Audiencia 62 / SUCESIÓN DE CAUSAS SOBRE EL D2

17-05-18 / En una prolongada audiencia, el equipo fiscal, compuesto por Patricia Santoni, Daniel Rodríguez Infante y Dante Vega, alegó acerca de la responsabilidad del personal del D2 en procedimientos ilegales, ataques sexuales y torturas que recayeron sobre numerosas personas detenidas. Entre ellas, se recordó el paso del desaparecido Jorge Daniel Moyano por sus calabozos.

La fiscal Patricia Santoni dio inicio a la jornada para abordar el caso de Nélida Virgina Correa. Según sus declaraciones era militante social cercana a Montoneros. Tenía cuatro hijos y debió pasar a la clandestinidad cuando se sucedieron numerosas detenciones en el marco del operativo contra esa corriente, registrado en febrero ’76.

Durante 3 años consiguió mantenerse en libertad pero el 26 de noviembre de 1979 fue aprehendida en la casa de un hermano y pudo reconocer, entre sus captores, al acusado Miguel Ángel Tello. Transportada al D2, estuvo allí 21 días y sufrió todo tipo de torturas. En diciembre la trasladaron al penal provincial de donde salió en libertad en 1981.

A Nélida Correa le fue aplicada la ley 20840 y luego fue absuelta. Entre las pruebas documentales que acreditan su detención en el D2 hay un sumario de prevención y el registro de su traslado a la penitenciaría. La víctima reconoció a varios miembros del D2: Oyarzabal, Bustos Medina, Scacchi y los acusados en este juicio: Miguel Ángel Salinas y Carlos Faustino Álvarez.

La fiscal se detuvo en estos dos últimos agentes, quienes fueron imputados por primera vez.
El tercer acusado por esta causa es Miguel Ángel Tello, quien participó de la detención de Correa y su traslado al D2.

Historial de Salinas y Álvarez

Miguel Ángel Salinas, según su legajo, era agente del D2 e ingresó en junio de 1976. Se desempeñaba en la sección Reunión de Información. Por un tiempo fue custodio del gobernador de la provincia y luego regresó para permanecer hasta 1999. Por desbaratar a las bandas de la subversión recibió las felicitaciones con las que Santuccione solía reconocer a sus subordinados.

A pesar de que en su declaración negó haber tenido contacto con detenidos en el D2, fue identificado por varixs presxs: Correa, Rosa Gómez, Nerio Neirotti y otros. David Blanco dijo que les acercaba la comida en los calabozos y lo reconoció como uno de los policías que custodiaba en el Banco Mendoza.

Carlos Faustino Álvarez, según su legajo, se desempeñó entre 1974 y 1984 en la sección Registro de Fichero y luego en la sección Análisis de la Información. También recibió felicitaciones por su participación en “la lucha antisubversiva”.

Al igual que Salinas dijo que no tuvo contacto con detenidos y que su trabajo consistía en recortar diarios. Sin embargo fue reconocido por Nélida Correa y Oscar Pérez.

Miguel Ángel Salinas y Carlos Faustino Álvarez están acusados como coautores de

  • Privación abusiva de la libertad agravada
  • Tormentos agravados
  • Asociación ilícita

Esta última imputación fue fundamentada por la fiscal entendiendo que el D2 funcionaba como un sistema donde sus integrantes tenían distintos roles pero respondían a un mismo fin.

A Miguel Ángel Tello, ya condenado en anteriores juicios, se lo acusa por privación abusiva de la libertad y tormentos agravados.

La Causa de los Bancarios

El fiscal Daniel Rodríguez Infante alegó por las detenciones de los empleados bancarios Luis Ocaña, Arturo Galván, Hermes Oca y Horacio Lucero.

La Asociación Bancaria, fundada en 1924, fue un sindicato con gran combatividad y objeto de persecución durante las sucesivas dictaduras. Cuenta con 200 personas desaparecidas a lo largo de su historia. En Mendoza se registraron 17 secuestros del colectivo bancario que participaba de las comisiones gremiales internas. Asimismo, fueron víctimas de desaparición forzada: Carlos Marín, José Vila Bustos, Ricardo Sánchez Coronel y Sabino Rosales, pertenecientes a los bancos de Previsión Social y Mendoza locales.

Dicho esto, el fiscal se abocó al caso de Luis Gabriel Ocaña, activista bancario que sufriera dos ataques: una bomba y un tiroteo contra su domicilio. Fue apresado el 17 noviembre de 1975 por el D2. Como prueba existe un acta con datos falaces sobre el lugar y la circunstancia de su detención así como el testimonio de varios compañeros que compartieron cautiverio y dieron cuenta de los tormentos a los que fue sometido. Después de un largo periplo salió con la opción a Francia en 1981.

Con posterioridad, igual suerte corrieron sus compañeros del Banco de Previsión, Arturo Galván, Hermes Ocaña y Víctor Horacio Lucero, detenidos el 6 de abril de 1976 en su lugar de trabajo y trasladados, inicialmente, al D2.

Los dos primeros permanecieron en esta dependencia hasta fines de junio de 1976 cuando fueron trasladados, juntos, a la Compañía de Comunicaciones. Durante su permanencia allí, según los testimonios de sus compañeros, fueron sometidos a torturas; particularmente, Hermes recibió terribles golpizas. Éste reconoció al imputado Pablo Gutiérrez como un custodio del banco que los vigilaba.

En cuanto a Arturo Galván sufrió, en enero de 1976, un primer cautiverio en Logística de la policía de Mendoza, donde se encontraban otros detenidos de apellido Balbas y Páez. Días después fue trasladado al Palacio Policial para que le tomaran las huellas dactilares y fue liberado.

Por su parte, Víctor Horacio Lucero recibió similar trato en el D2 y salió en libertad el 1 de junio del ‘76. No hay ninguna imputación contra Lucero ni registro alguno.

Por esta causa que incluye a los cuatro bancarios antes mencionados está acusado Armando Osvaldo Fernández como autor mediato de

  • Privación abusiva de la libertad agravada
  • Tormentos agravados

Por su parte Pablo Gutiérrez, ya condenado en anteriores juicios, es considerado coautor en los casos de Arturo Galván, Hermes Ocaña y Víctor Horacio Lucero por

  • Privación ilegítima de la libertad agravada
  • Tormentos agravados
La Juventud Guevarista

El fiscal Dante Vega desarrolló el alegato por los procedimientos ocurridos entre el 10 y el 17 de mayo de 1976 contra integrantes de la Juventud Guevarista. Se centró en siete víctimas por las cuales están acusados tres integrantes del D2: Armando Osvaldo Fernández, Pablo José Gutiérrez, Diego Fernando Morales. Este operativo no solamente evidencia la inteligencia previa sino también la actuación conjunta de las diferentes fuerzas constituyentes del aparato represivo estatal. En este caso, el D2, la fuerza aérea, las comisarías 7 y 33, el Consejo de Guerra Especial y Estable.

En una semana secuestraron a 20 personas relacionadas con el PRT-ERP. El diario Los Andes publicó el 22 de mayo del ’76 el “desbaratamiento de una célula extremista” e incluyó un listado de personas apresadas sin mención sobre quienes hoy continúan desaparecidas. Sin embargo, la actuación policial comenzó con tres detenidos que no pertenecen al grupo de militancia ni a la causa. Este operativo está plagado de irregularidades, como tantos otros. Ausencia de órdenes judiciales, declaraciones falsas, parodia de sumarios, actas fraguadas son algunos ejemplos.

De esta causa, todos fueron puestos a disposición del Consejo de Guerra por sumarios instruidos relacionados con participación en actividades subversivas. La pantomima que eran estos juzgamientos ya ha sido ampliamente relatada: defensores que a los gritos pedían confesiones, violencia, penas draconianas.

Es corriente escuchar a algunas personas, particularmente imputados y defensores, decir que en aquel momento se vivía una “guerra”. Con un tono irónico, el fiscal Vega se preguntó por qué, entonces, el Consejo de Guerra implementó el Código de Procedimiento estipulado para tiempos de paz.

En el D2, las víctimas fueron sometidas a picana eléctrica, submarino, golpes y amenazas.

Víctor Sabatini se desempeñaba como inspector laboral en la división regional del Ministerio de Trabajo. Tenía 33 años cuando ocho personas, algunas uniformadas y otras de civil, lo secuestraron de su domicilio, el 12 de mayo de 1976. Fue introducido en un vehículo junto con Daniel Moyano. En el camino sufrieron un simulacro de fusilamiento. El destino era el D2. El Consejo de Guerra lo juzgó y lo condenó, entre otras cosas, por “ocultamiento de delincuentes”, lo que devela la persecución a Daniel Moyano, a quien alojó en su casa pero perdió contacto en ese centro clandestino. Su detención continuó en la penitenciaría y en la Unidad 9 de La Plata. Fue liberado en democracia, el 26 de abril de 1984.

Daniel Moyano estudiaba en la Escuela de Comunicación Colectiva. El nombre tras el cual ocultada su identidad era Gustavo. Vivía para la fecha de su secuestro en el Barrio Santa Ana, con el matrimonio Sabattini-Allegrini. Fueron secuestrados el mismo día y al menos ocho testimonios acreditan su secuestro y paso por el D2. El más elocuente y preciso es el de Edith Arito, quien afirmó haberlo visto muy golpeado, tiritando por la picana. Ella le ofreció comida, él no aceptó pero le dijo su nombre. Hoy Daniel Moyano continúa desaparecido.

Nélida Lucía Allegrini era docente y se la llevaron después que a su marido y su amigo “Gustavo”. Esperaron que llegara su suegro, Valentín Sabattini, le hicieron firmar la custodia de sus hijos, dejaron a todos en la casa del hombre y la trasladaron al D2. En un ascensor fue llevada hasta un lugar de torturas donde recibió golpes en sus pechos y vagina lo que tipifica, según la fiscalía, un delito sexual por el cual van a acusar a los imputados.

Liliana Tognetti, Silvia Schwartzman, y Graciela Leda fueron secuestradas el 13 de mayo de 1976 y trasladadas al D2. La primera fue llevada por personas de civil. No declaró en debate pero diversas actas y testimonios dan cuenta de su estadía en ese centro clandestino y la trayectoria de su detención.

Silvia contó haber sido entrevistada en una sala de torturas, con manchas de sangre y cabellos pegados en las paredes. Reconoció al “Caballo Loco” y al “Puntano”.

Graciela declaró en varias oportunidades que fue secuestrada por efectivos de la policía de Mendoza, de civil y armados. En una ocasión, en el D2, la desnudaron completamente. Por una lesión en sus costillas, producto de los golpes, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en Devoto.

Estas cuatro mujeres, Allegrini, Tognetti, Schwartzman y Leda fueron llevadas a la penitenciaría provincial luego de ser condenadas en el Consejo de Guerra, en julio de ese año. A partir de septiembre cumplieron su condena en la cárcel de Villa Devoto.

Antonio Siro Vignoni era empleado judicial y estaba casado con Silvia Schwartzman. El 17 de mayo del ’76 fue secuestrado por tres agentes del D2. Su trabajo le permitió reconocer entre los perpetradores a Pablo Gutiérrez y a Alfredo Castro.

iMPUTACIONES ESPECÍFICAS

Por los hechos alegados, el Ministerio Público Fiscal responsabilizó penalmente a tres integrantes del D2:

Armando Osvaldo Fernández Miranda como autor mediato de

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por seis hechos
  • tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, por siete hechos
  • lesiones graves por los hechos cometidos contra Liliana Tognetti y Graciela Leda
  • abuso deshonesto agravado por la calidad de autor persona encargada de la guarda, por los mismos dos hechos

Diego Fernando Morales Pastrán prestó servicios en el D2 desde 1974 hasta 1981. En la instrucción declaró haber sido chofer y hacer tareas de archivo aunque habló de más al decir que por orden del jefe, Sánchez Camargo, los suboficiales tenían la tarea de bajar por turnos a ver a los detenidos, darles comida, ropa y demás. Fue reconocido por víctimas como Robledo Flores y Rosa Gómez. Junto con Pablo José Gutiérrez Araya son acusados por ser coautores de los siguientes delitos

  • homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, por el caso de Daniel Moyano
  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por el mismo hecho
  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por seis hechos
  • tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, por siete hechos
  • lesiones graves por los hechos cometidos contra Liliana Tognetti y Graciela Leda
  • abuso deshonesto agravado por la calidad de autor persona encargada de la guarda, por los mismos dos hechos
DOBLE DETENCIÓN

Segundo Isau Alliendes fue secuestrado y liberado en 1976, causa por la que ya se alegó audiencias atrás. Luego, el 21 de marzo de 1978 fue secuestrado nuevamente y trasladado a la IV Brigada. El sumario por su detención se inició el 27 de marzo, cuando fue alojado en el D2. En la Fuerza Aérea no hay ningún tipo de registro de su aprensión y estadía. Tres días después fue remitido a la penitenciaría provincial y fue liberado el 21 de agosto de ese año, cinco días después de que el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que mantenía su detención fuera dejado sin efecto.

Por esta causa se encuentra acusado Alcides París Francisca, como autor mediato de los delitos de

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima

Adriana Mercedes Spínola tenía 19 años cuando fue detenida en la vía pública por miembros de D2 el 12 de marzo de 1976. El secuestro se produjo por su vínculo con Juan Basilio Sgroi, dirigente del Partido Peronista Auténtico, detenido dos meses atrás.

Spínola permaneció una semana en el D2, donde fue golpeada, interrogada bajo tortura y obligada a desnudarse. El 19 de marzo fue conducida a la penitenciaría y luego a la cárcel de Devoto en los traslados del 29 de septiembre de ese año. Este itinerario está corroborado por sus prontuarios, el policial, labrado por el D2, y el penitenciario.

La tercera prueba documental es la causa elevada contra Juan Sgroi y otros militantes donde fue incluida Spínola. En este expediente, además de las actas de su captura, figura una constancia firmada por Spínola, por la cual autorizaba “a la fuerzas policiales y militares a realizar un minucioso registro de su domicilio”. El informe elevado a la 8va. Brigada está firmado por el propio Fernández.

Aunque obtuvo el sobreseimiento judicial a los ocho meses de su detención, junto con el fin de su disposición ante el PEN, fue liberada recién el 12 de enero de 1977.

Por estos hechos está acusado Armando Fernández como autor mediato de

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes
  • tormentos agravados por la condición de perseguida política de la víctima
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor o persona encargada de la guarda

Mirta Hernández, esposa del desaparecido Rodolfo Vera, víctimas del “Operativo Escoba” desplegado a nivel nacional contra el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Su detención en Mendoza hacia 1979 es parte de la represión residual sobre dicha Organización.

Desde el 30 de diciembre de 1976 hay constancia del pedido de captura de la pareja. Se refugiaron entre Rivadavia y Mendoza hasta el secuestro de Vera, el 6 de diciembre de 1977. Su esposa y otros militantes de la Organización se trasladaron a Buenos Aires, luego a San Clemente del Tuyú y finalmente, a Mar del Plata, hacia enero del año siguiente.

En 1979 regresó a Mendoza y se presentó ante el D2 por recomendación de un abogado de apellido Carloni. Quedó inmediatamente detenida por averiguación de antecedentes, desde el 27 de septiembre hasta el 7 de diciembre de ese año. La causa llegó a la justicia luego de su liberación. Recién en 1984 recuperó su documento de identidad.

Recordó las paredes del D2, manchadas con sangre, donde fue obligada a dar clases de matemática a los oficiales. Entre ellos reconoció a Pablo Gutiérrez.

Por estos hechos está acusado Mario Laporta (jefe de policía 1979-1982) en calidad de autor mediato por los delitos de

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes
  • tormentos agravados por la condición de perseguida política de la víctima
La responsabilidad de Roberto Usinger

La fiscalía continuó con dos causas que señalan la responsabilidad de Roberto Usinger entre los años 1979 y 1981.

La primera por la detención de Oscar Miguel Pérez, ciudadano chileno que entre 1974 y 1975 había participado de la Juventud Peronista, apresado a los 23 años, el 8 de mayo de 1979, cerca de su domicilio del Barrio San Martín. Permaneció cincuenta días en el D2 y fue torturado sistemáticamente hasta la visita del cónsul de Chile, Hernán Brantes Glavic.

Para esa época también estaban alojados en el D2 los exmilitares armeros que conocían a muchos de los policías del CCD. Con los nombres referidos por ellos y las voces que memorizaba, Pérez pudo ir identificando a Scacchi, Oyarzabal y Usinger, entre otros. Con este último conversó bastante y supo que era chofer o custodio del gobernador, y que estaba en el D2 “castigado”. Era el encargado de transportarlo de la celda a las sesiones de tortura y aseguró que estuvo en alguna de ellas. Pudo verlo y describir su apariencia.

El 28 de junio de 1979 Pérez fue acusado por la ley 20840. Trasladado desde el D2 a la penitenciaría, hizo un largo periplo, hasta que fue liberado por indulto de Bignone el 2 de diciembre de 1983.

La subversión tiene forma de libro

La segunda causa, denominada “Berlanga y otros”, engloba varios operativos realizados por el D2 para detener a miembros del Partido Comunista durante el año 1980.

El 5 de mayo se efectuaron los primeros cuatro allanamientos en cadena que concluyeron con las detenciones de Rosa María Rouge, Valerio Castillo, Concepción Azuaga, Patricia Campos y Aníbal Firpo, todos trasladados al D2 sin orden ni decreto previo. El paso por el CCD consta en sus prontuarios penitenciarios. Las viviendas fueron saqueadas.

Rosa María Rouge y su esposo Julio Berlanga eran militantes del PC y tenían en su domicilio de Las Heras la biblioteca de la Organización. La vivienda era vigilada y había sido revisada por un militar antes de la detención.

El 5 de mayo ingresaron a la casa ocho personas y secuestraron gran cantidad de libros que trasladaron en un camión. Berlanga logró escapar y detuvieron a Valerio Castillo, compañero de militancia que también estaba presente. Rouge fue trasladada hasta el domicilio de su suegra, Concepción Azuaga de Berlanga. Allí se encontró con los hijos menores que habían sido retirados de la escuela por los captores. También estaba su cuñado, Aurelio Berlanga y Patricia Campos. Como resultado del itinerario, Rouge, Azuaga, Campos y Berlanga fueron llevados al D2.

En este CCD, Rouge, desnuda, fue interrogada. Recibió las visitas de una vecina y de su hija y se enteró de que su casa, destruida, era vigilada.

El 30 de mayo pasó a la penitenciaría y recuperó la libertad el 22 de mayo del año siguiente.

Valerio Castillo fue llevado a su domicilio para un allanamiento antes de ser encerrado en el D2. Estuvo una semana desnudo en los calabozos, fue torturado y reconoció a uno de los policías apodado “el ruso” que robó un dinero que su familia había entregado en el D2 para él: “el más ladino de todos”.

El 30 de mayo llegó al penal provincial y fue liberado el 13 de abril de 1982.

Concepción Azuaga de Berlanga era la madre de Julio y Aurelio Berlanga. Tenía 68 años y fue detenida en su domicilio junto con su hijo Aurelio. A mediados de mayo fue liberada desde el D2. Sin embargo, figura detenida en la penitenciaría hacia noviembre de 1980. El 22 de mayo de 1981 recuperó la libertad según su prontuario.

Aurelio Berlanga tenía 39 años, también militaba en el PC y vivía con su madre. Fue llevado junto con ella al D2. El 30 de mayo ingresó a la penitenciaría y fue liberado el 13 de abril de 1982.

Patricia Campos tenía 29 años, era profesora de historia y militante del PC junto con su esposo Aníbal Firpo. Fue detenida en la casa de Concepción Azuaga y trasladada a su domicilio. Como Firpo no se encontraba, después de revisar el lugar fue colocada una consigna para esperarlo. Estuvo en el D2 junto con Rouge hasta ser llevada a Boulogne Sur Mer el 30 de mayo. Fue liberada el 17 de julio de 1981.

Aníbal Firpo, arquitecto, fue detenido por la noche en su domicilio y obligado a conducir con el vehículo de su trabajo hacia el D2. El 30 de mayo ingresó al penal y fue liberado el mismo día que su esposa.

También contra el Partido Comunista

El segundo grupo de operativos se completó con la detención de Jorge Aliste y Rafael Báez, ambos en el domicilio de Aliste, en Godoy Cruz, el 28 de agosto. Intervino la policía motorizada en coordinación con el D2. Días después detuvieron a Carmen Rey y Gabriel Solá.

Jorge Aliste tenía 29 años, militaba en el PC y trabajaba como tesorero en una empresa. Vivía con su esposa en el barrio Decavial. Fue detenido camino al trabajo y su domicilio fue brutalmente saqueado, además de secuestrar material de la Organización. Entre los documentos orgánicos se encontraban las autobiografías políticas de Rey y Solá.

Permaneció 44 días en el D2 sometido a interrogatorios. La empresa presentó un Habeas Corpus a su favor que fue contestado.

El 8 de octubre fue llevado junto con Báez hacia la penitenciaría en el vehículo particular de un policía de investigación apodado “El ruso”, a quien describió como un hombre “macizo” de tez colorada que detuvo el auto frente una casa de la calle Agustín Álvarez para avisar a una mujer que volvería en breve. Fue liberado en julio de 1981.

Rafael Báez era el Secretario General del PC. Fue detenido en la puerta de la vivienda de Aliste y llevado al D2 con el mismo itinerario que su compañero. La familia supo de su paradero por una mujer que contactó el día de la declaración ante el juez y que transmitió su mensaje. El 16 de diciembre de 1981 recuperó la libertad.

Carmen Noemí Rey fue detenida en su domicilio el 18 de septiembre de 1980. La forzaron a firmar su conformidad con el allanamiento. Estuvo en el D2 bajo interrogatorios hasta el 9 de diciembre de ese año, momento en que pasó a la penitenciaría. El 21 de julio de 1981 fue liberada.

El rosarino Gabriel Solá fue detenido ese mismo día en su vivienda luego de un allanamiento. Permaneció en el D2 hasta el 4 de noviembre de 1980. Luego pasó al penal desde donde fue liberado el 16 de diciembre de 1981.

Los últimos dos procedimientos contra el PC fueron efectuados el 2 de octubre de 1980 con los secuestros de Ignacio González y Guillermo Scoones. Llevados al D2 y tres meses después a la penitenciaría recuperaron su libertad el 27 de julio de 1981. González tenía 58 años y estaba casado con Elena Simón. Scoones tenía 28, estaba en pareja con Carmen Rey y fue detenido mientras estacionaba su vehículo en la calle Pedro Molina de Ciudad.

Los alegatos continúan el viernes 18 de mayo a las 9.30 hs.

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Audiencia 59 / PRECISIONES EN LA ACUSACIÓN

27-04-18 / En la audiencia de hoy, el Ministerio Público Fiscal alegó sobre los hechos atribuidos a Carlos Rico por su rol cumplido en el cuerpo de Infantería de la policía de Mendoza. Luego fue el turno de responsabilizar penalmente a Dardo Migno y a Ramón Ángel Puebla por los hechos cometidos en la Compañía de Comunicaciones.

Fue una jornada extensa donde se intentó fundar la acusación contra distintos imputados. A través de algunos recursos, Dante Vega intentó demostrar que todo lo que Rico sostenía contra la Fiscalía era una pantomima y, en última instancia, no servía para anular su responsabilidad penal. “Matar al mensajero” no es una salida.

“El tiempo no pasó para Rico”

El fiscal Dante Vega se encargó de formular el alegato contra Carlos Rico. Comenzó relatando la carrera policial del imputado con cursos y reconocimientos. Como miembro del Cuerpo de Infantería, en 1976, era un policía altamente formado: a mediados de ese año recibió medallas de oro y plata por su condición de mando “dentro y fuera de la unidad”, explicó Vega. Dos años después estaba plenamente capacitado en la llamada lucha contra la subversión. Se desempeñó como docente en el Centro de Instrucción Contrasubversiva (CIC), curso que había aprobado en el ‘76.

Con motivo de la Copa Mundial de Fútbol, Rico fue el instructor del Grupo Especial 78 (GE 78). La intención era que nada pusiera en riesgo el renombre del país en la organización del evento deportivo. En mayo de ese año, once personas fueron víctimas de desaparición forzada.

Sin embargo, sostuvo Vega, hay una paradoja aparente. Por los hechos ocurridos en el marco de la Copa de Fútbol no sostuvieron la acusación contra Carlos Rico porque, a pesar de su demostrada formación, no hay pruebas de su intervención en las causas. Y, contrariamente, aunque en el año 1976 su capacitación era menor, sí se puede probar su participación en hechos delictivos.

Con tono efusivo el fiscal remarcó que nunca faltaron al principio de legalidad ni incumplieron su tarea como órgano investigativo. “Fue el Ministerio Público Fiscal quien impulsó el inicio del juicio para que la prisión preventiva llegara a su fin”, remarcó. Y no obvió referirse al pedido de recusación por parte de Aguinaga como una falta de respeto al juicio en general. Esto cuestionaba la permanencia de Vega en el debate por su supuesta pertenencia a una agrupación “filokirchnerista, filochavista y filocastrista”, ironizó el fiscal.

“Sobrevuela los dichos del imputado una insensibilidad para con las víctimas”. En la ampliación de la acusación, mencionó a “cinco caídos por la subversión” entre los que estaban los agentes Cuello, Olmedo y Hernández. El representante de la Fiscalía afirmó que, frente a estos actos delictivos, la policía de Mendoza no investigó con la ley en la mano sino que actuó como una banda armada organizada, secuestrando, amenazando, y hasta usando como carnada a una menor. Las personas del Operativo Rabanal a las que el imputado mencionó como “despeinados y maltrazados” estaban desintegrados por la tortura, las violaciones y los tratos inhumanos.

“Rico está equivocado desde un punto de vista histórico, político, jurídico y sobre todo, moral […] pero como el reproche moral no me corresponde, vamos al derecho”, concluyó. Fue sobre la base de una serie de premisas que Dante Vega sostuvo la acusación por los hechos de febrero de 1976.

La primera es la acreditación de la detención de 15 personas, tres de ellas menores de edad, entre el 6 de febrero y el 16 de marzo de 1976. La segunda premisa es que todos estos secuestros obedecieron a un plan y no fueron arbitrarias. El elemento aglutinante de la persecución es la participación de todas las personas detenidas en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y su pertenencia a organizaciones del peronismo de izquierda (Montoneros y Juventud Trabajadora Peronista). La tercera y última premisa es la constancia de que el D2 estuvo a cargo del operativo y actuó con el auxilio de otras fuerzas.

Aquí, el fiscal trajo a colación una prueba importantísima acerca del conocimiento de Rico del personal del D2 y el accionar conjunto con Infantería. Durante el allanamiento a la casa del imputado se encontró un mail que había sido enviado el 12 de octubre de 2011 por Adolfo “Coco” Sinescalchi, miembro de ese centro clandestino, a Carlos Rico. En ese mensaje le relata el procedimiento realizado en la casa de Ontivero, la tirada del portón y quiénes entraron corriendo. Allí los enumera a todos con una familiaridad sorprendente: “Bustos, Couto, el Pájaro Rodríguez, el Oso, José Sosa, el Rudo, el Chancho, el Mono, el Patón”. Además, menciona que en ese operativo y antes de ser “detenido”, Rule corrió y tomó una granada de fabricación militar que, aclaró Vega, no figura en ningún acta. En este correo electrónico, también escribe Sinescalchi la “probada participación de los detenidos en el asesinato del agente Cuello”.

Debido a que el Ministerio Público Fiscal no pudo sostener la acusación inicial en donde se enunciaba la activa participación de Rico en el diseño del operativo, se vio obligado a redefinir ciertas cuestiones en favor del imputado. Encontró la Fiscalía ciertas limitaciones probatorias. La primera es la atribución únicamente de los procedimientos protagonizados por Infantería. Dentro de estos se encuentra la segunda, que se limita a los casos cometidos solamente cuando el imputado no estaba de licencia, a pesar de asegurar que una persona que ocupa un lugar de poder en una estructura no puede interponer esa excusa. La licencia fue tomada entre el 6 y el 12 de febrero de 1976, semana en la que se cometieron la mayor parte de los secuestros del operativo.

Establecidos estos parámetros, el fiscal Vega determinó las causas por las que sí se va a responsabilizar a Carlos Rico. La primera refiere a la detención de Vicenta Olga Zárate, el 12 de febrero del ‘76. La prueba se sostiene en el libro de novedades de Infantería donde figura el envío de un agente de “consigna” al Policlínico, lugar donde estaba internada la víctima luego de una operación. El imputado figura como activo en el libro de novedades de su fuerza todos los días que se mantiene esta consigna. Además, cuando el D2 da la orden de detener a toda persona mayor de 15 años que ingresara a la habitación, son Rico junto con su superior, Pedraza, quienes se reúnen y se marchan juntos en un móvil que conduce Sosa. Es Infantería quien tiene esta misión y es Infantería quien conduce a Zárate al Departamento de Informaciones 2. Esto asegura un dolo eventual en el sometimiento a torturas.

Por este hecho se lo va a acusar como partícipe primario ya que sin su aporte esencial no se habría mantenido el plan criminal, por los delitos de:

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes.
  • tormentos agravados por la condición de perseguida política de la víctima.

La segunda causa por la que se va a sostener la acusación es el traslado del 26 de febrero de Rabanal, Ontivero y Rule. La orden del juez Carrizo no hace legítimos los traslados a la indagatoria “formal” aunque en contexto intimidatorio. Asimismo, la jurisprudencia sostiene que el traslado de prisioneros de un centro clandestino de detención es configurativo del delito de tormentos. Por esto se lo acusa a Carlos Rico de ser coautor de los mismos delitos determinados anteriormente.

La tercera causa refiere al traslado del día siguiente. Tiene la misma fundamentación que lo ocurrido un día antes pero ésta se sostiene como autoría mediata. Esto basado en que no es él personalmente quien realiza los traslados de las víctimas Actis, Ferrón, Molinas, Zárate, Larrieu, Muñoz y su hija María Antonia.

Además, la Fiscalía enunció la acusación a Carlos Rico por el delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Compañía de Comunicaciones

En el segundo tramo de la jornada, el Fiscal ad-hoc Daniel Rodriguez Infante, fundamentó la acusación contra los militares Ramon Angel Puebla y Dardo Migno, ya condenados en anteriores juicios. Los imputados fueron responsables de las detenciones ilegales y tormentos en la Compañía de Comunicaciones 8va.del Ejército.

Las instalaciones de esta dependencia fueron dispuestas como LRD (lugar de reunión de detenidos) y ofició como CCD. Concentró a decenas de personas retenidas ilícitamente. Según numerosos testimoniantes, los militares acondicionaron un barracón, con camastros dispuestos en fila, donde los prisioneros se encontraban vendados, con las manos atadas hacia atrás. Asimismo, varios dieron cuenta de tormentos recibidos en el transcurso de su detención.

En este caso, el Fiscal abordó las detenciones ilegales de Arturo Galván (fallecido) y Hermes Ocaña -delegados sindicales de la Asociación Bancaria-, así como las de Segundo y Ricardo Alliendes.

Arturo Galván y Hermes Ocaña fueron apresados en su lugar de trabajo, el Banco de Previsión Social, el 9 de abril de 1976. Inicialmente, fueron alojados en el D2 donde recibieron el repertorio de ultrajes ya conocido. En junio del mismo año, ambos fueron trasladados a la Compañía de Comunicaciones junto con Mario Santos, también integrante de la Bancaria.

La permanencia de ambos en este CCD está probada por varios testimonios. Así lo señalaron, el mismo Santos, María Argentina Páez, Oscar Guidone y otros. También se encuentra documentada, debido a la inclusión de Galván y Ocaña en una nómina de detenidos, firmada por Dardo Migno, que da cuenta de sus traslados a la penitenciaría provincial.

En septiembre de 1976, Galván fue sumado al traslado masivo de detenidos con destino a la U9 de La Plata; de allí salió en libertad el 17 de junio de 1977. Por su parte, Hermes Ocaña permaneció en la penitenciaria hasta que, en octubre del ‘76, integró un contingente de presos destinado a la Compañía de Comunicaciones 141 de Campo Los Andes, en calidad de rehén.

El Fiscal aprovechó la oportunidad para recordar que, con motivo de la llegada de Videla a la Provincia, un grupo de presos fue transferido a aquella Compañía en Tupungato. Oscar Bustamante, Juan Sgroi, Juan C. Zárate; Juan Koncurat, Claudio Sarrode, Walter Salinas, Carlos Pardini y Hermes Ocaña permanecieron en condición de rehenes hasta fines de diciembre del ‘76, cuando fueron restituidos a la cárcel.

Ocaña recuperó la libertad el 9 de marzo de 1977.

El otro caso que involucra a la Compañía de Comunicaciones se trata de la detención de Segundo (fallecido) y Ricardo Alliendes, padre e hijo, junto a su hermana Silvia Alliendes y su madre, Rosa Sbarbati de Alliendes. Las mujeres fueron alojadas en el Casino de Suboficiales.

Segundo Alliendes era albañil y miembro del Partido Comunista. El 28 de marzo de 1976 fue secuestrado junto a su familia en un procedimiento violento donde se consumó, también, el robo de objetos de valor. Un camión del Ejército o la Aeronáutica, de color azul, llegó hasta el domicilio de las víctimas, en Las Heras. Su primer destino fue la Comisaría 16°, donde permanecieron entre 5 y 7 días, y luego al predio del Ejército.

Los hombres arribaron, primero al Liceo Militar Gral. Espejo y luego fueron remitidos a la Compañía de Comunicaciones, junto con otros detenidos, quienes testimoniaron al respecto. Asimismo, Ricardo lo hizo en este juicio, así como su hermana Silvia. La mujer aseguró que su padre y hermano estuvieron un mes en la Compañía.

Obra un decreto del PEN que dispone la detención de los Alliendes, emitido 20 días después de la captura de ambos, y otro de cese de la privación de la libertad, fechado el 2 de julio de 1976.

Precisiones sobre calificaciones legales

Para el Ministerio Público, el juez de instrucción sobreseyó erradamente a Puebla y Migno por privación abusiva de la libertad en los casos de Ricardo y Segundo Alliendes por mediar decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Respecto de Galván y Ocaña, no se aplicó el agravante por durar más de un mes ni se consideró que fueran víctimas de tormentos.

Por esta razón, el fiscal Daniel Rodríguez Infante procedió a aclarar nociones generales sobre las figuras de privación ilegítima de la libertad y tormentos en las cuales se basa la acusación de la Fiscalía para la totalidad de los casos que difiere con el criterio adoptado en la etapa de instrucción.

La mayor parte de las detenciones se realizaron sin orden judicial previa. De todas formas, aquellas excepciones en las que, efectivamente, hubo decisión judicial, tampoco están exentas de ilegalidad. Según el fiscal, la privación ilegítima de la libertad tiene dos momentos: la detención inicial -agravada en los casos de irrupción en el domicilio y allanamiento- y el intento de “blanqueo” posterior. Las vías por las cuales el aparato represivo buscó “blanquear” las detenciones en el marco del terrorismo de Estado fueron tres: la judicialización con armado de causa penal; mediante decreto del PEN; o por el simple traslado del detenido a una penitenciaría.

A pesar de estos intentos para “normalizar” los procedimientos realizados sin orden judicial, las detenciones “nacieron ilegales” por no respetar el marco legal vigente, desde la Constitución Nacional y los códigos hasta las propias normas dictadas por la dictadura, que solo habilitaban la detención sin dictamen previo en los casos de flagrancia.

Mucho menos legal es la aplicación retroactiva de un decreto del PEN o de un procesamiento judicial, que implicaría dar carta blanca a las fuerzas de seguridad. En los cuatro casos abordados, los detenidos fueron puestos a disposición del PEN por decreto en distintos tramos de su detención, lo cual no los dota de legalidad.

Respecto de la tortura, la fiscalía adoptó un concepto amplio de este delito basándose en numerosa doctrina nacional e internacional -ya expuesta en juicios anteriores- que diferencia entre tradicionales sesiones de tortura física y psicológica y aquella resultante de las condiciones de detención.

Sobre la primera, se determinó que en la Compañía de Comunicaciones se sometió a las víctimas a sesiones constantes, sistemáticas y brutales de tortura que tuvieron incluso un “tinte lúdico” para los torturadores, según las declaraciones de los propios detenidos. Galván, Ocaña y los Alliendes las padecieron.

Sin embargo, el juez de instrucción interpretó incorrectamente las declaraciones de Galván ante el juzgado militar, al referirse a un interrogatorio en el que lo “maltrataron” pero que “no pasó a mayores”. Algo similar ocurrió en la declaración de Ocaña ante autoridad militar, aunque luego detalló las características del interrogatorio bajo tortura, en su testimonial en presencia de este tribunal.

Esta tendencia a “matizar” en algunos de los testigos ya se abordó en el juicio anterior. Por contraposición a la brutalidad y a las terribles condiciones de CCD donde estuvieron con anterioridad, las víctimas relativizaron los padecimientos posteriores en otras dependencias. Sin embargo, fueron también tormentos.

Por último, las condiciones mismas de la reclusión configuran el delito de tormentos y se hace extensible a todos los CCD. La Fiscalía contempla como razones la clandestinidad (desprotección objetiva y subjetiva de las víctimas) y el conocimiento de la tortura ajena (sumada a la incertidumbre sobre la propia). Además, todo lo relativo al régimen totalitario de dichos Centros: encierro, escasa salubridad y alimentación, incomunicación, relación con los torturadores, estética concentracionaria (particularmente en el caso de la Compañía de Comunicaciones), entre muchos otros elementos.

La acusación final del Ministerio Público, distinta a la requerida en la etapa de Instrucción, es la siguiente:

Dardo Migno (encargado del “Lugar de Reunión de Detenidos” -CCD- desde enero de 1976 hasta 1979) y Ramón Ángel Puebla (jefe de la Compañía de Comunicaciones desde 1976 y superior de Migno) son acusados de autores mediatos por los delitos de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes en los casos de Arturo Galván (segunda detención) y Hermes Ocaña.
  • Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos en los cuatro casos.

Los imputados ya fueron condenados por asociación ilícita en un juicio anterior.

La próxima audiencia será el jueves 3 de mayo a las 9.30.

 

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Audiencia 47 / ENTRE PERSECUCIÓN Y AMENAZAS

14-12-17 / Desde Madrid, prestaron testimonio Mario Santos, por la causa de los Bancarios, y el hijo de Marta Agüero, por la detención de su madre. Luego declararon allegados al cabo de la Fuerza Aérea, José Dimódica, quien murió de manera sospechosa. Al finalizar se escuchó un testigo de la Defensa. Molestó al público el tono intimidatorio con que Carlos Benavidez, abogado defensor del Comodoro Santamaría, suele dirigirse a las y los testigos de la Fiscalía.

Desde ESPAÑA

Mario Santos llegó a un cargo jerárquico en el Banco de Previsión Social, era delegado de las Comisiones Gremiales Internas y fue aprehendido por personal de civil, en el propio Banco, el 22 de abril de 1976. En esta ocasión fue convocado por la Fiscalía para testimoniar por sus compañeros de la Bancaria, Hermes Ocaña, Arturo Galván y Horacio Lucero, con quienes compartió cautiverio.

Según Santos, fue detenido por pedido expreso del entonces Gerente, Joaquín Ignacio Díaz, quien lo señaló por no dejarse chantajear. Denunció en una Asamblea que las autoridades lo querían extorsionar y cayó en desgracia.

Su primer destino fue el D2, donde permaneció alojado alrededor de 60 días. Fue sometido a torturas y vejámenes y compartió una pequeña celda con sus compañeros Horacio Lucero y Hermes Ocaña. En junio fue trasladado a la Compañía de Comunicaciones del Ejército junto a Arturo Galván y Hermes Ocaña. Tres meses después recaló en la penitenciaría desde donde obtuvo la libertad, el 28 de diciembre de 1976.

Durante su extenso testimonio, Santos manifestó su sentir. Dijo, reiteradamente, “tengo un nudo en el alma” y formuló su deseo de liberarse de las humillaciones vividas y la vergüenza por la degradación a la que fue sometido. También proporcionó algunos detalles que dejan al descubierto la perversidad de los miembros del aparato represivo.

Entre los pasajes de su declaración contó que cierto día un custodio del Banco de Previsión, que revistaba en el D2, trajo ante sí a su hijito de 3 años y medio, lo encañonó con un revólver en la cabeza para luego decir que se trataba de una broma. En la misma línea, relató que el suboficial Pagella, miembro de inteligencia del Ejército, se infiltró en su familia acercándose a su hermana. En la sala de torturas, descubrió que este personaje formaba parte de los interrogadores del D2.

En el 8vo de Comunicaciones, el testigo trabó una relación especial con el Tte. Coronel Schero, quien le sugirió se fuera del país y le tramitó el pasaporte. Asimismo, recordó que, en una dependencia del regimiento, en una ocasión, fue atado de los pulgares y sometido a apremios mientras alguien escribía a máquina. Luego, pretendieron firmara un contrato de compra- venta de su vivienda. Señaló que el jefe operativo de esa dependencia era el Tte. Dardo Migno y el suboficial Peralta tenía gran presencia.

En respuesta a una pregunta de Fiscalía respondió que Galván recibió torturas pero no eran muy ostensibles; en cambio Hermes Ocaña estuvo azul-morado por los golpes durante mucho tiempo.

Finalmente, expresó que su sueño era una patria justa, libre y soberana. Agregó que haber sido seminarista adherente a la Teología de la Liberación, estudiante de la Escuela de Periodismo y miembro de las comisiones internas de la Bancaria lo colocaban en un lugar comprometido, objeto de persecución.

“Tengo el alma rota, hoy espero unirla”, concluyó.

Aldo Adler Agüero es el hijo de Marta Rosa Agüero, ya fallecida, reconocida militante de la Liga por los Derechos del Hombre que se ocupó de las detenciones ilegales y desapariciones sufridas en Dictadura.

Aldo, nacido en San juan, es músico, reside en Madrid, desde donde declaró por videoconferencia. Invitado a relatar lo acontecido, recordó que él estaba presente cuando días antes del Golpe, allanaron su vivienda y se llevaron a su madre. La transportaron en un camión de los que se utilizan para las tropas pero no pudo identificar la fuerza.

Por otro lado, aclaró que por esos días estaba haciendo el servicio militar en el Liceo Militar Gral. Espejo y que, durante el procedimiento, pudo reconocer al Tte. González y a algunos de los conscriptos que lo acompañaban. Durante la requisa se llevaron su carnet de afiliación al Partido Comunista, lo que lo obligó a ocultarse.

También recordó que dentro del camión en el que subieron a su madre estaba un compañero de escuela de apellido Marmolejo.

Según el testigo, Marta Agüero estuvo detenida en la Comisaría 2da., aunque nunca reconocieron tenerla allí. Por sugerencia de una vieja militante le llevaban comida a esa seccional hasta que un día, un policía afirmó que le haría llegar el termo que portaban.

Por distintos testimonios, incluso el de Marmolejo, Marta Agüero estuvo detenida en el D2 cerca de un mes.

“los monos”

Por la causa de Las Lajas prestaron declaración distintas personas familiares de José Vicente Dimódica, “Pepe”. Este hombre era suboficial de la fuerza aérea y cumplía funciones de guardia cerca de la entrada de ese campo de tiro. Murió el 27 de octubre de 1979 y, aunque los militares dijeron que fue un accidente, la familia asegura que lo asesinaron.

La primera en declarar por este caso fue Lucía Victoria García, prima de José Vicente. Contó que él tenía un puestero amigo con el que iba a cazar en aquella zona del pedemonte. El puesto estaba cerca del lugar donde cumplían la guardia del campo Las Lajas. Este amigo le dijo que a lo lejos había algo así como una tapa de chapa muy grande que cubría un pozo de donde se escuchaban gritos de personas.

Por los dichos de Pepe, “los monos” -como él les decía a los militares- lo estaban persiguiendo porque él sabía lo que estaban haciendo. Había vivido en Córdoba y sabía lo que sucedía con los presos políticos. Comentó que en Mendoza estaban haciendo lo mismo.

Dijo la testigo que una vez ella fue a saludarlo y vio la construcción donde estaba. Era de dos pisos, de material y para nada precaria. Abajo había habitaciones y baño, en el piso de arriba vigilaban. Desde allí, les relataba Pepe, veía pasar camiones cerrados y sospechaba que estaba pasando “lo mismo que en Córdoba”.

Una semana antes de su muerte entró castigado a su turno de guardia. El sábado siguiente entregaron el cuerpo en un cajón. Dijeron que había tenido un accidente, que se le había disparado su arma. Lucía García sostiene que lo mataron. Había muchos soldados haciendo guardia en el velorio, que fue en la casa de una tía en el barrio Santa Ana. Cuando, luego de la insistencia de la madre, abrieron el cajón y vieron el cuerpo, estaba todo rasguñado y tenía una venda en la zona abdominal. La ropa que tenía no era suya, le quedaba chica. El puestero les comentó que no había sido un accidente, pero los militares advirtieron no investigar más.

Para la época de los hechos que se juzgan, Dimódica llevaba tres años trabajando allí. “Él quería ser aviador, no matar ni torturar”, afirmó García.

Luego fue el turno de Juan Manuel García, otro primo de Pepe Dimódica. Su relato fue similar al de Lucía, con las precisiones que pudo dar por haber tenido una relación de amistad con José Vicente. Contó que algunas veces fueron en grupo a acompañar a su primo cuando le tocaba hacer guardia y comían asados. Una vez les dijo que sabía que ahí pasaban “cosas raras” y mencionó el pozo con la tapa que le contó el amigo puestero. Ubicó aquel lugar “cerca del barrio Dalvian”.

Un día, camino al puesto, los pararon antes de llegar y les dijeron que no podían seguir “subiendo”. Les notificaron la muerte “por accidente” de su primo. “Se le cayó el arma y se disparó”, dijeron. Él supo desde el primer momento que no era así. Con anterioridad, Pepe les había contado que “me andan siguiendo los monos porque ando curioseando”. Específicamente le interesaba llegar a ese “pozo con tapa donde tiraban gente”. Cuando llegaron a la base aérea vieron el ataúd. Afirmó que quien sabe cómo fueron las cosas se llama Ricardo Godoy, era cuñado de José Vicente y encargado de él en la IV Brigada.

Los dichos de Juana Margarita Gibanto, madre de José Vicente Dimódica, se condijeron con el resto. Su hijo vio cosas en Las Lajas; y su amigo, mediero de la zona, escuchó gritos, lamentos y pedidos de auxilio. Él quiso ayudar porque era muy “inteligente y curioso”.

La versión oficial de la muerte de su hijo no la convenció nunca. Supuestamente él había bajado hasta el Barrio Municipal por el robo de un auto y, por accidente, se le habría escapado un tiro que le causó la muerte. Lo acompañaba el soldado José Luis Rodríguez. Eso, afirmó la testigo, es imposible. Su hijo “era armero y campeón de las tres provincias de Cuyo en el Tiro Federal”.

Relató el velorio de su hijo como su sobrina. Un hermano le dijo que “Pepito” se había accidentado. La subieron al auto, llegó a la casa de su hermana y se encontró con mucha gente y un cajón. Desesperada pidió insistentemente que lo abrieran y allí lo vio con rasguños, la cara llena de moretones, ropa ajena y una venda en el abdomen.

A la señora Gibanto le dieron trabajo en la IV Brigada y allí ella intentó averiguar la verdadera historia de su hijo pero nadie la ayudó. Una vez le dijeron que Pepito había abierto “una puerta que no tenía que abrir”.

En una ocasión cambió el brigadier a quien ella respondía y el nuevo “empezó a molestarme”. Procuraba seducirla, dijo ella, y proclamó: “cómo voy a salir con un tipo donde han matado a mi hijo”. El hombre la acosaba, y hasta llegó a prohibirle salir de la oficina porque los soldados le decían cosas. “¡Si eran unos culillos!”, tenían la edad de su hijo, contó. Se retiró de esa fuerza y buscó otro trabajo.

El último de la familia en prestar testimonio fue Jesús José Luis Gibanto. Afirmó la confianza que tenían en este grupo de primos, contó de los asados para acompañar a Pepe, el mangrullo y la relación de amistad con el puestero. También relató las sospechas de Dimódica, el pozo negro, las cosas raras que pasaban en Las Lajas y la habilidad de su primo con las armas. Su dudosa muerte, la secuencia del velorio y la seguridad, en palabras de su primo, de que “los monos andaban atrás de esto”.

Vieron finalmente el cuerpo. Nunca pudieron hacer actuaciones policiales. Al parecer, las fuerzas de seguridad no querían meterse en problemas.

Cuando ingresó al servicio militar, el 3 de enero de 1980, en la IV Brigada Aérea, preguntó por su primo. Las respuestas que recibió fue “no meta el dedo en el avispero”, “déjelo así”, “es una zona oscura”, “andás averiguando cosas que no tenés que averiguar” y “vas a terminar como él”.

Una vez fueron a hacer limpieza del campo de práctica y tiro de los aviones, Las Lajas, pero les prohibieron pasar ciertos límites. Ya sabían que si incumplían podían pasarla muy mal. Cuando le tocó estar en Sanidad, Jesús revisó los libros para ver si el 27 de octubre del año anterior figuraba la revisión de su primo, pero no encontró nada. “Nunca llegó a Sanidad”, afirmó. No le permitieron seguir la carrera militar.

La riqueza de este testimonio fue la ubicación de Las Lajas y el croquis que pudo diagramar a pedido de la defensa oficial. Ese dibujo es de suma importancia para la inspección que se quiere hacer.

el testigo investigado

Eduardo Elio Gaviola es comodoro retirado de la fuerza aérea y tiene “un proceso similar en curso”. Es decir que está siendo investigado por delitos de lesa humanidad. Fue citado por Benavídez, quien le preguntó acerca de las circunstancias en que conoció a Santamaría. “Iba a ser jefe de la compañía donde yo estaba”. Lo conoció a mediados de enero de 1977 porque, previamente, afirmó, Santamaría estaba con su licencia anual de 30 días.

El abogado defensor procuró, nuevamente, quitarle responsabilidad a su defendido de lo ocurrido en campo Las Lajas. Mauricio López fue visto en ese centro de exterminio luego de ser secuestrado la madrugada del 1 de enero de 1977.

La próxima audiencia será el viernes 15 de diciembre a la hora acostumbrada.

 

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