas víctimas de procurar un mundo mejor. El singular alegato tuvo como propósito la “humanización de los juicios”, aseguró.

Los testimonios de estas personas han permitido saber qué pasó con quienes hoy están desaparecidos, como Miguel Ángel Gil y Marcos Ibáñez. La reconstrucción de los hechos y la consecución de memoria, verdad y justicia a través de estos procesos judiciales reparatorios son producto de la lucha incansable de quienes sobrevivieron y tuvieron la fortaleza para contarlo.

Alegato Diego Lavado – D2

El abogado querellante Diego Lavado comenzó este jueves su alegato referido a las causas que involucran a la policía de Mendoza y a otras fuerzas de seguridad vinculadas a ella por los hechos ocurridos en el D2.

Comenzó con un repaso histórico sobre el D2 desde su creación, a partir del reglamento que reestructuró a la policía en 1970. El espíritu de la nueva ley orgánica sancionada durante la dictadura de Onganía, respondía a la necesidad de mantener el orden público y la paz social. El segundo de los cinco departamentos en los que se organizó fue, precisamente, el Departamento de Investigaciones (D2).

Tuvo, asimismo, sus divisiones internas legales (Investigaciones e información, Reunión de información, Planificación e instrucción) y clandestinas (Operaciones especiales y Análisis de información), según se desprende de los legajos de sus miembros.

El D2 operó en sus inicios junto a la Unidad Regional II en su edificio de calle Mitre. Luego se trasladó al nuevo Palacio Policial, en su ubicación actual de calle Belgrano.

Entre sus tareas iniciales se encontraba la reunión de información sobre delitos comunes. Sin embargo, paralelamente a los hechos políticos y sociales, fue adquiriendo una tarea central en la represión ilegal. Lo mismo sucedió con el D2 en otras provincias. En 1972, a raíz del Mendozazo, recibió un importante aumento de personal y de presupuesto.

Hacia 1975, la escalada represiva a nivel nacional y provincial tuvo un punto álgido con el Decreto 2772, firmado por Ítalo Lúder, que otorgó a las Fuerzas Armadas la tarea de ejecutar las operaciones militares y de seguridad que fueran necesarias a fin de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, bajo el “comando superior del presidente de la Nación, mediante el Consejo de Defensa”. En paralelo, las estructuras represivas ilegales como la Triple A operaban a lo largo del territorio.

A nivel provincial, bajo las órdenes del nuevo jefe de la policía, Julio César Santuccione, en 1974 comenzó a operar el Comando Moralizador Pío XII. Tras la ejecución fallida de un ciudadano chileno, el Comando fue denunciado. Esto provocó que el General Lucero, nuevo interventor de Mendoza, intentara desplazar a Santuccione. Sin embargo, una vez consumado el Golpe, el propio Santuccione procedió a detener a Lucero.

Posteriormente, el Comando Anticomunista Mendoza (CAM) encabezó una serie de atentados con bombas, entre ellos, contra la imprenta “Paulos” y la sede del Partido Comunista. El comunicado por el cual el CAM se auto adjudicó el atentado contra la imprenta mencionada constituye el primer “parte de guerra” de la represión ilegal en Mendoza.

Desde antes del Golpe, el D2 ya cumplía un rol en el plan represivo según la Ley de Seguridad Nacional: aportaba inteligencia, recibía detenidos y los sometía a interrogatorios bajo tortura.

Acción psicológica y subversión

Los manuales de formación antisubversiva aportados por los propios imputados dan una idea del concepto de “lo subversivo” en el esquema ideológico de las Fuerzas Armadas. En un capítulo destinado a la “acción psicológica” se enumeraban las instituciones que reforzaban y que debilitaban las tres “aristas” del ser. El “ser mítico” se fortalecía con la Iglesia y se debilitaba con la filosofía tercermundista, Silo, el orientalismo, el yoga, el sionismo, las artes marciales y la literatura fantástica. El “ser social”, por su parte, se beneficiaba con la familia, la policía, la Iglesia y el municipio, y se corrompía con el esoterismo, el espiritismo, la prensa, la publicidad amarillista y las casas de juego. Por último, el “ser psíquico” era perjudicado por la homosexualidad, las adicciones y el sensacionalismo.

De estos textos se desprende que fueron consideradas subversivas no solo aquellas personas que integraban las organizaciones armadas, los grupos religiosos tercermundistas, los gremios y los partidos políticos progresistas, sino también homosexuales, periodistas “sensacionalistas” (para las autoridades) e, incluso, quienes practicaban artes marciales.

La situación política en Mendoza

Hacia el final de la jornada, Lavado explicó algunas características de la población mendocina de esos años. Tuvo referentes de renombre nacional tales como Bustelo o Marianetti, que demostraban el alto grado de conciencia política, así como también la elevada actividad gremial docente y estatal. El Mendozazo fue un ejemplo de esa efervescencia.

Sin embargo, las organizaciones revolucionarias más importantes de la época no tuvieron gran desarrollo aquí. El clima de violencia estuvo marcado, fundamentalmente, por las operaciones de las estructuras paraestatales como el Pío XII o el CAM.

Los alegatos de la querella continúan el viernes 8 de junio a las 9.30.

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Audiencia 62 / SUCESIÓN DE CAUSAS SOBRE EL D2

17-05-18 / En una prolongada audiencia, el equipo fiscal, compuesto por Patricia Santoni, Daniel Rodríguez Infante y Dante Vega, alegó acerca de la responsabilidad del personal del D2 en procedimientos ilegales, ataques sexuales y torturas que recayeron sobre numerosas personas detenidas. Entre ellas, se recordó el paso del desaparecido Jorge Daniel Moyano por sus calabozos.

La fiscal Patricia Santoni dio inicio a la jornada para abordar el caso de Nélida Virgina Correa. Según sus declaraciones era militante social cercana a Montoneros. Tenía cuatro hijos y debió pasar a la clandestinidad cuando se sucedieron numerosas detenciones en el marco del operativo contra esa corriente, registrado en febrero ’76.

Durante 3 años consiguió mantenerse en libertad pero el 26 de noviembre de 1979 fue aprehendida en la casa de un hermano y pudo reconocer, entre sus captores, al acusado Miguel Ángel Tello. Transportada al D2, estuvo allí 21 días y sufrió todo tipo de torturas. En diciembre la trasladaron al penal provincial de donde salió en libertad en 1981.

A Nélida Correa le fue aplicada la ley 20840 y luego fue absuelta. Entre las pruebas documentales que acreditan su detención en el D2 hay un sumario de prevención y el registro de su traslado a la penitenciaría. La víctima reconoció a varios miembros del D2: Oyarzabal, Bustos Medina, Scacchi y los acusados en este juicio: Miguel Ángel Salinas y Carlos Faustino Álvarez.

La fiscal se detuvo en estos dos últimos agentes, quienes fueron imputados por primera vez.
El tercer acusado por esta causa es Miguel Ángel Tello, quien participó de la detención de Correa y su traslado al D2.

Historial de Salinas y Álvarez

Miguel Ángel Salinas, según su legajo, era agente del D2 e ingresó en junio de 1976. Se desempeñaba en la sección Reunión de Información. Por un tiempo fue custodio del gobernador de la provincia y luego regresó para permanecer hasta 1999. Por desbaratar a las bandas de la subversión recibió las felicitaciones con las que Santuccione solía reconocer a sus subordinados.

A pesar de que en su declaración negó haber tenido contacto con detenidos en el D2, fue identificado por varixs presxs: Correa, Rosa Gómez, Nerio Neirotti y otros. David Blanco dijo que les acercaba la comida en los calabozos y lo reconoció como uno de los policías que custodiaba en el Banco Mendoza.

Carlos Faustino Álvarez, según su legajo, se desempeñó entre 1974 y 1984 en la sección Registro de Fichero y luego en la sección Análisis de la Información. También recibió felicitaciones por su participación en “la lucha antisubversiva”.

Al igual que Salinas dijo que no tuvo contacto con detenidos y que su trabajo consistía en recortar diarios. Sin embargo fue reconocido por Nélida Correa y Oscar Pérez.

Miguel Ángel Salinas y Carlos Faustino Álvarez están acusados como coautores de

  • Privación abusiva de la libertad agravada
  • Tormentos agravados
  • Asociación ilícita

Esta última imputación fue fundamentada por la fiscal entendiendo que el D2 funcionaba como un sistema donde sus integrantes tenían distintos roles pero respondían a un mismo fin.

A Miguel Ángel Tello, ya condenado en anteriores juicios, se lo acusa por privación abusiva de la libertad y tormentos agravados.

La Causa de los Bancarios

El fiscal Daniel Rodríguez Infante alegó por las detenciones de los empleados bancarios Luis Ocaña, Arturo Galván, Hermes Oca y Horacio Lucero.

La Asociación Bancaria, fundada en 1924, fue un sindicato con gran combatividad y objeto de persecución durante las sucesivas dictaduras. Cuenta con 200 personas desaparecidas a lo largo de su historia. En Mendoza se registraron 17 secuestros del colectivo bancario que participaba de las comisiones gremiales internas. Asimismo, fueron víctimas de desaparición forzada: Carlos Marín, José Vila Bustos, Ricardo Sánchez Coronel y Sabino Rosales, pertenecientes a los bancos de Previsión Social y Mendoza locales.

Dicho esto, el fiscal se abocó al caso de Luis Gabriel Ocaña, activista bancario que sufriera dos ataques: una bomba y un tiroteo contra su domicilio. Fue apresado el 17 noviembre de 1975 por el D2. Como prueba existe un acta con datos falaces sobre el lugar y la circunstancia de su detención así como el testimonio de varios compañeros que compartieron cautiverio y dieron cuenta de los tormentos a los que fue sometido. Después de un largo periplo salió con la opción a Francia en 1981.

Con posterioridad, igual suerte corrieron sus compañeros del Banco de Previsión, Arturo Galván, Hermes Ocaña y Víctor Horacio Lucero, detenidos el 6 de abril de 1976 en su lugar de trabajo y trasladados, inicialmente, al D2.

Los dos primeros permanecieron en esta dependencia hasta fines de junio de 1976 cuando fueron trasladados, juntos, a la Compañía de Comunicaciones. Durante su permanencia allí, según los testimonios de sus compañeros, fueron sometidos a torturas; particularmente, Hermes recibió terribles golpizas. Éste reconoció al imputado Pablo Gutiérrez como un custodio del banco que los vigilaba.

En cuanto a Arturo Galván sufrió, en enero de 1976, un primer cautiverio en Logística de la policía de Mendoza, donde se encontraban otros detenidos de apellido Balbas y Páez. Días después fue trasladado al Palacio Policial para que le tomaran las huellas dactilares y fue liberado.

Por su parte, Víctor Horacio Lucero recibió similar trato en el D2 y salió en libertad el 1 de junio del ‘76. No hay ninguna imputación contra Lucero ni registro alguno.

Por esta causa que incluye a los cuatro bancarios antes mencionados está acusado Armando Osvaldo Fernández como autor mediato de

  • Privación abusiva de la libertad agravada
  • Tormentos agravados

Por su parte Pablo Gutiérrez, ya condenado en anteriores juicios, es considerado coautor en los casos de Arturo Galván, Hermes Ocaña y Víctor Horacio Lucero por

  • Privación ilegítima de la libertad agravada
  • Tormentos agravados
La Juventud Guevarista

El fiscal Dante Vega desarrolló el alegato por los procedimientos ocurridos entre el 10 y el 17 de mayo de 1976 contra integrantes de la Juventud Guevarista. Se centró en siete víctimas por las cuales están acusados tres integrantes del D2: Armando Osvaldo Fernández, Pablo José Gutiérrez, Diego Fernando Morales. Este operativo no solamente evidencia la inteligencia previa sino también la actuación conjunta de las diferentes fuerzas constituyentes del aparato represivo estatal. En este caso, el D2, la fuerza aérea, las comisarías 7 y 33, el Consejo de Guerra Especial y Estable.

En una semana secuestraron a 20 personas relacionadas con el PRT-ERP. El diario Los Andes publicó el 22 de mayo del ’76 el “desbaratamiento de una célula extremista” e incluyó un listado de personas apresadas sin mención sobre quienes hoy continúan desaparecidas. Sin embargo, la actuación policial comenzó con tres detenidos que no pertenecen al grupo de militancia ni a la causa. Este operativo está plagado de irregularidades, como tantos otros. Ausencia de órdenes judiciales, declaraciones falsas, parodia de sumarios, actas fraguadas son algunos ejemplos.

De esta causa, todos fueron puestos a disposición del Consejo de Guerra por sumarios instruidos relacionados con participación en actividades subversivas. La pantomima que eran estos juzgamientos ya ha sido ampliamente relatada: defensores que a los gritos pedían confesiones, violencia, penas draconianas.

Es corriente escuchar a algunas personas, particularmente imputados y defensores, decir que en aquel momento se vivía una “guerra”. Con un tono irónico, el fiscal Vega se preguntó por qué, entonces, el Consejo de Guerra implementó el Código de Procedimiento estipulado para tiempos de paz.

En el D2, las víctimas fueron sometidas a picana eléctrica, submarino, golpes y amenazas.

Víctor Sabatini se desempeñaba como inspector laboral en la división regional del Ministerio de Trabajo. Tenía 33 años cuando ocho personas, algunas uniformadas y otras de civil, lo secuestraron de su domicilio, el 12 de mayo de 1976. Fue introducido en un vehículo junto con Daniel Moyano. En el camino sufrieron un simulacro de fusilamiento. El destino era el D2. El Consejo de Guerra lo juzgó y lo condenó, entre otras cosas, por “ocultamiento de delincuentes”, lo que devela la persecución a Daniel Moyano, a quien alojó en su casa pero perdió contacto en ese centro clandestino. Su detención continuó en la penitenciaría y en la Unidad 9 de La Plata. Fue liberado en democracia, el 26 de abril de 1984.

Daniel Moyano estudiaba en la Escuela de Comunicación Colectiva. El nombre tras el cual ocultada su identidad era Gustavo. Vivía para la fecha de su secuestro en el Barrio Santa Ana, con el matrimonio Sabattini-Allegrini. Fueron secuestrados el mismo día y al menos ocho testimonios acreditan su secuestro y paso por el D2. El más elocuente y preciso es el de Edith Arito, quien afirmó haberlo visto muy golpeado, tiritando por la picana. Ella le ofreció comida, él no aceptó pero le dijo su nombre. Hoy Daniel Moyano continúa desaparecido.

Nélida Lucía Allegrini era docente y se la llevaron después que a su marido y su amigo “Gustavo”. Esperaron que llegara su suegro, Valentín Sabattini, le hicieron firmar la custodia de sus hijos, dejaron a todos en la casa del hombre y la trasladaron al D2. En un ascensor fue llevada hasta un lugar de torturas donde recibió golpes en sus pechos y vagina lo que tipifica, según la fiscalía, un delito sexual por el cual van a acusar a los imputados.

Liliana Tognetti, Silvia Schwartzman, y Graciela Leda fueron secuestradas el 13 de mayo de 1976 y trasladadas al D2. La primera fue llevada por personas de civil. No declaró en debate pero diversas actas y testimonios dan cuenta de su estadía en ese centro clandestino y la trayectoria de su detención.

Silvia contó haber sido entrevistada en una sala de torturas, con manchas de sangre y cabellos pegados en las paredes. Reconoció al “Caballo Loco” y al “Puntano”.

Graciela declaró en varias oportunidades que fue secuestrada por efectivos de la policía de Mendoza, de civil y armados. En una ocasión, en el D2, la desnudaron completamente. Por una lesión en sus costillas, producto de los golpes, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en Devoto.

Estas cuatro mujeres, Allegrini, Tognetti, Schwartzman y Leda fueron llevadas a la penitenciaría provincial luego de ser condenadas en el Consejo de Guerra, en julio de ese año. A partir de septiembre cumplieron su condena en la cárcel de Villa Devoto.

Antonio Siro Vignoni era empleado judicial y estaba casado con Silvia Schwartzman. El 17 de mayo del ’76 fue secuestrado por tres agentes del D2. Su trabajo le permitió reconocer entre los perpetradores a Pablo Gutiérrez y a Alfredo Castro.

iMPUTACIONES ESPECÍFICAS

Por los hechos alegados, el Ministerio Público Fiscal responsabilizó penalmente a tres integrantes del D2:

Armando Osvaldo Fernández Miranda como autor mediato de

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por seis hechos
  • tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, por siete hechos
  • lesiones graves por los hechos cometidos contra Liliana Tognetti y Graciela Leda
  • abuso deshonesto agravado por la calidad de autor persona encargada de la guarda, por los mismos dos hechos

Diego Fernando Morales Pastrán prestó servicios en el D2 desde 1974 hasta 1981. En la instrucción declaró haber sido chofer y hacer tareas de archivo aunque habló de más al decir que por orden del jefe, Sánchez Camargo, los suboficiales tenían la tarea de bajar por turnos a ver a los detenidos, darles comida, ropa y demás. Fue reconocido por víctimas como Robledo Flores y Rosa Gómez. Junto con Pablo José Gutiérrez Araya son acusados por ser coautores de los siguientes delitos

  • homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, por el caso de Daniel Moyano
  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por el mismo hecho
  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por seis hechos
  • tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, por siete hechos
  • lesiones graves por los hechos cometidos contra Liliana Tognetti y Graciela Leda
  • abuso deshonesto agravado por la calidad de autor persona encargada de la guarda, por los mismos dos hechos
DOBLE DETENCIÓN

Segundo Isau Alliendes fue secuestrado y liberado en 1976, causa por la que ya se alegó audiencias atrás. Luego, el 21 de marzo de 1978 fue secuestrado nuevamente y trasladado a la IV Brigada. El sumario por su detención se inició el 27 de marzo, cuando fue alojado en el D2. En la Fuerza Aérea no hay ningún tipo de registro de su aprensión y estadía. Tres días después fue remitido a la penitenciaría provincial y fue liberado el 21 de agosto de ese año, cinco días después de que el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que mantenía su detención fuera dejado sin efecto.

Por esta causa se encuentra acusado Alcides París Francisca, como autor mediato de los delitos de

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima

Adriana Mercedes Spínola tenía 19 años cuando fue detenida en la vía pública por miembros de D2 el 12 de marzo de 1976. El secuestro se produjo por su vínculo con Juan Basilio Sgroi, dirigente del Partido Peronista Auténtico, detenido dos meses atrás.

Spínola permaneció una semana en el D2, donde fue golpeada, interrogada bajo tortura y obligada a desnudarse. El 19 de marzo fue conducida a la penitenciaría y luego a la cárcel de Devoto en los traslados del 29 de septiembre de ese año. Este itinerario está corroborado por sus prontuarios, el policial, labrado por el D2, y el penitenciario.

La tercera prueba documental es la causa elevada contra Juan Sgroi y otros militantes donde fue incluida Spínola. En este expediente, además de las actas de su captura, figura una constancia firmada por Spínola, por la cual autorizaba “a la fuerzas policiales y militares a realizar un minucioso registro de su domicilio”. El informe elevado a la 8va. Brigada está firmado por el propio Fernández.

Aunque obtuvo el sobreseimiento judicial a los ocho meses de su detención, junto con el fin de su disposición ante el PEN, fue liberada recién el 12 de enero de 1977.

Por estos hechos está acusado Armando Fernández como autor mediato de

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes
  • tormentos agravados por la condición de perseguida política de la víctima
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor o persona encargada de la guarda

Mirta Hernández, esposa del desaparecido Rodolfo Vera, víctimas del “Operativo Escoba” desplegado a nivel nacional contra el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Su detención en Mendoza hacia 1979 es parte de la represión residual sobre dicha Organización.

Desde el 30 de diciembre de 1976 hay constancia del pedido de captura de la pareja. Se refugiaron entre Rivadavia y Mendoza hasta el secuestro de Vera, el 6 de diciembre de 1977. Su esposa y otros militantes de la Organización se trasladaron a Buenos Aires, luego a San Clemente del Tuyú y finalmente, a Mar del Plata, hacia enero del año siguiente.

En 1979 regresó a Mendoza y se presentó ante el D2 por recomendación de un abogado de apellido Carloni. Quedó inmediatamente detenida por averiguación de antecedentes, desde el 27 de septiembre hasta el 7 de diciembre de ese año. La causa llegó a la justicia luego de su liberación. Recién en 1984 recuperó su documento de identidad.

Recordó las paredes del D2, manchadas con sangre, donde fue obligada a dar clases de matemática a los oficiales. Entre ellos reconoció a Pablo Gutiérrez.

Por estos hechos está acusado Mario Laporta (jefe de policía 1979-1982) en calidad de autor mediato por los delitos de

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes
  • tormentos agravados por la condición de perseguida política de la víctima
La responsabilidad de Roberto Usinger

La fiscalía continuó con dos causas que señalan la responsabilidad de Roberto Usinger entre los años 1979 y 1981.

La primera por la detención de Oscar Miguel Pérez, ciudadano chileno que entre 1974 y 1975 había participado de la Juventud Peronista, apresado a los 23 años, el 8 de mayo de 1979, cerca de su domicilio del Barrio San Martín. Permaneció cincuenta días en el D2 y fue torturado sistemáticamente hasta la visita del cónsul de Chile, Hernán Brantes Glavic.

Para esa época también estaban alojados en el D2 los exmilitares armeros que conocían a muchos de los policías del CCD. Con los nombres referidos por ellos y las voces que memorizaba, Pérez pudo ir identificando a Scacchi, Oyarzabal y Usinger, entre otros. Con este último conversó bastante y supo que era chofer o custodio del gobernador, y que estaba en el D2 “castigado”. Era el encargado de transportarlo de la celda a las sesiones de tortura y aseguró que estuvo en alguna de ellas. Pudo verlo y describir su apariencia.

El 28 de junio de 1979 Pérez fue acusado por la ley 20840. Trasladado desde el D2 a la penitenciaría, hizo un largo periplo, hasta que fue liberado por indulto de Bignone el 2 de diciembre de 1983.

La subversión tiene forma de libro

La segunda causa, denominada “Berlanga y otros”, engloba varios operativos realizados por el D2 para detener a miembros del Partido Comunista durante el año 1980.

El 5 de mayo se efectuaron los primeros cuatro allanamientos en cadena que concluyeron con las detenciones de Rosa María Rouge, Valerio Castillo, Concepción Azuaga, Patricia Campos y Aníbal Firpo, todos trasladados al D2 sin orden ni decreto previo. El paso por el CCD consta en sus prontuarios penitenciarios. Las viviendas fueron saqueadas.

Rosa María Rouge y su esposo Julio Berlanga eran militantes del PC y tenían en su domicilio de Las Heras la biblioteca de la Organización. La vivienda era vigilada y había sido revisada por un militar antes de la detención.

El 5 de mayo ingresaron a la casa ocho personas y secuestraron gran cantidad de libros que trasladaron en un camión. Berlanga logró escapar y detuvieron a Valerio Castillo, compañero de militancia que también estaba presente. Rouge fue trasladada hasta el domicilio de su suegra, Concepción Azuaga de Berlanga. Allí se encontró con los hijos menores que habían sido retirados de la escuela por los captores. También estaba su cuñado, Aurelio Berlanga y Patricia Campos. Como resultado del itinerario, Rouge, Azuaga, Campos y Berlanga fueron llevados al D2.

En este CCD, Rouge, desnuda, fue interrogada. Recibió las visitas de una vecina y de su hija y se enteró de que su casa, destruida, era vigilada.

El 30 de mayo pasó a la penitenciaría y recuperó la libertad el 22 de mayo del año siguiente.

Valerio Castillo fue llevado a su domicilio para un allanamiento antes de ser encerrado en el D2. Estuvo una semana desnudo en los calabozos, fue torturado y reconoció a uno de los policías apodado “el ruso” que robó un dinero que su familia había entregado en el D2 para él: “el más ladino de todos”.

El 30 de mayo llegó al penal provincial y fue liberado el 13 de abril de 1982.

Concepción Azuaga de Berlanga era la madre de Julio y Aurelio Berlanga. Tenía 68 años y fue detenida en su domicilio junto con su hijo Aurelio. A mediados de mayo fue liberada desde el D2. Sin embargo, figura detenida en la penitenciaría hacia noviembre de 1980. El 22 de mayo de 1981 recuperó la libertad según su prontuario.

Aurelio Berlanga tenía 39 años, también militaba en el PC y vivía con su madre. Fue llevado junto con ella al D2. El 30 de mayo ingresó a la penitenciaría y fue liberado el 13 de abril de 1982.

Patricia Campos tenía 29 años, era profesora de historia y militante del PC junto con su esposo Aníbal Firpo. Fue detenida en la casa de Concepción Azuaga y trasladada a su domicilio. Como Firpo no se encontraba, después de revisar el lugar fue colocada una consigna para esperarlo. Estuvo en el D2 junto con Rouge hasta ser llevada a Boulogne Sur Mer el 30 de mayo. Fue liberada el 17 de julio de 1981.

Aníbal Firpo, arquitecto, fue detenido por la noche en su domicilio y obligado a conducir con el vehículo de su trabajo hacia el D2. El 30 de mayo ingresó al penal y fue liberado el mismo día que su esposa.

También contra el Partido Comunista

El segundo grupo de operativos se completó con la detención de Jorge Aliste y Rafael Báez, ambos en el domicilio de Aliste, en Godoy Cruz, el 28 de agosto. Intervino la policía motorizada en coordinación con el D2. Días después detuvieron a Carmen Rey y Gabriel Solá.

Jorge Aliste tenía 29 años, militaba en el PC y trabajaba como tesorero en una empresa. Vivía con su esposa en el barrio Decavial. Fue detenido camino al trabajo y su domicilio fue brutalmente saqueado, además de secuestrar material de la Organización. Entre los documentos orgánicos se encontraban las autobiografías políticas de Rey y Solá.

Permaneció 44 días en el D2 sometido a interrogatorios. La empresa presentó un Habeas Corpus a su favor que fue contestado.

El 8 de octubre fue llevado junto con Báez hacia la penitenciaría en el vehículo particular de un policía de investigación apodado “El ruso”, a quien describió como un hombre “macizo” de tez colorada que detuvo el auto frente una casa de la calle Agustín Álvarez para avisar a una mujer que volvería en breve. Fue liberado en julio de 1981.

Rafael Báez era el Secretario General del PC. Fue detenido en la puerta de la vivienda de Aliste y llevado al D2 con el mismo itinerario que su compañero. La familia supo de su paradero por una mujer que contactó el día de la declaración ante el juez y que transmitió su mensaje. El 16 de diciembre de 1981 recuperó la libertad.

Carmen Noemí Rey fue detenida en su domicilio el 18 de septiembre de 1980. La forzaron a firmar su conformidad con el allanamiento. Estuvo en el D2 bajo interrogatorios hasta el 9 de diciembre de ese año, momento en que pasó a la penitenciaría. El 21 de julio de 1981 fue liberada.

El rosarino Gabriel Solá fue detenido ese mismo día en su vivienda luego de un allanamiento. Permaneció en el D2 hasta el 4 de noviembre de 1980. Luego pasó al penal desde donde fue liberado el 16 de diciembre de 1981.

Los últimos dos procedimientos contra el PC fueron efectuados el 2 de octubre de 1980 con los secuestros de Ignacio González y Guillermo Scoones. Llevados al D2 y tres meses después a la penitenciaría recuperaron su libertad el 27 de julio de 1981. González tenía 58 años y estaba casado con Elena Simón. Scoones tenía 28, estaba en pareja con Carmen Rey y fue detenido mientras estacionaba su vehículo en la calle Pedro Molina de Ciudad.

Los alegatos continúan el viernes 18 de mayo a las 9.30 hs.

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