Audiencia 51 / NEGADOR SERIAL

02-03-18 / Durante la extensa jornada de hoy –cerca de siete horas de duración- se escuchó la ampliación de la declaración indagatoria de Carlos Rico, exsubsecretario de Seguridad de la Provincia que, al momento de los hechos por los cuales se lo imputa, se desempeñaba como suboficial inspector de infantería de la policía de Mendoza. Al finalizar, respondió preguntas de la Fiscalía.

Con el apoyo de un nutrido bibliorato cuyo contenido fue repartiendo, oportunamente, al Tribunal, Rico se explayó sobre su situación procesal, refiriéndose, constantemente, a sí mismo en tercera persona y haciendo alarde de erudición con las más variadas citas, desde Zaffaroni y Verbitsky hasta Vargas Llosa y Ortega y Gasset, por citar ejemplos.

El imputado comenzó lamentando su detención y denunciando una supuesta campaña mediática desatada en su contra en 2008 tras ser designado en el Ministerio de Seguridad. Evitó la palabra “prófugo” y prefirió explicar con eufemismos que rechazó presentarse ante la justicia a lo largo de cinco meses porque no confiaba en su imparcialidad. Sin embargo, en un claro intento por congraciarse con el Tribunal, aseguró que, a diferencia de la etapa indagatoria, en este segundo momento vio “orden” y “respeto por las garantías constitucionales”.

Para explicar el contexto en el que ejerció su función recurrió a los clásicos argumentos de la lucha contra la “subversión terrorista”: dijo que fueron años de extrema violencia y justificó la represión a causa del accionar de las “bandas de delincuentes con alto grado de organización”.

Confirmó que se formó en Buenos Aires con la Policía Federal y que impartió luego esos cursos de instrucción antisubversiva entre sus subalternos mendocinos. Defendió la tarea “docente” de Infantería, que tenía a su cargo la formación de los aspirantes y mencionó que preparaba a la policía para defenderse, para responder a emboscadas y para realizar allanamientos que, hasta ese momento, no contaban con “protocolo”. Negando el contenido ilegal de las lecciones, sostuvo que fue un escueto curso de siete días.

También reconoció que desde agosto de 1976 comenzaron a preparar un grupo de comando inspirado en las fuerzas especiales alemanas que prestaría servicio para “evitar atentados terroristas” durante el mundial de 1978: el “G.E.S. ’78”.

Negador serial

A lo largo de toda su exposición quiso eximirse de responsabilidad por los hechos del “Operativo Rabanal” de febrero de 1976, aunque la participación de la Infantería y la suya en particular están probadas en algunos de sus procedimientos. Aseguró que esta fuerza no intervino en ningún operativo conjunto con el Departamento de Información (D2), ni prestó custodia en el Palacio Policial, como sostuvieron en sus declaraciones el exjefe del D2, Sánchez Camargo, y el oficial Fernández Miranda. Sin embargo, consultado más adelante por la Fiscalía, explicó que Infantería, efectivamente, hizo servicios en comisarías y viviendas debido a su formación y frente a la falta de personal de otras dependencias.

Ante las preguntas del fiscal, asumiendo el papel de un subalterno desinformado de lo que sucedía y no de un adiestrado instructor antisubversivo, negó todo: conocer la existencia de cualquier Centro Clandestino de Detención, saber qué sucedía en el D2 y por qué se recurrió a Infantería en los traslados de detenidos del operativo Rabanal, la inexistencia de órdenes judiciales en los múltiples allanamientos con detenciones realizados, entre otros hechos.

Para desligarse de la causa Rabanal manifestó que estuvo de licencia desde diciembre de 1975 hasta el 12 de febrero del año siguiente, aunque no descartó haber pasado por el cuartel durante la misma. También señaló que los últimos siete días de sus vacaciones transcurrieron en Mar del Plata pero no puede probarlo. Por otro lado, y negando la “cacería ilegal” que refiere la Fiscalía -por la cual los miembros del grupo de militantes peronistas y sindicales fueron detenidos en una serie de operativos consecutivos-, Rico sostuvo que en febrero nadie conocía a los autores de los hechos de la Comisaría 1ª y descartó la idea de “operativo”.

En el caso de la detención de Stella Maris Ferrón y Alberto Rossi argumentó que no consta en ningún acta la presencia de su fuerza. Simplemente se la habría convocado para custodiar la vivienda, luego del allanamiento, hecho que sí figura en los libros y que era normal dentro de sus funciones específicas.

Respecto de las circunstancias del secuestro de Olga Zárate, internada en el Policlínico de Cuyo, Rico refutó que Infantería hubiera efectuado la detención. Por el contrario, explicó que el jefe del D2 ordenó que dicha fuerza custodiara a una detenida mediante “consigna”: una forma de vigilancia especial y jerárquica. También reconoció que recibieron la orden del comisario Sánchez de “aprehender a cualquier persona mayor de quince años” que se aproximara. Sin embargo, discutió la idea de “ratonera” sugerida por el Ministerio Público y, cuando el fiscal Dante Vega lo interrogó sobre la “normalidad” de dicha orden, dijo no encontrar nada extraño en el pedido.

Tampoco notó nada excepcional cuando trasladó junto con un “pelotón de combate” -seis de sus hombres- a Silvia Ontivero, Fernando Rule y Daniel Rabanal desde el D2 hasta la Unidad Regional I a prestar declaración ante el juez Carrizo, y desde allí a la penitenciaría. Según Rico, Infantería recibió la orden de un servicio de traslado cuya génesis –es decir, que provenía de Carrizo y del Jefe de la Policía- dijo desconocer. También negó saber las identidades de los detenidos a los que habría trasladado amablemente y “sin vendas” en un camión celular que el personal del D2 le entregó para la tarea.

Sobre el terrible estado en el que se encontraban las tres víctimas luego de la detención y la tortura sufridas en el Palacio Policial, Rico dio excusas inconsistentes: tenían el “aspecto común de quien pasa por un calabozo”, es decir, “despeinados y mal entrazados”. No percibió “nada especial” en la cojera de Rabanal -con el pie lastimado por la picana- ni en la dificultad para caminar de Ontivero -con las piernas laceradas-, quien necesitó ayuda para descender del camión. Dijo haberlos visto “de lejos” y, con un cinismo manifiesto, respondió al fiscal: “Si alguno de ellos hubiera gritado o hubiera manifestado que los estaban matando, tendría que haber actuado razonablemente conforme a mis principios. Ninguno dijo nada. Yo tengo muy en claro mis valores como funcionario y como cristiano”.

Ante la pregunta del fiscal Rodríguez Infante sobre la posibilidad de que la policía detuviera y allanara sin orden judicial, mediante la simple orden verbal de un jefe, Rico fue categórico: “imposible”, respondió. Sin embargo, segundos después declaró que si le hubiera tocado a él participar como custodio de un domicilio –tarea que Infantería efectivamente cumplió en el caso de Haydee Fernández y en la que Rico aseguró no intervenir- “difícilmente” hubiera verificado la existencia de una orden judicial porque no se le presentaba como “ilegal”.

Por último, Dante Vega interrogó a Rico sobre un correo electrónico secuestrado de su domicilio durante el allanamiento que se realizó cuando permanecía prófugo y que fue presentado como prueba. El imputado leyó sorprendido el texto, que parece proveer información sobre uno de los allanamientos de febrero de 1976 y que tiene por interlocutor a Adolfo Sinescalchi, pero no se dieron más precisiones sobre el contenido.

La próxima audiencia será el 8 de marzo a las 9.30 y se escuchará la ampliación de la declaración indagatoria del imputado Roberto Usinger.

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INSPECCIÓN OCULAR / EX D2

23-02-18 / En la jornada de hoy se realizó la inspección ocular en el ex Departamento de Información 2 de la Policía de la Provincia, el mayor Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de Mendoza (CCDTyE), recuperado en 2015 como Espacio para la Memoria (EPM) ex-D2.

El reconocimiento, dispuesto por el Tribunal Oral Federal Nº1 que preside Daniel Cisneros, estaba previsto sin testigos. Sin embargo, contó con la voluntaria presencia de una de las víctimas de este juicio: Fernando Rule, detenido y torturado en dicho CCD.

Su testimonio fue de gran valor ya que, en la época de construcción del edificio, Rule trabajaba como técnico eléctrico para la Dirección de Arquitectura de la Provincia. De esta forma, conocía los planos del proyecto. Asimismo, fueron importantes los aportes de Natalia Brite, miembro del Consejo Directivo del EPM, respecto de las sucesivas transformaciones que sufrió el ex Palacio Policial desde esa fecha, ya que permaneció siempre en funcionamiento.

Estuvieron presentes, además del Juez Cisneros, los jueces federales Alejandro Piña y Gretel Diamante, el equipo del fiscal Daniel Rodríguez Infante, el defensor oficial Leonardo Pérez Videla y, por la querella, Pablo Salinas y Viviana Beigel.

El recorrido partió de las pequeñas celdas que evidencian las inhumanas condiciones de hacinamiento de la reclusión. En uno de los calabozos mayores Fernando Rule recordó la terrible escena de la pirámide humana en la que Miguel Ángel Gil sufrió aplastamiento y que, ya malherido por la tortura, contribuyó con su muerte, ocurrida, poco después, dentro del mismo edificio. La comitiva pudo observar las inscripciones que dejaron algunas de las víctimas donde la pintura posterior no llegó a cubrir.

Después, Rule condujo a los presentes por las escaleras a través de las cuales las víctimas eran trasladadas hacia la principal sala de tortura, conocida como la Sala de Acumuladores. Allí, en un reducido y cerrado lugar, las baterías que sostenían el sistema eléctrico y que, probablemente, utilizaban los torturadores para las largas sesiones de picana, junto con el tabaco y el sudor, otorgaban un particular olor que el testigo aseguró recordar claramente.

Luego, guiados por Natalia Brite, observaron el salón de recepción y atención al público donde se tramitaba la cédula de identidad, a pocos pasos de los calabozos. Finalmente, el grupo bajó por una segunda escalera hacia una pequeña habitación donde funcionaba otra sala de tortura. Si bien se cree que de uso menos frecuente, el lugar coincide con las descripciones de otro detenido, Raúl Acquaviva.

Al atravesar la salida principal, el tribunal dio por concluida la inspección, recordando la audiencia del próximo jueves 1 de marzo.

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Audiencia 38 / CON POLICÍAS NO HAY TRANQUILIDAD

19-10-17 / Hoy continuaron las declaraciones por el operativo de febrero de 1976 contra militantes de Montoneros y la Juventud Trabajadora Peronista. Declaró Fernando Rule en la sala y Daniel Rabanal por videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura en Capital Federal. Además, prestó nuevamente testimonio Alfredo Saieg, quien estaba casado con Olga Inés Roncelli, desaparecida en septiembre de 1977.

El jueves pasado, Guido Actis inauguró una serie de declaraciones por el Operativo Rabanal. Hoy continuaron los testimonios por esta causa con la palabra de Fernando Rule y de Daniel Rabanal. Los detalles en este sentido son importantes para determinar el grado de responsabilidad de Carlos Rico.

Fernando Rule era delegado gremial y había sido candidato a Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El 9 de febrero de 1976 fue secuestrado en su domicilio junto con su compañera, Silvia Ontivero, y el hijo pequeño de esta, Alejo Hunau. Fue trasladado al Departamento de Informaciones 2 de la Policía de Mendoza (D2), donde permaneció hasta fines de ese mes.

La fiscalía comenzó pidiendo que se incorporaran a la causa las declaraciones previas del testigo en otras instancias judiciales y acto seguido interrogó sobre el día y la forma de su secuestro.

Rule explicó que había regresado de trabajar a su domicilio del centro cuando gente de civil, con gorras y caras tapadas, rompió el portón de la vivienda e ingresó armada. La pareja, presintiendo una balacera, alcanzó a gritar por la ventana que daba a la calle pidiendo “no tiren, hay un niño”.

Relató que lo vendaron y golpearon. Cuando preguntó por qué no estaban uniformados si se trataba de policías le respondieron que no tenían uniforme del mismo modo que él no estaba vestido de montonero.

Tras un intento fallido de escape, fue trasladado rápidamente al D2 en un Fiat 125. Semanas después, alrededor del 27 de febrero, lo obligaron a bañarse y vestirse para matizar el terrible aspecto que tenía luego de las inhumanas condiciones de detención ya relatadas por él y más testigos en dicho centro de detención. Lo condujeron a un camión celular con celdas donde también viajaban Silvia Ontivero y Daniel Rabanal.

Luego de un breve recorrido, arribaron a la jefatura policial de calle Mitre, que reconoció fácilmente: había estado detenido en ese mismo lugar en dos ocasiones anteriores, durante 1972.

Recordó que durante todo el trayecto lo trasladaron amarrado y vendado, que recibió golpes, empujones y burlas y estuvo próximo a caer al descender del camión. En la jefatura permaneció alrededor de una hora en un calabozo hasta que lo atendió el juez Carrizo. Le explicaron que el tribunal se había conformado allí “por cuestiones de seguridad” pero dudó que fuera realmente personal judicial, pese a estar vestido de civil. Quiso declarar haber sido objeto de tortura y el juez enfureció: “usted va a declarar lo que yo le digo”. Se negó y fue conducido nuevamente al calabozo, mientras declaraban Ontivero o Rabanal.

Finalmente, fue enviado junto con Rabanal a la penitenciaria provincial. “Esto para ustedes es como salir en libertad”, se habían burlado en el traslado. La cárcel era, efectivamente, la posibilidad de sobrevivir. Allí fue revisado por un médico que le revisó los dientes “como a los caballos”.

Sobre la identidad de sus captores, Rule afirmó haberse dedicado a investigar a lo largo de estos años e identificó a Rico como “jefe del grupo”. Sostuvo que está documentado y que existen remitos firmados por él. Afirmó que el traslado a la jefatura lo realizó personal del D2 porque reconoció las mismas voces, las mismas burlas. Además, antes de su captura ya estaba informado sobre la existencia de este “cuerpo de elite” bien diferenciado, siempre vestido de civil y acostumbrado a la violencia.

Por otro lado, reconoció por su voz a Fernando de Rosas como responsable de dar las órdenes e interrogarlo el día del secuestro. Rule aseguró haber sido contratado como electricista por esta persona luego de recuperar la libertad en 1983 y decidir “seguirle el juego”: aceptó sus habanos puertorriqueños y escuchó sus relatos de viajes por Centroamérica. Rosas había confesado ser de la aeronáutica y conocer a otros presos políticos. El testigo sostuvo que en las declaraciones de Rosas en juicios anteriores hubo falso testimonio: negó haber salido del país.

Daniel Hugo Rabanal fue detenido en la vía pública el 6 de febrero de 1976. Era militante de Montoneros y se había instalado en Mendoza hacía algunos meses. Durante la jornada de hoy brindó su testimonio mediante videoconferencia desde Buenos Aires.

Rabanal relató el día de su captura. Luego de apresarlo fue trasladado a una comisaría donde lo golpearon e interrogaron. Esa noche le informaron que lo retiraba gente de Buenos Aires. Atado con alambres, fue metido en el baúl de un automóvil. Lo bajaron en un descampado con una construcción precaria. Nunca pudo determinar dónde estuvo pero supone que se trataba de las afueras de la ciudad por el largo recorrido y el camino de ripio. Permaneció allí por lo menos tres días atado a una cama, desnudo, sin alimento. Luego fue llevado al D2.

El 26 de febrero, previo a su traslado a la jefatura de policía, hubo de parte de sus captores un intento por mejorar la imagen de quienes estaban allí en detención: fue la primera vez que le limpiaron superficialmente una herida infectada en un talón producto de la picana. Posteriormente, junto a Rule y Ontivero, fue conducido en un camión celular a declarar frente al juez Carrizo.

Una vez en la jefatura, llegó a observar una doble fila larga de policías uniformados que llegaba a modo de escolta hasta una oficina. En dicha sala, el juez y sus dos ayudantes le advirtieron que podía decir lo que quisiera porque no había policía. El testigo remarcó ante el tribunal lo ridículo de la recomendación en un lugar rodeado de personal policial. Rabanal se negó a declarar y fue conducido a la penitenciaría en el camión celular.

Por último, relató su ingreso al penal y cómo, después de veinte días en el D2 en “el límite de lo absoluto” y la “violencia extrema”, todo trato, incluso el penitenciario, parecía benévolo.

“Yo soy una revolucionaria”

Alfredo Saieg prestó declaración nuevamente para puntualizar sobre la desaparición de su esposa, Olga Inés Roncelli. Ella tenía 28 años al momento de su secuestro y era profesora de Matemática, Física y Cosmografía. Daba clases en la Escuela del Magisterio -de cuyo sindicato formaba parte-, en Lavalle y en Costa de Araujo. Era una persona muy crítica y exteriorizaba sus ideas de izquierda. El testigo expresó lo que ella pensaba: “si yo fuera profesora de historia, de geografía, de sociología o de economía, sabría en qué medida con lo que enseño contribuyo, o no, a la dependencia del país. Pero me resulta muy difícil con la matemática y la física”. “Y se lamentaba de eso”, explicó Saieg.

El 13 de septiembre del ‘77, Alfredo salió de trabajar y esperó a que su esposa lo buscara. Esto no sucedió, ella no llegó y el auto de la pareja no apareció nunca. “Me había manifestado cierta preocupación de que le pasara lo que le pasó”, confesó el testigo. Él recorrió distintos lugares de Mendoza para encontrarla y finalmente, radicó una denuncia ante la Comisaría Séptima de Godoy Cruz.

Hizo muchas gestiones para dar con ella. Intentó rastrear el auto pensando que le podía dar una pista para encontrarla. Habló con la Cruz Roja, con las Fuerzas Armadas y hasta con gente de la SIDE, cuya sede estaba en Martínez de Rozas y Emilio Civit, de Ciudad. Allí menospreciaron su búsqueda y le dijeron que lo de ella era “un problema de pantalones” y se había ido con otro hombre.

Muchos años después supo que algunas personas la escucharon en el D2 y vieron cómo se llevaban un cuerpo envuelto en una frazada.

Saieg dio cuenta de numerosas circunstancias sospechosas, previas al secuestro. A principios del ‘75, el matrimonio había viajado a Europa por 40 días. Mientras no estaban en Mendoza, le prestaron su casa a una pareja conocida por Olga. Las dos personas fueron detenidas en ese domicilio. Meses después, la policía detuvo a Roncelli en la plaza departamental de Lavalle para averiguar por la mujer de la pareja, Iris Santos, que era preceptora y ella conocía de la escuela.

Olga Inés Roncelli había prestado su firma para alquilar una casa en San José que fue allanada por la policía en 1975. En ese lugar, dijo el testigo, encontraron folletería pero no pudo dar más detalles.

Unas dos semanas antes del secuestro, fueron a retirar a su hijo de un año y medio de la guardería y vieron un Ford Taunus anaranjado con techo blanco y algunas personas adentro. Con susto se dirigieron al palacio policial, relataron esto “al jefe del D2” y él los escoltó con el auto hasta buscar a su hijo y llegar a su casa en el barrio Trapiche.

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