Audiencia 74 / DÚPLICA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA

02-08-18 / El defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, presentó las contrarréplicas siguiendo el esquema argumentativo desarrollado por el Ministerio Público Fiscal la semana pasada. La próxima audiencia será el turno del abogado defensor de Carlos Santamaría.

Caracterización del contexto

El abogado defensor, Leonardo Pérez Videla, sostuvo la posición esgrimida en la instancia de alegatos respecto de la caracterización del contexto como “beligerante”. Al respecto, aseguró que la perspectiva de la defensa fue siempre “desideologizada”.

Para justificar el “marco inconmovible” al que ya se había referido, reiteró la existencia de “claras manifestaciones de violencia” desde comienzos de la década del ‘70 tales como secuestros, copamientos y tomas. Aclaró que en este contexto de “caos y terror” deben ser juzgados los acusados.

Como la Fiscalía pidió citar fuentes que avalaran esta caracterización, Pérez Videla enumeró una serie de publicaciones de “propaganda” de las organizaciones políticas que contenían “partes de guerra”: Cristianismo y Revolución, Evita Montonera, El Combatiente,Gaviotas Blindadas, entre otras.

Por otro lado, se refirió a la crisis institucional de estos años y justificó su incapacidad para explicar lo ocurrido hacia el interior del peronismo. Volvió a solicitarle a la querella que dilucidara el extraño paso de la “juventud maravillosa” a la “infiltración marxista”.

En cuanto a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, reiteró el argumento de la trama paraestatal que encabezó la represión ilegal y mencionó asesinatos y desplazamientos dentro de las propias fuerzas: “nadie sabía nada ni podía determinar nada”, dijo en relación a sus defendidos.

Prescripción e irretroactividad

La estrategia del defensor fue ampararse, una vez más, en el voto en disidencia de Argibay respecto de la imprescriptibilidad de los delitos cometidos. Pérez Videla discutió que el espíritu de los fallos que dispusieron dicha imprescriptibilidad estuvo orientado a juzgar a los altos mandos, mientras que la situación de los demás miembros de las Fuerzas Armadas es distinta y merece una consideración particular.

En contraposición a una justicia “punitivista”, solicitó que se respeten las garantías básicas de sus defendidos a quienes se imputa por la simple pertenencia a las fuerzas. Como en los alegatos, reclamó analizar cada caso y evitar generalizaciones. Ese habría sido el objetivo de mencionar los fallos Fontevecchia y Muiña, cuestionados por el Ministerio Público Fiscal.

Nulidad de la asociación ilícita

La defensa reiteró que no está suficientemente probada la plataforma fáctica para “tamaña acusación”. Las penas “son duras” pero no se demuestran los aportes concretos de los acusados como miembros de un “aparato organizado de poder cuyo objetivo fue destruir a las personas”, que efectivamente existió.

Como base del derecho a la defensa mencionó la posibilidad del imputado de expresarse sobre todos los hechos y pruebas, razón por la cual la acusación debe ser clara. Reclamó que este aspecto no se cumplió desde la instancia indagatoria ni en el desarrollo posterior del juicio.

Por último, sostuvo que la Fiscalía consideró arbitrariamente el valor de las licencias de los imputados cuando fue conveniente para la acusación, mientras que no se demostró la presencia de sus defendidos en los días concretos. En síntesis, se trataría de “imputación narrativa” por su pertenencia a las fuerzas de seguridad, tal como sucedió con “todos los empleados del D2”.

Nulidades varias

En relación a la incorporación de declaraciones de juicios previos por lectura, el abogado defensor argumentó que quita seriedad y relevancia al juicio. Puntualmente, la acusación por el caso de Nélida Virginia Correa, se sostiene sobre las declaraciones de la víctima que no pudieron ser rebatidas por los imputados.

También defendió el pedido de nulidad de los reconocimientos fotográficos porque la muestra es “sugestiva” y fácil de “dirigir”. En muchos casos las descripciones hechas por los y las testigos no coincidirían con las identificaciones realizadas.

Prohibición de acción de regreso

En su réplica, la Fiscalía justificó la imposibilidad de aplicar el principio de prohibición de regreso tomando como ejemplos los casos de Roberto Usinger y Carlos Rico porque sus intervenciones no fueron culposas sino dolosas, es decir, manifiestamente ilegales. Pérez Videla cuestionó el concepto restrictivo de esta figura que tomó la parte acusadora en relación al desarrollo histórico que tuvo en la doctrina.

Según el abogado defensor, existen antecedentes internacionales que abordan situaciones de traslados donde se toma en cuenta este principio. Por otro lado, marco la ligazón con el propio Estatuto de Roma y la posibilidad, o no, de conocer la ilegalidad de los actos. En el caso de Carlos Rico, el imputado reconoció desde el primer momento su participación y aseguró haber acatado la orden emitida por las autoridades competentes, entre ellas un juez. Además, cuestionó la selectividad de responsables en la “cadena”, dado que el juez Carrizo no está acusado por los hechos que sí se le adjudican a Rico.

De esta forma, la defensa pidió contemplar la participación puntual, accidental y casual de los acusados. Sobre Rico y su juventud al momento de los hechos, sostuvo que era demasiado joven para “organizar semejante faena”: “vean lo que es hoy un joven de ‘veintipico’ de años, vean si pueden cargarle semejante reproche”. Para el abogado, Rico “accidentalmente confió”.

Inconstitucionalidad de prisión perpetua

En relación a la inconstitucionalidad y anticonvencionalidad de la pena de prisión perpetua para adultos mayores, Pérez Videla sostuvo que por doctrina y jurisprudencia no existe esta pena en la legislación argentina.

“Viene sucediendo que se aplica penas perpetuas a mayores de 70 años en estos juicios pero debe detenerse”. Instó al tribunal a “animarse a plantear otra cosa[…]conforme al principio de finalidad y función de la pena, vinculado al principio de legalidad, de mínima severidad, favor humanitatis”. Debe tenerse en cuenta una posición “misericorde y piadosa” frente a la decrepitud y la vulnerabilidad de las personas mayores. Pese a los terribles delitos que se abordan en estos juicios, “no tenemos por qué crear un marco de excepcionalidad”.

Delitos sexuales

Por último, la defensa respondió a la Fiscalía respecto de la separación entre el dolor y el perjuicio sufrido por los delitos sexuales y la figura general de tormentos.

Pérez Videla sostuvo que el carácter individual, personal y situacional de estos delitos no era claro en relación a las coautorías adjudicadas a sus defendidos. Aseguró que el objetivo no es “vilipendiar el dolor sufrido” sino cuestionar el engranaje lógico que sustenta la acusación.

Tomando como referencia Berenger, el abogado argumentó que no se visualizan los actos cognitivos y volitivos que caracterizan a estos delitos porque se desarrollaron en el marco de la tortura. Por otro lado, no fueron prácticas sistemáticas sino dolos individuales.

La defensa concluyó su contrarréplica con el pedido de absolución lisa y llana o por beneficio de la duda para todos los acusados.

La próxima audiencia será el jueves 16 de agosto, a las 9.30 hs.

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Audiencia 72 / RÉPLICA DE LA FISCALÍA

26-07-18 / El Ministerio Público Fiscal replicó a los alegatos de los defensores. Daniel Rodríguez Infante respondió al pedido de nulidad por prescripción de las causas y contestó los argumentos defensistas. El fiscal Dante Vega se refirió a la nulidad de asociación ilícita y a la inconstitucionalidad de las incorporaciones de las declaraciones por lectura y la prisión perpetua.

El fiscal ad hoc comenzó la jornada reconociendo el trato respetuoso dispensado a las víctimas por parte del Defensor Público, Leonardo Pérez Videla. Después, Rodríguez Infante, recordó las expresiones de Pérez Videla que remiten a la “teoría de los dos demonios”. Así, rebatió la existencia de un conflicto beligerante o una guerra en el momento que se desarrollaron los hechos. Aseguró que el defensor no esgrimió los fundamentos ni citó fuentes para tal aseveración que resultó sin finalidad defensiva. “No hay que dar opiniones sino fundamentarlo”, insistió.

Para replicar, echó mano de varios antecedentes y afirmó que el tema está zanjado desde el fallo de la Causa 13. Para ese fin leyó un fragmento del mismo fallo que apoya se postura.

Rodríguez Infante también contestó al abogado particular del exvicecomodoro Santamaría, Carlos Benavídez, quién adhirió a las solicitadas planteadas por el defensor oficial. Esta posición pretendió igualmente caracterizar a la etapa como de beligerancia. Rodríguez Infante recordó que, con gran ligereza, se propuso juzgar a los miembros de las organizaciones político militares. Al respecto el fiscal se preguntó a quiénes se juzgaría y puntualizó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ya se expidió en sentido contrario. Incluso, trajo a colación el caso Larrabure en el que se acusa a un exintegrante del PRT por la muerte de ese militar, encuadrándolo en delito de lesa humanidad. Acusación que no prosperó.

Para finalizar el análisis de la introducción que realizara la defensa, aludió a afirmaciones genéricas de que algunos testigos-víctimas entraron en contradicciones o mintieron. El fiscal se remitió a varios fallos que evidencian que no es posible una declaración lineal. Las experiencias y percepciones son personales. Ejemplificó con los casos de quienes, horriblemente ultrajados en el D2, al ser trasladados al 8vo. de Comunicaciones, no advirtieron que el trato recibido configuraba tormentos y lo consideraron normal.

Pedido de Nulidad

El fiscal ad hoc, a lo largo de su exposición, reiteró que los enunciados eran genéricos, inespecíficos, sin anclaje en las normas y tejió hipótesis sobre qué se supone trataron de decir los defensores.

En el primer tramo de la réplica se refirió a la nulidad por la prescripción de las causas contenidas en el debate, debido a la infracción al principio de legalidad. En tal sentido Rodriguez Infante descartó la afectación de este principio pues los fallos de la Corte Suprema han ratificado la imprescriptibilidad de los delitos que se juzgan, incluso en su nueva Constitución. Recordó el deber de leal acatamiento a estos fallos.

Sustentó que la costumbre como fuente de derecho halla su respaldo en la legislación nacional e internacional y rebatió la interpretación del artículo 18, 118 y 75, inc. 22, realizada por la defensa. Agregó que la costumbre como fuente de derecho estaba vigente al momento de los hechos y recordó que la Convención Internacional de Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad o cometidos en contexto de guerra data de 1966.

Además, detalló los tratados internacionales y casos que han sentado jurisprudencia al respecto. “No hay retroactividad”, afirmó ya que no importa cuándo se cometieron estos delitos porque son de carácter continuo.

Sobre asociación ilícita, prisión perpetua e incorporación de las declaraciones

Por su parte, el fiscal Dante Vega, comenzó valorando el respeto por las víctimas de parte de la defensa pública. A continuación, explicó que la prisión perpetua es constitucional y esto es afirmado por Tribunales Federales y por la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP). Además, en nuestro país, la prisión perpetua no es en sentido estricto sino que hay mecanismos para acortar la reclusión. Esta pena también es convencional ya que no viola ningún punto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre personas mayores.

Se explayó más al referirse a la nulidad que planteó la defensa sobre la acusación por el delito de asociación ilícita. Vega introdujo que ya en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la Provincia se incluyó esto en la ampliación de la acusación. Aunque fue rechazado por el tribunal fue confirmado por la CFCP.

El defensor Pérez Videla afirmó en su alegato que los defendidos no fueron intimados debidamente. Sin embargo, explicó el fiscal, está puntualizado en la elevación a juicio formal y materialmente, “y así lo entienden los imputados”.

Citó a la reconocida estudiosa del tema, Patricia Ziffer, para afirmar que en la asociación ilícita “no es necesario que conozca a los otros integrantes” sino simplemente su existencia a los fines que los ocupan. No solo es imposible sino también irrelevante que la Fiscalía se encargue de precisar todos los integrantes de la banda criminal. La comisión de delitos es el motivo de la unión aunque el fin no hubiera sido ilegal. Los delitos juzgados no requieren un elemento convictivo. “No hay obstáculo procesal ni sustancial” para que los imputados sean acusados por el delito de asociación ilícita, concluyó Vega.

Por último, la Fiscalía cuestionó la posición de la defensa respecto de no acordar con la incorporación por lectura de algunos testimonios. Las personas que no pudieron declarar en juicio están fallecidas o están imposibilitadas física o mentalmente para asistir al debate. Todos estos casos entran dentro de lo estipulado por el artículo 391 del Código Procesal Penal de la Nación.

Es contradictoria esta posición de la defensa debido a que en juicios previos no ha habido reparos en aceptar esto y en este proceso tampoco hay un rechazo con especificaciones sino, simplemente, en términos generales. “No hay infracción al derecho de defensa” y se trata, simplemente, de un “planteo sin sustento”, en palabras de Daniel Rodríguez Infante.

Respuesta a la estrategia defensista

Luego de los planteos de nulidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad, el Ministerio Público Fiscal se encargó de replicar lo dicho por las defensas pública y particular. Daniel Rodríguez Infante expuso que podía dilucidar tres tipos de argumentos defensistas que se repitieron en las distintas causas: la prohibición de regreso, el razonamiento “no fueron mis defendidos, fueron otros” y la afirmación de que, si hubo un aporte, no fue relevante.

La prohibición de regreso es un principio que establece que, frente a un hecho culposo seguido de un hecho doloso, no se puede atribuir responsabilidad penal al primero. El fiscal desmintió los dichos de la defensa en este sentido estableciendo que en ningún momento hay hecho culposo, es decir, sin intenciones de ilegalidad. Tanto Usinger como Rico fueron defendidos con este argumento sin sustento. Los hechos eran todos ilegales: secuestro, torturas, traslado de detenidos ilegales, indagatoria judicial en sede policial. El simple hecho de formar parte del aparato organizado de poder es doloso y no está libre de persecución penal.

El argumento según el cual se sostiene que, efectivamente, pasó lo que relatan las víctimas pero los que cometieron el delito no son los defendidos tiene tres tipos de culpables en la mira: en primer lugar, el argumento ya conocido de que la culpa la tienen los muertos como pasa en el intento de confusión de Usinger con Smaha.

En segundo lugar, la afirmación según la cual los responsables son quienes no están siendo investigados como el caso de Alliendes, Straniero o Hernández. Olvida la defensa que es importante tener en cuenta que todos los ejemplos nombrados están siendo investigados y muchos están acusados aunque no estén en el presente juicio. Es relevante aclarar que de ningún modo le quita responsabilidad a los imputados el hecho de que haya otros responsables.

En tercer lugar, la intención de hacer creer que los que cometieron los ilícitos eran individuos pertenecientes a subgrupos o grupos secretos como en los casos de Susso, Bermejillo, Galván y Ocaña. Este argumento “no puede prosperar”, aseguró Rodríguez Infante, ya que es inexplicable que la única responsabilidad la tengan grupos secretos que nadie conoce en la estructura estatal. Se torna más insostenible aún cuando se intenta defender con esto a jefes de centros clandestinos que tuvieron a su cargo personas detenidas ilegalmente.

El último argumento defensista consiste en que si hubo algún aporte de los imputados, éste no fue relevante o esencial. Esta estrategia de defensa fue aplicada sobre todo a integrantes, y a veces a jefes, de centros clandestinos de detención. El representante del MPF aclaró que aunque el dominio del hecho lo hayan tenido otros, eso no significa que el aporte al aparato represivo estatal no haya sido relevante. “La mayor o menor responsabilidad en un tramo no descarga la responsabilidad de otros en otros tramos”, finalizó.

Para concluir esta parte, la Fiscalía se encargó de responder tres puntos en particular a lo alegado por la defensa. La primera respuesta fue acerca de los delitos sexuales y reconoció al defensor oficial el hecho de no haber cuestionado el principio de congruencia. Sin embargo, aclaró Rodríguez Infante, que la figura de coautoría o autoría mediata es perfectamente aplicable aunque el defensor no esté de acuerdo. “Se trata de un delito de dominio” y no de propia mano por el hecho de que no hay una “finalidad específica de afectación del ejecutor”, sino que el objetivo es el ejercicio del poder.

En relación a la segunda respuesta, respecto del reconocimiento fotográfico, el fiscal sostuvo que estos reconocimientos son parte y complementan las declaraciones. No existe razón para oponerse a su incorporación como prueba ya que tampoco son alcanzados por los requisitos de la rueda de reconocimiento de personas.

La tercera respuesta estuvo referida a la causa contra la Fuerza Aérea. Rodríguez Infante aclaró que en el alegato ya se anticipó a lo dicho, posteriormente, por el defensor público de Furió y el defensor particular de Santamaría. Enumeró los argumentos de este último, Carlos Benavídez, para evidenciar lo sostenido: no hay confusión sino relación entre la División 2 de Inteligencia de la Fuerza Aérea y la Regional Oeste de Inteligencia; la equiparación entre el G2 y la División 2 de Inteligencia es legítima; la lucha contrasubversiva no fue llevada a cabo solamente por el Ejército y ejemplo de esto es que en próximos juicios hay más de 40 víctimas; no tiene relevancia jurídica si Santamaría estaba o no en Mendoza al momento del secuestro de Mauricio López; la distancia con Las Lajas no es trascendente, “Menéndez estaba a 700 km” y nadie duda de su responsabilidad; la escasa cantidad de efectivos no importa; lo sufrido por las víctimas no supone que todo lo haya hecho materialmente Santamaría, sino que es imposible que él haya sido ajeno a la situación; por último, las pretendidas contradicciones del testigo Flores Tejada no quitan responsabilidad al acusado.

La próxima audiencia es mañana viernes 27 de julio a las 9.30.

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Audiencia 71 / FINALIZÓ LA RONDA DE ALEGATOS

28-06-18 / Hoy fue el turno de Carlos Benavidez, abogado particular del exvicecomodoro Juan Carlos Santamaría, para quien solicitó la absolución. En su intervención trató de minimizar la participación de la Fuerza Aérea en la represión ilegal e intentó desvincular a su cliente de lo sucedido en el Campo Las Lajas. Destacó que pudo contar con todas las garantías del derecho a defensa y elogió el desempeño del Tribunal y los acusadores.

Carlos Benavidez abrió su alegato citando al fiscal Strassera para arribar a su sonada frase: “Nunca Más”. Inmediatamente después pidió la absolución de su defendido e hizo algunas consideraciones generales sobre la Fuerza Aérea y su menor injerencia en las operaciones antisubversivas frente al rol central del Ejército.

Dijo adherir al planteo del defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, para rechazar las imputaciones que pesan sobre los acusados.

En primer término, sostuvo la prescripción de los delitos que se le imputan a su defendido. Para ello echó mano del único voto en disidencia del juez Carlos Fayt en el fallo Simón. En el año 2005, la Corte Suprema de Justicia instrumentó la ley del Congreso que determinaba la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y habilitó el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad. El abogado Benavidez leyó los fundamentos utilizados por Fayt en esa ocasión para apoyar su postura.

Asimismo, sostuvo la inconstitucionalidad de la prisión perpetua e hizo hincapié en la edad del acusado. Santamaría, de 73 años de edad, hace 6 que se encuentra en la cárcel; tal situación, según el defensor, violaría la letra de un tratado referido a la prisión de los adultos mayores.

Luego, Carlos Benavidez, pidió la nulidad del auto de elevación a juicio en tanto no estaría acreditada la figura de asociación ilícita. Esgrimió que no se cumplirían los tres requisitos para considerar a su defendido partícipe de ese delito. El primero consiste en ser integrante de una banda de tres o más personas. “¿Asociación ilícita con quién?” -señaló el defensor-. No hay pruebas de que participó de la Comunidad Informativa ni del Comando de Operaciones Tácticas. No hay registros de su contribución a la Inteligencia de la Regional Oeste de la Fuerza Aérea como sí figuran en los legajos de Armando Carelli y de otro oficial al que no quiso nombrar. De sus dichos se desprende que se trata de Jorge García (fallecido en la guerra de Malvinas) que se desempeñaba como Jefe de Interrogadores.

En un tramo de su exposición pidió, también, la nulidad del alegato de la querella de la provincia de Mendoza que adhirió al planteo de la Fiscalía. Se mostró ofendido porque estuvieron en pocas audiencias y “pidieron un montón de perpetuas”.

Lejos de la escena del crimen

Inevitablemente, el abogado debió mencionar que Juan Carlos Santamaría era de Jefe de la División Inteligencia de la IV Brigada Aérea, pero para atenuar el peso de ese cargo, dijo, sin más especificaciones, que estaba abocado “a cumplir una función formal”. Agregó que su defendido centraba su desempeño en la Policía Militar, donde se asentó, en 1978, tras dejar la jefatura de Inteligencia.

También mencionó la orden 239 del Gral. Maradona que dejaba a todas las armas bajo el comando del Ejército. Admitió que la Fuerza Aérea contribuyó a la lucha contra la subversión pero se replegó en septiembre de 1976, cuando su defendido aún no estaba en la IV Brigada.

Benavidez intentó transferir al Ejército toda la responsabilidad de lo acontecido en el Campo Las Lajas. Reconoció la veracidad de los testimonios de las víctimas y agregó que al menos cuatro de ellas estuvieron a merced del Ejército. Luque fue detenido y trasladado a un CCD de artillería de esa fuerza, en San Luis. Ferraris recaló en La Perla; mientras que Zuin provenía de ese lugar comandado por el 3er. Cuerpo. En tanto, en el operativo de detención de Mauricio López, de acuerdo a las declaraciones de los testigos, los vehículos no pertenecían a la Fuerza Aérea, sino que eran presumiblemente del Ejército o, tal vez, de la Policía Federal, aseguró.

El defensor enfatizó que el entonces Capitán Santamaría nada tenía que ver con el Campo Las Lajas, salvo que tuviera “el poder de la bilocación”, ironizó, ya que ese lugar quedaba a 10 km. de su oficina y contaba con un solo subalterno.

En cuanto a la puntual detención de Mauricio López, insistió que, para la fecha del operativo, enero de 1977, el acusado estaba con licencia anual. Luego sufrió un problema de salud que lo apartó de sus tareas por un mes y en marzo contrajo matrimonio. Trató de ubicarlo lejos del escenario de los hechos.

Finalmente, desacreditó los dichos del testigo Flores Tejada quien se desempeñaba como soldado conscripto, y de Benditti, por contradictorio.

Benavidez consideró que la acusación le llegó “de rebote”. Solicitó la absolución lisa y llana o por el beneficio de la duda, en favor de su cliente. También, hizo reserva de Casación.

La próxima audiencia será el jueves 26 de julio, después de la feria judicial.

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