Audiencia 48 / VUELOS SECRETOS

15-12-17 / Se escucharon dos testimonios por la causa Las Lajas. Primero declaró José Flores, exsoldado en la IV Brigada Aérea que ofreció sustanciosas revelaciones. Por otro lado, Teresa Meschiatti, sobreviviente del CCD La Perla, relató haber compartido cautiverio con Osvaldo Zuin después de su secuestro en la ciudad de Córdoba.

La mayor parte de la jornada fue destinada a recibir el testimonio de José Alberto Flores Tejada, soldado entre febrero de 1977 y marzo de 1978, que revistaba en la Policía Militar. Él es oriundo de Jáchal, San Juan y tiene un pariente desaparecido por esos días.

El hombre dijo no conocer Las Lajas porque recibió entrenamiento en Potrerillos. En aquellos años ya no se utilizaba el campo de tiro Las Lajas para realizar las prácticas, aclaró.

Una tarde del mes de agosto o septiembre de 1977, cuando se encontraban en la guardia móvil, fue convocado, junto a otros soldados, para custodiar un avión que había aterrizado en un lugar inusual, al que ubicó cerca del “ hangar del Douglas”. Fuera de la vista normal de la aeronave descendieron 6 o 7 personas vendadas y maniatadas, una de ellas en una camilla, acompañadas por el Comodoro Santamaría y Armando Carelli; los dos últimos procesados en este juicio. Los secuestrados fueron cargados en un camión, tipo furgón, que no tenía insignias militares ni pertenecía a la IV Brigada. El suceso le llamó la atención a más de un soldado pero poco se hablaba de ello.

Agregó que durante el servicio sucedían hechos extraños. Dijo que Carelli se enseñoreaba con un Valiant color gris, sin placa; entraba y salía generalmente de noche, sin someterse a ningún reconocimiento.

Recordó haber participado de un procedimiento en una casa de la 6ta. Sección de donde solo sacaron cajas. Últimamente ha tratado de ubicarla con precisión pero supone que fue repintada y cambió su aspecto. También relató que próximo al puesto “B” tenían esposado, cautivo, a un hombre que mencionaban como “el Viejo”.

Como nota curiosa relató que en una oportunidad le aplicaron un test a 250 o 300 soldados que contenía preguntas sobre las Fuerzas Armadas y el gobierno militar. Flores trató de contestar lo esperado por sus jefes; sin embargo, quedó entre los 20 observados. Lo catalogaron de zurdo.

Flores afirmó que Juan Carlos Santamaría, Armando Carelli, el suboficial Pagella y otros solían concurrir a una oficina de Inteligencia que se encontraba en la Brigada. Supo el rol de esa dependencia por los dichos de un soldado que tenía acceso a la misma.

El Inquisidor

El testigo debió responder varias preguntas de la parte acusadora. Asimismo, sorteó con solvencia el rol de inquisidor con que el abogado Carlos Benavidez formula sus preguntas cuando alguien compromete a su cliente, el Comodoro Santamaría. Benavidez trata de presionar, hace preguntas insidiosas e incluso emite valoraciones sobre la respuesta del testigo. Por esta situación, el presidente del Tribunal hoy le llamó la atención.

Así, a propósito del relato de Flores sobre el avión en el que Carelli y Santamaría trasladaban detenidos, Benavidez pretendía que recordara el nombre de los solados de la guardia móvil o describiera qué hizo el día antes y después, poniendo en cuestión su memoria como si se pudiera equiparar el hallazgo del desembarco de personas secuestradas con situaciones cotidianas. También reprochó al testigo porque en la actualidad no puede reconocer aquella casa que abordaron en la 6ta. Sección, en cambio dijo ubicarla con certeza, en su declaración de 2004. En tono censurable reprochó al testigo: “Antes sí y ahora no”.

Zuin en Córdoba

Teresa Celia Meschiatti declaró por videoconferencia desde Córdoba. Fue secuestrada el 25 de septiembre de 1976 en esa provincia y recuperó su libertad el 28 de diciembre de 1978. Entre las personas mendocinas que conoció estando en cautiverio en el centro clandestino La Perla mencionó a Osvaldo Zuin.

En mayo de 1977 llevaron a la cuadra donde estaba detenida Meschiatti a un muchacho delgado, de pelo castaño oscuro y con una pierna rota. De noche, cuando la guardia se quedó afuera, se acercaron a él. Les dijo que se llamaba Horacio, que era mendocino y exseminarista. No mencionó pertenencia a organización política alguna. La pierna se la había fracturado durante el secuestro en Córdoba y a Teresa le llamó la atención que nunca le atendieron esa herida. El muchacho estaba contento porque le informaron que lo iban a trasladar a su provincia.

Después de la noche que se lo llevaron, el suboficial Vega, oriundo de Godoy Cruz, les dijo que lo enviaron a Mendoza y que estaba bien. Pero la testigo sabía que ellos mentían. Muchas veces habían dicho que le daban la libertad a una persona y el vehículo no se dirigía a la ciudad sino al campo de fusilamiento. El personal de La Perla era del destacamento de Inteligencia del Ejército cuyo tercer cuerpo estaba bajo las órdenes de Menéndez.

Hace tres o cuatro años, la testigo recibió un correo electrónico de familiares de Horacio. En el contenido enviaban una foto de él y su nombre real, Osvaldo Zuin. Allí supo realmente cómo se llamaba y, a pesar del paso del tiempo, aclaró “95% segura de que era él”.

La próxima audiencia será después de la feria judicial, el 1 de febrero de 2018, con sendas inspecciones oculares.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Anuncios

Audiencia 17 / SE ABRIÓ EL DEBATE

20-04-17 / Con el repaso de los asesinatos de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano así como la privación de la libertad de Luis Vázquez, finalizó la lectura del Requerimiento de elevación a Juicio de la acumulación de expedientes reunidos en eta megacausa. El Tribunal abrió el debate. Alberto Aguinaga, defensor de Carlos Rico, presentó formal recusación contra el fiscal Dante Vega por su supuesta pertenencia a “Justicia Legitima”.

En la jornada culminó la lectura del Requerimiento de Elevación a juicio contra los oficiales de la Policía Federal José Luis Mirotta y Marcelo León, implicados en los crímenes arriba señalados. Asimismo, se dio a conocer el Requerimiento por la privación ilegítima de la libertad del dirigente sindical Luis Vázquez.

DOS EPISODIOS TRÁGICOS

En base al relato de Carmelo Cirella Paredes, un expolicía federal, se conoció la participación de esa fuerza en los asesinatos de Amadeo Sánchez Andía, en 1975 y de Víctor Romano Rivamar, al año siguiente. Cirella, ya fallecido, confesó haber pertenecido al aparato ilegal de esa fuerza y proporcionó detalles de los procedimientos y los miembros de la Federal involucrados en ambos operativos. Sus dichos fueron coincidentes con pruebas y testimonios que acreditan las imputaciones.

Amadeo Sánchez Andía, de nacionalidad peruana, estudiante de Comunicación Colectiva, de 31 años de edad, fue secuestrado del Hospital Regional de San Martín y una semana después, fusilado en Canota.

El joven era correo del PRT-ERP. El 29 de mayo de 1975 se dirigía a Córdoba cuando el ómnibus que lo trasladaba chocó con un camión. Como resultado del impacto Sánchez resultó herido e internado en el Hospital de San Martín. Días después, el 5 de junio, se retiró la custodia policial al paciente y el mismo día, un grupo comando lo sacó en vilo del nosocomio en medio de un apagón. En la retirada, un miembro de la patota perdió un llavero que llevaba la inscripción “Escuela Ramón Falcón”, precisamente donde se formaban los cadetes de la Policía Federal.

El herido fue trasladado en una ambulancia y al día siguiente, el 6 de junio, apareció su cuerpo en el lecho del río Seco, con numerosos impactos de bala y un tiro de gracia. Para mayor escarnio, pintaron con brea sobre su cuerpo desnudo “por traidor Monto” para simular un ajuste de cuentas entre organizaciones político-militares.

Cirella, quien era chofer, ofreció los nombres de quienes secuestraron a Amadeo Sánchez: entre ellos se encontraba Marcelo León.

Víctor Romano Rivamar tenía 31 años y trabajaba en el Poder Judicial. Fue secuestrado el 22 de abril de 1976 y fusilado en Papagayos. Según los dichos de Carmelo Cirella, el subdelegado de la Policía Federal, José Luis Mirotta le instruyó que se deshiciera del cuerpo de Romano en cumplimiento de las órdenes de su jefe. Así, fue ocultado en las inmediaciones de las vías en Pedregal. Días después, en mayo, la policía de Maipú encontró el cadáver semienterrado en el Campo Ortega. Familiares de la víctima lo reconocieron y recuperaron sus restos.

Víctor Romano no tenía militancia sindical ni política, sin embargo, quedó, posiblemente, atrapado en una trama mafiosa. Los familiares de Romano recibieron cuatro llamadas, supuestamente de EEU, país en el que residía un hermano de la víctima, Hugo Armando Romano, quien tendría supuestas “actividades subversivas”. Su pareja estaba vinculada a un oscuro personaje, Juan Bataglia, quien solía extorsionar a los residentes en ese país para que regresaran a la Argentina, bajo amenaza de sufrir como represalia el asesinato de un familiar.

Bataglia, supo la familia años después, era un delincuente que trabajaba en combinación con la fuerza represiva. También, los Romano Rivamar, pudieron constatar que nunca existieron llamadas desde Estados Unidos, sino que provenían del centro de comunicación del Comando del Ejército local. Tal aseveración, 13 años después, fue confirmada por un soldado conscripto, quien aseguró que desde esa dependencia se hacían llamadas ficticias como si fueran del exterior.

Por todo lo dicho, la Fiscalía estableció la responsabilidad penal en calidad de coautores sobre Luis José Mirotta y Marcelo León. Ambos miembros y partícipes de los operativos llamados antisubversivos, entendidos como crímenes de lesa humanidad, son acusados por:

  • privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, en los casos de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar.
  • homicidio agravado por el uso de armas de fuego, por los mismos dos hechos.
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, en perjuicio de Amadeo Sánchez Andía.
ÚLTIMO CASO

Luis María Vázquez era empleado del Ministerio de Educación y Cultura. Fue secretario del Sindicato de Obreros y Empleados Públicos de Mendoza entre 1972 y 1974, gremio fuerte y combativo. El 1 de diciembre de 1975 fue secuestrado por personal del Ejército en su trabajo, luego de rodear el lugar con vehículos y efectivos militares.

Vendado y maniatado lo trasladaron a la Compañía de Comunicaciones de Montaña. Allí fue víctima de múltiples torturas y tres simulacros de fusilamiento de ese Centro Clandestino de Detención, recordó al teniente Migno en una declaración.

El 19 de diciembre ingresó y formó parte del traslado masivo a la Unidad N°9 de La Plata. En ese penal asistió de cerca al fallecimiento por torturas de Marcos Ibañez. Denunció además que le inventaron una causa recién en el año 1977, acusándolo de integrar una orden del ERP y participar del ataque al destacamento del Algarrobal. En 1979 fue trasladado a Caseros, desde donde recuperó su libertad el 25 de diciembre de 1980.

Por el caso de Luis María Vázquez se encuentran acusados Luciano Benjamín Menéndez y Dardo Migno Pipaon, por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y haber durado más de un mes; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima; y Migno está acusado del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Aguinaga recusó al Fiscal

El presidente del Tribunal, Alejandro Piña, declaró abierto el debate. Ante el pedido de presentación de planteos preliminares de las partes, el abogado Alberto Aguinaga, defensor de Carlos Rico, pidió la palabra.

Luego de que se rechazó la recusación que presentó en la etapa instructora contra Dante Vega, volvió a impugnar la participación del fiscal general en la causa. Esto fundado en la supuesta pertenencia de Vega a la agrupación “Justicia Legítima” (JL), situación que el defensor consideró escandalosa. Prueba de esa supuesta pertenencia, afirmó Aguinaga, fue su participación en un seminario dictado en la Universidad Nacional de Cuyo, organizado por Justicia Legítima, a donde fueron invitados diversos magistrados y juristas, entre ellos Vega.

Nombró distintas notas editoriales de La Nación, particularmente la titulada “No más venganza”, del 23 de noviembre de 2015, que según él refiere a esa “secta que pretende intervenir en la justicia argentina”. Mencionó, además, que JL solamente quería proteger “a sus pupilos, que lamentablemente son militantes de La Cámpora”. A lo largo de su planteo dejó al descubierto su afinidad con el conservadurismo demócrata y los fantasmas que rondan cualquier propuesta innovadora; un discurso típico de la prehistoria del pensamiento.

La agrupación, siguió Aguinaga, sería una “usurpación facciosa de la justicia, que determina que los jueces que no pertenecen a esa agrupación no serían legítimos”, según su interpretación.
Esta demonización concluyó en que Justicia Legitima se asimilaría a los partidos políticos por lo que Vega, no es un fiscal común, sino que actúa como militante; por ende, carece de la imparcialidad y objetividad necesaria.

Insinuó que las causas de lesa humanidad no son reales sino armadas. Pidió, además, que se apartara del proceso al fiscal ad hoc Ortiz, refiriéndose presumiblemente a Daniel Rodriguez Infante, quien actualmente cubre ese cargo.

La próxima audiencia será el jueves 27.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Audiencia 16 / MENÉNDEZ, FURIÓ Y SANTAMARÍA, RESPONSABLES POR LOS DELITOS DE LAS LAJAS

06-04-17 / Por primera vez en estos juicios, comenzó a hablarse de las causas del centro clandestino de detención “Campo Las Lajas”, que contempla entre otros atroces crímenes, cinco desapariciones forzadas bajo responsabilidad de la IV Brigada Aérea y el Ejército. Además, siguen las imputaciones a las fuerzas militares. En la audiencia de hoy también se leyeron casos del Casino de Suboficiales. Hechos y responsables, en un día.

El domicilio de Silvia Rosa Alliendes fue allanado el 28 de marzo de 1976. En ese momento, se encontraban allí su madre Eda Libertad Sbarbati de Alliendes, su padre Segundo Alliendes y su hermano Ricardo Alberto Alliendes. Los efectivos militares registraron la casa y sustrajeron objetos de valor. Llevaron a las cuatro personas a la comisaría 16 de Las Heras. Luego, los hombres fueron trasladados a la Compañía de Comunicaciones y las mujeres al Casino de Suboficiales. Eda Libertad y Silvia Rosa permanecieron allí 75 días. Nunca existió orden de detención a disposición del PEN ni supieron el motivo de su captura, aunque sospechaban que era por la militancia pasada de Segundo Alliendes en el Partido Comunista.

Susana Cristina Nardi fue secuestrada el 29 de marzo de 1976. Personal de las fuerzas armadas y de seguridad ingresó a la casa de un amigo de su padre y la llevó a la comisaría 25 de Guaymallén. Allí se encontró con su prima, María Elena Castro Nardi y Francisco Jiménez Herrero, pareja de Castro. Ambas mujeres fueron trasladadas al Casino de Suboficiales y Susana Cristina Nardi sometida a numerosos interrogatorios hasta que recuperó su libertad el 3 de junio de ese año.

En un operativo de la Policía Federal, Liliana Petruy fue secuestrada el 24 de marzo de 1976. Los efectivos rodearon el edificio donde vivía. Era periodista y su marido trabajaba en el Sindicato de Prensa. La trasladaron en un Ford Falcon hasta la sede de la Policía Federal. Luego de pasar por el Liceo Militar, la llevaron al Casino de Suboficiales junto a Dora Goldfarb, “Todo con gran exhibicionismo de armas y prepotencia”, según una declaración de Petruy. La liberaron tres meses después, luego de obligarla a firma un papel que decía que no había sido torturada ni maltratada.

La militante social Edith Noemí Arito Lucero estaba de novia con Mario Roberto Gaitán, del Peronismo de Base, y estudiaba trabajo social. La pareja fue detenida la madrugada del 27 de abril del 76 por personal del Ejército y de la Policía de Mendoza. Luego de rodear la cuadra, entraron violentamente a la casa y se los llevaron. Arito permaneció en el D2 hasta principios de junio. Allí fue torturada de diversas formas y violada. En ese centro clandestino de detención vio a Edesio Villegas y a Daniel Moyano, actualmente desaparecidos. A fines de junio fue trasladada al Casino de Suboficiales. La llevaron al Penal de Villa Devoto cuando terminaba el mes de septiembre y recuperó su libertad el 28 de febrero de 1979.

RESPONSABLES E IMPUTACIONES ESPECÍFICAS

En crónicas anteriores hemos desarrollado las responsabilidades concretas de algunos imputados. Por estos hechos los acusados son: el Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el jefe de la Compañía de Comandos y Servicios de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Carlos Eduardo Ledesma; y Armando Olimpo Carelli, uno de los principales responsables y torturadores reconocidos por 14 víctimas del Casino que cumplía funciones en áreas de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina.

Luciano Benjamín Menéndez, como autor mediato de los siguientes hechos:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Liliana Petruy y Edith Noemí Arito.
  • Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por cinco casos.
  • Asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador.

Armando Olimpo Carelli, como autor mediato de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Liliana Petruy y Edith Noemí Arito.
  • Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, en los mismos dos casos.
  • Asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador.

Carlos Eduardo Ledesma, como autor mediato de los siguientes delitos:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Liliana Petruy y Edith Noemí Arito.
  • Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por cinco casos.
  • Asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador.
EL INDESCRIPTIBLE HORROR DE LAS LAJAS

Está acreditado que el mayor centro clandestino de detención y exterminio dependiente de la Fuerza Aérea funcionó en el predio de tiro conocido con el nombre de “Campo Las Lajas”. Fueron utilizadas las instalaciones del puesto existente y se colocaron dos carpas utilizadas para la tortura y el alojamiento de los prisioneros. Las pocas personas sobrevivientes han relatado la actividad clandestina desplegada allí -principalmente en 1977- y atestiguan sobre varias de las víctimas letales. Antiguos oficiales y conscriptos de la Cuarta Brigada Aérea relataron que el centro clandestino permaneció en funcionamiento hasta 1979.

Emilio Alberto Luque Bracchi tenía 20 años, estudiaba Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Nacional de San Luis y, había sido compañero de habitación de Santana Alcaraz, otro estudiante actualmente desaparecido. Expulsado de la Facultad por las nuevas autoridades, Luque retornó a Mendoza y el 28 de octubre de 1976 un grupo de tareas lo secuestró y trasladó a Las Lajas, donde “notaba mucho movimiento de gente secuestrada”. Las sesiones de tortura incluían golpes y aplicación de picana, además de agresiones psicológicas como que sería “crucificado por mentiroso”. El 29 de octubre fue trasladado en la baulera de un Fiat 125 a la granja “La Amelia”, centro de torturas puntano donde pasó 50 días por las mismas condiciones que en Las Lajas. El 18 de diciembre fue liberado en una localidad de Córdoba.

Horacio Oscar Ferraris tenía 24 años, militaba en la Juventud Peronista y fue secuestrado en el centro de San Luis la madrugada del 24 de junio de 1977. Maniatado, encapuchado y golpeado lo trasladaron a Las Lajas, donde fue torturado con picana. Ese tratamiento se repitió varias veces. Según su relato, a finales de julio o principios de agosto, “me sacan de la carpa y me trasladan a la construcción de chapa, cierran todo y quedamos adentro con una custodia y se escucha entrar y salir autos, gritos de torturas, y a las 4 o 5 horas se van todos y no dejan a nadie”. Allí había otros tres detenidos, entre ellos Mauricio López y Osvaldo Zuin. También ha referido que “la guardia cambiaba cada 48 horas, estaban siempre vestidos de civil y se llamaban por sus nombres”. Ferraris fue derivado a La Perla, a un destacamento de Gendarmería en San Vicente y a la Penitenciaria de San Martín de Buenos Aires, desde donde recuperó la libertad.

El profesor Mauricio Amílcar López fue un reconocido intelectual de amplia trayectoria en el ámbito académico y eclesiástico, integrante del Consejo Mundial de Iglesias, cofundador de la Fundación Ecuménica de Cuyo y, en el momento del golpe de Estado, rector de la Universidad Nacional de San Luis. Secuestrado el 1 de enero de 1977, su desaparición forzada está siendo juzgada en la Megacausa. En este proceso se indagan las responsabilidades por su cautiverio en Las Lajas. La persecución y presiones que sufrió durante todo 1976 se materializaron en toda su dimensión con su secuestro en su propia casa de la capital mendocina en presencia de sus familiares luego de una cena de fin de año entre amigos.

Consta en expedientes que el 7 de enero del ‘77 el general Maradona citó a la familia López y les exhibió un radiograma del general Videla “en que requería se localizara al Profesor López a raíz de la presión internacional de las Iglesias Protestantes y los gobiernos de diversos países que reclamaban ante las autoridades militares por su paradero”. Jamás hubo una respuesta satisfactoria acerca de su destino. Únicamente los testimonios de los sobrevivientes de Las Lajas, que lo ubican allí a mediados de 1977, permiten inferir cuál fue su final.

A Héctor Osvaldo Zuin -“Horacio”-, seminarista, actor de teatro y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores fue secuestrado y herido tras una volanteada en Córdoba en mayo de 1977, luego de eludir el cerco represivo en Mendoza desde mediados del año anterior cuando, entre otros allanamientos y persecuciones, logró escapar del operativo en el cual fue desaparecida su compañera de militancia Blanca Graciela Santamaría. De La Perla lo trajeron a Las Lajas presumiblemente en vuelo aéreo, según la declaración de un ex soldado conscripto que prestó servicios en la IV Brigada Aérea, “que en una oportunidad en que se encontraba realizando una guardia móvil fue llamado con urgencia al aeropuerto porque estaba llegando un avión Douglas o Fokker y pudo observar que del avión descendieron entre diez y doce personas vendadas, custodiadas por personal civil armado con metralletas. De los que descendieron uno venía en camilla tapado con una sabana y vendado y a esa persona se la llevaron en ambulancia de la IV Brigada. Del avión descendieron el suboficial de Inteligencia Armando Olimpo Carelli y el Capitán Santamaría”. Zuin permanece desaparecido.

María del Carmen Marín Almazán tenía 23 años y militaba en Montoneros. La madrugada del 28 de julio de 1977 fue secuestrada en la calle junto a Juan Ramón Fernández, militante proveniente de Tucumán. Horas después secuestraron a su padre, Carlos Armando Marín -comerciante de 51 años-, en su vivienda de San José en Guaymallén, que fue completamente saqueada. Los testimonios de los sobrevivientes son explícitos del horror pasado por la joven, su padre y su compañero. Horacio Ferraris refirió que “los llevan a la sala de torturas y en un momento dado la chica se suicida tomando la pastilla, no alcanzaron ni a torturarla porque estaban torturando al chico, nosotros escuchábamos lo que decían los torturadores. Siguen torturando al chico, y en ese lapso sale uno de los coches y vuelven con el padre de la chica y luego se lo llevan. A ella la insultaban y pateaban estando ya muerta”.

Luego de su muerte, a Fernández lo torturaron toda la noche y lo colgaron de un mástil. El procedimiento fue similar los días siguientes hasta que fue trasladado con Ferraris y visto por última vez en el centro clandestino de detención conocido como “El Vesubio” en La Tablada, provincia de Buenos Aires. Allí “le relató a Ricardo Cabello, sobreviviente de ese campo, que había caído en la estación de Mendoza junto a una compañera mendocina que se había muerto tras tomar la pastilla de cianuro”.

RESPONSABLES E IMPUTACIONES ESPECÍFICAS

Por los crímenes de Las Lajas están imputados Menéndez; el exjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Paulino Enrique Furió; y el ex oficial de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Santamaría.

Luciano Benjamín Menéndez, como autor mediato de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, por siete hechos.
  • Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por cinco hechos.
  • Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por cinco casos.
  • Robo agravado por el uso de arma de fuego, por los casos de Mauricio López y Carlos Armando Marín.

Paulino Enrique Furió, como autor mediato de los siguientes delitos:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, por cuatro hechos.
  • Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por cuatro hechos.
  • Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por tres hechos.
  • Robo agravado por el uso de arma de fuego, por el caso de Mauricio López.

Juan Carlos Alberto Santamaría Blasón, como autor mediato de los siguientes delitos, en perjuicio de Mauricio López:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes.
  • Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por tres hechos.
  • Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas.
  • Asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.