Audiencia 72 / RÉPLICA DE LA FISCALÍA

26-07-18 / El Ministerio Público Fiscal replicó a los alegatos de los defensores. Daniel Rodríguez Infante respondió al pedido de nulidad por prescripción de las causas y contestó los argumentos defensistas. El fiscal Dante Vega se refirió a la nulidad de asociación ilícita y a la inconstitucionalidad de las incorporaciones de las declaraciones por lectura y la prisión perpetua.

El fiscal ad hoc comenzó la jornada reconociendo el trato respetuoso dispensado a las víctimas por parte del Defensor Público, Leonardo Pérez Videla. Después, Rodríguez Infante, recordó las expresiones de Pérez Videla que remiten a la “teoría de los dos demonios”. Así, rebatió la existencia de un conflicto beligerante o una guerra en el momento que se desarrollaron los hechos. Aseguró que el defensor no esgrimió los fundamentos ni citó fuentes para tal aseveración que resultó sin finalidad defensiva. “No hay que dar opiniones sino fundamentarlo”, insistió.

Para replicar, echó mano de varios antecedentes y afirmó que el tema está zanjado desde el fallo de la Causa 13. Para ese fin leyó un fragmento del mismo fallo que apoya se postura.

Rodríguez Infante también contestó al abogado particular del exvicecomodoro Santamaría, Carlos Benavídez, quién adhirió a las solicitadas planteadas por el defensor oficial. Esta posición pretendió igualmente caracterizar a la etapa como de beligerancia. Rodríguez Infante recordó que, con gran ligereza, se propuso juzgar a los miembros de las organizaciones político militares. Al respecto el fiscal se preguntó a quiénes se juzgaría y puntualizó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ya se expidió en sentido contrario. Incluso, trajo a colación el caso Larrabure en el que se acusa a un exintegrante del PRT por la muerte de ese militar, encuadrándolo en delito de lesa humanidad. Acusación que no prosperó.

Para finalizar el análisis de la introducción que realizara la defensa, aludió a afirmaciones genéricas de que algunos testigos-víctimas entraron en contradicciones o mintieron. El fiscal se remitió a varios fallos que evidencian que no es posible una declaración lineal. Las experiencias y percepciones son personales. Ejemplificó con los casos de quienes, horriblemente ultrajados en el D2, al ser trasladados al 8vo. de Comunicaciones, no advirtieron que el trato recibido configuraba tormentos y lo consideraron normal.

Pedido de Nulidad

El fiscal ad hoc, a lo largo de su exposición, reiteró que los enunciados eran genéricos, inespecíficos, sin anclaje en las normas y tejió hipótesis sobre qué se supone trataron de decir los defensores.

En el primer tramo de la réplica se refirió a la nulidad por la prescripción de las causas contenidas en el debate, debido a la infracción al principio de legalidad. En tal sentido Rodriguez Infante descartó la afectación de este principio pues los fallos de la Corte Suprema han ratificado la imprescriptibilidad de los delitos que se juzgan, incluso en su nueva Constitución. Recordó el deber de leal acatamiento a estos fallos.

Sustentó que la costumbre como fuente de derecho halla su respaldo en la legislación nacional e internacional y rebatió la interpretación del artículo 18, 118 y 75, inc. 22, realizada por la defensa. Agregó que la costumbre como fuente de derecho estaba vigente al momento de los hechos y recordó que la Convención Internacional de Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad o cometidos en contexto de guerra data de 1966.

Además, detalló los tratados internacionales y casos que han sentado jurisprudencia al respecto. “No hay retroactividad”, afirmó ya que no importa cuándo se cometieron estos delitos porque son de carácter continuo.

Sobre asociación ilícita, prisión perpetua e incorporación de las declaraciones

Por su parte, el fiscal Dante Vega, comenzó valorando el respeto por las víctimas de parte de la defensa pública. A continuación, explicó que la prisión perpetua es constitucional y esto es afirmado por Tribunales Federales y por la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP). Además, en nuestro país, la prisión perpetua no es en sentido estricto sino que hay mecanismos para acortar la reclusión. Esta pena también es convencional ya que no viola ningún punto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre personas mayores.

Se explayó más al referirse a la nulidad que planteó la defensa sobre la acusación por el delito de asociación ilícita. Vega introdujo que ya en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la Provincia se incluyó esto en la ampliación de la acusación. Aunque fue rechazado por el tribunal fue confirmado por la CFCP.

El defensor Pérez Videla afirmó en su alegato que los defendidos no fueron intimados debidamente. Sin embargo, explicó el fiscal, está puntualizado en la elevación a juicio formal y materialmente, “y así lo entienden los imputados”.

Citó a la reconocida estudiosa del tema, Patricia Ziffer, para afirmar que en la asociación ilícita “no es necesario que conozca a los otros integrantes” sino simplemente su existencia a los fines que los ocupan. No solo es imposible sino también irrelevante que la Fiscalía se encargue de precisar todos los integrantes de la banda criminal. La comisión de delitos es el motivo de la unión aunque el fin no hubiera sido ilegal. Los delitos juzgados no requieren un elemento convictivo. “No hay obstáculo procesal ni sustancial” para que los imputados sean acusados por el delito de asociación ilícita, concluyó Vega.

Por último, la Fiscalía cuestionó la posición de la defensa respecto de no acordar con la incorporación por lectura de algunos testimonios. Las personas que no pudieron declarar en juicio están fallecidas o están imposibilitadas física o mentalmente para asistir al debate. Todos estos casos entran dentro de lo estipulado por el artículo 391 del Código Procesal Penal de la Nación.

Es contradictoria esta posición de la defensa debido a que en juicios previos no ha habido reparos en aceptar esto y en este proceso tampoco hay un rechazo con especificaciones sino, simplemente, en términos generales. “No hay infracción al derecho de defensa” y se trata, simplemente, de un “planteo sin sustento”, en palabras de Daniel Rodríguez Infante.

Respuesta a la estrategia defensista

Luego de los planteos de nulidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad, el Ministerio Público Fiscal se encargó de replicar lo dicho por las defensas pública y particular. Daniel Rodríguez Infante expuso que podía dilucidar tres tipos de argumentos defensistas que se repitieron en las distintas causas: la prohibición de regreso, el razonamiento “no fueron mis defendidos, fueron otros” y la afirmación de que, si hubo un aporte, no fue relevante.

La prohibición de regreso es un principio que establece que, frente a un hecho culposo seguido de un hecho doloso, no se puede atribuir responsabilidad penal al primero. El fiscal desmintió los dichos de la defensa en este sentido estableciendo que en ningún momento hay hecho culposo, es decir, sin intenciones de ilegalidad. Tanto Usinger como Rico fueron defendidos con este argumento sin sustento. Los hechos eran todos ilegales: secuestro, torturas, traslado de detenidos ilegales, indagatoria judicial en sede policial. El simple hecho de formar parte del aparato organizado de poder es doloso y no está libre de persecución penal.

El argumento según el cual se sostiene que, efectivamente, pasó lo que relatan las víctimas pero los que cometieron el delito no son los defendidos tiene tres tipos de culpables en la mira: en primer lugar, el argumento ya conocido de que la culpa la tienen los muertos como pasa en el intento de confusión de Usinger con Smaha.

En segundo lugar, la afirmación según la cual los responsables son quienes no están siendo investigados como el caso de Alliendes, Straniero o Hernández. Olvida la defensa que es importante tener en cuenta que todos los ejemplos nombrados están siendo investigados y muchos están acusados aunque no estén en el presente juicio. Es relevante aclarar que de ningún modo le quita responsabilidad a los imputados el hecho de que haya otros responsables.

En tercer lugar, la intención de hacer creer que los que cometieron los ilícitos eran individuos pertenecientes a subgrupos o grupos secretos como en los casos de Susso, Bermejillo, Galván y Ocaña. Este argumento “no puede prosperar”, aseguró Rodríguez Infante, ya que es inexplicable que la única responsabilidad la tengan grupos secretos que nadie conoce en la estructura estatal. Se torna más insostenible aún cuando se intenta defender con esto a jefes de centros clandestinos que tuvieron a su cargo personas detenidas ilegalmente.

El último argumento defensista consiste en que si hubo algún aporte de los imputados, éste no fue relevante o esencial. Esta estrategia de defensa fue aplicada sobre todo a integrantes, y a veces a jefes, de centros clandestinos de detención. El representante del MPF aclaró que aunque el dominio del hecho lo hayan tenido otros, eso no significa que el aporte al aparato represivo estatal no haya sido relevante. “La mayor o menor responsabilidad en un tramo no descarga la responsabilidad de otros en otros tramos”, finalizó.

Para concluir esta parte, la Fiscalía se encargó de responder tres puntos en particular a lo alegado por la defensa. La primera respuesta fue acerca de los delitos sexuales y reconoció al defensor oficial el hecho de no haber cuestionado el principio de congruencia. Sin embargo, aclaró Rodríguez Infante, que la figura de coautoría o autoría mediata es perfectamente aplicable aunque el defensor no esté de acuerdo. “Se trata de un delito de dominio” y no de propia mano por el hecho de que no hay una “finalidad específica de afectación del ejecutor”, sino que el objetivo es el ejercicio del poder.

En relación a la segunda respuesta, respecto del reconocimiento fotográfico, el fiscal sostuvo que estos reconocimientos son parte y complementan las declaraciones. No existe razón para oponerse a su incorporación como prueba ya que tampoco son alcanzados por los requisitos de la rueda de reconocimiento de personas.

La tercera respuesta estuvo referida a la causa contra la Fuerza Aérea. Rodríguez Infante aclaró que en el alegato ya se anticipó a lo dicho, posteriormente, por el defensor público de Furió y el defensor particular de Santamaría. Enumeró los argumentos de este último, Carlos Benavídez, para evidenciar lo sostenido: no hay confusión sino relación entre la División 2 de Inteligencia de la Fuerza Aérea y la Regional Oeste de Inteligencia; la equiparación entre el G2 y la División 2 de Inteligencia es legítima; la lucha contrasubversiva no fue llevada a cabo solamente por el Ejército y ejemplo de esto es que en próximos juicios hay más de 40 víctimas; no tiene relevancia jurídica si Santamaría estaba o no en Mendoza al momento del secuestro de Mauricio López; la distancia con Las Lajas no es trascendente, “Menéndez estaba a 700 km” y nadie duda de su responsabilidad; la escasa cantidad de efectivos no importa; lo sufrido por las víctimas no supone que todo lo haya hecho materialmente Santamaría, sino que es imposible que él haya sido ajeno a la situación; por último, las pretendidas contradicciones del testigo Flores Tejada no quitan responsabilidad al acusado.

La próxima audiencia es mañana viernes 27 de julio a las 9.30.

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Audiencia 64 / PEDIDO DE PENA Y ALEGATO DE LAS QUERELLAS

01-06-18 / La Fiscalía finalizó su alegato y explicitó el pedido de penas para 20 procesados en este juicio. El abogado Fernando Peñaloza, en nombre de la secretaría de DDHH de la Nación, alegó en la causa Las Lajas. Luego, la querella del MEDH hizo una contextualización, a través del letrado Pablo Salinas, para dar paso al alegato de Carlos Varela por la causa que tiene como acusado a Carlos Rico.

La Fiscalía inicio la jornada exponiendo sobre la actividad de inteligencia de la Fuerza Aérea por las causas del Centro Clandestino de Detención Las Lajas y concluyó con las acusaciones de los únicos dos imputados, Carlos Santamaría y Paulino Furió.

Después de abordar la prioridad que la Inteligencia tuvo para las Fuerzas Armadas en general durante la audiencia anterior, el fiscal Rodríguez Infante precisó, en esta ocasión, los roles de la Fuerza Aérea y de la IV Brigada, en particular.

La Fuerza Aérea se rigió por la normativa común a todas las fuerzas, además de documentos del Ejército y reglamentos propios. Por ejemplo, la ya citada Directiva del Consejo de Defensa de 1975 le adjudicaba responsabilidad de colaborar con el Ejército para la “conducción centralizada del esfuerzo de inteligencia”. Otra del mismo año, denominada “Lucha contra la Subversión”, establecía la integralidad y coordinación en esta tarea. También se ordenaba evitar la compartimentación de las distintas unidades específicas de inteligencia de cada fuerza militar o policial a través de la Comunidad Informativa.

Una particularidad en el caso de la Fuerza Aérea es la prueba documental existente en los legajos de sus miembros respecto de la participación en dicha Comunidad Informativa. Por ejemplo, la constancia de intervención de agentes en los interrogatorios de las detenidas en el Casino de Suboficiales dependiente de la 8va. Compañía de Comunicaciones.

La IV Brigada, según se desprende del análisis de legajos y libros anuales, se organizó mediante nueve divisiones. La número dos tuvo a su cargo la inteligencia y fue conducida por Padorno hasta diciembre de 1976, quien además integró la Comunidad Informativa como consta en su legajo. Desde esa fecha, y hasta 1980, la jefatura fue ocupada por Carlos Santamaría.

Las pruebas del accionar ilegal de la División 2 de la IV Brigada, además de la existencia de un CCD dependiente de esta fuerza, quedan confirmadas por la participación de García, Jofré, Carelli y López en el Casino de Suboficiales, quienes fueron evaluados por autoridades tanto del Ejército como de la propia Aeronáutica, en una clara muestra de acción conjunta y coordinada.

García, jefe de los interrogadores del Casino, era auxiliar en la División 2 de la IV Brigada y fue evaluado por su responsable Padorno, pero también por Dopazo (jefe del G2 de Inteligencia del Ejército), quienes remarcaron su “formación moral e ideológica perfectamente cimentada”, los “sacrificios personales” demostrados en una “guerra no declarada pero existente de hecho”. La evaluación de López, también auxiliar de la División II de la Fuerza Aérea, es elocuente: “se preocupa en transmitir su experiencia en operaciones antisubversivas”.

Pese a que algunos de los acusados quisieran desviar la responsabilidad de la actividad ilegal de inteligencia hacia el Ejército, el fiscal explicó que la creación de las regionales de inteligencia en 1976 –en el caso de Mendoza, la Regional Oeste- buscó reforzar la tarea previa de las distintas fuerzas y sus divisiones especiales, tal como aclaraba la normativa que les dio origen. La División 2 de la Fuerza Aérea se integró a la Regional.

Las acusaciones

El legajo de Carlos Santamaría da cuenta de una larga carrera en inteligencia: realizó el curso de Oficial de inteligencia del Estado Mayor en 1976 y fue auxiliar de Inteligencia de la 9na. Brigada Aérea antes de su traslado a Mendoza. Desde 1980 en adelante siguió desempeñando estas tareas en otras regionales.

Tanto Santamaría como Padorno tuvieron un rol protagónico en la toma de decisiones de la IV Brigada como jefes de división e integraron, además, el Grupo Base IV que incluía al Escuadrón Tropa, a la Compañía de Policía Militar y a la Subunidad COIN, que operó como patota.

La Compañía de Policía Militar, a cargo de Santamaría desde octubre de 1976 hasta 1979, tenía como función el mantenimiento del orden y la ejecución de procedimientos y está probada la participación en el operativo de abril de 1977 contra la familia Pérez-Pereyra. También se produjo la segunda detención de Segundo Alliendes, cuando el imputado era el jefe.

El Ministerio Público ratificó la veracidad del testimonio del exconscripto José Alberto Flores Tejada, quien aseguró haber visto descender de un avión a Carelli y Santamaría en agosto de 1977, conduciendo a varias personas vendadas, una de las cuales, evidentemente herida, iba en una camilla. Las horas de vuelo consignadas en su legajo avalan esta declaración.

Más allá de la demostrada participación de Santamaría en la represión ilegal como jefe de Inteligencia, en este juicio se lo juzga únicamente por la desaparición de Mauricio López. Rodríguez Infante aclaró que la responsabilidad penal del acusado no varía por la participación o no en la detención de López ya que durante su cautiverio en Las Lajas, el Jefe de la División II fue, indefectiblemente, Santamaría.

Se lo acusó como autor mediato por los delitos de:

  • homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas
  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima
  • asociación ilícita como jefe u organizador

A raíz de los hechos padecidos por las demás víctimas está acusado también Paulino Furió, Jefe de Inteligencia de la 8va. Brigada de Montaña del Ejército hasta septiembre de 1977, fuerza que, según se explicó, condujo las tareas de inteligencia y la represión ilegal. Se lo consideró autor mediato de:

  • homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Osvaldo Zuin, Juan Ramón Fernández, Carlos Marín y María del Carmen Marín
  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes, por cinco hechos
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por cinco hechos
  • robo agravado por el uso de armas de fuego, en perjuicio de Carlos Marín y Mauricio López
PEDIDO DE PENA

El fiscal Dante Vega concluyó el alegato del Ministerio Público leyendo el pedido de pena para los acusados. Aclaró que se consideraron las circunstancias agravantes y atenuantes previstas por el Código Penal tales como la extensión del daño, los vínculos personales de las víctimas y los victimarios, las circunstancias de comisión del hecho y los motivos.

Se pidió prisión perpetua para José Luis Mirotta, Marcelo León, Armando Osvaldo Fernández, Pablo Gutiérrez Araya, Alcides Paris Francisca, Diego Fernando Morales Pastrán, Paulino Furió,Ricardo Benjamín Miranda y Carlos Santamaría.

Y prisión para Carlos Rico (18 años), Carlos Ledesma (25 años), Osvaldo Carelli (23 años), Dardo Migno (18 años), Ramón Ángel Puebla (20 años), Carlos Alberto Luciani (8 años), Mario Laporta (16 años), Ángel Salinas (9 años y 6 meses), Carlos Álvarez (9 años y 6 meses), Miguel Ángel Tello Amaya (8 años y 6 meses) y Roberto Usinger (16 años y 6 meses).

Además, como anticipó Rodríguez Infante en relación al Casino de Suboficiales, se pidió al tribunal el reconocimiento para todas las mujeres como víctimas de violencia de género.

Por la Reconstrucción Histórica

Fernando Peñaloza realizó un breve alegato sobre Las Lajas, única causa en la que querelló la Secretaría de DDHH de la Nación.

En tal sentido, el abogado recordó que la primera denuncia sobre ese Centro Clandestino de Detención (CCD) Campo Las Lajas, se realizó en 2004, durante la gestión de Eduardo Luis Duhalde a cargo de la Secretaría de DDHH. Cabe decir que de su existencia, en realidad, se supo por una carta que Emilio Luque envió el presidente Menem, en 1995, motivado por un pedido de reparación. En ella daba cuenta de su detención en aquel predio.

En relación a su alegato, Peñaloza dijo adherir, en un todo, a las consideraciones que realizó la Fiscalía sobre el rol que le cupo a la Fuerza Aérea durante el Terrorismo de Estado, así como a las responsabilidades penales de Juan Carlos Santamaría y Paulino Furio, y a las penas solicitadas.

Asimismo, resaltó el valor de los juicios en tanto reconstrucción histórica de lo acaecido en esa etapa. Luego, aclaró que centraría su mirada en el Campo Las Lajas, a propósito de los testimonios que se corresponden con el período octubre de 1976 – agosto de 1977.

Hizo una breve recuperación de las circunstancias de detención de las víctimas, por orden cronológico. Hizo mención a Vivian Aqcuaviva, secuestrada en octubre del ‘76, quien aportó dos elementos: reconoció el lugar y vio a la desaparecida Virginia Suárez, secuestrada desde mayo del ‘76. Luego, a fines de aquel mes, Emilio Luque, tomado en su domicilio y alojado brevemente en Las Lajas, contribuyó con la descripción del lugar y la construcción erigida en el predio.

Horacio Ferraris, detenido entre junio y agosto de 1977, proporcionó la mayor información sobre el lugar, hizo el primer croquis e individualizó a dos de las tres personas que vio al llegar: Mauricio López, que se le presentó con su nombre y Osvaldo Zuin, cuyo seudónimo era Horacio, pero por las señas se pudo determinar su identidad. Acerca del tercer hombre que estaba en el lugar, hasta el momento se ignora de quién se trata.

También, en julio del ‘77, supo del arribo y destino de los desaparecidos María del Carmen Marín, su padre Carlos y Juan Ramón Fernández. Con éste compartió el vuelo que lo trasladaría. Él quedó en Córdoba, mientras que Fernández recaló en Buenos Aires. En el juicio por el CCD Vesubio, un testigo sobreviviente dijo haber escuchado de boca de Fernández, víctima de desaparición forzada, que fue detenido en Mendoza y cautivo en el mencionado campo.

Asimismo, el abogado resaltó el inequívoco reconocimiento que hizo Ferraris de Las Lajas. El custodio del lugar, Ruggeri, en el momento de la inspección, admitió que el testigo conocía con precisión el lugar y admitió las reformas que, efectivamente, se habían realizado.

Por último, cabe destacar que están documentadas las guardias y custodias del predio con excepción del periodo de 1976 a 1980, un indicio más de que en ese periodo funcionó en la ilegalidad.

Para finalizar, Peñaloza hizo una petición. Solicitó al Tribunal que emita una declaración por la que se reconozca al Campo Las Lajas como Centro Clandestino de Detención. Para ello hizo referencia a la legislación y pactos internacionales que dan características especiales a los crímenes que se juzgan. Insistió en que no se tratan de meros delitos previstos en el código penal, sino que, a través de ellos, se realiza una verdadera reconstrucción histórica.

Como antecedente citó un pedido del fiscal Palacios al juez Rafecas por los “vuelos de la muerte”, los que no tienen imputados, pero trascendieron. El juez determinó el reconocimiento de los vuelos en la jurisdicción de su competencia.

Tal declaración de reconocimiento como CCD obligaría al Estado a no tocar el campo, agregó, y eventualmente, sería preservado como sitio de Memoria.

Invocó, finalmente, el derecho a la verdad y a la reparación histórica de las víctimas.

Alegato del MEDH- Introducción

Pablo Salinas inició su alegato poniendo en valor la tarea de los Organismos de Derechos Humanos en la reconstrucción de los hechos acaecidos durante el Terrorismo de Estado.

Visiblemente emocionado, sostuvo que el pueblo argentino vivió una “catástrofe” y adelantó que debido a la extensión del daño ocasionado se diferenciará de la Fiscalía en la solicitud de las penas.

Asimismo, recorrió la actitud de los diferentes gobiernos hasta romper con “el silenciamiento que quiere volver a imponerse”, dijo. Destacó lo recorrido mediante los sucesivos juicios por delitos de lesa humanidad en los que quedó acreditado el plan criminal ejecutado por las fuerzas armadas y de seguridad.

Luego, con ayuda de filminas, hizo referencia a los insumos que permitieron avanzar en el esclarecimiento y se refirió a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los datos acopiados por la Comisión de Desaparición de Personas (CONADEP) y los juicios desarrollados en el país.

Realizó una caracterización del plan sistemático liderado por la Junta Militar, consistente en la acción conjunta del ejército, la marina y la fuerza aérea. Éste se basó en la doctrina de la Seguridad Nacional con influencia de la Escuela Francesa. Tomando este sistema, Salinas recordó que el país fue dividido en cuadrículas y puso en funcionamiento 340 centros clandestinos de detención.

El esquema de represión incluyó las torturas y las desapariciones forzadas enmarcadas en un plan sistemático que incluía las operaciones conjuntas y el control operacional por parte de las fuerzas armadas y de seguridad.

En tal sentido, el abogado, con indignación, recordó que los acusados suelen admitir “yo estuve allí” donde se cometían los crímenes, pero, falsamente, afirman “pero no participé”.

En el tramo final de la introducción de la querella del MEDH hizo un breve repaso de la legislación internacional violada por los ejecutores del Terrorismo de Estado.

Sobre Carlos Rico

En la segunda parte de la jornada, el abogado querellante Carlos Varela fue quien se encargó de desarrollar la acusación contra Carlos Rico. De pie y con un discurso sin titubeos, comenzó agradeciendo al imputado por haber afirmado sentirse seguro y con las garantías constitucionales preservadas. En este pasaje Varela hizo referencia a la declaración indagatoria de Rico, momento en el que habló del “contexto” que se vivía en los años en los que se cometieron los hechos que se juzgan. Al decir del imputado, “las organizaciones quisieron construir un paraíso y construyeron un infierno”. En la misma instancia, denostó su rango y actuación para librarse de la responsabilidad penal.

Varela acostumbra a solventar su palabra con analogías con otros campos como la historia o la literatura. Esta vez no fue la excepción. Recurrió a una leyenda de un general japonés que fracasó en sus batallas porque falló “el clavo en la herradura del caballo” en el que iba a transmitir un mensaje. Explicó que esta anécdota es una perfecta correlación con la Teoría del Detalle en Criminalística, una de las que se emplea para reconstruir los hechos. Partiendo de este punto, Varela leyó el legajo de Rico en los ’70, donde se calificaba su buen desempeño, pero se le sugería ser más humanitario.

A las personas perseguidas en el operativo de febrero del ‘76, conocido como Rabanal, se los acusaba por el asesinato del agente Cuello. “Cuando me mandaron al D2 tuve que preguntar dónde estaba”, citó irónicamente el abogado al imputado. El discurso cayó por sí mismo. No es posible que un oficial subinspector de Infantería no haya sabido la ubicación del Departamento de Informaciones 2 de la Policía de Mendoza.

En ese lugar no había ningún sitio oficial de reclusión sino oficinas de recolección y análisis de la información, al menos legalmente. Allí, Rico fue enviado a trasladar a quienes estaban detenidos en la clandestinidad. El estado de estas personas era deplorable y así fueron a declarar en la Unidad Regional Primera ante el juez Carrizo quien, previamente, había declarado la competencia para actuar en este caso.

Luego de ser brutalmente interrogadxs, los ingresaron a la penitenciaría. El parte médico de esa instancia denotaba numerosas heridas, golpes y daños que no existían al inicio del secuestro. Habían sido cruelmente torturadxs y maltratadxs.

La ejecución de las tareas estuvo a cargo de cabos y demás agentes pero no es el rango el que permite saber la participación. Sánchez Camargo dijo que eran 84 hombres quienes cumplían estas funciones. Y Varela afirmó, con seguridad, que Rico era uno de ellos.

Para comprender la responsabilidad que le cabe en la comisión de delitos de lesa humanidad a Carlos Rico, el abogado querellante se apoyó en el derecho internacional público, con base en la costumbre o ius cogens. La Cláusula Martens, de la Segunda Convención de la Haya, estableció en 1899 que lo no regulado “las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho internacional”.

El Estatuto de Roma estableció que la responsabilidad de mando es imputable, entre otras cosas, cuando por los efectos extensivos o intensivos de lo sucedido no se puede desconocer lo sucedido. Entre enero del ’75 y febrero del ‘76 se cometieron en Mendoza 16 desapariciones forzadas o ejecuciones sumarias. Existen en la misma etapa 72 procedimientos policiales. De aquí que Rico, integrante del cuerpo de Infantería de la policía de Mendoza no pueda alegar desconocimiento. Además, por su cargo ocupaba una posición de garante, es decir, se aprovechó de su posición para no evitar el daño o las consecuencias. Este es el infierno, no el que dijo el imputado en su indagatoria.

En la última declaración de Rico hizo referencia a cuatro policías que perdieron su vida por “la subversión”. Varela se tomó un tiempo para explicar los casos concluyendo que la misma fuerza no hizo nada para esclarecer sus muertes.

La próxima audiencia será el jueves 7 de junio.

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Audiencia 57 / CUENTA REGRESIVA CAMINO A LOS ALEGATOS

19-04-18 / En una resumida audiencia se determinaron ciertas cuestiones finales para la incorporación de la prueba, previo a la próxima etapa del juicio. Además, el Tribunal rechazó el pedido de reposición del abogado defensor Carlos Benavídez. Los alegatos comenzarán el jueves 26 de abril y se establecieron los límites de esa instancia.

La sala de audiencias estuvo más concurrida que de costumbre ya que para hoy se esperaba el inicio de los alegatos. Sin embargo, la jornada tomó pocos minutos, suficientes para dar los lineamientos necesarios antes de comenzar la instancia siguiente.

En primer lugar, el Tribunal rechazó el recurso de reposición solicitado por Benavídez, defensor de Juan Carlos Santamaría. Este abogado pidió declaración testimonial de algunos conscriptos de la Fuerza Aérea durante el año 1977, debido a la reciente incorporación del listado como prueba. Quien preside el juicio, el juez Daniel Cisneros, expuso que el abogado estaba equivocado respecto de la novedad de la incorporación del libro en cuestión. En este punto coincide con el Ministerio Público Fiscal al decir que este documento es parte de la causa contra miembros de la IV Brigada Aérea y pudo haberse visto o sido objeto de evaluación en instancias previas.

Respecto de las cuatro personas que no se podían ubicar, se pudo constatar su residencia fuera del país o fallecimiento solamente de tres. Es decir, se incorporarán las declaraciones previas de Josefa Rosario López, Armando Carmasa y Oscar Martínez. En el caso de Celmira Bustos no se tendrán en cuenta sus testimoniales anteriores porque no se pudo dar con la testigo ni conocer su destino.

Para cooperar con la buena fe procesal, el fiscal Daniel Rodríguez Infante individualizó cierta prueba a fin de que le fuera sencillo a las partes ubicarla, aunque ya es documentación incorporada al debate. Así, mencionó un informe elaborado por un grupo de trabajo sobre archivo de las Fuerzas Armadas, un boletín aeronáutico reservado, la constancia de una página web, el reglamento del régimen de servicio de la Fuerza Aérea y algunos legajos.

Cisneros hizo referencia al devenir del juicio y aclaró que, para los alegatos, la Fiscalía podría de disponer de cinco o seis audiencias, mientras que las querellas tendrán que ajustarse a dos.

El fiscal Dante Vega no pudo asistir a la audiencia por problemas personales. Debido a que el inicio de los alegatos en representación del Ministerio Público Fiscal estaba a su cargo, el Tribunal dispuso posponer esa instancia hasta el próximo jueves, 26 de abril, a las 9.30.