Audiencia 67 / SE LLEVARON A LOS MEJORES

14-06-18 / El Dr. Pablo Salinas, en representación del MEDH, concluyó su exposición sobre las causas del Centro Clandestino de Detención Las Lajas y realizó un pedido especial por los menores detenidos junto a sus madres. El Defensor Oficial, Leonardo Pérez Videla, dio comienzo al alegato de la defensa con las causas de la Policía Federal.

Concluye el alegato de la querella

Pablo Salinas continuó su alegato sobre el Centro Clandestino de Detención y Exterminio (CCDyE) “Campo Las Lajas”, causa por la que están imputados Paulino Enrique Furió y Juan Carlos Santamaría, jefes de Inteligencia del Ejército y de la Fuerza Aérea, respectivamente.

Inició la jornada con unas elocuentes palabras de Furió que constan en su legajo: “me tocó asumir un rol de relevancia en la gestión asumida (sic) por las FF. AA., particularmente por el ejército, en afrontar la misión de derrotar al enemigo apátrida que se había enquistado como un cáncer en nuestra sociedad argentina”. “A confesión de parte, relevo de pruebas”, sentenció Salinas.

La Orden 239, que dispuso el control operacional del Ejército sobre cada detenido, indicaba que debía informarse por escrito al Gral. Jorge Maradona, máxima autoridad del Ejército, todo lo que ocurría. Como Lajas dependía de la Fuerza Aérea, la coordinación entre las fuerzas es indiscutible.

Tal como ya se ha escuchado en la etapa de alegatos, dos testimonios fundamentales acreditan la existencia de Las Lajas como CCD: los de los sobrevivientes Luque Bracchi y Ferraris. Sus palabras, a su vez, se refuerzan con los hechos. El Habeas Corpus que presentó la familia de Santana Alcaráz menciona a Luque Bracchi como compañero de habitación del joven desaparecido en San Luis, tal como consta en su declaración. Cuando se presentó Ferraris, por su parte, el MEDH solicitó que realizara un croquis del CCD antes de visitarlo en persona, lo cual confirmó la precisión del recuerdo del testigo. La declaración de Ángel Ruggieri, suboficial de la Fuerza Aérea a cargo del campo de tiro, no hace más que resaltar la veracidad de lo indicado por Ferraris durante el reconocimiento.

Todo lo que relató este testigo respecto de su cautiverio en Las Lajas permitió reconstruir los hechos de los demás detenidos allí hacia 1977: Osvaldo Zuin (confirmado por Teresa Meschiatti y Flores Tejada), María de Carmen Marín y su padre Carlos (el contexto de sus detenciones consta en los Habeas Corpus rechazados por la justicia), Juan Ramón Fernández y Mauricio López.

Las circunstancias del secuestro de Mauricio López el 1 de enero de 1977 están descriptas en el Habeas Corpus que presentó su familia: cinco individuos quedaron afuera mientras otros cinco ingresaban violentamente a su domicilio. Además de llevarse a López, robaron múltiples objetos de la casa y dinero. Utilizaron dos vehículos que se vinculan al D2, a la Policía Federal y a la Concertación Nacional Universitaria: un Ford Falcon color crema y un 404 anaranjado.

La Seccional 5ta, donde se realizó la denuncia, resolvió “dar intervención al Juzgado Federal” y difundió un radiograma que contenía una descripción cambiada de los vehículos. Aquí comenzó, según Salinas, el encubrimiento del hecho con complicidad policial. La Justicia Federal, representada por Otilio Romano, clausuró el expediente el 10 de enero mediante un sello que indicaba la inexistencia de hechos para investigar. Tampoco respondió la Justicia cuando el hermano de Mauricio presentó una carta, supuestamente, enviada por la víctima desde Chile.

La hipótesis de la querella es que en Las Lajas existe un pozo de una antigua bomba que los represores posiblemente aprovecharon para esconder los cuerpos de las personas asesinadas.

Calificación legal y pedido de pena

La querella pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta para Juan Carlos Santamaría (capitán, jefe de División Inteligencia y miembro de la Comunidad Informativa) como autor mediato de los siguientes delitos cometidos en perjuicio de Mauricio López:

  • privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes
  • homicidio triplemente calificado por alevosía, por concurso premeditado por dos o más personas y para asegurar su posterior impunidad
  • asociación ilícita en calidad de jefe u organizador

La misma pena se solicitó para Paulino Enrique Furió (capitán ascendido a mayor, jefe del G2 de Inteligencia del Ejército) como autor mediato por los siguientes delitos:

  • privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes, en perjuicio de Mauricio López, Osvaldo Zuin, María del Carmen Marín, Carlos Marín, Juan Ramón Fernández y Horacio Ferraris
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por los mismos seis casos
  • homicidio triplemente calificado por alevosía, por concurso premeditado por dos o más personas y para asegurar su posterior impunidad, en perjuicio de Mauricio López
  • robo agravado y allanamiento ilegal, en perjuicio de Mauricio López

Por último, adhirió al pedido de Fernando Peñaloza para que el Campo Las Lajas sea expresamente considerado Centro Clandestino de Detención.

Pedido por la infancia

Salinas solicitó al Tribunal que se reconozca en la sentencia a los niños y las niñas que también padecieron el Terrorismo de Estado como víctimas de este juicio: Mariano Morales (hijo de Vilma Rúpolo), Yanina Rosa Rossi (hija de Stella Maris Ferrón) y Alejo Hunau (hijo de Silvia Ontivero). Justificó esta posición explicando que los represores podrían haberlos dejado pero decidieron llevarlos para torturar a sus madres y/o para forzarlos a identificar personas cercanas al ámbito familiar.

Esa juventud maravillosa

Pablo Salinas concluyó el alegato de la querella rindiendo homenaje a la generación “comprometida con la libertad, la solidaridad y el cambio social” en nuestro país que fue el principal blanco del aparato represivo durante la década del ’70. “Se llevaron a los mejores”, señaló. Acompañó las fotos de alguna de las víctimas con palabras de Ángela Urondo, Pablo Seydell y Ernesto Espeche.

Empezó el alegato de la defensa

A modo de introducción, y en consonancia con los planteos habituales de la defensa en estos juicios, Leonardo Pérez Videla, abogado defensor, sostuvo que el proceso afectaba el principio de legalidad, se opuso a la imprescriptibilidad de los delitos y defendió la irretroactividad de la ley penal.

Para ello, pidió circunscribirse a los artículos 18, 27, 28 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y citó los fallos de los casos Muiña y Fontevecchia en los que se abre una nueva interpretación de la jerarquía normativa de los tratados internacionales. También, recurrió al voto en disidencia de Carmen Argibay en la causa Mazzeo para argumentar que “los tribunales no son omniscientes” y deben “trabajar en cada caso persiguiendo la verdad objetiva”.

Demandó, justamente, una visión particular y “menos politicista” ya que “mientras más avanzamos y damos lugar a planteos vinculados al dolor y la tragedia, mientras más generalizamos y legitimamos ese reclamo, más bastardeamos la justicia”.

Por último, criticó el “tono general de reproche” de estos juicios: se acusa a todos los imputados de saber qué pasó y no querer hablar lo cual es una “irracionalidad absoluta”.

Un contexto “inconmovible”

Luego de esta introducción jurídica general, Pérez Videla quiso esbozar una reconstrucción “más adecuada con el criterio de justicia” respecto del contexto en el cual se desarrollaron los hechos. Descartó la idea de guerra y prefirió hablar de un “conflicto de serias características beligerantes” señalando que la “juventud comprometida” a la que se refirió la querella en sus alegatos no marcó una distancia clara de rechazo a ese clima de confrontación: “fácilmente se podría haber levantado esa bandera”, concluyó.

Los imputados, por su parte, coincidieron en la descripción de una “situación inconmovible” que no pudieron alterar ni manejar porque “no caía en el ámbito de su dominio ni decisión” y “cuyos resultados eran inevitables”. Para eximirlos de responsabilidad, reconoció la existencia de “grupos secretos manejados por altas autoridades que lamentablemente están muertas”. Caso contrario, sus representados “exigen que se pruebe su participación”.

En un “estado constante de necesidad y excepción”, entre el “caos y el terror” desatados, reclamó que “la carga de todo lo sucedido” la soportan los imputados.

La posverdad del genocidio: inexistencia de asociación ilícita

El defensor reiteró su pedido de “honrar el principio de verdad jurídica objetiva” para evitar caer en “invenciones o ficciones” en relación a la figura de la asociación ilícita adjudicada a los acusados. Citó a Zaffaroni para justificar que la justicia penal “ataca por sectores”: a los más vulnerables y a los disidentes molestos.

Siempre siguiendo a este autor, Pérez Videla sostuvo que la justicia no debe basarse en una estructura ficcional vehiculizada por un “sistema de criminalización mediática”: la prensa construye posverdad al alejarse del juicio, de los hechos y de las pruebas. El resultado de este “relato” es un “juicio moral y ético” que lo coloca a él mismo como “defensor de veinte genocidas” frente a la opinión pública.

Esto es lo que sucedió, para la defensa, con el delito de asociación ilícita. El abogado pidió la nulidad de esta acusación por violar los artículos 298 y 123 del Código Penal y explicó que la Fiscalía basó su pedido en la mera narración sin existir prueba real que la sustente. Son tres elementos que no se cumplirían: la existencia del grupo (no se mencionan los “socios”, es una “simple conjunción de imputados”), el propósito colectivo (se justifica con el “relato” del plan sistemático) y la permanencia en el tiempo (para acusar se considera cuando conviene la información presente en los legajos).

Más pedidos de nulidad

Pérez Videla requirió la nulidad del alegato mediante el cual el Estado provincial adhirió a la acusación del Ministerio Público Fiscal. El defensor consideró que hubo desconocimiento de hechos y penas y que esta decisión le resta seriedad al juicio. “Parece importar el reproche”, declaró. También opinó que respondió a razones políticas.

Luego, solicitó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua para adultos mayores amparándose, ahora sí, en los tratados internacionales que los identifican como sujetos vulnerables.

Por último, determinó la ilegalidad de la incorporación de declaraciones testimoniales de personas fallecidas o incapacitadas por lectura como dispone la Acordada 1/12 porque “son imposibles de rebatir” y la nulidad del reconocimiento fotográfico, presente en otras causas, como prueba en este juicio.

Las causas de la Policía Federal

El abogado abordó las causas que involucran a la Policía Federal por las ejecuciones sumarias de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar y que tienen como imputados a José Luis Mirotta y Marcelo León. Pidió para ambos la absolución lisa y llana o por beneficio de la duda.

Su estrategia defensiva tuvo tres líneas recurrentes: acusar a la Fiscalía por lo no investigado (sin mencionar la imposibilidad que hubo por años debido a las leyes de impunidad), intentar establecer contradicciones en las testimoniales (a lo largo de cuarenta años algunos testigos han declarado en más de una ocasión y con grandes distancias temporales) y remarcar la falta de prueba. Poniendo énfasis en los detalles, los hechos centrales de la imputación quedaron en varias ocasiones desdibujados.

Como ejes centrales, cuestionó la investigación realizada por el periodista Rodrigo Sepúlveda que es prueba en esta causa y desestimó la veracidad del testimonio del exmiembro de la Policía Federal, Carmelo Cirella. Sostuvo que el documental en cuestión no era “objetivo” ni “correcto en términos de labor periodística” porque convirtió a Cirella en “personaje”. Además, consideró que estaba “limitado” por haber sido realizado en el marco de una materia universitaria. La Fiscalía, con estas dos fuentes, habría basado la imputación en una “construcción versionada” de los hechos.

Carmelo Cirella declaró por primera vez ante la CONADEP en 1984. Para el defensor, los datos que brindó respecto de Sánchez Andía –hecho que no presenció- fueron los mismos que había difundido la prensa, salvo por elementos ficcionales como el corte de manos. La existencia de “el balcón”, donde se habrían arrojado varios cuerpos, tampoco pudo ser constatado. Como el testigo modificó varias veces la nómina de los supuestos responsables del hecho, la defensa consideró que acusó a sus excolegas con “animo de vendetta” y con esperanza de algún beneficio. También restó valor a lo relatado por Juan Sánchez Andía, hermano de la víctima, por “confusiones y olvidos” en las sucesivas declaraciones respecto de elementos menores como la distribución de las habitaciones y camas del hospital donde estuvo internado Amadeo. El mismo recurso de deslegitimación de la prueba testimonial aplicó al abogado Carlos Bula por no recordar el derrotero del Habeas Corpus presentado a favor de su defendido.

Sobre el imputado, José Luis Mirotta, solo indicó que no estuvo presente en Mendoza al momento del hecho, tal como sostuvo él mismo en su ampliación declaratoria.

Para desdibujar el caso del asesinato de Romano Rivamar, la defensa fue la misma. El abogado consideró que las declaraciones del hermano fueron poco consistentes respecto de la fuerza que intervino en la detención y que, progresivamente y a partir de rumores, se buscó culpar a la Policía Federal. El testimonio del primo de la víctima, el juez Fernando Romano, también carecería de valor por su avanzada edad (“casi senil”) y falta de memoria.

Pérez Videla también relativizó el testimonio de Clemente Montaña, legislador que encabezó la comisión que visitó el lugar donde fue arrojado el cuerpo de Romano Rivamar. Luego de ser conducidos por el propio Cirella, Montaña había manifestado el alto grado de precisión en lo narrado por el expolicía. La defensa expresó su desconfianza respecto de las vainas encontradas, cuestionó la falta de presencia judicial, la inexistencia de fotos y la falta de preservación del lugar.

Por último, el defensor analizó los resultados de la pericia psicológica ordenada por el Ministerio Público Fiscal para Carmelo Cirella. Aunque todos reconocieron que no sufría ninguna patología psiquiátrica y que demostraba apego a la realidad, el defensor destacó que, una vez interrogados por él, tampoco habían negado la posibilidad de que falseara la verdad.

La defensa concluyó que no existen certezas sobre los hechos (no pueden reconstruirse por completo) ni en las declaraciones de Cirella (son todos relatos distintos) para sostener la acusación de prisión perpetua de la Fiscalía. Y agregó que los múltiples elementos ficcionales e incomprobables que manifiesta no lo hace creíble según las teorías principales sobre la evaluación del testimonio.

La próxima audiencia será el viernes 15 de junio a las 9.30 hs.

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Audiencia 65 / HUMANIZAR LOS JUICIOS

07-06-18 / Los abogados querellantes del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) continuaron desarrollando sus alegatos. Pablo Salinas concluyó la contextualización y abordó las causas que involucran a la Policía Federal. Luego, tomó el operativo Rabanal por el que está acusado Carlos Rico. Finalmente, Diego Lavado se ocupó de varias causas referidas al D2.

Pablo Salinas, en representación de las víctimas, hizo un encendido alegato para demostrar el pleno conocimiento que tenían los acusados del “plan criminal”, su anuencia y participación, desde distintos roles. Recordó las palabras del Gral. Videla: “el que se quería ir, se fue”, dijo, los que se quedaron “sabían que lo que hacían era ilegal”. Destacó que, a la hora de la comisión de los delitos, estaban previstos por el código penal y legislación internacional anterior a los hechos.

En lo operativo, reiteró, se trató de un plan conjunto en el que participaron todas las fuerzas armadas y de seguridad bajo el control operacional del Ejército. Como muestra de ello citó la orden 239 del Gral. Jorge Maradona, máxima autoridad del Ejército, destinada al jefe de la policía de Mendoza, Julio César Santuccione. En la misma, quedó claro el deber de subordinación de esa fuerza de seguridad a los dictados del Comando de la 8va. Brigada.

Después de hacer una revisión de lo expuesto en la audiencia anterior, analizó el marco histórico que devino en la represión. Mencionó los distintos golpes de estado, desde 1955, y a sus ejecutores como “infames traidores a la Patria”. Recorrió los breves intervalos democráticos tutelados por las fuerzas armadas y desembocó en la dictadura de Onganía que implementó la doctrina de Seguridad Nacional. Según afirmó Salinas, la ilegitimidad de esos gobiernos generó la resistencia peronista, primero, y luego la formación de organizaciones político militares para enfrentar la situación.

El plan sistemático de represión se valió de numerosos instrumentos. El abogado citó como prueba, una a una, las actas, estatutos, leyes y decretos, así como reglamentaciones y directivas militares, para sustentar su alegato.

Su exposición tuvo la particularidad de traer las palabras de las víctimas presentes en la sala, elogiar y recoger lo aportado por los fiscales y basarse en lo expresado, a través de fallos, por el tribunal local. Este conjunto de voces, Salinas lo valoró como expresión de la convergencia de distintos actores en aras de la justicia reparadora.

Policía Federal

Después de hacer algunas consideraciones sobre la participación de la Policía Federal (PF), el abogado abordó los casos de Zenón Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar, secuestrados y ultimados por esa fuerza. Los procesados en esta causa son José Luis Mirotta y Marcelo León.

La Policía Federal tuvo una activa participación y un rol central en la represión política antes del Golpe Militar del 24 de marzo. El Juez Rafecas investigó su accionar en la causa sobre “Coordinación Federal”. Su inequívoca participación también está probada en las causa penales por otro Centro Clandestino de Detención (CCD) de la PF, “El Olimpo”, a cargo de esa fuerza.

Asimismo, la Policía Federal era la encargada de formación en la lucha contrasubversiva, según las pruebas ofrecidas por el imputado Carlos Rico en el presente juicio. Allí se brindaban dos tipos de cursos, a los que asistió el mencionado Rico: uno ofrecido por el Ejército sobre control de disturbios y lucha antisubversiva y otro, en esta última especialidad, destinado a miembros de la policía provincial.

También es prueba en este juicio la participación de la PF en la Comunidad Informativa. Por su dependencia directa con el Ministerio del Interior se ocupó, particularmente, de los casos contenidos en el Plan Cóndor.

En Mendoza, numerosas detenciones practicadas en 1975, estuvieron a cargo de la Policía Federal. Así sucedió con Teresita Llorens, quien fue defendida por el recordado abogado Alfredo Guevara (padre). También Ángel Bustelo y Carlos Bula intervinieron en defensa del Amadeo Sánchez cuando se encontraba internado en el Hospital de San Martín. Tanto Guevara como Bustelo fueron posteriormente detenidos, recordó el querellante.

Pablo Salinas ofreció un organigrama del funcionamiento de la delegación local de la PF. Oscar Fenocchio (fallecido), jefe de la delegación, y José Luis Mirotta integraban la inteligencia de la fuerza; Marcelo León era oficial. Éstos junto al prófugo Ricardo Aleks y Carlos Cardelo (fallecido), integraban la patota de la federal; afirmó.

Asimismo, recordó un escrito de la Cámara de Apelaciones de Mendoza que determina que esta Delegación funcionó como CCD.

Las víctimas

El abogado prefirió obviar los datos luctuosos para centrarse en la vida y características de las víctimas, apoyándose en fotografías y escritos.

Sobre Zenón Amadeo Sánchez Andía dijo que era un brillante estudiante peruano. Primero cursó Ciencias Políticas y luego aprobó cuarto año en la Escuela de Comunicación Colectiva. Se refirió al libro de Roberto Vélez, expreso político ya fallecido, que relata la magnitud del impacto que produjo el asesinato de Amadeo Sánchez en la comunidad universitaria. Luego, leyó el perfil disponible en nuestra publicación digital (www.juiciosmendoza6.wordpress.com), y elogió la tarea.

Amadeo de 31 años, era miembro del PRT/ERP, estaba casado y su esposa embarazada en el momento de su asesinato, en agosto de 1975. Salinas prefirió recordarlo a través de una emotiva carta de su hija Gladys Sánchez, quien solo lo conoció por los relatos de su madre.

Como prueba de su asesinato a manos del grupo de tareas de la PF se remitió a las declaraciones de Carmelo Cirella ya que las pericias psicológicas realizadas al denunciante determinaron su verosimilitud.

Por otro lado, el homicidio de Víctor Romano Rivamar, ejecutado en Papagayos por la PF, tuvo similar abordaje. El abogado lo describió como un empleado judicial de 30 años, proyectó su fotografía y unos pocos detalles disponibles. Luego se refirió al relato de Cirella, quien aseguró que José Luis Mirotta le ordenó a sus subordinados el enterramiento del cadáver en Pedregal. Según Salinas, las declaraciones del expolicía Cirella coinciden con las evidencias, “encajan como un rompecabezas”, aseguró.

También, señaló como prueba, la investigación realizada por Rodrigo Sepúlveda sobre ambos casos y el documental que realizara el periodista.

Por los hechos alegados, la querella del MEDH, responsabilizó penalmente a José Luis Mirotta y Marcelo León de

  • privación ilegítima de la libertad agravada
  • tormentos calificados
  • homicidio agravado, con el agregado de “para asegurar la impunidad”
  • asociación ilícita (Según Soler)

Todo ello, considerado como crímenes contra la humanidad, según lo fija la Corte Interamericana de DDHH.

¿Quién era Carlos Rico?

A pesar de las maniobras discursivas de Rico para librarse de la responsabilidad penal, su trayectoria lo delata. El abogado Pablo Salinas hizo un recorrido por su carrera y mostró cómo de ser cadete policial llegó a ser viceministro de seguridad de la provincia de Mendoza durante el gobierno de Celso Jaque.

Carlos Rico, cuya carrera policial inició en el ’65, compartió escuela de cadetes con personas como Smaha y Fernández, futuros oficiales destacados de inteligencia del D2. Para el año 1976 el imputado ya había hecho cursos de formación en la Policía Federal en Buenos Aires, dictados por el cuestionable Mohamed Alí Seineldín. De vuelta en nuestra provincia se dedicó a la formación en el Centro de Instrucción Contrasubversiva de Infantería, en las materias “Guerra revolucionaria” y “Tiro en combate”.

El exjefe del Departamento de Informaciones 2, Pedro Dante Sánchez Camargo, en su declaración de 1987, develó de la represión estatal que el cuerpo motorizado, el cuerpo de infantería y la división de inteligencia de la policía provincial realizaban un accionar conjunto. Es decir, es imposible que Rico siendo oficial subinspector de Infantería haya desconocido lo que sucedía en el centro clandestino de detención “D2”. “No solo no desconocían sino que actuaban por convicciones”, reafirmó Salinas refiriéndose al intento de quitarse responsabilidad de los imputados. Así es como Rico tuvo a su cargo al Grupo Especial 78, creado e instruido para la desaparición de las victimas del Operativo de Mayo del ’78, desarrollado con motivo del Mundial de Fútbol.

La prueba documental es vasta y entre ella podemos encontrar declaraciones, manuales aportados por el imputado y su legajo personal, entre otras cosas. Por todo esto, sumado a la prueba testimonial existente, “no fue necesaria la declaración de Alicia Morales” para elaborar la acusación. Que la mujer lo haya visto en el D2 es elocuente pero no imprescindible para sostener que Carlos Rico conocía el funcionamiento y participaba del plan criminal estatal.

Causa Rabanal

A diferencia del Ministerio Público Fiscal, el abogado de la querella sostuvo que la licencia de febrero de 1976 presentada por el imputado no le quita responsabilidad. Este punto no entra en conflicto con la figura penal que se le aplica pues se refiere a la autoría mediata en calidad de mando intermedio. Es decir, que haya estado o no de licencia al momento de las detenciones del Operativo Rabanal puede hacerlo o no autor directo pero nunca desligarlo de su cargo en el cuerpo de Infantería y de su dominio del hecho. Salinas sostuvo que “es derecho penal del acto, del hecho, no de autor”. Lo cometido fue “la consecuencia práctica de su formación teórica”, finalizó.

A lo dicho hay que agregar que fue el mismo imputado quien afirmó en su indagatoria que la licencia era una “condición del servicio activo”. Se mostró, como ejemplo, que Rico sancionó en agosto del ‘77 a un policía en momento de goce de su licencia anual.

El hecho de que la firma de Carlos Rico figure en algunos de los traslados a las personas secuestradas en el D2 no quiere decir que haya participado solamente en eso, sino que da cuenta de su implicación en el plan criminal, no solamente como instructor contrasubversivo sino como ejecutor de las acciones que conformaban el entramado del terror.

Por lo acreditado en este alegato, el abogado de la querella acusó a Carlos Rico como autor mediato de privación de la libertad agravada por todos los hechos de la causa Rabanal, incluyendo a lxs niñxs que fueron secuestradxs junto con sus madres. Además, lo acusó como partícipe primario de los delitos de tormentos agravados por la condición de perseguidxs políticxs de las víctimas, agravado por resultar la muerte en el caso de Miguel Ángel Gil y por los ataques sexuales cometidos contra tres de las mujeres, distinguiendo este delito de las torturas.

La participación primaria se endilga en consonancia con lo resuelto por la Cámara de Apelaciones luego de la Instrucción. Esto, en tanto se entiende que el imputado hizo un aporte imprescindible para la comisión de los delitos tipificados, enmarcados en los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado antes y durante la última dictadura.

Por todo lo expuesto se solicitó la pena de 25 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

VÍCTIMAS

Pablo Salinas, en representación de la querella del MEDH, esbozó los perfiles de algunas de las víctimas de los procedimientos de febrero de 1976. Habló de Guido Actis, de Vicenta Olga Zárate, de Silvia Ontivero y su hijo Alejo Hunau, de Fernando Rule, de Stella Ferrón y su hija Yanina Rossi, de Miguel Ángel Gil. Contó quiénes son estas personas, cómo eran sus vidas, qué carácter tenían. Todas víctimas de procurar un mundo mejor. El singular alegato tuvo como propósito la “humanización de los juicios”, aseguró.

Los testimonios de estas personas han permitido saber qué pasó con quienes hoy están desaparecidos, como Miguel Ángel Gil y Marcos Ibáñez. La reconstrucción de los hechos y la consecución de memoria, verdad y justicia a través de estos procesos judiciales reparatorios son producto de la lucha incansable de quienes sobrevivieron y tuvieron la fortaleza para contarlo.

Alegato Diego Lavado – D2

El abogado querellante Diego Lavado comenzó este jueves su alegato referido a las causas que involucran a la policía de Mendoza y a otras fuerzas de seguridad vinculadas a ella por los hechos ocurridos en el D2.

Comenzó con un repaso histórico sobre el D2 desde su creación, a partir del reglamento que reestructuró a la policía en 1970. El espíritu de la nueva ley orgánica sancionada durante la dictadura de Onganía, respondía a la necesidad de mantener el orden público y la paz social. El segundo de los cinco departamentos en los que se organizó fue, precisamente, el Departamento de Investigaciones (D2).

Tuvo, asimismo, sus divisiones internas legales (Investigaciones e información, Reunión de información, Planificación e instrucción) y clandestinas (Operaciones especiales y Análisis de información), según se desprende de los legajos de sus miembros.

El D2 operó en sus inicios junto a la Unidad Regional II en su edificio de calle Mitre. Luego se trasladó al nuevo Palacio Policial, en su ubicación actual de calle Belgrano.

Entre sus tareas iniciales se encontraba la reunión de información sobre delitos comunes. Sin embargo, paralelamente a los hechos políticos y sociales, fue adquiriendo una tarea central en la represión ilegal. Lo mismo sucedió con el D2 en otras provincias. En 1972, a raíz del Mendozazo, recibió un importante aumento de personal y de presupuesto.

Hacia 1975, la escalada represiva a nivel nacional y provincial tuvo un punto álgido con el Decreto 2772, firmado por Ítalo Lúder, que otorgó a las Fuerzas Armadas la tarea de ejecutar las operaciones militares y de seguridad que fueran necesarias a fin de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, bajo el “comando superior del presidente de la Nación, mediante el Consejo de Defensa”. En paralelo, las estructuras represivas ilegales como la Triple A operaban a lo largo del territorio.

A nivel provincial, bajo las órdenes del nuevo jefe de la policía, Julio César Santuccione, en 1974 comenzó a operar el Comando Moralizador Pío XII. Tras la ejecución fallida de un ciudadano chileno, el Comando fue denunciado. Esto provocó que el General Lucero, nuevo interventor de Mendoza, intentara desplazar a Santuccione. Sin embargo, una vez consumado el Golpe, el propio Santuccione procedió a detener a Lucero.

Posteriormente, el Comando Anticomunista Mendoza (CAM) encabezó una serie de atentados con bombas, entre ellos, contra la imprenta “Paulos” y la sede del Partido Comunista. El comunicado por el cual el CAM se auto adjudicó el atentado contra la imprenta mencionada constituye el primer “parte de guerra” de la represión ilegal en Mendoza.

Desde antes del Golpe, el D2 ya cumplía un rol en el plan represivo según la Ley de Seguridad Nacional: aportaba inteligencia, recibía detenidos y los sometía a interrogatorios bajo tortura.

Acción psicológica y subversión

Los manuales de formación antisubversiva aportados por los propios imputados dan una idea del concepto de “lo subversivo” en el esquema ideológico de las Fuerzas Armadas. En un capítulo destinado a la “acción psicológica” se enumeraban las instituciones que reforzaban y que debilitaban las tres “aristas” del ser. El “ser mítico” se fortalecía con la Iglesia y se debilitaba con la filosofía tercermundista, Silo, el orientalismo, el yoga, el sionismo, las artes marciales y la literatura fantástica. El “ser social”, por su parte, se beneficiaba con la familia, la policía, la Iglesia y el municipio, y se corrompía con el esoterismo, el espiritismo, la prensa, la publicidad amarillista y las casas de juego. Por último, el “ser psíquico” era perjudicado por la homosexualidad, las adicciones y el sensacionalismo.

De estos textos se desprende que fueron consideradas subversivas no solo aquellas personas que integraban las organizaciones armadas, los grupos religiosos tercermundistas, los gremios y los partidos políticos progresistas, sino también homosexuales, periodistas “sensacionalistas” (para las autoridades) e, incluso, quienes practicaban artes marciales.

La situación política en Mendoza

Hacia el final de la jornada, Lavado explicó algunas características de la población mendocina de esos años. Tuvo referentes de renombre nacional tales como Bustelo o Marianetti, que demostraban el alto grado de conciencia política, así como también la elevada actividad gremial docente y estatal. El Mendozazo fue un ejemplo de esa efervescencia.

Sin embargo, las organizaciones revolucionarias más importantes de la época no tuvieron gran desarrollo aquí. El clima de violencia estuvo marcado, fundamentalmente, por las operaciones de las estructuras paraestatales como el Pío XII o el CAM.

Los alegatos de la querella continúan el viernes 8 de junio a las 9.30.

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Audiencia 64 / PEDIDO DE PENA Y ALEGATO DE LAS QUERELLAS

01-06-18 / La Fiscalía finalizó su alegato y explicitó el pedido de penas para 20 procesados en este juicio. El abogado Fernando Peñaloza, en nombre de la secretaría de DDHH de la Nación, alegó en la causa Las Lajas. Luego, la querella del MEDH hizo una contextualización, a través del letrado Pablo Salinas, para dar paso al alegato de Carlos Varela por la causa que tiene como acusado a Carlos Rico.

La Fiscalía inicio la jornada exponiendo sobre la actividad de inteligencia de la Fuerza Aérea por las causas del Centro Clandestino de Detención Las Lajas y concluyó con las acusaciones de los únicos dos imputados, Carlos Santamaría y Paulino Furió.

Después de abordar la prioridad que la Inteligencia tuvo para las Fuerzas Armadas en general durante la audiencia anterior, el fiscal Rodríguez Infante precisó, en esta ocasión, los roles de la Fuerza Aérea y de la IV Brigada, en particular.

La Fuerza Aérea se rigió por la normativa común a todas las fuerzas, además de documentos del Ejército y reglamentos propios. Por ejemplo, la ya citada Directiva del Consejo de Defensa de 1975 le adjudicaba responsabilidad de colaborar con el Ejército para la “conducción centralizada del esfuerzo de inteligencia”. Otra del mismo año, denominada “Lucha contra la Subversión”, establecía la integralidad y coordinación en esta tarea. También se ordenaba evitar la compartimentación de las distintas unidades específicas de inteligencia de cada fuerza militar o policial a través de la Comunidad Informativa.

Una particularidad en el caso de la Fuerza Aérea es la prueba documental existente en los legajos de sus miembros respecto de la participación en dicha Comunidad Informativa. Por ejemplo, la constancia de intervención de agentes en los interrogatorios de las detenidas en el Casino de Suboficiales dependiente de la 8va. Compañía de Comunicaciones.

La IV Brigada, según se desprende del análisis de legajos y libros anuales, se organizó mediante nueve divisiones. La número dos tuvo a su cargo la inteligencia y fue conducida por Padorno hasta diciembre de 1976, quien además integró la Comunidad Informativa como consta en su legajo. Desde esa fecha, y hasta 1980, la jefatura fue ocupada por Carlos Santamaría.

Las pruebas del accionar ilegal de la División 2 de la IV Brigada, además de la existencia de un CCD dependiente de esta fuerza, quedan confirmadas por la participación de García, Jofré, Carelli y López en el Casino de Suboficiales, quienes fueron evaluados por autoridades tanto del Ejército como de la propia Aeronáutica, en una clara muestra de acción conjunta y coordinada.

García, jefe de los interrogadores del Casino, era auxiliar en la División 2 de la IV Brigada y fue evaluado por su responsable Padorno, pero también por Dopazo (jefe del G2 de Inteligencia del Ejército), quienes remarcaron su “formación moral e ideológica perfectamente cimentada”, los “sacrificios personales” demostrados en una “guerra no declarada pero existente de hecho”. La evaluación de López, también auxiliar de la División II de la Fuerza Aérea, es elocuente: “se preocupa en transmitir su experiencia en operaciones antisubversivas”.

Pese a que algunos de los acusados quisieran desviar la responsabilidad de la actividad ilegal de inteligencia hacia el Ejército, el fiscal explicó que la creación de las regionales de inteligencia en 1976 –en el caso de Mendoza, la Regional Oeste- buscó reforzar la tarea previa de las distintas fuerzas y sus divisiones especiales, tal como aclaraba la normativa que les dio origen. La División 2 de la Fuerza Aérea se integró a la Regional.

Las acusaciones

El legajo de Carlos Santamaría da cuenta de una larga carrera en inteligencia: realizó el curso de Oficial de inteligencia del Estado Mayor en 1976 y fue auxiliar de Inteligencia de la 9na. Brigada Aérea antes de su traslado a Mendoza. Desde 1980 en adelante siguió desempeñando estas tareas en otras regionales.

Tanto Santamaría como Padorno tuvieron un rol protagónico en la toma de decisiones de la IV Brigada como jefes de división e integraron, además, el Grupo Base IV que incluía al Escuadrón Tropa, a la Compañía de Policía Militar y a la Subunidad COIN, que operó como patota.

La Compañía de Policía Militar, a cargo de Santamaría desde octubre de 1976 hasta 1979, tenía como función el mantenimiento del orden y la ejecución de procedimientos y está probada la participación en el operativo de abril de 1977 contra la familia Pérez-Pereyra. También se produjo la segunda detención de Segundo Alliendes, cuando el imputado era el jefe.

El Ministerio Público ratificó la veracidad del testimonio del exconscripto José Alberto Flores Tejada, quien aseguró haber visto descender de un avión a Carelli y Santamaría en agosto de 1977, conduciendo a varias personas vendadas, una de las cuales, evidentemente herida, iba en una camilla. Las horas de vuelo consignadas en su legajo avalan esta declaración.

Más allá de la demostrada participación de Santamaría en la represión ilegal como jefe de Inteligencia, en este juicio se lo juzga únicamente por la desaparición de Mauricio López. Rodríguez Infante aclaró que la responsabilidad penal del acusado no varía por la participación o no en la detención de López ya que durante su cautiverio en Las Lajas, el Jefe de la División II fue, indefectiblemente, Santamaría.

Se lo acusó como autor mediato por los delitos de:

  • homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas
  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima
  • asociación ilícita como jefe u organizador

A raíz de los hechos padecidos por las demás víctimas está acusado también Paulino Furió, Jefe de Inteligencia de la 8va. Brigada de Montaña del Ejército hasta septiembre de 1977, fuerza que, según se explicó, condujo las tareas de inteligencia y la represión ilegal. Se lo consideró autor mediato de:

  • homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Osvaldo Zuin, Juan Ramón Fernández, Carlos Marín y María del Carmen Marín
  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes, por cinco hechos
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por cinco hechos
  • robo agravado por el uso de armas de fuego, en perjuicio de Carlos Marín y Mauricio López
PEDIDO DE PENA

El fiscal Dante Vega concluyó el alegato del Ministerio Público leyendo el pedido de pena para los acusados. Aclaró que se consideraron las circunstancias agravantes y atenuantes previstas por el Código Penal tales como la extensión del daño, los vínculos personales de las víctimas y los victimarios, las circunstancias de comisión del hecho y los motivos.

Se pidió prisión perpetua para José Luis Mirotta, Marcelo León, Armando Osvaldo Fernández, Pablo Gutiérrez Araya, Alcides Paris Francisca, Diego Fernando Morales Pastrán, Paulino Furió,Ricardo Benjamín Miranda y Carlos Santamaría.

Y prisión para Carlos Rico (18 años), Carlos Ledesma (25 años), Osvaldo Carelli (23 años), Dardo Migno (18 años), Ramón Ángel Puebla (20 años), Carlos Alberto Luciani (8 años), Mario Laporta (16 años), Ángel Salinas (9 años y 6 meses), Carlos Álvarez (9 años y 6 meses), Miguel Ángel Tello Amaya (8 años y 6 meses) y Roberto Usinger (16 años y 6 meses).

Además, como anticipó Rodríguez Infante en relación al Casino de Suboficiales, se pidió al tribunal el reconocimiento para todas las mujeres como víctimas de violencia de género.

Por la Reconstrucción Histórica

Fernando Peñaloza realizó un breve alegato sobre Las Lajas, única causa en la que querelló la Secretaría de DDHH de la Nación.

En tal sentido, el abogado recordó que la primera denuncia sobre ese Centro Clandestino de Detención (CCD) Campo Las Lajas, se realizó en 2004, durante la gestión de Eduardo Luis Duhalde a cargo de la Secretaría de DDHH. Cabe decir que de su existencia, en realidad, se supo por una carta que Emilio Luque envió el presidente Menem, en 1995, motivado por un pedido de reparación. En ella daba cuenta de su detención en aquel predio.

En relación a su alegato, Peñaloza dijo adherir, en un todo, a las consideraciones que realizó la Fiscalía sobre el rol que le cupo a la Fuerza Aérea durante el Terrorismo de Estado, así como a las responsabilidades penales de Juan Carlos Santamaría y Paulino Furio, y a las penas solicitadas.

Asimismo, resaltó el valor de los juicios en tanto reconstrucción histórica de lo acaecido en esa etapa. Luego, aclaró que centraría su mirada en el Campo Las Lajas, a propósito de los testimonios que se corresponden con el período octubre de 1976 – agosto de 1977.

Hizo una breve recuperación de las circunstancias de detención de las víctimas, por orden cronológico. Hizo mención a Vivian Aqcuaviva, secuestrada en octubre del ‘76, quien aportó dos elementos: reconoció el lugar y vio a la desaparecida Virginia Suárez, secuestrada desde mayo del ‘76. Luego, a fines de aquel mes, Emilio Luque, tomado en su domicilio y alojado brevemente en Las Lajas, contribuyó con la descripción del lugar y la construcción erigida en el predio.

Horacio Ferraris, detenido entre junio y agosto de 1977, proporcionó la mayor información sobre el lugar, hizo el primer croquis e individualizó a dos de las tres personas que vio al llegar: Mauricio López, que se le presentó con su nombre y Osvaldo Zuin, cuyo seudónimo era Horacio, pero por las señas se pudo determinar su identidad. Acerca del tercer hombre que estaba en el lugar, hasta el momento se ignora de quién se trata.

También, en julio del ‘77, supo del arribo y destino de los desaparecidos María del Carmen Marín, su padre Carlos y Juan Ramón Fernández. Con éste compartió el vuelo que lo trasladaría. Él quedó en Córdoba, mientras que Fernández recaló en Buenos Aires. En el juicio por el CCD Vesubio, un testigo sobreviviente dijo haber escuchado de boca de Fernández, víctima de desaparición forzada, que fue detenido en Mendoza y cautivo en el mencionado campo.

Asimismo, el abogado resaltó el inequívoco reconocimiento que hizo Ferraris de Las Lajas. El custodio del lugar, Ruggeri, en el momento de la inspección, admitió que el testigo conocía con precisión el lugar y admitió las reformas que, efectivamente, se habían realizado.

Por último, cabe destacar que están documentadas las guardias y custodias del predio con excepción del periodo de 1976 a 1980, un indicio más de que en ese periodo funcionó en la ilegalidad.

Para finalizar, Peñaloza hizo una petición. Solicitó al Tribunal que emita una declaración por la que se reconozca al Campo Las Lajas como Centro Clandestino de Detención. Para ello hizo referencia a la legislación y pactos internacionales que dan características especiales a los crímenes que se juzgan. Insistió en que no se tratan de meros delitos previstos en el código penal, sino que, a través de ellos, se realiza una verdadera reconstrucción histórica.

Como antecedente citó un pedido del fiscal Palacios al juez Rafecas por los “vuelos de la muerte”, los que no tienen imputados, pero trascendieron. El juez determinó el reconocimiento de los vuelos en la jurisdicción de su competencia.

Tal declaración de reconocimiento como CCD obligaría al Estado a no tocar el campo, agregó, y eventualmente, sería preservado como sitio de Memoria.

Invocó, finalmente, el derecho a la verdad y a la reparación histórica de las víctimas.

Alegato del MEDH- Introducción

Pablo Salinas inició su alegato poniendo en valor la tarea de los Organismos de Derechos Humanos en la reconstrucción de los hechos acaecidos durante el Terrorismo de Estado.

Visiblemente emocionado, sostuvo que el pueblo argentino vivió una “catástrofe” y adelantó que debido a la extensión del daño ocasionado se diferenciará de la Fiscalía en la solicitud de las penas.

Asimismo, recorrió la actitud de los diferentes gobiernos hasta romper con “el silenciamiento que quiere volver a imponerse”, dijo. Destacó lo recorrido mediante los sucesivos juicios por delitos de lesa humanidad en los que quedó acreditado el plan criminal ejecutado por las fuerzas armadas y de seguridad.

Luego, con ayuda de filminas, hizo referencia a los insumos que permitieron avanzar en el esclarecimiento y se refirió a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los datos acopiados por la Comisión de Desaparición de Personas (CONADEP) y los juicios desarrollados en el país.

Realizó una caracterización del plan sistemático liderado por la Junta Militar, consistente en la acción conjunta del ejército, la marina y la fuerza aérea. Éste se basó en la doctrina de la Seguridad Nacional con influencia de la Escuela Francesa. Tomando este sistema, Salinas recordó que el país fue dividido en cuadrículas y puso en funcionamiento 340 centros clandestinos de detención.

El esquema de represión incluyó las torturas y las desapariciones forzadas enmarcadas en un plan sistemático que incluía las operaciones conjuntas y el control operacional por parte de las fuerzas armadas y de seguridad.

En tal sentido, el abogado, con indignación, recordó que los acusados suelen admitir “yo estuve allí” donde se cometían los crímenes, pero, falsamente, afirman “pero no participé”.

En el tramo final de la introducción de la querella del MEDH hizo un breve repaso de la legislación internacional violada por los ejecutores del Terrorismo de Estado.

Sobre Carlos Rico

En la segunda parte de la jornada, el abogado querellante Carlos Varela fue quien se encargó de desarrollar la acusación contra Carlos Rico. De pie y con un discurso sin titubeos, comenzó agradeciendo al imputado por haber afirmado sentirse seguro y con las garantías constitucionales preservadas. En este pasaje Varela hizo referencia a la declaración indagatoria de Rico, momento en el que habló del “contexto” que se vivía en los años en los que se cometieron los hechos que se juzgan. Al decir del imputado, “las organizaciones quisieron construir un paraíso y construyeron un infierno”. En la misma instancia, denostó su rango y actuación para librarse de la responsabilidad penal.

Varela acostumbra a solventar su palabra con analogías con otros campos como la historia o la literatura. Esta vez no fue la excepción. Recurrió a una leyenda de un general japonés que fracasó en sus batallas porque falló “el clavo en la herradura del caballo” en el que iba a transmitir un mensaje. Explicó que esta anécdota es una perfecta correlación con la Teoría del Detalle en Criminalística, una de las que se emplea para reconstruir los hechos. Partiendo de este punto, Varela leyó el legajo de Rico en los ’70, donde se calificaba su buen desempeño, pero se le sugería ser más humanitario.

A las personas perseguidas en el operativo de febrero del ‘76, conocido como Rabanal, se los acusaba por el asesinato del agente Cuello. “Cuando me mandaron al D2 tuve que preguntar dónde estaba”, citó irónicamente el abogado al imputado. El discurso cayó por sí mismo. No es posible que un oficial subinspector de Infantería no haya sabido la ubicación del Departamento de Informaciones 2 de la Policía de Mendoza.

En ese lugar no había ningún sitio oficial de reclusión sino oficinas de recolección y análisis de la información, al menos legalmente. Allí, Rico fue enviado a trasladar a quienes estaban detenidos en la clandestinidad. El estado de estas personas era deplorable y así fueron a declarar en la Unidad Regional Primera ante el juez Carrizo quien, previamente, había declarado la competencia para actuar en este caso.

Luego de ser brutalmente interrogadxs, los ingresaron a la penitenciaría. El parte médico de esa instancia denotaba numerosas heridas, golpes y daños que no existían al inicio del secuestro. Habían sido cruelmente torturadxs y maltratadxs.

La ejecución de las tareas estuvo a cargo de cabos y demás agentes pero no es el rango el que permite saber la participación. Sánchez Camargo dijo que eran 84 hombres quienes cumplían estas funciones. Y Varela afirmó, con seguridad, que Rico era uno de ellos.

Para comprender la responsabilidad que le cabe en la comisión de delitos de lesa humanidad a Carlos Rico, el abogado querellante se apoyó en el derecho internacional público, con base en la costumbre o ius cogens. La Cláusula Martens, de la Segunda Convención de la Haya, estableció en 1899 que lo no regulado “las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho internacional”.

El Estatuto de Roma estableció que la responsabilidad de mando es imputable, entre otras cosas, cuando por los efectos extensivos o intensivos de lo sucedido no se puede desconocer lo sucedido. Entre enero del ’75 y febrero del ‘76 se cometieron en Mendoza 16 desapariciones forzadas o ejecuciones sumarias. Existen en la misma etapa 72 procedimientos policiales. De aquí que Rico, integrante del cuerpo de Infantería de la policía de Mendoza no pueda alegar desconocimiento. Además, por su cargo ocupaba una posición de garante, es decir, se aprovechó de su posición para no evitar el daño o las consecuencias. Este es el infierno, no el que dijo el imputado en su indagatoria.

En la última declaración de Rico hizo referencia a cuatro policías que perdieron su vida por “la subversión”. Varela se tomó un tiempo para explicar los casos concluyendo que la misma fuerza no hizo nada para esclarecer sus muertes.

La próxima audiencia será el jueves 7 de junio.

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