Audiencia 73 / RECHAZOS

27-07-18 / Hoy terminaron las réplicas. La querella del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, representada por el abogado Pablo Salinas, desarrolló sus argumentos de manera clara y concisa. La semana que viene será el turno de las defensas.

La audiencia de hoy estuvo avocada a las querellas. Inició el abogado Fernando Losada, querellante por el Estado provincial, quien de manera acotada rechazó las nulidades planteadas por los defensores. Recurrió al Código Procesal Penal de la Nación para argumentar que la interpretación de la defensa viola el principio de taxatividad de las nulidades, que son restrictivas y deben ser fundamentadas específicamente.

A continuación, Pablo Salinas puntualizó su rechazo contra algunos planteos de las defensas: la prescripción, la nulidad de la acusación por asociación ilícita y la inconvencionalidad de la prisión perpetua. De manera comprensible para toda la sala, el abogado explicó el rechazo a estos tres puntos.

Comenzó afirmando la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Argumentó que la costumbre, jurídicamente nombrada ius cogens como una de las fuentes del derecho, no es el único fundamento. En primer lugar hizo referencia al fallo Arancibia-Clavel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en 2010, declaró la no prescripción en este sentido.

También se basó en antecedentes nacionales e internacionales para demostrar que estos delitos que atentan contra toda la comunidad humana no tienen límite de tiempo para ser juzgados. Nombró al artículo 119 de la Constitución Nacional, al Estatuto de Roma, a la Convención de Imprescriptibilidad, al Estatuto de Núremberg y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como principal intérprete de la Convención del mismo nombre.

La asociación ilícita es una figura penal que siempre está siendo cuestionada. Los defensores plantearon que la acusación por este delito era nula y Salinas argumentó contra esto. “Es un tipo penal aceptado dentro y fuera del país”. Al igual que la Fiscalía, citó a Patricia Ziffer para fundamentar este punto.

“No es necesario probar un hecho sino la pertenencia a esa asociación”, explicó el abogado. En los juicios de Núremberg contra los nazis consideraban que era suficiente con probar que alguien perteneció al aparato organizado de poder para declararlo culpable, aunque no se especificaran los delitos cometidos contra seis millones de personas. “Acá también se prueba cada uno de los delitos”, se jactó Salinas.

No es necesario que los acusados por esto conozcan el nombre del resto de los integrantes de la asociación ilícita e incluso la unión puede tener un fin lícito. Pero “el policía tiene un rol de legalidad y elige libremente” si trasladar o no a una persona víctima de torturas. Añadió que cada efectivo policial sabía cuándo estaba cometiendo un delito.

Esto quedó fundamentado en 2015 cuando la Cámara Federal de Casación Penal revocó un sobreseimiento por asociación ilícita en la causa contra la Base Naval de Mar del Plata.

La última respuesta estuvo referida a la prisión perpetua. Pablo Salinas se basó principalmente en la reconocida Causa ESMA que sostuvo la constitucionalidad y convencionalidad de la pena de prisión perpetua. Es el destacado jurista Raúl Zaffaroni quien explica que la pena perpetua no es tal sino que es “relativamente determinada pero determinable”, pues tiene un límite. Nuestro sistema penal prevé ciertos beneficios como los pedidos de morigeración de la pena o la libertad condicional, herramientas que no serían factibles si la prisión fuera, efectivamente, eterna.

El pedido, sostuvo el abogado representante del MEDH, “no tiene nada que ver con la pena en sí”, sino con las condiciones de la prisión. Y remarcó que son también los y las militantes por los derechos humanos quienes reclaman por la dignidad en las cárceles.

La próxima audiencia será el jueves 2 de agosto a las 9.30 y tendrá lugar la contrarréplica a cargo de las defensas.

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Audiencia 67 / SE LLEVARON A LOS MEJORES

14-06-18 / El Dr. Pablo Salinas, en representación del MEDH, concluyó su exposición sobre las causas del Centro Clandestino de Detención Las Lajas y realizó un pedido especial por los menores detenidos junto a sus madres. El Defensor Oficial, Leonardo Pérez Videla, dio comienzo al alegato de la defensa con las causas de la Policía Federal.

Concluye el alegato de la querella

Pablo Salinas continuó su alegato sobre el Centro Clandestino de Detención y Exterminio (CCDyE) “Campo Las Lajas”, causa por la que están imputados Paulino Enrique Furió y Juan Carlos Santamaría, jefes de Inteligencia del Ejército y de la Fuerza Aérea, respectivamente.

Inició la jornada con unas elocuentes palabras de Furió que constan en su legajo: “me tocó asumir un rol de relevancia en la gestión asumida (sic) por las FF. AA., particularmente por el ejército, en afrontar la misión de derrotar al enemigo apátrida que se había enquistado como un cáncer en nuestra sociedad argentina”. “A confesión de parte, relevo de pruebas”, sentenció Salinas.

La Orden 239, que dispuso el control operacional del Ejército sobre cada detenido, indicaba que debía informarse por escrito al Gral. Jorge Maradona, máxima autoridad del Ejército, todo lo que ocurría. Como Lajas dependía de la Fuerza Aérea, la coordinación entre las fuerzas es indiscutible.

Tal como ya se ha escuchado en la etapa de alegatos, dos testimonios fundamentales acreditan la existencia de Las Lajas como CCD: los de los sobrevivientes Luque Bracchi y Ferraris. Sus palabras, a su vez, se refuerzan con los hechos. El Habeas Corpus que presentó la familia de Santana Alcaráz menciona a Luque Bracchi como compañero de habitación del joven desaparecido en San Luis, tal como consta en su declaración. Cuando se presentó Ferraris, por su parte, el MEDH solicitó que realizara un croquis del CCD antes de visitarlo en persona, lo cual confirmó la precisión del recuerdo del testigo. La declaración de Ángel Ruggieri, suboficial de la Fuerza Aérea a cargo del campo de tiro, no hace más que resaltar la veracidad de lo indicado por Ferraris durante el reconocimiento.

Todo lo que relató este testigo respecto de su cautiverio en Las Lajas permitió reconstruir los hechos de los demás detenidos allí hacia 1977: Osvaldo Zuin (confirmado por Teresa Meschiatti y Flores Tejada), María de Carmen Marín y su padre Carlos (el contexto de sus detenciones consta en los Habeas Corpus rechazados por la justicia), Juan Ramón Fernández y Mauricio López.

Las circunstancias del secuestro de Mauricio López el 1 de enero de 1977 están descriptas en el Habeas Corpus que presentó su familia: cinco individuos quedaron afuera mientras otros cinco ingresaban violentamente a su domicilio. Además de llevarse a López, robaron múltiples objetos de la casa y dinero. Utilizaron dos vehículos que se vinculan al D2, a la Policía Federal y a la Concertación Nacional Universitaria: un Ford Falcon color crema y un 404 anaranjado.

La Seccional 5ta, donde se realizó la denuncia, resolvió “dar intervención al Juzgado Federal” y difundió un radiograma que contenía una descripción cambiada de los vehículos. Aquí comenzó, según Salinas, el encubrimiento del hecho con complicidad policial. La Justicia Federal, representada por Otilio Romano, clausuró el expediente el 10 de enero mediante un sello que indicaba la inexistencia de hechos para investigar. Tampoco respondió la Justicia cuando el hermano de Mauricio presentó una carta, supuestamente, enviada por la víctima desde Chile.

La hipótesis de la querella es que en Las Lajas existe un pozo de una antigua bomba que los represores posiblemente aprovecharon para esconder los cuerpos de las personas asesinadas.

Calificación legal y pedido de pena

La querella pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta para Juan Carlos Santamaría (capitán, jefe de División Inteligencia y miembro de la Comunidad Informativa) como autor mediato de los siguientes delitos cometidos en perjuicio de Mauricio López:

  • privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes
  • homicidio triplemente calificado por alevosía, por concurso premeditado por dos o más personas y para asegurar su posterior impunidad
  • asociación ilícita en calidad de jefe u organizador

La misma pena se solicitó para Paulino Enrique Furió (capitán ascendido a mayor, jefe del G2 de Inteligencia del Ejército) como autor mediato por los siguientes delitos:

  • privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes, en perjuicio de Mauricio López, Osvaldo Zuin, María del Carmen Marín, Carlos Marín, Juan Ramón Fernández y Horacio Ferraris
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por los mismos seis casos
  • homicidio triplemente calificado por alevosía, por concurso premeditado por dos o más personas y para asegurar su posterior impunidad, en perjuicio de Mauricio López
  • robo agravado y allanamiento ilegal, en perjuicio de Mauricio López

Por último, adhirió al pedido de Fernando Peñaloza para que el Campo Las Lajas sea expresamente considerado Centro Clandestino de Detención.

Pedido por la infancia

Salinas solicitó al Tribunal que se reconozca en la sentencia a los niños y las niñas que también padecieron el Terrorismo de Estado como víctimas de este juicio: Mariano Morales (hijo de Vilma Rúpolo), Yanina Rosa Rossi (hija de Stella Maris Ferrón) y Alejo Hunau (hijo de Silvia Ontivero). Justificó esta posición explicando que los represores podrían haberlos dejado pero decidieron llevarlos para torturar a sus madres y/o para forzarlos a identificar personas cercanas al ámbito familiar.

Esa juventud maravillosa

Pablo Salinas concluyó el alegato de la querella rindiendo homenaje a la generación “comprometida con la libertad, la solidaridad y el cambio social” en nuestro país que fue el principal blanco del aparato represivo durante la década del ’70. “Se llevaron a los mejores”, señaló. Acompañó las fotos de alguna de las víctimas con palabras de Ángela Urondo, Pablo Seydell y Ernesto Espeche.

Empezó el alegato de la defensa

A modo de introducción, y en consonancia con los planteos habituales de la defensa en estos juicios, Leonardo Pérez Videla, abogado defensor, sostuvo que el proceso afectaba el principio de legalidad, se opuso a la imprescriptibilidad de los delitos y defendió la irretroactividad de la ley penal.

Para ello, pidió circunscribirse a los artículos 18, 27, 28 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y citó los fallos de los casos Muiña y Fontevecchia en los que se abre una nueva interpretación de la jerarquía normativa de los tratados internacionales. También, recurrió al voto en disidencia de Carmen Argibay en la causa Mazzeo para argumentar que “los tribunales no son omniscientes” y deben “trabajar en cada caso persiguiendo la verdad objetiva”.

Demandó, justamente, una visión particular y “menos politicista” ya que “mientras más avanzamos y damos lugar a planteos vinculados al dolor y la tragedia, mientras más generalizamos y legitimamos ese reclamo, más bastardeamos la justicia”.

Por último, criticó el “tono general de reproche” de estos juicios: se acusa a todos los imputados de saber qué pasó y no querer hablar lo cual es una “irracionalidad absoluta”.

Un contexto “inconmovible”

Luego de esta introducción jurídica general, Pérez Videla quiso esbozar una reconstrucción “más adecuada con el criterio de justicia” respecto del contexto en el cual se desarrollaron los hechos. Descartó la idea de guerra y prefirió hablar de un “conflicto de serias características beligerantes” señalando que la “juventud comprometida” a la que se refirió la querella en sus alegatos no marcó una distancia clara de rechazo a ese clima de confrontación: “fácilmente se podría haber levantado esa bandera”, concluyó.

Los imputados, por su parte, coincidieron en la descripción de una “situación inconmovible” que no pudieron alterar ni manejar porque “no caía en el ámbito de su dominio ni decisión” y “cuyos resultados eran inevitables”. Para eximirlos de responsabilidad, reconoció la existencia de “grupos secretos manejados por altas autoridades que lamentablemente están muertas”. Caso contrario, sus representados “exigen que se pruebe su participación”.

En un “estado constante de necesidad y excepción”, entre el “caos y el terror” desatados, reclamó que “la carga de todo lo sucedido” la soportan los imputados.

La posverdad del genocidio: inexistencia de asociación ilícita

El defensor reiteró su pedido de “honrar el principio de verdad jurídica objetiva” para evitar caer en “invenciones o ficciones” en relación a la figura de la asociación ilícita adjudicada a los acusados. Citó a Zaffaroni para justificar que la justicia penal “ataca por sectores”: a los más vulnerables y a los disidentes molestos.

Siempre siguiendo a este autor, Pérez Videla sostuvo que la justicia no debe basarse en una estructura ficcional vehiculizada por un “sistema de criminalización mediática”: la prensa construye posverdad al alejarse del juicio, de los hechos y de las pruebas. El resultado de este “relato” es un “juicio moral y ético” que lo coloca a él mismo como “defensor de veinte genocidas” frente a la opinión pública.

Esto es lo que sucedió, para la defensa, con el delito de asociación ilícita. El abogado pidió la nulidad de esta acusación por violar los artículos 298 y 123 del Código Penal y explicó que la Fiscalía basó su pedido en la mera narración sin existir prueba real que la sustente. Son tres elementos que no se cumplirían: la existencia del grupo (no se mencionan los “socios”, es una “simple conjunción de imputados”), el propósito colectivo (se justifica con el “relato” del plan sistemático) y la permanencia en el tiempo (para acusar se considera cuando conviene la información presente en los legajos).

Más pedidos de nulidad

Pérez Videla requirió la nulidad del alegato mediante el cual el Estado provincial adhirió a la acusación del Ministerio Público Fiscal. El defensor consideró que hubo desconocimiento de hechos y penas y que esta decisión le resta seriedad al juicio. “Parece importar el reproche”, declaró. También opinó que respondió a razones políticas.

Luego, solicitó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua para adultos mayores amparándose, ahora sí, en los tratados internacionales que los identifican como sujetos vulnerables.

Por último, determinó la ilegalidad de la incorporación de declaraciones testimoniales de personas fallecidas o incapacitadas por lectura como dispone la Acordada 1/12 porque “son imposibles de rebatir” y la nulidad del reconocimiento fotográfico, presente en otras causas, como prueba en este juicio.

Las causas de la Policía Federal

El abogado abordó las causas que involucran a la Policía Federal por las ejecuciones sumarias de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar y que tienen como imputados a José Luis Mirotta y Marcelo León. Pidió para ambos la absolución lisa y llana o por beneficio de la duda.

Su estrategia defensiva tuvo tres líneas recurrentes: acusar a la Fiscalía por lo no investigado (sin mencionar la imposibilidad que hubo por años debido a las leyes de impunidad), intentar establecer contradicciones en las testimoniales (a lo largo de cuarenta años algunos testigos han declarado en más de una ocasión y con grandes distancias temporales) y remarcar la falta de prueba. Poniendo énfasis en los detalles, los hechos centrales de la imputación quedaron en varias ocasiones desdibujados.

Como ejes centrales, cuestionó la investigación realizada por el periodista Rodrigo Sepúlveda que es prueba en esta causa y desestimó la veracidad del testimonio del exmiembro de la Policía Federal, Carmelo Cirella. Sostuvo que el documental en cuestión no era “objetivo” ni “correcto en términos de labor periodística” porque convirtió a Cirella en “personaje”. Además, consideró que estaba “limitado” por haber sido realizado en el marco de una materia universitaria. La Fiscalía, con estas dos fuentes, habría basado la imputación en una “construcción versionada” de los hechos.

Carmelo Cirella declaró por primera vez ante la CONADEP en 1984. Para el defensor, los datos que brindó respecto de Sánchez Andía –hecho que no presenció- fueron los mismos que había difundido la prensa, salvo por elementos ficcionales como el corte de manos. La existencia de “el balcón”, donde se habrían arrojado varios cuerpos, tampoco pudo ser constatado. Como el testigo modificó varias veces la nómina de los supuestos responsables del hecho, la defensa consideró que acusó a sus excolegas con “animo de vendetta” y con esperanza de algún beneficio. También restó valor a lo relatado por Juan Sánchez Andía, hermano de la víctima, por “confusiones y olvidos” en las sucesivas declaraciones respecto de elementos menores como la distribución de las habitaciones y camas del hospital donde estuvo internado Amadeo. El mismo recurso de deslegitimación de la prueba testimonial aplicó al abogado Carlos Bula por no recordar el derrotero del Habeas Corpus presentado a favor de su defendido.

Sobre el imputado, José Luis Mirotta, solo indicó que no estuvo presente en Mendoza al momento del hecho, tal como sostuvo él mismo en su ampliación declaratoria.

Para desdibujar el caso del asesinato de Romano Rivamar, la defensa fue la misma. El abogado consideró que las declaraciones del hermano fueron poco consistentes respecto de la fuerza que intervino en la detención y que, progresivamente y a partir de rumores, se buscó culpar a la Policía Federal. El testimonio del primo de la víctima, el juez Fernando Romano, también carecería de valor por su avanzada edad (“casi senil”) y falta de memoria.

Pérez Videla también relativizó el testimonio de Clemente Montaña, legislador que encabezó la comisión que visitó el lugar donde fue arrojado el cuerpo de Romano Rivamar. Luego de ser conducidos por el propio Cirella, Montaña había manifestado el alto grado de precisión en lo narrado por el expolicía. La defensa expresó su desconfianza respecto de las vainas encontradas, cuestionó la falta de presencia judicial, la inexistencia de fotos y la falta de preservación del lugar.

Por último, el defensor analizó los resultados de la pericia psicológica ordenada por el Ministerio Público Fiscal para Carmelo Cirella. Aunque todos reconocieron que no sufría ninguna patología psiquiátrica y que demostraba apego a la realidad, el defensor destacó que, una vez interrogados por él, tampoco habían negado la posibilidad de que falseara la verdad.

La defensa concluyó que no existen certezas sobre los hechos (no pueden reconstruirse por completo) ni en las declaraciones de Cirella (son todos relatos distintos) para sostener la acusación de prisión perpetua de la Fiscalía. Y agregó que los múltiples elementos ficcionales e incomprobables que manifiesta no lo hace creíble según las teorías principales sobre la evaluación del testimonio.

La próxima audiencia será el viernes 15 de junio a las 9.30 hs.

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Audiencia 66 / LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

08-06-18 / Durante toda la jornada se escucharon los alegatos y pedido de pena de los representantes del MEDH. Diego Lavado terminó su intervención por las causas correspondientes al D2. Viviana Beigel expuso sobre la causa Susana Bermejillo / Mario Susso y luego por la causa del Casino de Suboficiales del Ejército desde una perspectiva de género. Cerró Pablo Salinas, quien inició su alegato por el CCD Campo Las Lajas.

El abogado Diego Lavado retomó su alegato al iniciar la jornada. Repasó las pruebas del accionar conjunto de las distintas fuerzas armadas y de seguridad para explicar el funcionamiento del plan represivo. Esto quedó demostrado por la declaración de Sánchez Camargo en 1987.

Finalmente, y por todos los hechos narrados con anterioridad, Lavado formuló la acusación y el pedido de pena.

Alcides París Francisca fue acusado de ser autor mediato de los siguientes delitos:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía por el caso de Olga Inés Roncelli
  • Privación abusiva de la libertad agravada en el mismo caso
  • Privación abusiva de la libertad agravada por tres hechos
  • Tormentos agravados, por los mismos hechos

La pena solicitada por la querella para Francisca es prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

Mario Alfredo Laporta debe responder como autor mediato de los delitos de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por tres hechos
  • Tormentos agravados, por los mismos hechos

Lavado solicitó la pena de 20 años de prisión.

A Armando Osvaldo Fernández Miranda se lo acusó por:

  • Homicidio doblemente agravado por los casos de Susso y Bermejillo
  • Privación abusiva de la libertad agravada por 12 hechos
  • Tormentos agravados por 14 hechos
  • Lesiones graves agravadas, por los casos de Allegrini y Leda
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor persona encargada de la guarda en los mismos casos y Espínola

La pena solicitada para Fernández es prisión perpetua.

Diego Fernando Morales Pastrán fue acusado por ser coautor de los siguientes delitos:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas, por el caso de Daniel Moyano
  • Privación abusiva de la libertad agravada, por el mismo caso
  • Lesiones graves agravadas por los casos de Allegrini y Leda
  • Privación abusiva de la libertad agravada por seis hechos

Por todo lo mencionado se solicitó que se lo condenara a prisión perpetua.

Carlos Alberto Luciani debe responder penalmente como autor mediato de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, por Miguel Ángel Rodríguez
  • Tormentos agravados, por el mismo caso
  • Asociación ilícita en calidad de jefe

La pena pedida por el MEDH es de 20 años de prisión.

Pablo José Gutiérrez fue acusado de los siguientes delitos en calidad de coautor:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía por Daniel Moyano
  • Privación abusiva de la libertad agravada por el mismo caso
  • Privación abusiva de la libertad agravada por nueve hechos
  • Tormentos agravados, por 10 hechos
  • Lesiones graves agravadas por los casos de Allegrini y Leda
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda en los mismos casos

Para Gutiérrez se solicitó la pena de prisión perpetua.

Miguel Ángel Tello Amaya es acusado de:

  • Coautor de privación abusiva de la libertad agravada, por el caso de Nélida Virginia Correa
  • Y como partícipe primario de tormentos agravados por el mismo caso

Lavado pidió la pena de 16 años de prisión para Tello.

Ricardo Benjamín Miranda debe responder por ser autor mediato de:

  • Homicidio doblemente agravado por el caso de Olga Inés Roncelli
  • Privación abusiva de la libertad agravada en el mismo caso
  • Tormentos agravados, por el mismo hecho

Se solicitó para Miranda la pena de prisión perpetua.

Tanto a Miguel Ángel Salinas como a Carlos Faustino Álvarez se los acusa de ser coautores de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por el caso de Nélida Virginia Correa
  • Tormentos agravados por el mismo caso
  • Asociación ilícita en calidad de integrantes

Para estos dos imputados la pena pedida es de 16 años de prisión.

Por último, Roberto Usinger debe responder penalmente como coautor de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por Marcelo Straniero
  • Privación abusiva de la libertad agravada por 14 hechos
  • Tormentos agravados por 14 hechos
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda en los casos de Valerio Castillo y Rosa Rouge
  • Asociación ilícita en calidad de integrante

Para Usinger se pide la pena de 20 años de prisión.

El abogado Diego Lavado explicó la razón para pedir, en algunos casos, penas más duras que el Ministerio Público Fiscal. Para ello recurrió a la sentencia de Ortubia-Salinas de la Cámara Federal de Casación que afirma que no se puede hacer análisis de delitos en abstracto sino que hay que valorar el contexto del aparato organizado de poder, ejecutor de delitos de lesa humanidad. Mencionó, además, la particular condición de indefensión de las víctimas.

Para finalizar, Lavado citó a Joan Manuel Serrat, con su canción “Los macarras de la moral”:

“Sin prisa pero sin pausa,
esos carcamales
organizan sus cruzadas
contra el hombre libre
más o menos responsable
de todos los males
piensan que por su cuenta
sueñan y lo dicen.

Si no fueran tan temibles
nos darían risa.
Si no fueran tan dañinos
nos darían lástima.
Porque como los fantasmas,
sin pausa y sin prisa,
no son nada si se les quita la sábana”.

La CNU, Susana Bermejillo y Mario Susso

Viviana Beigel, encargada del alegato por los asesinatos de Bermejillo y Susso, comenzó su exposición agradeciendo a los familiares por los aportes en la reconstrucción de la historia de ambos. La tónica de su intervención fue similar a la adoptada por Pablo Salinas, una puesta en palabra de las vivencias generadas por el terrorismo de estado.

Reivindicó el derecho a la verdad y la obligación de investigar lo sucedido. “Somos la voz de las víctimas”, resaltó. Antes de abordar las causas hizo una contextualización de lo que sucedía en la esfera universitaria ya que tanto Susso como Bermejillo provenían de ese ámbito.

Según Beigel, la designación de Oscar Ivanisevich en el Ministerio de Educación de la Nación marcó un hito para la avanzada de las corrientes de derecha dentro de las instituciones educativas. Esta gestión, destinada a “combatir la infiltración marxista”, sirvió de caldo de cultivo para el accionar de los grupos de la misma orientación como la Concentración Nacional Universitaria (CNU ) vinculados a la Triple A.

En la causa sobre la CNU, tratada por el Tribunal de Mar del Plata, quedó demostrado su aporte a la ofensiva represiva. Su tarea consistía en realizar inteligencia sobre los estudiantes y se valían de métodos patoteriles como las amenazas, robos, falsificaciones y otros delitos propios de los cuerpos paraestatales. Tenían conexión con las policías y demás fuerzas; varios integrantes, con posterioridad, ocuparon cargos en el Estado.

En Mendoza, en 1975, fue designado rector de la UNCuyo, Otto Heber Burgos, quien, en línea con Ivanisevich, se dispuso a combatir la política disolvente que atribuía a las corrientes estudiantiles, mayoritariamente de izquierda.

Burgos, en su embestida contra el marxismo, contó con el valioso aporte de Enrique Gómez Saá, oficial del Ejército, perteneciente al área de inteligencia, quien se desempañaba como profesor de la Universidad. El mismo coordinaba con la policía y otras fuerzas, según consta en el libro de Roberto Vélez, sobre el tema.

Ya en Dictadura, se estableció un régimen de militarización de las prácticas cotidianas, como la prohibición de expresiones políticas así como el uso de barba para los jóvenes y maquillaje en las mujeres. La “Operación Claridad”, realizó una suerte de depuración de los claustros, tras “el ideario nacional”.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) contaba con fuerte presencia de integrantes de la CNU y un activo centro de estudiantes en manos de corrientes de izquierda. La provocación de los primeros era incesante, perturbaban las marchas y patoteaban, inclusive con el uso de armas. Seijo, Burlot, Lucas y otros, estaban abocados a terminar con esa “bastarda élite de mercenarios”, los marxistas, tal como lo consignan sus escritos.

El 14 de julio de 1976 se produjo el asalto a una estación de servicio protagonizada por el mencionado Pato Lucas, junto a Héctor Gómez y Talley, integrantes de la CNU. Fueron detenidos in fraganti. En sus declaraciones sostuvieron que el dinero estaba destinado a la lucha contra la subversión.

A mansalva

Existen contundentes indicios de que la CNU en articulación con el D2 de la Policía de Mendoza intervinieron en los homicidios de Susana Bermejillo y Mario Susso.

Mario Susso, estudiante de la UTN, pertenecía a la agrupación de izquierda FAUDI y era miembro del Partido Comunista Revolucionario (PCR). En diciembre de 1975 su domicilio fue allanado y estuvo detenido e interrogado en el D2. Después de un breve lapso fue liberado.

En la madrugada del 20 de marzo fue arrebatado del domicilio de sus padres por un grupo armado que lo baleó cuando intentaba evitar su secuestro. Su cuerpo, sin vida, fue encontrado horas después en la calle Pescadores.

Susana Bermejillo, estudiante de literatura y filosofía, estaba casada con Juan Carlos Carrizo, militante del Partido Comunista y estudiante de la UTN. Según Carrizo, la patota venía por él pero consiguió escapar; entonces se la llevaron a ella. El operativo estuvo a cargo de un grupo que parecía, eran de la policía (según sus familiares a uno de ellos lo llamaron “sargento”). Susana fue ultimada y abandonada en el mismo lugar que Mario Susso.

En cuanto a las pruebas, Juan Carlos Carrizo ha afirmado, reiteradamente, que fue la patota de la CNU quien ejecutó a su esposa y a Susso. Tal como fue señalado, anteriormente, esta agrupación tenía conexión con las policías locales. Prueba de ello es la indagatoria, bajo tortura, realizada a Roberto Mermolejo, en el D2, antes de las ejecuciones. Él era estudiante de la UTN y miembro de una agrupación de izquierda. Un día antes de este suceso fue torturado mientras le preguntaban por Susso y Carrizo.

Por los homicidios de Mario Susso y Susana Bermejillo está acusado Armando Osvaldo Fernández. Este policía del D2, entre otras funciones, era miembro de inteligencia y figura clave en el Comando de Operaciones Tácticas, encargado de los procedimientos.

Por ello fue imputado, en los dos casos, como autor mediato de:

  • homicidio agravado
  • privación abusiva de la libertad
  • tormentos agravados

La abogada pidió la pena de prisión perpetua.

Asimismo, solicitó compulsa para que sean investigados los miembros de la CNU señalados por Juan Carlos Carrizo.

Los impecables alegatos de Viviana Beigel fueron acompañados por una sala colmada de gente. Los familiares y pares en la militancia de Mario Susso y Susana Bermejillo, las expresas sobrevivientes del casino y sus parientes, amistades, varones y mujeres pertenecientes a los organismos de DDHH, periodistas, artistas y un nutrido grupo humano que escuchó con atención el alegato-homenaje desplegado por la abogada, con el soporte de cartas y fotografías.

Por una sentencia con perspectiva de género

Al abordar la causa del Casino de Suboficiales, el Centro Clandestino de Detención que albergó detenidas en 1976, Viviana Beigel analizó la situación particular de las mujeres durante el Terrorismo de Estado. Reconoció el trabajo previo iniciado por la Fiscalía a través del alegato de Rodríguez Infante sobre este tema.

La ideología conservadora del aparato represivo en relación a la mujer bregó por la recuperación de los roles tradicionales de madre y esposa con anterioridad al Golpe. Por ejemplo, el Comando Pío XII de Santuccione persiguió y ejecutó a mujeres que ejercían la prostitución antes de abocarse a militantes de organizaciones políticas y sociales.

El disciplinamiento hacia las víctimas, que se profundizó luego del 24 de marzo del ’76, implicó un castigo diferenciado por su condición de mujeres y fue una práctica sistemática y planificada, tendiente a imponer un orden social patriarcal. Beigel citó a Rita Segato para explicar que en la estrategia de desmoralizar al enemigo, la usurpación y la destrucción del cuerpo, es algo central.

Para los represores y su moral occidental y cristiana, la familia era la célula de la Nación. Por lo tanto, el Estado debía intervenir cuando esa familia se “desnaturalizaba”. La Iglesia también jugó un importante papel disciplinador cuando sus curas visitaban las cárceles o centros clandestinos buscando el arrepentimiento y la confesión de las detenidas.

Estas ideas eran expresadas por los mandos militares en sus comunicados y reglamentos, además de la prensa. La revista oficialista Para Ti, por ejemplo, se preguntaba “¿qué le están haciendo a nuestros hijos?” y sugería a las madres proteger de la amenaza subversiva a sus familias mediante una mayor dedicación.

Las militantes políticas, por lo tanto, fueron doblemente perseguidas: como opositoras y como transgresoras de sus roles impuestos, por ser “viriles”, por tener vida pública y por desatender la maternidad.

Los reglamentos militares y carcelarios establecieron pautas diferenciadas de género respecto de la requisa de mujeres (no dejarse amedrentar por reacciones “histéricas”) o la maternidad (de dos años se redujo a seis meses el lapso para la permanencia de infantes con sus madres). En el penal de Devoto se creó una junta interdisciplinaria que elaboró un “Plan de conducta y libertad” que forzaba a la confesión y clasificaba a las detenidas en “recuperadas”, “en vía de recuperación” o “irrecuperables”, a fines de generar divisiones y extraer información.

En los Centros Clandestinos de Detención, la represión también tuvo formas propias: la tortura física y psicológica, la violación, la desnudez forzada, los abortos, los partos deshumanizos. A la subversiva había que denostarla y destruirla. Y la sanción, en algunos casos, fue más allá de sus propios cuerpos, mediante la apropiación de sus hijos e hijas o la utilización de menores para torturarlas y amenazarlas.

La violencia sexual fue confirmada por la CONADEP, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y el Juicio a las Juntas. Progresivamente, la jurisprudencia nacional y provincial fue identificando los delitos sexuales en su especificidad y, según el artículo siete del Estatuto de Roma, como delitos de Lesa Humanidad en sí mismos.

El caso del Casino de Suboficiales

Este CCD de mujeres dependía de la Compañía de Comunicaciones de la VIII Brigada de Montaña y estaba a cargo de Walter Tomás Eichhorn, prófugo recientemente capturado, cuyo superior era Carlos Ledesma. Tanto ellos como los interrogadores (García, Pagella y Carelli) fueron reconocidos en numerosos testimonios de las víctimas.

De abril a septiembre de 1976 pasaron por allí dieciséis mujeres: Liliana Buttini, Vilma Emilia Rúpolo, Olga Salvucci, Norma Sibila de Morán (fallecida), Dora Goldfarb, Yolanda Cora Cejas, Estela Izaguirre, Carmen Corbellini, Edith Arito, Rosa Obredor, Beatriz García, Susana Nardi, María Elena Castro (fallecida), Liliana Petruy, Silvia Alliendes y Eda Sbarbati de Alliendes (fallecida).

Beigel relató en detalle el caso de Vilma Rúpolo, quien fue detenida dos días después de dar a luz a su hijo Mariano. El recién nacido quedó a cuidado de sus abuelos y pudo reencontrarse con su madre varios días más tarde, luego de que Rúpolo presionara con amenazas de suicidio. La querella instaló frente al tribunal el moisés en el que Mariano fue conducido al Casino por dos militares con Itacas. Una muestra muy gráfica de la caracterización que los represores tenían respecto de la peligrosidad de los “hijos e hijas de la subversión”.

Pese a la tortura y las amenazas constantes que padecieron las mujeres allí detenidas, la llegada de Mariano fue “un momento de alegría”. La solidaridad, que fue una característica entre las compañeras de cautiverio de los distintos centros y cárceles a lo largo del país, permitió, según sus palabras, la supervivencia frente al terror. En el caso del Casino, el cuidado colectivo del pequeño niño, los cantos de resistencia, la contención, fue un lazo salvador. Ese mismo compañerismo continuó a lo largo de cuarenta y dos años y las encontró, de nuevo, tomadas de las manos y en primera fila, oyendo esta vez, los alegatos que rescatan sus hechos.

Por estos delitos, la querella sostuvo la calificación legal y las acusaciones de la Fiscalía contra Carlos Ledesma (autor mediato) y Armando Olimpo Carelli (coautor) y pidió penas de 25 años e inhabilitación perpetua para ambos.

Por último, al igual que el Ministerio Público, Viviana Beigel pidió una sentencia con perspectiva de género que incluyera explícitamente la violencia desplegada por el aparato represivo contra las víctimas mujeres de este juicio.

Salinas inició el alegato por Las Lajas

En la última hora de la jornada del debate de hoy refirió Pablo Salinas lo sucedido en el CCD Campo Las Lajas. El abogado hizo un recorrido por la historia del MEDH, sus orígenes, su objetivo, sus valores. Mencionó a “las imprescindibles” Elba Morales y Pocha Camín y agradeció su trabajo incansable por dilucidar lo sucedido durante la última dictadura.

Sobre Las Lajas se conoce su uso como campo de tiro antes del ‘76. Sin embargo, entre ese año y el ‘83 hay un ocultamiento de la información de su funcionamiento. La querella sostuvo que la falta de datos sobre esa época se debe al uso de ese campo como Centro Clandestino de Detención. “En Campo Las Lajas están los restos de nuestros compañeros”, aseguró Salinas.

En ese contexto, hizo referencia al rol central de Carlos Santamaría como jefe de inteligencia de la IV Brigada Aérea. “La inteligencia decidía quién vivía y quién moría”, como también los distintos mecanismos para deshacerse de los cuerpos. Hay testimonios muy elocuentes que refieren a Las Lajas, dependiente de la Fuerza Aérea, como centro clandestino de detención, torturas y exterminio. Ejemplos de ello son las palabras de Horacio Oscar Ferraris, Emilio Luque Bracchi y Vivian Acquaviva.

Contra los dichos de Carlos Rico en su indagatoria, “¿por qué no juzgan a los Montoneros?”, Salinas respondió: “ojalá hubieran juzgado a todos como a ellos ahora, con todas las garantías. Esto es un Estado de derecho, no lo que aplicaban ustedes”. Y ejemplificó con la pastilla de cianuro que tomó María del Carmen Marín para evitar la máxima perversidad que podía sufrir al caer en manos de los represores.

Las víctimas de Las Lajas

A través de fotos, ilustraciones y distintas diapositivas hizo el abogado un recorrido por las víctimas de este caso. Mauricio López tenía un voto por la paz y por la pluralidad. Fue integrante del Consejo Mundial de Iglesias y el primer rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Era un profesor reconocido y muy querido.

Osvaldo Zuin era exseminarista y actor de teatro, militaba en el PRT. Emilio Luque estudiaba en Ciencias Físicas y Matemáticas en la UNSL, además de compartir habitación con el militante peronista Santana Alcaraz. María del Carmen Marín estudiaba Bellas Artes en Buenos Aires y militaba en Montoneros. Su padre, Carlos Armando Marín, la protegía y fue secuestrado luego de que ella se suicidara al tomar la pastilla de cianuro.

El jueves próximo, 14 de junio, continuará la audiencia con la conclusión del alegato de la querella y comenzará la defensa con su argumentación.

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