Audiencia 75 / PALABRAS FINALES: RICO Y LEDESMA

16-08-18 / Después de una breve dúplica de la defensa del exoficial de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Santamaría, se inició la ronda de palabras finales de los procesados. En la fecha fue el turno de Carlos Rico Tejeiro, acusado en la causa Rabanal y del exoficial del Ejército, Carlos Ledesma, por el Casino de Suboficiales.

Dúplica por Santamaría

En una breve intervención, Carlos Benavidez, respondió a la réplica que realizara la Fiscalía con respecto a sus argumentos en defensa del exvicecomodoro Juan Carlos Santamaría.

En primer lugar, se refirió a su pedido de inconstitucionalidad de la prisión perpetua, objetado por el Fiscal, en razón de que la reclusión no se cumple en forma taxativa.Los sentenciados tiene opción de salir, tener prisión domiciliaria y otras posibilidades. A este argumento, Benavidez respondió que no se trata de un “derecho per se”, si no que queda a criterio de los magistrados. Destacó que a Santamaría le permitieron asistir al casamiento de una de las hijas pero se le denegó permiso para asistir a la boda de su segunda hija debido a la intervención de la Fiscalía.

Por otro lado,insistió en rebatir el carácter de jefe u organizador de una asociación ilícita contenido en la imputación. Tal como lo hiciera en la etapa de alegatos, insistió en que su defendido no participó de la Regional Oeste de Inteligencia. Recordó que el jefe era el comodoro Padorno, como también sostuvieron los acusadores, resaltó. Tampoco estuvo en la Comunidad Informativa; su legajo no registra ningún dato que lo vincule con estas dependencias.

En 1977, agregó Benavidez, la División Inteligencia que comandaba Santamaría estaba abocada, exclusivamente, a brindar seguridad interna a la IV Brigada, insistió.

Para finalizar esbozó una novedosa hipótesis. Según el abogado, la Fuerza Aérea cedió el campo Las Lajas al Ejército. Esta fuerza instaló allí un campo clandestino de detención, a su cargo. Como única prueba de ello el abogado argumentó que la Fuerza Aérea no cumplía guardias en ese predio.

“Las cosas en su lugar”

Carlos Rico hizo uso de su derecho a las últimas palabras para seguir esgrimiendo argumentos que hacen a su defensa. El imputado repasó una a una las acusaciones en su contra y negó ser responsable penalmente. Remarcó que pondría “verdades y mentiras en relieve” para que estuvieran “las cosas en su lugar”.

En esta instancia, Rico reclamó a la Fiscalía haber hecho “giros imputativos” sobre diferentes puntos. Sobre la licencia anual, sostuvo con firmeza que “faltó investigación” respecto de este tema, que no supieron interpretar los libros de novedades ni determinar con certeza si participó, o no, en algunos hechos. Además afirmó que no se pudo saber si el destino fue o no incierto para “los presos” y que no era su tarea comunicar eso. Entiende el imputado, que por esta razón, no se puede afirmar que la incertidumbre sobre el destino de un traslado configure el delito de tormentos.

La omisión deliberada de ciertas declaraciones de las víctimas le sirvieron para hilar su relato. En este punto, por ejemplo, no mencionó jamás el estado en el que estaban las personas luego de haber sido secuestradas, torturadas, abusadas, vendadas, durante días. Él habla de un simple traslado de un grupo de “presos” desde el D2 hacia la Unidad Regional Primera. Se defendió precisando que no tenía “facultad revisoria” para preguntar nada sobre esas personas.

Carlos Rico desestimó por completo tener que responder penalmente por el delito de asociación ilícita. Aseguró que sería imposible encontrar un hilo conductivo hacia el pasado que pudiera comprobar esto y que nunca fue intimado ni declaró al respecto. Manifestó que nunca fue nombrado por nadie, ni en un juicio de Mendoza ni de San Rafael. “Nunca me escondí”, arremetió, a pesar de haber estado prófugo cuando se conocieron los cargos contra él.

Negó haber participado y planificado la detención de Olga Vicenta Zárate y que la única prueba que tenía la Fiscalía era su constancia de presentismo ese día en Infantería. Nuevamente sostuvo que no tenía ninguna autonomía funcional sino que era “un subinspector más” y no tenía poder de mando, sino que se encontraba en un escalón intermedio.

En la ampliación de su declaración indagatoria, Rico presentó ciertos libros que la querella utilizó en su alegato acusador. Hoy afirmó que “en los libros del Centro de Instrucción Contrasubversiva no hay ni una sola línea que denote ilegalidad” y comparó a estos libros con los supuestos manuales de Montoneros, alimentando fuertemente la teoría de los dos demonios.

Luego de despacharse contra la Cámara Federal de Apelaciones, calificándola de “la infamia más grande”, con un guiño hacia el Tribunal,aseguró que “las cosas van a terminar en su debido lugar” y “van a fallar como corresponde”, teniendo en cuenta “todas las dimensiones: jurídica, moral y con el corazón en la mano”. A pesar de eso, remarcó que nadie le devolvería la honra ni el apellido.

Finalizó, no sin antes hacer una cita bíblica, asegurando que la hipocresía y la inequidad vino del lado de los acusadores.

Yo solamente le pido perdón a Dios

Carlos Ledesma hizo uso de las últimas palabras para insistir sobre la autonomía del Casino de Suboficiales –que funcionó como Centro Clandestino de Detención de mujeres en 1976- respecto de la Compañía de Comando y Servicios, que estaba a su cargo. Fue reprendido por Daniel Cisneros, presidente del Tribunal, debido al tono agresivo que adoptó en más de una ocasión hacia la Fiscalía.

El imputado señaló como responsable del Casino al recientemente capturado Walter Tomás Eichhorn, quien habría sido designado por sus propios pares. Según Ledesma, en el Casino vivían los suboficiales solteros, razón por la cual las autoridades no podían ingresar libremente para preservar la intimidad: como al domicilio de un casado, “si no me invitan, no voy”. Además, repitió que las órdenes eran transmitidas a Eichhorn directamente por el general Jorge Maradona.

También negó haber conocido o firmado órdenes referidas a las “19 víctimas” del CCD. Sostuvo que Dora Goldfarb, quien declaró recibir insultos y amenazas de Ledesma por su origen judío, no pudo identificarlo luego en el reconocimiento: “Ni soy rubio, ni uso botas, ni soy nazi”, fue su defensa frente a las palabras de algunas de las detenidas. Como es corriente entre los acusados, Ledesma reclamó al Ministerio Público Fiscal que no hubieran sido citados los cinco suboficiales efectivamente identificados, aunque admitió que “algunos están muertos”.

El resto de su declaración versó sobre aspectos de su carrera militar y profesional: “mientras fui militar, fui uno de los mejores”. Aseguró pertenecer a la fuerza desde los doce años y agradeció la formación recibida de los mejores instructores, entre ellos el excoronel carapintada Mohamed Alí Seineldín. Obtuvo una condecoración por su actuación en Tucumán en 1975 y explicó que sus compañeros lo consideraron “veterano de guerra”. También reveló que se retiró de su cargo en la Compañía de Comando y Servicios “porque no compartía los lineamientos de parte del Proceso de Reorganización Nacional”.

Por otro lado, reconoció haber desarrollado “militancia política” en un ministerio, pero aclaró: “tener una ideología no significa que yo me haga cargo de estos actos que son en contra de los Derechos Humanos”. Sostuvo que “era conocido” porque en paralelo al ejército estudió Ciencias Políticas y Sociología en la UNCuyo, algo que estaba prohibido para un oficial. Dijo que desde los noventa se dedicó “exclusivamente a formar gente en claustros universitarios” hasta el año 2011.

Destacó que lleva escritos tres libros y que prepara uno próximo que “no tiene cabida en Argentina” pero sí en el exterior. Luego reivindicó su condición de “católico apostólico romano” y laico consagrado, y sentenció no tener ningún problema de conciencia: “Yo solamente le pido perdón a Dios”.

En relación al proceso judicial, dijo haberse presentado voluntariamente desde Buenos Aires “para aportar datos” pero luego de siete años “no se descubrió nada”. “Que la verdad corone a la justicia que está muy vapuleada”, concluyó.

La próxima audiencia será el jueves 23 de agosto a las 9.30hs.

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Audiencia 71 / FINALIZÓ LA RONDA DE ALEGATOS

28-06-18 / Hoy fue el turno de Carlos Benavidez, abogado particular del exvicecomodoro Juan Carlos Santamaría, para quien solicitó la absolución. En su intervención trató de minimizar la participación de la Fuerza Aérea en la represión ilegal e intentó desvincular a su cliente de lo sucedido en el Campo Las Lajas. Destacó que pudo contar con todas las garantías del derecho a defensa y elogió el desempeño del Tribunal y los acusadores.

Carlos Benavidez abrió su alegato citando al fiscal Strassera para arribar a su sonada frase: “Nunca Más”. Inmediatamente después pidió la absolución de su defendido e hizo algunas consideraciones generales sobre la Fuerza Aérea y su menor injerencia en las operaciones antisubversivas frente al rol central del Ejército.

Dijo adherir al planteo del defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, para rechazar las imputaciones que pesan sobre los acusados.

En primer término, sostuvo la prescripción de los delitos que se le imputan a su defendido. Para ello echó mano del único voto en disidencia del juez Carlos Fayt en el fallo Simón. En el año 2005, la Corte Suprema de Justicia instrumentó la ley del Congreso que determinaba la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y habilitó el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad. El abogado Benavidez leyó los fundamentos utilizados por Fayt en esa ocasión para apoyar su postura.

Asimismo, sostuvo la inconstitucionalidad de la prisión perpetua e hizo hincapié en la edad del acusado. Santamaría, de 73 años de edad, hace 6 que se encuentra en la cárcel; tal situación, según el defensor, violaría la letra de un tratado referido a la prisión de los adultos mayores.

Luego, Carlos Benavidez, pidió la nulidad del auto de elevación a juicio en tanto no estaría acreditada la figura de asociación ilícita. Esgrimió que no se cumplirían los tres requisitos para considerar a su defendido partícipe de ese delito. El primero consiste en ser integrante de una banda de tres o más personas. “¿Asociación ilícita con quién?” -señaló el defensor-. No hay pruebas de que participó de la Comunidad Informativa ni del Comando de Operaciones Tácticas. No hay registros de su contribución a la Inteligencia de la Regional Oeste de la Fuerza Aérea como sí figuran en los legajos de Armando Carelli y de otro oficial al que no quiso nombrar. De sus dichos se desprende que se trata de Jorge García (fallecido en la guerra de Malvinas) que se desempeñaba como Jefe de Interrogadores.

En un tramo de su exposición pidió, también, la nulidad del alegato de la querella de la provincia de Mendoza que adhirió al planteo de la Fiscalía. Se mostró ofendido porque estuvieron en pocas audiencias y “pidieron un montón de perpetuas”.

Lejos de la escena del crimen

Inevitablemente, el abogado debió mencionar que Juan Carlos Santamaría era de Jefe de la División Inteligencia de la IV Brigada Aérea, pero para atenuar el peso de ese cargo, dijo, sin más especificaciones, que estaba abocado “a cumplir una función formal”. Agregó que su defendido centraba su desempeño en la Policía Militar, donde se asentó, en 1978, tras dejar la jefatura de Inteligencia.

También mencionó la orden 239 del Gral. Maradona que dejaba a todas las armas bajo el comando del Ejército. Admitió que la Fuerza Aérea contribuyó a la lucha contra la subversión pero se replegó en septiembre de 1976, cuando su defendido aún no estaba en la IV Brigada.

Benavidez intentó transferir al Ejército toda la responsabilidad de lo acontecido en el Campo Las Lajas. Reconoció la veracidad de los testimonios de las víctimas y agregó que al menos cuatro de ellas estuvieron a merced del Ejército. Luque fue detenido y trasladado a un CCD de artillería de esa fuerza, en San Luis. Ferraris recaló en La Perla; mientras que Zuin provenía de ese lugar comandado por el 3er. Cuerpo. En tanto, en el operativo de detención de Mauricio López, de acuerdo a las declaraciones de los testigos, los vehículos no pertenecían a la Fuerza Aérea, sino que eran presumiblemente del Ejército o, tal vez, de la Policía Federal, aseguró.

El defensor enfatizó que el entonces Capitán Santamaría nada tenía que ver con el Campo Las Lajas, salvo que tuviera “el poder de la bilocación”, ironizó, ya que ese lugar quedaba a 10 km. de su oficina y contaba con un solo subalterno.

En cuanto a la puntual detención de Mauricio López, insistió que, para la fecha del operativo, enero de 1977, el acusado estaba con licencia anual. Luego sufrió un problema de salud que lo apartó de sus tareas por un mes y en marzo contrajo matrimonio. Trató de ubicarlo lejos del escenario de los hechos.

Finalmente, desacreditó los dichos del testigo Flores Tejada quien se desempeñaba como soldado conscripto, y de Benditti, por contradictorio.

Benavidez consideró que la acusación le llegó “de rebote”. Solicitó la absolución lisa y llana o por el beneficio de la duda, en favor de su cliente. También, hizo reserva de Casación.

La próxima audiencia será el jueves 26 de julio, después de la feria judicial.

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Audiencia 67 / SE LLEVARON A LOS MEJORES

14-06-18 / El Dr. Pablo Salinas, en representación del MEDH, concluyó su exposición sobre las causas del Centro Clandestino de Detención Las Lajas y realizó un pedido especial por los menores detenidos junto a sus madres. El Defensor Oficial, Leonardo Pérez Videla, dio comienzo al alegato de la defensa con las causas de la Policía Federal.

Concluye el alegato de la querella

Pablo Salinas continuó su alegato sobre el Centro Clandestino de Detención y Exterminio (CCDyE) “Campo Las Lajas”, causa por la que están imputados Paulino Enrique Furió y Juan Carlos Santamaría, jefes de Inteligencia del Ejército y de la Fuerza Aérea, respectivamente.

Inició la jornada con unas elocuentes palabras de Furió que constan en su legajo: “me tocó asumir un rol de relevancia en la gestión asumida (sic) por las FF. AA., particularmente por el ejército, en afrontar la misión de derrotar al enemigo apátrida que se había enquistado como un cáncer en nuestra sociedad argentina”. “A confesión de parte, relevo de pruebas”, sentenció Salinas.

La Orden 239, que dispuso el control operacional del Ejército sobre cada detenido, indicaba que debía informarse por escrito al Gral. Jorge Maradona, máxima autoridad del Ejército, todo lo que ocurría. Como Lajas dependía de la Fuerza Aérea, la coordinación entre las fuerzas es indiscutible.

Tal como ya se ha escuchado en la etapa de alegatos, dos testimonios fundamentales acreditan la existencia de Las Lajas como CCD: los de los sobrevivientes Luque Bracchi y Ferraris. Sus palabras, a su vez, se refuerzan con los hechos. El Habeas Corpus que presentó la familia de Santana Alcaráz menciona a Luque Bracchi como compañero de habitación del joven desaparecido en San Luis, tal como consta en su declaración. Cuando se presentó Ferraris, por su parte, el MEDH solicitó que realizara un croquis del CCD antes de visitarlo en persona, lo cual confirmó la precisión del recuerdo del testigo. La declaración de Ángel Ruggieri, suboficial de la Fuerza Aérea a cargo del campo de tiro, no hace más que resaltar la veracidad de lo indicado por Ferraris durante el reconocimiento.

Todo lo que relató este testigo respecto de su cautiverio en Las Lajas permitió reconstruir los hechos de los demás detenidos allí hacia 1977: Osvaldo Zuin (confirmado por Teresa Meschiatti y Flores Tejada), María de Carmen Marín y su padre Carlos (el contexto de sus detenciones consta en los Habeas Corpus rechazados por la justicia), Juan Ramón Fernández y Mauricio López.

Las circunstancias del secuestro de Mauricio López el 1 de enero de 1977 están descriptas en el Habeas Corpus que presentó su familia: cinco individuos quedaron afuera mientras otros cinco ingresaban violentamente a su domicilio. Además de llevarse a López, robaron múltiples objetos de la casa y dinero. Utilizaron dos vehículos que se vinculan al D2, a la Policía Federal y a la Concertación Nacional Universitaria: un Ford Falcon color crema y un 404 anaranjado.

La Seccional 5ta, donde se realizó la denuncia, resolvió “dar intervención al Juzgado Federal” y difundió un radiograma que contenía una descripción cambiada de los vehículos. Aquí comenzó, según Salinas, el encubrimiento del hecho con complicidad policial. La Justicia Federal, representada por Otilio Romano, clausuró el expediente el 10 de enero mediante un sello que indicaba la inexistencia de hechos para investigar. Tampoco respondió la Justicia cuando el hermano de Mauricio presentó una carta, supuestamente, enviada por la víctima desde Chile.

La hipótesis de la querella es que en Las Lajas existe un pozo de una antigua bomba que los represores posiblemente aprovecharon para esconder los cuerpos de las personas asesinadas.

Calificación legal y pedido de pena

La querella pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta para Juan Carlos Santamaría (capitán, jefe de División Inteligencia y miembro de la Comunidad Informativa) como autor mediato de los siguientes delitos cometidos en perjuicio de Mauricio López:

  • privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes
  • homicidio triplemente calificado por alevosía, por concurso premeditado por dos o más personas y para asegurar su posterior impunidad
  • asociación ilícita en calidad de jefe u organizador

La misma pena se solicitó para Paulino Enrique Furió (capitán ascendido a mayor, jefe del G2 de Inteligencia del Ejército) como autor mediato por los siguientes delitos:

  • privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes, en perjuicio de Mauricio López, Osvaldo Zuin, María del Carmen Marín, Carlos Marín, Juan Ramón Fernández y Horacio Ferraris
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por los mismos seis casos
  • homicidio triplemente calificado por alevosía, por concurso premeditado por dos o más personas y para asegurar su posterior impunidad, en perjuicio de Mauricio López
  • robo agravado y allanamiento ilegal, en perjuicio de Mauricio López

Por último, adhirió al pedido de Fernando Peñaloza para que el Campo Las Lajas sea expresamente considerado Centro Clandestino de Detención.

Pedido por la infancia

Salinas solicitó al Tribunal que se reconozca en la sentencia a los niños y las niñas que también padecieron el Terrorismo de Estado como víctimas de este juicio: Mariano Morales (hijo de Vilma Rúpolo), Yanina Rosa Rossi (hija de Stella Maris Ferrón) y Alejo Hunau (hijo de Silvia Ontivero). Justificó esta posición explicando que los represores podrían haberlos dejado pero decidieron llevarlos para torturar a sus madres y/o para forzarlos a identificar personas cercanas al ámbito familiar.

Esa juventud maravillosa

Pablo Salinas concluyó el alegato de la querella rindiendo homenaje a la generación “comprometida con la libertad, la solidaridad y el cambio social” en nuestro país que fue el principal blanco del aparato represivo durante la década del ’70. “Se llevaron a los mejores”, señaló. Acompañó las fotos de alguna de las víctimas con palabras de Ángela Urondo, Pablo Seydell y Ernesto Espeche.

Empezó el alegato de la defensa

A modo de introducción, y en consonancia con los planteos habituales de la defensa en estos juicios, Leonardo Pérez Videla, abogado defensor, sostuvo que el proceso afectaba el principio de legalidad, se opuso a la imprescriptibilidad de los delitos y defendió la irretroactividad de la ley penal.

Para ello, pidió circunscribirse a los artículos 18, 27, 28 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y citó los fallos de los casos Muiña y Fontevecchia en los que se abre una nueva interpretación de la jerarquía normativa de los tratados internacionales. También, recurrió al voto en disidencia de Carmen Argibay en la causa Mazzeo para argumentar que “los tribunales no son omniscientes” y deben “trabajar en cada caso persiguiendo la verdad objetiva”.

Demandó, justamente, una visión particular y “menos politicista” ya que “mientras más avanzamos y damos lugar a planteos vinculados al dolor y la tragedia, mientras más generalizamos y legitimamos ese reclamo, más bastardeamos la justicia”.

Por último, criticó el “tono general de reproche” de estos juicios: se acusa a todos los imputados de saber qué pasó y no querer hablar lo cual es una “irracionalidad absoluta”.

Un contexto “inconmovible”

Luego de esta introducción jurídica general, Pérez Videla quiso esbozar una reconstrucción “más adecuada con el criterio de justicia” respecto del contexto en el cual se desarrollaron los hechos. Descartó la idea de guerra y prefirió hablar de un “conflicto de serias características beligerantes” señalando que la “juventud comprometida” a la que se refirió la querella en sus alegatos no marcó una distancia clara de rechazo a ese clima de confrontación: “fácilmente se podría haber levantado esa bandera”, concluyó.

Los imputados, por su parte, coincidieron en la descripción de una “situación inconmovible” que no pudieron alterar ni manejar porque “no caía en el ámbito de su dominio ni decisión” y “cuyos resultados eran inevitables”. Para eximirlos de responsabilidad, reconoció la existencia de “grupos secretos manejados por altas autoridades que lamentablemente están muertas”. Caso contrario, sus representados “exigen que se pruebe su participación”.

En un “estado constante de necesidad y excepción”, entre el “caos y el terror” desatados, reclamó que “la carga de todo lo sucedido” la soportan los imputados.

La posverdad del genocidio: inexistencia de asociación ilícita

El defensor reiteró su pedido de “honrar el principio de verdad jurídica objetiva” para evitar caer en “invenciones o ficciones” en relación a la figura de la asociación ilícita adjudicada a los acusados. Citó a Zaffaroni para justificar que la justicia penal “ataca por sectores”: a los más vulnerables y a los disidentes molestos.

Siempre siguiendo a este autor, Pérez Videla sostuvo que la justicia no debe basarse en una estructura ficcional vehiculizada por un “sistema de criminalización mediática”: la prensa construye posverdad al alejarse del juicio, de los hechos y de las pruebas. El resultado de este “relato” es un “juicio moral y ético” que lo coloca a él mismo como “defensor de veinte genocidas” frente a la opinión pública.

Esto es lo que sucedió, para la defensa, con el delito de asociación ilícita. El abogado pidió la nulidad de esta acusación por violar los artículos 298 y 123 del Código Penal y explicó que la Fiscalía basó su pedido en la mera narración sin existir prueba real que la sustente. Son tres elementos que no se cumplirían: la existencia del grupo (no se mencionan los “socios”, es una “simple conjunción de imputados”), el propósito colectivo (se justifica con el “relato” del plan sistemático) y la permanencia en el tiempo (para acusar se considera cuando conviene la información presente en los legajos).

Más pedidos de nulidad

Pérez Videla requirió la nulidad del alegato mediante el cual el Estado provincial adhirió a la acusación del Ministerio Público Fiscal. El defensor consideró que hubo desconocimiento de hechos y penas y que esta decisión le resta seriedad al juicio. “Parece importar el reproche”, declaró. También opinó que respondió a razones políticas.

Luego, solicitó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua para adultos mayores amparándose, ahora sí, en los tratados internacionales que los identifican como sujetos vulnerables.

Por último, determinó la ilegalidad de la incorporación de declaraciones testimoniales de personas fallecidas o incapacitadas por lectura como dispone la Acordada 1/12 porque “son imposibles de rebatir” y la nulidad del reconocimiento fotográfico, presente en otras causas, como prueba en este juicio.

Las causas de la Policía Federal

El abogado abordó las causas que involucran a la Policía Federal por las ejecuciones sumarias de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar y que tienen como imputados a José Luis Mirotta y Marcelo León. Pidió para ambos la absolución lisa y llana o por beneficio de la duda.

Su estrategia defensiva tuvo tres líneas recurrentes: acusar a la Fiscalía por lo no investigado (sin mencionar la imposibilidad que hubo por años debido a las leyes de impunidad), intentar establecer contradicciones en las testimoniales (a lo largo de cuarenta años algunos testigos han declarado en más de una ocasión y con grandes distancias temporales) y remarcar la falta de prueba. Poniendo énfasis en los detalles, los hechos centrales de la imputación quedaron en varias ocasiones desdibujados.

Como ejes centrales, cuestionó la investigación realizada por el periodista Rodrigo Sepúlveda que es prueba en esta causa y desestimó la veracidad del testimonio del exmiembro de la Policía Federal, Carmelo Cirella. Sostuvo que el documental en cuestión no era “objetivo” ni “correcto en términos de labor periodística” porque convirtió a Cirella en “personaje”. Además, consideró que estaba “limitado” por haber sido realizado en el marco de una materia universitaria. La Fiscalía, con estas dos fuentes, habría basado la imputación en una “construcción versionada” de los hechos.

Carmelo Cirella declaró por primera vez ante la CONADEP en 1984. Para el defensor, los datos que brindó respecto de Sánchez Andía –hecho que no presenció- fueron los mismos que había difundido la prensa, salvo por elementos ficcionales como el corte de manos. La existencia de “el balcón”, donde se habrían arrojado varios cuerpos, tampoco pudo ser constatado. Como el testigo modificó varias veces la nómina de los supuestos responsables del hecho, la defensa consideró que acusó a sus excolegas con “animo de vendetta” y con esperanza de algún beneficio. También restó valor a lo relatado por Juan Sánchez Andía, hermano de la víctima, por “confusiones y olvidos” en las sucesivas declaraciones respecto de elementos menores como la distribución de las habitaciones y camas del hospital donde estuvo internado Amadeo. El mismo recurso de deslegitimación de la prueba testimonial aplicó al abogado Carlos Bula por no recordar el derrotero del Habeas Corpus presentado a favor de su defendido.

Sobre el imputado, José Luis Mirotta, solo indicó que no estuvo presente en Mendoza al momento del hecho, tal como sostuvo él mismo en su ampliación declaratoria.

Para desdibujar el caso del asesinato de Romano Rivamar, la defensa fue la misma. El abogado consideró que las declaraciones del hermano fueron poco consistentes respecto de la fuerza que intervino en la detención y que, progresivamente y a partir de rumores, se buscó culpar a la Policía Federal. El testimonio del primo de la víctima, el juez Fernando Romano, también carecería de valor por su avanzada edad (“casi senil”) y falta de memoria.

Pérez Videla también relativizó el testimonio de Clemente Montaña, legislador que encabezó la comisión que visitó el lugar donde fue arrojado el cuerpo de Romano Rivamar. Luego de ser conducidos por el propio Cirella, Montaña había manifestado el alto grado de precisión en lo narrado por el expolicía. La defensa expresó su desconfianza respecto de las vainas encontradas, cuestionó la falta de presencia judicial, la inexistencia de fotos y la falta de preservación del lugar.

Por último, el defensor analizó los resultados de la pericia psicológica ordenada por el Ministerio Público Fiscal para Carmelo Cirella. Aunque todos reconocieron que no sufría ninguna patología psiquiátrica y que demostraba apego a la realidad, el defensor destacó que, una vez interrogados por él, tampoco habían negado la posibilidad de que falseara la verdad.

La defensa concluyó que no existen certezas sobre los hechos (no pueden reconstruirse por completo) ni en las declaraciones de Cirella (son todos relatos distintos) para sostener la acusación de prisión perpetua de la Fiscalía. Y agregó que los múltiples elementos ficcionales e incomprobables que manifiesta no lo hace creíble según las teorías principales sobre la evaluación del testimonio.

La próxima audiencia será el viernes 15 de junio a las 9.30 hs.

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