Audiencia 72 / RÉPLICA DE LA FISCALÍA

26-07-18 / El Ministerio Público Fiscal replicó a los alegatos de los defensores. Daniel Rodríguez Infante respondió al pedido de nulidad por prescripción de las causas y contestó los argumentos defensistas. El fiscal Dante Vega se refirió a la nulidad de asociación ilícita y a la inconstitucionalidad de las incorporaciones de las declaraciones por lectura y la prisión perpetua.

El fiscal ad hoc comenzó la jornada reconociendo el trato respetuoso dispensado a las víctimas por parte del Defensor Público, Leonardo Pérez Videla. Después, Rodríguez Infante, recordó las expresiones de Pérez Videla que remiten a la “teoría de los dos demonios”. Así, rebatió la existencia de un conflicto beligerante o una guerra en el momento que se desarrollaron los hechos. Aseguró que el defensor no esgrimió los fundamentos ni citó fuentes para tal aseveración que resultó sin finalidad defensiva. “No hay que dar opiniones sino fundamentarlo”, insistió.

Para replicar, echó mano de varios antecedentes y afirmó que el tema está zanjado desde el fallo de la Causa 13. Para ese fin leyó un fragmento del mismo fallo que apoya se postura.

Rodríguez Infante también contestó al abogado particular del exvicecomodoro Santamaría, Carlos Benavídez, quién adhirió a las solicitadas planteadas por el defensor oficial. Esta posición pretendió igualmente caracterizar a la etapa como de beligerancia. Rodríguez Infante recordó que, con gran ligereza, se propuso juzgar a los miembros de las organizaciones político militares. Al respecto el fiscal se preguntó a quiénes se juzgaría y puntualizó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ya se expidió en sentido contrario. Incluso, trajo a colación el caso Larrabure en el que se acusa a un exintegrante del PRT por la muerte de ese militar, encuadrándolo en delito de lesa humanidad. Acusación que no prosperó.

Para finalizar el análisis de la introducción que realizara la defensa, aludió a afirmaciones genéricas de que algunos testigos-víctimas entraron en contradicciones o mintieron. El fiscal se remitió a varios fallos que evidencian que no es posible una declaración lineal. Las experiencias y percepciones son personales. Ejemplificó con los casos de quienes, horriblemente ultrajados en el D2, al ser trasladados al 8vo. de Comunicaciones, no advirtieron que el trato recibido configuraba tormentos y lo consideraron normal.

Pedido de Nulidad

El fiscal ad hoc, a lo largo de su exposición, reiteró que los enunciados eran genéricos, inespecíficos, sin anclaje en las normas y tejió hipótesis sobre qué se supone trataron de decir los defensores.

En el primer tramo de la réplica se refirió a la nulidad por la prescripción de las causas contenidas en el debate, debido a la infracción al principio de legalidad. En tal sentido Rodriguez Infante descartó la afectación de este principio pues los fallos de la Corte Suprema han ratificado la imprescriptibilidad de los delitos que se juzgan, incluso en su nueva Constitución. Recordó el deber de leal acatamiento a estos fallos.

Sustentó que la costumbre como fuente de derecho halla su respaldo en la legislación nacional e internacional y rebatió la interpretación del artículo 18, 118 y 75, inc. 22, realizada por la defensa. Agregó que la costumbre como fuente de derecho estaba vigente al momento de los hechos y recordó que la Convención Internacional de Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad o cometidos en contexto de guerra data de 1966.

Además, detalló los tratados internacionales y casos que han sentado jurisprudencia al respecto. “No hay retroactividad”, afirmó ya que no importa cuándo se cometieron estos delitos porque son de carácter continuo.

Sobre asociación ilícita, prisión perpetua e incorporación de las declaraciones

Por su parte, el fiscal Dante Vega, comenzó valorando el respeto por las víctimas de parte de la defensa pública. A continuación, explicó que la prisión perpetua es constitucional y esto es afirmado por Tribunales Federales y por la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP). Además, en nuestro país, la prisión perpetua no es en sentido estricto sino que hay mecanismos para acortar la reclusión. Esta pena también es convencional ya que no viola ningún punto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre personas mayores.

Se explayó más al referirse a la nulidad que planteó la defensa sobre la acusación por el delito de asociación ilícita. Vega introdujo que ya en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la Provincia se incluyó esto en la ampliación de la acusación. Aunque fue rechazado por el tribunal fue confirmado por la CFCP.

El defensor Pérez Videla afirmó en su alegato que los defendidos no fueron intimados debidamente. Sin embargo, explicó el fiscal, está puntualizado en la elevación a juicio formal y materialmente, “y así lo entienden los imputados”.

Citó a la reconocida estudiosa del tema, Patricia Ziffer, para afirmar que en la asociación ilícita “no es necesario que conozca a los otros integrantes” sino simplemente su existencia a los fines que los ocupan. No solo es imposible sino también irrelevante que la Fiscalía se encargue de precisar todos los integrantes de la banda criminal. La comisión de delitos es el motivo de la unión aunque el fin no hubiera sido ilegal. Los delitos juzgados no requieren un elemento convictivo. “No hay obstáculo procesal ni sustancial” para que los imputados sean acusados por el delito de asociación ilícita, concluyó Vega.

Por último, la Fiscalía cuestionó la posición de la defensa respecto de no acordar con la incorporación por lectura de algunos testimonios. Las personas que no pudieron declarar en juicio están fallecidas o están imposibilitadas física o mentalmente para asistir al debate. Todos estos casos entran dentro de lo estipulado por el artículo 391 del Código Procesal Penal de la Nación.

Es contradictoria esta posición de la defensa debido a que en juicios previos no ha habido reparos en aceptar esto y en este proceso tampoco hay un rechazo con especificaciones sino, simplemente, en términos generales. “No hay infracción al derecho de defensa” y se trata, simplemente, de un “planteo sin sustento”, en palabras de Daniel Rodríguez Infante.

Respuesta a la estrategia defensista

Luego de los planteos de nulidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad, el Ministerio Público Fiscal se encargó de replicar lo dicho por las defensas pública y particular. Daniel Rodríguez Infante expuso que podía dilucidar tres tipos de argumentos defensistas que se repitieron en las distintas causas: la prohibición de regreso, el razonamiento “no fueron mis defendidos, fueron otros” y la afirmación de que, si hubo un aporte, no fue relevante.

La prohibición de regreso es un principio que establece que, frente a un hecho culposo seguido de un hecho doloso, no se puede atribuir responsabilidad penal al primero. El fiscal desmintió los dichos de la defensa en este sentido estableciendo que en ningún momento hay hecho culposo, es decir, sin intenciones de ilegalidad. Tanto Usinger como Rico fueron defendidos con este argumento sin sustento. Los hechos eran todos ilegales: secuestro, torturas, traslado de detenidos ilegales, indagatoria judicial en sede policial. El simple hecho de formar parte del aparato organizado de poder es doloso y no está libre de persecución penal.

El argumento según el cual se sostiene que, efectivamente, pasó lo que relatan las víctimas pero los que cometieron el delito no son los defendidos tiene tres tipos de culpables en la mira: en primer lugar, el argumento ya conocido de que la culpa la tienen los muertos como pasa en el intento de confusión de Usinger con Smaha.

En segundo lugar, la afirmación según la cual los responsables son quienes no están siendo investigados como el caso de Alliendes, Straniero o Hernández. Olvida la defensa que es importante tener en cuenta que todos los ejemplos nombrados están siendo investigados y muchos están acusados aunque no estén en el presente juicio. Es relevante aclarar que de ningún modo le quita responsabilidad a los imputados el hecho de que haya otros responsables.

En tercer lugar, la intención de hacer creer que los que cometieron los ilícitos eran individuos pertenecientes a subgrupos o grupos secretos como en los casos de Susso, Bermejillo, Galván y Ocaña. Este argumento “no puede prosperar”, aseguró Rodríguez Infante, ya que es inexplicable que la única responsabilidad la tengan grupos secretos que nadie conoce en la estructura estatal. Se torna más insostenible aún cuando se intenta defender con esto a jefes de centros clandestinos que tuvieron a su cargo personas detenidas ilegalmente.

El último argumento defensista consiste en que si hubo algún aporte de los imputados, éste no fue relevante o esencial. Esta estrategia de defensa fue aplicada sobre todo a integrantes, y a veces a jefes, de centros clandestinos de detención. El representante del MPF aclaró que aunque el dominio del hecho lo hayan tenido otros, eso no significa que el aporte al aparato represivo estatal no haya sido relevante. “La mayor o menor responsabilidad en un tramo no descarga la responsabilidad de otros en otros tramos”, finalizó.

Para concluir esta parte, la Fiscalía se encargó de responder tres puntos en particular a lo alegado por la defensa. La primera respuesta fue acerca de los delitos sexuales y reconoció al defensor oficial el hecho de no haber cuestionado el principio de congruencia. Sin embargo, aclaró Rodríguez Infante, que la figura de coautoría o autoría mediata es perfectamente aplicable aunque el defensor no esté de acuerdo. “Se trata de un delito de dominio” y no de propia mano por el hecho de que no hay una “finalidad específica de afectación del ejecutor”, sino que el objetivo es el ejercicio del poder.

En relación a la segunda respuesta, respecto del reconocimiento fotográfico, el fiscal sostuvo que estos reconocimientos son parte y complementan las declaraciones. No existe razón para oponerse a su incorporación como prueba ya que tampoco son alcanzados por los requisitos de la rueda de reconocimiento de personas.

La tercera respuesta estuvo referida a la causa contra la Fuerza Aérea. Rodríguez Infante aclaró que en el alegato ya se anticipó a lo dicho, posteriormente, por el defensor público de Furió y el defensor particular de Santamaría. Enumeró los argumentos de este último, Carlos Benavídez, para evidenciar lo sostenido: no hay confusión sino relación entre la División 2 de Inteligencia de la Fuerza Aérea y la Regional Oeste de Inteligencia; la equiparación entre el G2 y la División 2 de Inteligencia es legítima; la lucha contrasubversiva no fue llevada a cabo solamente por el Ejército y ejemplo de esto es que en próximos juicios hay más de 40 víctimas; no tiene relevancia jurídica si Santamaría estaba o no en Mendoza al momento del secuestro de Mauricio López; la distancia con Las Lajas no es trascendente, “Menéndez estaba a 700 km” y nadie duda de su responsabilidad; la escasa cantidad de efectivos no importa; lo sufrido por las víctimas no supone que todo lo haya hecho materialmente Santamaría, sino que es imposible que él haya sido ajeno a la situación; por último, las pretendidas contradicciones del testigo Flores Tejada no quitan responsabilidad al acusado.

La próxima audiencia es mañana viernes 27 de julio a las 9.30.

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Audiencia 63 / LA FUERZA AÉREA AL DESCUBIERTO

18-05-18 / Después de abordar la última causa que involucra al D2, la Fiscalía inició un sólido alegato para demostrar el compromiso de la Fuerza Aérea en la represión ilegal. También fundamentó la responsabilidad del imputado Juan Carlos Santamaría en relación a la desaparición forzada del profesor Mauricio Amílcar López e hizo un repaso de lo acaecido en el campo Las Lajas.

Causa Straniero

El fiscal Daniel Rodríguez Infante concluyó su alegato sobre la responsabilidad del D2 con el análisis de la responsabilidad de Roberto Usinger por lo acontecido con los hermanos Pedro y Marcelo Straniero.

Pedro Straniero era estudiante de Filosofía y Letras y bibliotecario. Se trasladó a Panamá con una beca de estudios, oportunidad que aprovechó para reunir libros de su interés.

Los hechos comienzan con una requisa de la Policía Aeronáutica por el hallazgo de “material de corte marxista” perteneciente a Pedro Straniero, quien había ido a retirar un envío de 500 libros despachados desde Panamá. En ese momento lo acompañaba su hermano Marcelo. La novedad fue reportada al D2 y los hombres resultaron aprehendidos en el aeropuerto el 13 de abril de 1981.

Ambos fueron transportados al D2. Allí fueron vendados e interrogados con violencia. Tres días después, Marcelo fue liberado.

Pedro Straniero pasó a la penitenciaría el 22 de abril. Fue acusado por infracción a la ley 20.840 y un mes después intervino la justicia federal, que lo sobreseyó otorgándole la libertad en julio del mismo año.

Tiempo después, Pedro Straniero reconoció a uno de sus carceleros, Roberto Usinger, quien tenía un puesto en la plazoleta Alem.

En este juicio, el policía está imputado por 15 víctimas detenidas en el D2, a partir del ‘79 y en los ‘80. Se trata de Oscar Pérez, los apresados/as por su vínculo con el Partido Comunista y los hermanos Straniero.

Según el legajo de Roberto Usinger, fue agente del D2 entre octubre de 1978 y 1983. Se desempeñó, alternativamente, en Reunión de Información y como escribiente en esa sección.
En su declaración, el agente reconoció haber atendido a los detenidos en los calabozos cumpliendo a órdenes de sus superiores. Mencionó a su jefe López así como a Oyarzabal y Gómez, ambos fallecidos. Aseguró no haber realizado traslados aunque quedó demostrado que fue el encargado de llevar al detenido Aliste a la penitenciaría.

Trató de minimizar su rol aunque por el solo hecho de ser custodio le cabe la coautoría funcional por división de roles, resaltó el fiscal.

Por ello, Roberto Usinger está acusado de

  • Privación abusiva de la libertad agravada en 14 casos
  • Privación abusiva de la libertad (en el caso de Marcelo Straniero)
  • Tormentos agravados en 15 casos
  • Abuso deshonesto por 3 hechos
El rol de la Fuerza Aérea

El fiscal general, Dante Marcelo Vega, hizo una ilustrativa introducción para contextualizar el lugar que ocupó la Fuerza Aérea en el esquema represivo del terrorismo de Estado.

“La Fuerza Aérea fue tan eficaz que nos enteramos tarde” dijo Vega, en referencia al sigilo con que actuó, casi sin dejar rastros. La primera denuncia recabada por la Fiscalía fue en 2004, por el testimonio del sobreviviente Horacio Ferraris.

Con anterioridad el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) venía sosteniendo la existencia de un campo de exterminio en los dominios de la Fuerza Aérea (FA) que localizaba en el campo Las Lajas.

Efectivamente, la puesta en marcha de los decretos de octubre de 1975 otorgó a las Fuerzas Armadas la potestad para ejecutar las medidas que fueran necesarias para la eliminación de la “subversión”. Como es sabido, los militares adoptaron el esquema represivo de la Escuela Francesa para cumplir su cometido.

Estos decretos fueron el preludio del Golpe Militar del 24 de marzo. Las Fuerzas Armadas tomaron el control del país gobernando mediante una Junta Militar integrada por los comandantes de las tres armas. De tal manera que cada una contaba con el 33% en el reparto del poder. La estrategia era involucrar al conjunto y la Fuerza Aérea, sin lugar a duda, cumplió su papel en la distribución de tareas.

A la vez, en la planificación de la represión, el Consejo de Defensa le confirió a cada fuerza, la responsabilidad de emitir las directivas pertinentes. Así como el Ejército diseñó la 404/75 denominada la Peugeot, la Aviación emitió la propia, llamada “Orientación”.

Está sobradamente demostrado que la modalidad adoptada consistió en un esquema público de represión y, en paralelo, otro clandestino e ilegal. En ambas modalidades las fuerzas armadas emplearon a sus propios hombres, locaciones y logística. También, utilizaron sus instalaciones como Centro Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio.

La relativa relevancia de la Fuerza Aérea en la faena se debió a que es el arma con menor número de efectivos. Sin embargo, un informe del Ministerio de Defensa, desclasificado en 2014, develó que a la FA se le asignó la Subzona 16° en el Oeste de la provincia de Buenos Aires, (que contó con el conocido CCD “Mansión Seré”) en las localidades aledañas al aeropuerto de Morón.

La fuerza contaba con un Comando de Operaciones Aéreas (COA) que, a su vez, estaba a cargo del Comando de Agrupaciones Marco Interno (CAMI) ocupado, específicamente, de la lucha contra la subversión. Asimismo, el mencionado informe indica que la IV Brigada Aérea estaba a cargo de una subárea para idéntica tarea.

Así lo confirmó el Gral. Jorge Maradona en su declaración ante la Cámara Federal, en 1986. Entonces, señaló que la Aviación debió tener un Lugar de Reunión de Detenidos (LRD) en la zona circundante a la base aérea. La misma versión proporcionó el jefe del G2 del Ejército, Orlando Dopazo, en su declaración.

Por ende, es coherente inferir que la Fuerza Aérea contó con centros clandestinos. De hecho, se pudo constatar que en un cine, que estaba en un hangar, hubo personas detenidas en fecha próxima al Golpe del 24 de marzo. Sin embargo, el campo Las Lajas fue el escenario de mayores crímenes.

Los juicios debatidos en Mendoza demostraron que la comisaría 16° y 17° de Las Heras se reportaban a la Fuerza Aérea y sus efectivos participaron en varios operativos de secuestro y desaparición de personas. También es sabido que tenían representantes en la Comunidad Informativa donde convergían todas las fuerzas para la toma de decisiones en el “aniquilamiento de la subversión”.

Las víctimas de Las Lajas

Fue el fiscal Daniel Rodríguez Infante quien se encargó de detallar las causas de las víctimas de este juicio. Aclaró en la introducción que por apartamiento o fallecimiento de los imputados no se puede continuar la acusación por los hechos cometidos contra Emilio Luque Bracchi. Sin embargo, en compromiso con la reconstrucción histórica y como soporte de las demás investigaciones, se explayó.

Luque tenía 20 años, estudió Ciencias Agrarias y después Geología en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Allí compartía la pensión con el militante peronista Sandro Santana Alcaraz, con quien él liga su secuestro. Luego de ser expulsados de la universidad, Emilio vuelve a Mendoza el 28 de octubre de 1976. Horas después se lo llevan detenido y, aunque se encontraba imposibilitado de ver, pudo identificar con precisión el camino de tierra y el arribo a Las Lajas. En 1995 remitió una carta al presidente de la Nación anoticiando este secuestro y reclamando la indemnización por su detención.

Horacio Oscar Ferraris tenía 24 años y militaba en la Juventud Peronista. Vivía en San Luis, lugar desde donde fue secuestrado el 24 de junio de 1977. Por declaraciones judiciales y extrajudiciales suyas se puede acreditar la fecha y su destino. Inmediatamente fue trasladado al campo Las Lajas en Mendoza. Estuvo allí hasta agosto de ese año.

Es un sobreviviente cuyo testimonio resulta fundamental para el reconocimiento del lugar, tanto para su descripción física como para su reconstrucción como centro clandestino de detención. Para llegar había que transitar un camino de tierra y atravesar una tranquera. En un primer momento fue introducido en una carpa donde lo torturaron salvajemente un día entero. Luego estuvo una semana en un lugar similar pero más grande que también tenía piso de tierra. Finalmente, lo llevaron a una construcción de chapa donde compartió cautiverio con tres hombres más: uno que no recuerda, otro con la pierna enyesada a causa de una herida de bala y uno mayor que le dijo ser rector de la UNSL. Si bien no pudo identificar al primero, fueron tan elocuentes las descripciones de Ferraris que, aún en ausencia de prueba documental, se pudo afirmar que los otros dos eran Osvaldo Zuin y Mauricio Amílcar López, respectivamente.

Sobre el lugar, relató además que “salían y entraban vehículos” que “llevaban y traían gente”. En “bajar al pueblo”, como decían los guardias, se demoraban aproximadamente media hora. La descripción de Vivian Acquaviva, también sobreviviente de este CCD, coincide plenamente. Un rancho, sin luz y con piso de tierra. Por fotos, luego, reconoció la entrada al sitio.

Horacio Ferraris presentó una denuncia en 2004 y, en instrucción, elaboró un croquis de Las Lajas. Nadie había concurrido al lugar hasta ese momento. El juez dispuso la inspección y el dibujo elaborado en esa ocasión coincidió sustancialmente con el del testigo. El relato del soldado Ruggeri, quien guió en ese momento, ratificaba las menciones del denunciante.

No se sabe con exactitud qué día ingresó Mauricio Amílcar López al campo Las Lajas. Tenía 58 años de edad cuando fue secuestrado el 1 de enero de 1977. Su sobrino vio, desde el techo, cómo se lo llevaban, en un Ford Falcon, guardias y personas con traje militar. López era un hombre reconocido, había integrado el Consejo Mundial de Iglesias y fue el primer rector de la UNSL.

Una carta, manuscrita por la víctima según reconocieron sus familiares, despachada desde Chile el 4 de enero de 1977, menciona que está ausente pero bien tratado y alimentado. Como remitente figuraba la sigla AADAL (Asociación Anticomunista de América Latina), en un intento más de las FFAA de atribuir los hechos ilegales a organizaciones paramilitares.

La inexistencia de certezas sobre el paradero de López después de su secuestro implica un “déficit en términos de reconstrucción histórica pero no afecta a la atribución de la responsabilidad penal a los culpables”, precisó Rodríguez Infante. El testimonio de Horacio Ferraris evidencia que Mauricio López y Osvaldo Zuin estaban en la casa de chapa cuando él arribó. Ellos no tenían vendas en los ojos, circulaban por el lugar y lo conocían bastante bien. Además, cuidaban de él y preparaban la comida y el café de quienes los custodiaban.

Son múltiples los testimonios que pueden acreditar el secuestro e itinerario de detención de Héctor Osvaldo Zuin. Meschiatti, Denaro Hernández, Sallei Mellado, Carreras, Ferraris. La víctima se fue de Mendoza a fines del ‘76 o principios del ‘77 y se vio con una amiga en enero de ese año en Córdoba.

Teresa Meschiatti declaró haber visto a “Horacio”, como le decían, en el centro de detención La Perla. Contó que era un exseminarista y estaba herido de bala en una pierna. Sin embargo estaba contento porque sabía que lo trasladarían a su provincia. Por las características físicas y las circunstancias que contó Ferraris, Osvaldo Zuin fue parte del grupo de cuatro hombres que estuvieron alojados en esa construcción de chapa en Las Lajas aunque no se sabe cuándo ingresó.

María del Carmen Marín vivía en Buenos Aires y estudiaba Bellas Artes. Militaba en la Juventud Peronista y, preocupada por su destino, vino a Mendoza en las vacaciones de invierno. Fue secuestrada diez días después de llegar a la Provincia, con 23 años. Durante el tiempo que estuvo acá le fueron enviadas cartas escritas en código, advirtiéndole que corría peligro. El 27 de julio llegó un compañero de Buenos Aires apodado “tucumano” que le dijo a la madre de María del Carmen que tenía una pastilla de cianuro para su hija por si eran capturados. El chico era Juan Ramón Fernández.

Esa noche tuvieron una reunión familiar con este hombre y discutieron largas horas cuál sería la mejor decisión para proteger a María del Carmen. Ella y Fernández salieron a tomar un café y no volvieron más. Fue el Equipo Argentino de Antropología Forense quien le informó a la familia Marín que Ricardo Cabello, un sobreviviente de El Vesubio, declaró haber visto a Fernández en ese centro clandestino. El Tucumano le relató su detención en la estación de Mendoza, con una compañera “rubiecita”.

Horas más tarde, alrededor de las 6 de la mañana, fueron a buscar a Carlos Marín, su padre, quien vivía con su hermana. Le preguntaron por las cartas de su hija y lo secuestraron.

El testimonio de Horacio Ferraris esclarece el operativo. Una noche a fines de julio trajeron a Las Lajas a una pareja. El joven fue atado a un mástil y salvajemente torturado. La mujer, para evitar esa suerte, tomó una pastilla de cianuro y se suicidó. Los perpetradores la patearon después de muerta con bronca por no haber podido torturarla. Los efectivos salieron y volvieron horas más tarde con el padre de la chica. Desde ese momento no se tuvo más noticias sobre Carlos y María del Carmen Marín. Juan Ramón Fernández, en cambio, fue trasladado con Ferraris en un avión. Este último fue dejado en Córdoba y el primero siguió viaje. Fue visto por última vez en El Vesubio y el hecho está confirmado por la sentencia de la causa de ese centro clandestino, de marzo de 2015.

testimonios

Además de la ya mencionada carta enviada por Luque al presidente en 1995, primera mención sobre Las Lajas, dos años más tarde relató su detención en este CCD ante la Legislatura de Mendoza. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación inició una investigación en calidad de querella. En Mendoza, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, representando a la familia de Mauricio López, insistió con su elevación a juicio.

La Fuerza Aérea respondió a la justicia a través de un informe realizado por el comodoro Puig en 2004. Allí se explicaba la compra y donación del predio en la década del ’40. Según el texto, funcionó como campo de tiro y adiestramiento hasta su intervención para las pericias judiciales de 2004, con excepción del intervalo 1976-1982, cuando se suspendió su uso a raíz de un accidente.

Además de los testimonios de los tres sobrevivientes, la extraña muerte del conscripto José Dimódica arrojó información sobre el CCD. La familia del joven soldado que realizaba la guardia en Las Lajas refirió los relatos escuchados del propio Dimódica respecto de camiones con gente y un pozo donde se oían personas. Estos comentarios y la muerte en una situación dudosa cubrieron de sospechas a la Fuerza Aérea.

Calificaciones legales

Por esta causa están imputados Paulino Enrique Furió y Juan Carlos Santamaría, este último exclusivamente por el caso de Mauricio López.

En primer lugar, Rodríguez Infante sostuvo que todos los sobrevivientes fueron sometidos a sesiones tradicionales de tortura (desnudez, tortura con picana sobre una mesa, golpes y violación en el caso de Vivian Acquaviva). También hay certezas sobre algunas de las personas desaparecidas por el testimonio de Ferraris (oyó cómo torturaron a Juan Ramón Fernández y Carlos Marín). Más allá de esto, las condiciones de detención, el conocimiento de la tortura ajena y el régimen de reclusión configuran por sí mismos el delito de tormentos.

La muerte de María del Carmen Marín por ingesta de pastilla de cianuro mereció una reflexión sobre la responsabilidad por homicidio. Para la Fiscalía, la víctima no optó libremente por el suicidio sino como alternativa para evitar padecimientos posteriores que se presentaban como certeros (la tortura que ya habían descargado sobre su compañero). Por lo tanto, fue obligada a infringirse una autolesión y los responsables de ponerla en esta encrucijada deben ser considerados autores mediatos de su muerte. Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia al confirmar la sentencia de una causa de la ESMA.

La prioridad de la inteligencia

Según el Ministerio Público, estos hechos y sus imputados llevaron a investigar por primera vez en profundidad la tarea de inteligencia de las Fuerzas Armadas, como se hizo con la policía y el D2 en juicios anteriores. El interés es determinar qué rol jugó la Fuerza Aérea en particular, dado que Santamaría era el máximo jefe de inteligencia de la IV Brigada.

Este tramo del alegato comenzó analizando la normativa general que trazó las directrices de las actividades de inteligencia para las tres fuerzas, antes y después del Golpe Militar. Entre ellos, la “Directiva del Consejo de Defensa” (1975), los reglamentos sobre “Organización y funciones de los Estados Mayores”, “Instrucción de lucha contra guerrillas” (1969), “prisioneros de guerra” (1969) y “operativos contra fuerzas irregulares” (1970). Además de documentos reservados y secretos como “Unidad de inteligencia” (1973).

De su lectura se desprenden los objetivos de la inteligencia y su instrumentalización: obtener información sobre el aparato político administrativo del enemigo, crear inestabilidad constante para las organizaciones, eliminar o desalentar el apoyo hacia las mismas, identificar integrantes, entre otros. El jefe de inteligencia es el primer miembro del Estado Mayor y las máximas autoridades de las unidades abocadas a esta tarea son responsables de conducir los interrogatorios. Además, explican la existencia de órdenes personales y verbales y la destrucción de documentación relacionada con esta función.

Esto demuestra que la inteligencia fue una tarea prioritaria, cuyos jefes recibieron formación especializada y cuyos procedimientos estaban preestablecidos por las máximas autoridades militares.

La audiencia con el cierre de las acusaciones y el comienzo de los alegatos de la querella será el viernes 1 de junio a las 9.30.

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Audiencia 61 / FIN DEL CASINO E INICIO DEL D2

04-05-18 / Para dar seguimiento a la etapa de Alegatos, la Fiscalía expuso sus consideraciones finales sobre la causa del Casino de Suboficiales. Luego, Daniel Rodríguez Infante introdujo el análisis de las causas vinculadas a la Policía de Mendoza con una reseña del origen y funciones del D2. La fiscal Patricia Santoni, por su parte, se abocó a la revisión de los casos contenidos en dichas causas.

Acusaciones Ledesma y Carelli

El fiscal ad-hoc Rodríguez Infante retomó los hechos que sustentan la acusación de Ledesma y Carelli por los delitos del Casino de Suboficiales pendientes al finalizar la audiencia anterior.

Sobre Armando Carelli y el trato personal que tenía con las detenidas, se abordó un hecho que involucró a Dora Goldfarb, una de las víctimas, y que significó una sanción para el imputado que consta en su legajo.

Como relató la propia testigo, la mujer tenía, al momento de los hechos, un auto recién comprado y Carelli le propuso entregarlo para colaborar con el ejército. Con este fin, la condujo fuera del predio hasta su domicilio pero no logró persuadirla de entregar las llaves.

En su indagatoria, Carelli se defendió con un argumento “ridículo” según el cual la habría llevado a su casa porque uno de sus hijos estaba enfermo. Peor aún, los superiores del acusado responsabilizaron a Goldfarb por seducir a Carelli para salir del Casino. Otro ejemplo más de la violencia heteropatriarcal del aparato represivo, como señaló el fiscal.

También se mencionaron las modificaciones progresivas que el acusado debió hacer en sus declaraciones, dadas las contundentes pruebas en su contra. Primero negó haber participado de los interrogatorios y luego debió reconocer su presencia diaria en el Casino. Las testigos aseguran que los interrogadores, dentro de los cuales se encontraba Carelli, incluso mostraron sus credenciales de la Fuerza Aérea.

La Fiscalía acusó a Carlos Ledesma como autor mediato y a Armando Olimpo Carelli como coautor por los delitos de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por durar más de un mes y por mediar violencia y amenazas, por 15 hechos.
  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, en el caso de María Elena Castro.
  • Tormentos agravados por la condición de perseguidas políticas de las víctimas, en los 16 casos.
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor o persona encargada de la guardia, por los casos de Vilma Rúpolo y Olga Salvucci.
  • Violación con abuso sexual agravado por acceso carnal por la calidad de autor o persona encargada de la guardia, por Carmen Corbellini.
  • Asociación ilícita en calidad de jefes u organizadores, en concurso real.
El D2

El Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Mendoza fue creado mediante una ley de 1970 que organizó a la policía en una jefatura y cinco departamentos (D1: personal; D2: informaciones policiales; D3: operaciones policiales; D4: logística; D5: judicial). El D2, a su vez, constaba de cuatro dependencias: a) Investigación de informaciones, b) Reunión, c) Planes e instrucción y d) Central. Si bien fue concebido para el abordaje de todo tipo de delitos, terminó abocado al control y la represión política en el marco de la “lucha antisubversiva”. Existió un Reglamento Reservado que regía las funciones otorgadas a la dependencia pero la Fiscalía nunca pudo encontrar ese valioso documento. Mucho material fue destruido, como sucedió con los Libros de Ordenes de Reunión, así como los prontuarios o legajos políticos de las y los desaparecidos sobre los que hizo inteligencia el D2.

En 1977 se operó un reacomodamiento de los Departamentos de la Policía local y el D2 pasó a denominarse Dirección de Informaciones 2. En 1979 quedó vinculado a la Dirección general de apoyo operativo.

Desde su creación, en 1970, se estableció que todas las dependencias, seccionales o comisarías debían reportar, ante el D2, todas las novedades sobre reuniones, concentraciones, huelgas y toda manifestación colectiva que llegara a su conocimiento.

De acuerdo a lo expresado por el fiscal Rodríguez Infante, el D2 contaba con dos facetas. Era un órgano de inteligencia y, a la vez, un Centro Clandestino de Detención (CCD).

En tanto órgano de inteligencia, no hay duda de que su función no se reducía a un simple centro de informaciones como intentan afirmar los imputados, sino que hacía inteligencia, nervio vital para la represión. Pruebas de ello son las declaraciones indagatorias de los jefes, Santuccione, Sánchez Camargo, Oyarzabal, etc., valorados en esta causa.

Asimismo, fue el principal CCD de Mendoza: por allí pasaron unas 300 personas detenidas clandestinamente, sometidas a torturas y a un régimen de reclusión infrahumano.

Desde 1975 en adelante, el D2 fue cobrando relevancia entre las FFAA y de seguridad abocadas a la represión política. Contaba con hombres preparados, poseía infraestructura y condiciones operativas.

Tuvo la característica particular de confeccionar sumarios preventivos a la mayoría de las víctimas que pasaron por allí. Ello posibilitaba la formación de causas penales, dibujadas a su gusto, que pasaban a la justicia.

El D2 funcionó en el 1º piso del Palacio Policial y en el entrepiso se hallaban los calabozos. Sobrevivientes de ese CCD dieron cuenta de que una sala principal de torturas estaba en el 2º subsuelo. Al mismo tiempo, ubicaron una segunda sala en el 1º subsuelo y hasta una tercera.

Según el fiscal, está probada la participación del D2 en 60 homicidios que incluyen a víctimas de desaparición forzada. Por lo menos 11 estuvieron alojadas en el D2, aseguró.

causa por causa

La fiscal Patricia Santoni se encargó de iniciar la revisión de las causas para determinar las pruebas existentes y las responsabilidades de los acusados.

Roberto Marmolejo, estudiante en la UTN y militante de la agrupación TUPAC, fue detenido el 17 de marzo de 1976. El operativo en su domicilio fue realizado por el Ejército. De camino al D2 pararon en la casa de Rosa Marta Agüero, miembro de la Liga por los Derechos del Hombre, y también la levantaron (la causa por detención de Agüero, inserta en este juicio, se cayó debido al fallecimiento del general Menéndez, único imputado).

Hay un acta de detención del Ejército como prueba del operativo y un Habeas Corpus, presentado por su padre.

Una vez en el D2, fue sometido a golpes y severísimos tormentos durante 11 días. Existe prueba testimonial aportada por Haydée Fernández y Enrique Barroso que afirman haber compartido cautiverio. Este último estuvo en la misma celda; recordó que cuando lo traían de la tortura, Marmolejo “quedaba tirado, no sé podía mover”.

El 28 de marzo pasó a la penitenciaría provincial y de allí a la U9 de La Plata. Salió en libertad en agosto de 1978.

Por este caso está acusado Osvaldo Armando Fernández, oficial de Inteligencia del D2, enlace con la Comunidad Informativa, ya condenado en anteriores juicios por numerosos crímenes. Se trata de un personaje altamente especializado en inteligencia y contrainteligencia. Fue profesor ad hoc en esa especialidad.

Fernández Miranda es acusado por la causa Marmolejo, como autor mediato de:

  • privación abusiva de la libertad agravada.
  • tormentos agravados.

Alfredo Hervida Miguel, estudiante de 21 años, secuestrado en la vía publica el 17 de diciembre de 1976. En primera instancia fue llevado a la Comisaría 31 donde recibió tal golpiza que quedó lesionado en una pierna. Al día siguiente recaló en el D2 y recibió los consabidos tormentos.

El 10 de enero pasó a la cárcel y también fue sometido a torturas tal como consta en las numerosas declaraciones realizadas por Hervida. En marzo paso a la U9 de La Plata y salió en libertad en 1980.

Prueba de su detención y torturas son el sumario labrado por la policía que lo sindica como miembro del Partido Comunista Marxista Leninista y una nota de remisión del detenido a la cárcel, firmada por el jefe del D2, Oyarzabal. También en su prontuario penitenciario consta la lesión sufrida en su pierna.

Por los padecimientos de Hervida está imputado Paulino Furió. El exteniente coronel del Ejército estuvo a cargo de la jefatura del G2, Inteligencia de la 8va. Brigada de Montaña. También revistió en el G3, el Grupo de Operaciones. Ambas áreas, altamente comprometidas en la “lucha antisubversiva”.

Furió está acusado como autor mediato de:

  • privación abusiva de la libertad agravada.
  • tormentos agravados.

Miguel Ángel Rodríguez, apresado el 17 de diciembre de 1976, integra una misma causa con Alfredo Hervida.

Rodríguez fue sorprendido por policías de la Seccional 33 del Barrio San Martín, distribuyendo volantes con contenido político junto a un compañero. Inmediatamente, ambos fueron detenidos y trasladados a esa comisaría donde recibieron golpes y torturas. Allí se labró un acta de procedimiento en la que consta que los jóvenes eran Montoneros. Luego, pasaron al D2.

Al igual que Hervida, los dos aprehendidos fueron trasladados a la cárcel el 10 de enero. Meses después, Rodríguez fue transferido a la U9 de La Plata de donde salió en libertad.

Por esta causa está acusado el jefe de la Seccional 33, Carlos Alberto Luciani. El policía se inició en esa dependencia; en el ‘75 se desempeñó en la Compañía Motorizada hasta que regresó a la 33 en calidad de jefe. Luciani trató de deslindar responsabilidades por sendas detenciones al señalar que se encontraba de vacaciones. Lo cierto es que está documentado que la licencia culminó un día antes del episodio descripto.

La fiscal destacó el rol de las comisarías calificándolas de “satélites y ayuda” en la tarea represiva. Rememoró las sentencias emitidas en anteriores juicios que condenaron a miembros de las comisarías 7ma. de Godoy Cruz y 13va. de Rivadavia.

En esta causa, Carlos Luciani está acusado como autor mediato de:

  • privación abusiva de la libertad agravada.
  • tormentos agravados.

Alfredo Luis Ghilardi había sido un activo militante pero al momento de su detención ya no tenía actividad política. Fue legislador provincial por Rivadavia durante el gobierno de Martínez Baca y es parte del grupo de seis personas del Este mendocino detenido entre el 8 y el 16 de septiembre de 1977. Declaró en numerosas oportunidades.

En agosto de 1976 sufrió una detención de 48 horas en la que fue llevado a la Unidad Regional Primera y luego a la Compañía de Comunicaciones. La causa pertinente a este juicio es la del secuestro de septiembre del ‘77 cuyo destino directo fue el D2. Allí permaneció ocho días hasta el 21 de ese mes y fue trasladado a la penitenciaría provincial. Declaró no haber sufrido tormentos físicos como sus compañeros, pero sí psicológicos. Es un testigo clave en la causa que investiga lo ocurrido a Olga Inés Roncelli ya que compartió cautiverio con ella en el D2 y la escuchaba gritar su nombre.

Ghilardi recuperó su libertad el 25 de abril de 1978. Nunca se intentó justificar o “blanquear” su situación de detención mediante ningún medio.

Por los hechos ocurridos en perjuicio de Ghilardi ya han sido condenados Paulino Furió y Ricardo Miranda pero es posible extender la acusación a Alcides París Francisca, quien también ha sido condenado por otros hechos. Fue jefe de la policía de Mendoza desde fines del ‘76 hasta fines del ‘79, cargo que lo habilitó para integrar la Comunidad Informativa bajo reglamento del Centro de Operaciones Tácticas (COT). En su indagatoria se jactó de haber concurrido a todas las unidades policiales y de haber tenido trato personal con familiares de personas desaparecidas.

La representante del Ministerio Publico Fiscal, Patricia Santoni, pronunció la acusación contra Alcides París Francisca, como autor mediato de los siguientes delitos:

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes.
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima.

Olga Inés Roncelli tenía 27 años y estaba casada con Alfredo Saieg, con quien tenía un hijo. Vivían en el barrio Trapiche de Godoy Cruz. Era profesora de matemática, física y cosmografía. Ejercía la docencia en la escuela del Magisterio y en una escuela técnica de Lavalle. Tenía actividad social en el colegio Virgen del Rosario y militancia política en la Organización Comunista Poder Obrero.

Su esposo es el principal testimonio en la causa. El 13 de septiembre de 1977 Olga fue a dar clases al Magisterio en su Fiat 128. Nunca volvió y el auto tampoco apareció. Su marido recorrió varios lugares buscándola y al día siguiente hizo la denuncia en la Comisaría 7ma.

Saieg declaró que ambos sabían que ella estaba siendo seguida desde un mes antes de su secuestro. En distintas situaciones anotaron modelo y patente de los autos que les parecían sospechosos. En una oportunidad cuando llevaban a su hijo a la guardería se sintieron en peligro y fueron directamente a la policía. Fueron escoltados por Aldo Patrocinio Bruno para su “seguridad” hasta que llegaron a su casa.

El grupo de personas de Rivadavia dio cuenta de que ella estuvo en el D2. Tanto Burgoa como Carrasco y Rossi mencionaron a una chica que estaba muy golpeada, gritaba mucho, la sacaban y la traían. Ella gritaba su nombre y pedía que dieran aviso a su familia. Fue Alfredo Luis Ghilardi quien recordó que la mujer era Olga Inés Roncelli (o Saieg) y era profesora de matemática. En un momento la mujer se calló y él escuchó cómo sacaban algo de la celda. Además, el padre de la víctima se entrevistó personalmente con el testigo cuando éste formaba parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y le reveló que había compartido detención con su hija.

Por la causa de Olga Inés Roncelli están acusados Paulino Enrique Furió, Alcides París Francisca y Ricardo Benjamín Miranda, como jefe de inteligencia, jefe de policía y jefe del D2, respectivamente. La responsabilidad penal es por ser autores mediatos de:

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas.
  • tormentos agravados por la condición de perseguida política de la víctima.
  • homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas.

Los imputados ya están condenados por asociación ilícita, razón por la cual no se los acusa en esta oportunidad por ese crimen.

Fredi Ramírez Longo tenía 29 años y vivía con su esposa en San Martín. Trabajaba en la librería Simoncini del centro de Mendoza. Simpatizaba con la Juventud Peronista y era amigo de Bonoso Pérez, reconocido militante del peronismo.

Fue detenido cerca de su trabajo el 11 de septiembre de 1978 por personal de civil. Debido a que se resistió al secuestro tuvo que intervenir un patrullero como refuerzo. Lo trasladaron al D2 donde padeció veintidós días “de terror y tormento”. El 3 de octubre ingresó al penal provincial.

La familia de Ramírez no supo nada sobre su paradero por dieciocho días. Luego recibieron del D2 su ropa ensangrentada, una muestra más de los tormentos sufridos en el CCD.

Como prueba documental, la Fiscalía mencionó un acta que labró el D2 en la que se refiere el operativo llevado a cabo por personal de dicha dependencia con ayuda de una patrulla de la policía motorizada. Según el documento, la detención se realizó por el parecido de Ramírez con un militante montonero prófugo. Lo mismo sostiene un acta que elevó el D2 al Comando de la 8va. Compañía de Montaña informando sobre el procedimiento. También confirma su itinerario la nota de remisión del D2 a la penitenciaría, firmada por el propio Oyarzabal.

El caso de Ramírez es particular por dos razones. En primer lugar, se demostró que en tres ocasiones fue retirado de la cárcel por personal del D2 y trasladado a esa dependencia para ser nuevamente interrogado bajo tortura, luego de lo cual regresó a la penitenciaría.

Estos hechos fueron confirmados por las declaraciones del propio Ramírez y de dos compañeros de celda. Además, su esposa notó moretones durante una de sus visitas al penal y decidió presentar un Habeas Corpus por las condiciones de detención, que fue rechazado. Las tres salidas al D2 también constan en su prontuario penitenciario.

Otra singularidad de este caso fue el recorrido judicial de su causa. Un Consejo de Guerra condenó a Ramírez a veinte años de prisión. Sus abogados interpusieron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema denunciando la irregularidad del proceso y los apremios sufridos por el detenido, razón por la cual la Corte dejó sin efecto la condena y ordenó investigar el accionar de la Justicia Federal. Sin embargo, recuperó su libertad recién, desde el penal de Caseros, el 19 de septiembre de 1983, luego de cinco años de detención ilegal.

Por esta causa están acusados dos ex jefes de la policía de Mendoza: Alcides Paris Francisca y su sucesor, Mario Laporta (1979-1982). Ambos cuentan con condenas previas por delitos ocurridos en el D2 mientras fueron la máxima autoridad policial, entre ellos, por asociación ilícita.

En perjuicio de Fredi Ramírez Longo, se los imputa como autores mediatos por los delitos de:

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas.
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima.

Carlos José Mauri era sargento retirado y mecánico de armas. Fue detenido en 1979 a los 68 años y falleció poco después de recuperar la libertad, en octubre de 1980. La única declaración de Mauri consiste en su denuncia ante el Consejo de Guerra en mayo de 1979.

Los testimonios de su esposa e hija dan cuenta de la detención ocurrida el 27 de abril en el domicilio familiar del barrio UNIMEV. Las mujeres trataron de seguir el vehículo en el que se lo llevaron con la ayuda de un vecino pero perdieron el rastro.

Preguntaron en el D2, donde efectivamente fue trasladado, pero no tuvieron certezas hasta que el novio de su hija, abogado con contactos militares, obtuvo una respuesta afirmativa. También les entregaron vestimenta de Mauri ensangrentada.

En el D2 compartió cautiverio con otros cinco armeros, todos conocidos y amigos. Mario Lorenzo Carrasco, uno de ellos, declaró los brutales golpes sufridos por Mauri que desembocaron en su traslado al Hospital Militar, luego de veintidós días. Allí permaneció en calidad de detenido, con custodia, hasta su liberación el 31 de diciembre de 1980.

La esposa declaró que pudo visitarlo en el hospital y observó que tenía la nariz quebrada. También escuchó de boca de la víctima los tormentos padecidos en el CCD. Según su familia, por el sufrimiento que experimentó, enfermó de cáncer y debió ser operado en el mismo hospital. Una vez libre, murió sin poder moverse del domicilio, diez meses después.

Por estos hechos, la Fiscalía acusó a Mario Laporta como autor mediato por la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes. También se lo responsabiliza por el delito de tormentos.

Los alegatos continúan en la próxima audiencia, el 17 de mayo, en el horario habitual.

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