Audiencia 70 / POSVERDAD O NO

22-06-18 / Finalizó el alegato la Defensoría oficial con referencia a causas del D2 y Las Lajas. Con un discurso dubitativo y relativizante Leonardo Pérez Videla recorrió los casos faltantes a fin de pedir la absolución de todos los defendidos. Nuevamente se ancló su razonamiento en la orfandad probatoria reinante.

Leonardo Pérez Videla, representante del Ministerio Público de la Defensa, se encargó de finalizar el alegato correspondiente a 22 causas. Hizo un pasaje por diversos casos intentando disminuir la responsabilidad penal de los acusados. Su discurso, como los días previos, estuvo plagado de dilaciones y evitó, casi permanentemente, hacer menciones afirmativas y generalizadoras. El objetivo, quizá, sería salvar posibles superposiciones con otras defensas e, incluso, anticiparse a futuras acusaciones.

Sobre el D2

Armando Osvaldo Fernández es el responsable penalmente de lo sucedido contra Adriana de las Mercedes Espínola. Pérez Videla hizo hincapié en la falta de bases sólidas sobre las que fundamentar la defensa y trajo a colación un traslado firmado por el difunto Sánchez Camargo. No mencionó el informe que suscribió el imputado, dirigido a la 8va. Brigada, sobre el allanamiento en la casa de la víctima y, por el contrario, reafirmó la falta de prueba documental y testimonial.

La tesis de la defensa fue que el secuestro de Espínola estuvo dirigido por el ejército. Esto se fundamentó en que su pareja de ese entonces, Sgroi, tuvo un paso por el centro clandestino de detención (CCD) llamado Campo Los Andes. Dicho CCD estaba bajo dominio del ejército y, según el abogado, esa sería una razón válida para extender la responsabilidad penal a dicha fuerza.

Mirta Irma Hernández fue detenida en 1979 y alojada en el D2. El imputado es Mario Alfredo Laporta, a cargo de la policía provincial en ese entonces. Pérez Videla sostuvo que, con mayor rigor de análisis, podríamos deducir que la responsabilidad le cabe a una estructura mayor como sería, aquí también, el ejército. Los secuestros de sus compañeros del Partido Comunista Marxista Leninista y sus continuas mudanzas a distintos lugares del país evidenciarían un derrotero de persecución que, solamente, le cabría a ese grupo omnímodo de poder.

No hay pruebas de que Laporta haya ordenado la detención, según el defensor. “El problema es que los únicos responsables se han muerto” y que “el D2 era autosuficiente”. El jefe de la policía no habría cumplido ninguna función en esta dependencia policial, ubicada en su edificio principal.

Tanto para Fernández como para Laporta, el defensor oficial solicitó la absolución lisa y llana o, si el Tribunal no compartiera el criterio, pidió la absolución por el beneficio de la duda.

Las causas contra Roberto Usinger

En su alegato, El Ministerio Público Fiscal, calificó a Roberto Usinger como coautor por los delitos perpetrados en perjuicio de quince personas que fueron conducidas al D2. Son las causas que abordan el secuestro de Oscar Miguel Pérez, el operativo de 1980 contra el Partido Comunista (PC) y las detenciones de los hermanos Straniero.

Pérez Videla sostuvo que el imputado no participó en la detención ni en los traslados de las víctimas –pese a que Aliste aseguró que lo condujo hasta la penitenciaría- y explicó que su trabajo en el D2 se limitaba a registrar en un libro los ingresos en la puerta del edificio.

Al abordar el operativo en cadena que se desplegó contra doce militantes y/o simpatizantes del PC –María Rosa Rouge, Valerio Castillo, Aurelio Berlanga, Aníbal Firpo, Patricia Campos, Concepción Azuaga de Berlanga, Jorge Aliste, Rafael Báez, Carmen Noemí Rey, Gabriel Solá, Ignacio González y Guillermo Scoones-, el abogado defensor buscó responsabilizar al ejército por las múltiples detenciones, aunque muchas de las víctimas señalaron, claramente, la intervención conjunta de fuerzas policiales y militares (como se desprende de las declaraciones de María Rosa Rouge y Valerio Castillo, por ejemplo).

Para sostener esta hipótesis también citó las circunstancias del secuestro de Rafael Báez que figuran en el Habeas Corpus presentado en su beneficio. Destacó que Usinger “no aparece vinculado de ninguna forma” con estas detenciones y reclamó que la Fiscalía quisiera responsabilizarlo por todos los tramos.

Como algunas de las víctimas declararon recordarlo, tanto por su nombre real como por su apodo (“el ruso”), la estrategia defensiva consistió en señalar la confusión de los testigos con otro miembro del D2, Eduardo Smaha. Para Pérez Videla, este agente, obviamente fallecido, coincide mejor con la descripción “morfológica” de un hombre “macizo, de unos cien kilos” que dieran las víctimas. Sin embargo, la Fiscalía ya había aclarado en su alegato que Smaha no trabajaba allí para el momento de los hechos, algo que confirmó en su indagatoria el propio Usinger.

Valerio Castillo declaró que uno de los guardias apodado “el ruso” le robó dinero que su familia había enviado mientras estaba detenido en el D2 pero la defensa argumentó que ningún familiar confirmó este hecho. Jorge Aliste, por su parte, también describió a un guardia joven de civil apodado “el ruso” como la persona que lo trasladó desde el Palacio Policial hasta la cárcel junto con Rafael Báez. En ese trayecto, el agente había detenido el vehículo en una calle de la Quinta Sección para hablar con su esposa. La dirección brindada por Aliste coincidía con la que figuraba en el legajo de Usinger en ese momento. Sin embargo, la única defensa de Pérez Videla fue repetir que el imputado negó este episodio e insistir en que no estaba dentro de sus tareas.

Luego, continuó con la detención de los hermanos Pedro y Marcelo Straniero en el aeropuerto provincial. La causa se originó cuando las autoridades encontraron libros “subversivos” entre el equipaje de Pedro, que regresaba de una beca en Panamá: “hoy estamos en las antípodas de que a alguien que traiga libros de un viaje le pase lo que le pasó a ellos”, aseguró el abogado.

El defensor se aferró a la declaración de Pedro Straniero en la audiencia: “no tengo nada contra él”, había dicho de Usinger, a quién reconoció como miembro del D2 pero aclaró que no lo había maltratado. Luego, señaló aparentes contradicciones en las declaraciones de los hermanos porque uno de ellos había identificado a Usinger en su puesto de la Plazoleta Alem pero en sucesivas instancias confundió el lugar.

La última causa tiene como víctima al ciudadano chileno Oscar Miguel Pérez que estuvo detenido en el D2 y reconoció a Usinger como uno de los policías que lo trasladaba a las sesiones de tortura. Además, aseguró que, en al menos una ocasión, estuvo presente durante el interrogatorio y explicó que conocía los nombres de los guardias porque compartió cautiverio con los armeros y exoficiales detenidos que los identificaban.

En este caso, el recurso desesperado del defensor fue negar la tortura sufrida por la víctima para restar responsabilidad a Usinger y/o deslegitimar la declaración de Pérez. Con este fin, señaló que Cascarano, uno de los armeros mencionados, relató haber visto a Pérez sin signos aparentes de tortura cuando a éste le permitieron recibir a su familia. Luego, argumentó que, de haber registrado un delito en flagrancia como la tortura, el cónsul chileno que visitó a la víctima, habría recurrido a la justicia. Nada explicó Pérez Videla de los intentos del D2 por mejorar la apariencia del detenido para llevarlo frente al funcionario ni de las amenazas recibidas por la víctima antes de dicho encuentro.

En última instancia, el abogado recordó que solo después del episodio con el cónsul le permitieron a Pérez tener contacto con otros. Por lo tanto, las charlas con Usinger deben haber sucedido cuando ya no era interrogado.

En sintonía con la defensa esgrimida en los restantes casos, Pérez Videla reiteró la falta de certezas sobre la intervención de Usinger: su tarea de guarda en la entrada era “inocua”. “No aportó en el desarrollo del plan criminal”, mucho menos puede considerarse indispensable.

Sostuvo que la acusación cae sobre él porque “se abrió el pecho desde el primer momento” al confirmar su trabajo en el D2. Solo por su pertenencia a este Departamento no porque esté probado el dolo, es decir, los elementos volitivos y cognitivos.

Según el defensor, la planificación del D2 como Centro Clandestino de Detención fue “secreta y anónima”, “solo los agentes de mayor rango podían entrar”. Y aseguró que los sonidos “no llegaban” hasta Usinger para exigirle que hubiera actuado. Su presencia en las fechas de las detenciones tampoco está acreditada porque “se perdieron los libros”.

Al igual que en las causas del Casino de Suboficiales, la defensa no reconoció la calificación de abuso deshonesto como delito específico por fuera de la figura de tormentos porque no existiría un dolo distinto que la represión ideológica.

Por estas razones, pidió para el acusado la absolución lisa y llana o por beneficio de la duda, además de la ya exigida nulidad en la imputación por asociación ilícita sostenida por la Fiscalía.

Sobre Las Lajas

El imputado Paulino Enrique Furió debe responder en esta oportunidad por la causa de Mauricio Amílcar López. Leonardo Pérez Videla sostuvo la tesis de que la acusación a Furió está alimentada por la construcción de un relato y “una posverdad” que está lejos de ser relacionada con principios jurídicos. Existiría, entonces, un principio de verdad jurídica que no tendría nada que ver con el reclamo de las querellas en la búsqueda de responsables.

Pidió el abogado que no se ciñera el reclamo a la generalidad sino a la prueba de cada caso. Los testimonios de los familiares y de sobrevivientes como Ferraris y Luque no evidenciarían más que una situación espacial y temporal de los hechos reconstruida por ellos. Por “tamaña carga” no podría responder Paulino Furió, jefe de inteligencia del Ejército. “El paso o no de una de las víctimas por el lugar” no se puede comprobar, reafirmó el defensor.

El razonamiento de Pérez Videla se fundamentó en la existencia de un sistema normativo usado para someter a las personas que nada tenía que ver con el sistema legal. Es decir que el cargo del imputado no garantizaría la participación necesaria para el funcionamiento de un sistema ilegal. De lo contrario, sería una “prueba casi diabólica que es imposible rebatir”. Este escenario de ilegalidades habría sido responsabilidad total de subgrupos de poder omnímodo y superior. Dentro de la misma policía había confrontaciones internas, relató el abogado. Habló de ataques a dependencias policiales y no se explayó, justificándose en que el resto “sabe más de esto que yo y están mucho más ilustrados”. Fue suficiente con aclarar que el dominio del destino de las personas secuestradas no dependía de su defendido.

La tesis en materia autoral se basó en la “multijurisdiccionalidad fáctica”. No se sabe, afirmó el defensor, quién es responsable, porque son muchas las instituciones e incluso de distintas nacionalidades que interceden por el caso de Mauricio López y en otros de Las Lajas. “No sé por qué este subgrupo lo declara enemigo”, concluyó en este sentido.

Si bien aclaró que todo el marco de esta causa fue secreto, aseguró que “los responsables ya están muertos”. “Todo ese marco de teoría es para otras personas que no sabemos, si es que fue así” afirmó.

En su alegato, el querellante Pablo Salinas introdujo la idea de que si querían juzgar a los Montoneros, era necesario tener pruebas y hacer un juicio correspondiente. Pérez Videla no perdió oportunidad para plantear la dicotomía y pedir el mismo criterio para las fuerzas policiales y militares.

Sin rastros de pruebas indiciales y de constancias sobre la intervención de las personas a cargo, el representante del MPD pidió la absolución lisa y llana de Paulino Enrique Furió o, en su defecto, la absolución por el beneficio de la duda.

En la próxima audiencia, el abogado Carlos Benavídez alegará en defensa de Juan Carlos Alberto Santamaría por las causas de Campo Las Lajas. Será el jueves 28 a las 9.30 hs.

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Audiencia 67 / SE LLEVARON A LOS MEJORES

14-06-18 / El Dr. Pablo Salinas, en representación del MEDH, concluyó su exposición sobre las causas del Centro Clandestino de Detención Las Lajas y realizó un pedido especial por los menores detenidos junto a sus madres. El Defensor Oficial, Leonardo Pérez Videla, dio comienzo al alegato de la defensa con las causas de la Policía Federal.

Concluye el alegato de la querella

Pablo Salinas continuó su alegato sobre el Centro Clandestino de Detención y Exterminio (CCDyE) “Campo Las Lajas”, causa por la que están imputados Paulino Enrique Furió y Juan Carlos Santamaría, jefes de Inteligencia del Ejército y de la Fuerza Aérea, respectivamente.

Inició la jornada con unas elocuentes palabras de Furió que constan en su legajo: “me tocó asumir un rol de relevancia en la gestión asumida (sic) por las FF. AA., particularmente por el ejército, en afrontar la misión de derrotar al enemigo apátrida que se había enquistado como un cáncer en nuestra sociedad argentina”. “A confesión de parte, relevo de pruebas”, sentenció Salinas.

La Orden 239, que dispuso el control operacional del Ejército sobre cada detenido, indicaba que debía informarse por escrito al Gral. Jorge Maradona, máxima autoridad del Ejército, todo lo que ocurría. Como Lajas dependía de la Fuerza Aérea, la coordinación entre las fuerzas es indiscutible.

Tal como ya se ha escuchado en la etapa de alegatos, dos testimonios fundamentales acreditan la existencia de Las Lajas como CCD: los de los sobrevivientes Luque Bracchi y Ferraris. Sus palabras, a su vez, se refuerzan con los hechos. El Habeas Corpus que presentó la familia de Santana Alcaráz menciona a Luque Bracchi como compañero de habitación del joven desaparecido en San Luis, tal como consta en su declaración. Cuando se presentó Ferraris, por su parte, el MEDH solicitó que realizara un croquis del CCD antes de visitarlo en persona, lo cual confirmó la precisión del recuerdo del testigo. La declaración de Ángel Ruggieri, suboficial de la Fuerza Aérea a cargo del campo de tiro, no hace más que resaltar la veracidad de lo indicado por Ferraris durante el reconocimiento.

Todo lo que relató este testigo respecto de su cautiverio en Las Lajas permitió reconstruir los hechos de los demás detenidos allí hacia 1977: Osvaldo Zuin (confirmado por Teresa Meschiatti y Flores Tejada), María de Carmen Marín y su padre Carlos (el contexto de sus detenciones consta en los Habeas Corpus rechazados por la justicia), Juan Ramón Fernández y Mauricio López.

Las circunstancias del secuestro de Mauricio López el 1 de enero de 1977 están descriptas en el Habeas Corpus que presentó su familia: cinco individuos quedaron afuera mientras otros cinco ingresaban violentamente a su domicilio. Además de llevarse a López, robaron múltiples objetos de la casa y dinero. Utilizaron dos vehículos que se vinculan al D2, a la Policía Federal y a la Concertación Nacional Universitaria: un Ford Falcon color crema y un 404 anaranjado.

La Seccional 5ta, donde se realizó la denuncia, resolvió “dar intervención al Juzgado Federal” y difundió un radiograma que contenía una descripción cambiada de los vehículos. Aquí comenzó, según Salinas, el encubrimiento del hecho con complicidad policial. La Justicia Federal, representada por Otilio Romano, clausuró el expediente el 10 de enero mediante un sello que indicaba la inexistencia de hechos para investigar. Tampoco respondió la Justicia cuando el hermano de Mauricio presentó una carta, supuestamente, enviada por la víctima desde Chile.

La hipótesis de la querella es que en Las Lajas existe un pozo de una antigua bomba que los represores posiblemente aprovecharon para esconder los cuerpos de las personas asesinadas.

Calificación legal y pedido de pena

La querella pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta para Juan Carlos Santamaría (capitán, jefe de División Inteligencia y miembro de la Comunidad Informativa) como autor mediato de los siguientes delitos cometidos en perjuicio de Mauricio López:

  • privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes
  • homicidio triplemente calificado por alevosía, por concurso premeditado por dos o más personas y para asegurar su posterior impunidad
  • asociación ilícita en calidad de jefe u organizador

La misma pena se solicitó para Paulino Enrique Furió (capitán ascendido a mayor, jefe del G2 de Inteligencia del Ejército) como autor mediato por los siguientes delitos:

  • privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes, en perjuicio de Mauricio López, Osvaldo Zuin, María del Carmen Marín, Carlos Marín, Juan Ramón Fernández y Horacio Ferraris
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por los mismos seis casos
  • homicidio triplemente calificado por alevosía, por concurso premeditado por dos o más personas y para asegurar su posterior impunidad, en perjuicio de Mauricio López
  • robo agravado y allanamiento ilegal, en perjuicio de Mauricio López

Por último, adhirió al pedido de Fernando Peñaloza para que el Campo Las Lajas sea expresamente considerado Centro Clandestino de Detención.

Pedido por la infancia

Salinas solicitó al Tribunal que se reconozca en la sentencia a los niños y las niñas que también padecieron el Terrorismo de Estado como víctimas de este juicio: Mariano Morales (hijo de Vilma Rúpolo), Yanina Rosa Rossi (hija de Stella Maris Ferrón) y Alejo Hunau (hijo de Silvia Ontivero). Justificó esta posición explicando que los represores podrían haberlos dejado pero decidieron llevarlos para torturar a sus madres y/o para forzarlos a identificar personas cercanas al ámbito familiar.

Esa juventud maravillosa

Pablo Salinas concluyó el alegato de la querella rindiendo homenaje a la generación “comprometida con la libertad, la solidaridad y el cambio social” en nuestro país que fue el principal blanco del aparato represivo durante la década del ’70. “Se llevaron a los mejores”, señaló. Acompañó las fotos de alguna de las víctimas con palabras de Ángela Urondo, Pablo Seydell y Ernesto Espeche.

Empezó el alegato de la defensa

A modo de introducción, y en consonancia con los planteos habituales de la defensa en estos juicios, Leonardo Pérez Videla, abogado defensor, sostuvo que el proceso afectaba el principio de legalidad, se opuso a la imprescriptibilidad de los delitos y defendió la irretroactividad de la ley penal.

Para ello, pidió circunscribirse a los artículos 18, 27, 28 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y citó los fallos de los casos Muiña y Fontevecchia en los que se abre una nueva interpretación de la jerarquía normativa de los tratados internacionales. También, recurrió al voto en disidencia de Carmen Argibay en la causa Mazzeo para argumentar que “los tribunales no son omniscientes” y deben “trabajar en cada caso persiguiendo la verdad objetiva”.

Demandó, justamente, una visión particular y “menos politicista” ya que “mientras más avanzamos y damos lugar a planteos vinculados al dolor y la tragedia, mientras más generalizamos y legitimamos ese reclamo, más bastardeamos la justicia”.

Por último, criticó el “tono general de reproche” de estos juicios: se acusa a todos los imputados de saber qué pasó y no querer hablar lo cual es una “irracionalidad absoluta”.

Un contexto “inconmovible”

Luego de esta introducción jurídica general, Pérez Videla quiso esbozar una reconstrucción “más adecuada con el criterio de justicia” respecto del contexto en el cual se desarrollaron los hechos. Descartó la idea de guerra y prefirió hablar de un “conflicto de serias características beligerantes” señalando que la “juventud comprometida” a la que se refirió la querella en sus alegatos no marcó una distancia clara de rechazo a ese clima de confrontación: “fácilmente se podría haber levantado esa bandera”, concluyó.

Los imputados, por su parte, coincidieron en la descripción de una “situación inconmovible” que no pudieron alterar ni manejar porque “no caía en el ámbito de su dominio ni decisión” y “cuyos resultados eran inevitables”. Para eximirlos de responsabilidad, reconoció la existencia de “grupos secretos manejados por altas autoridades que lamentablemente están muertas”. Caso contrario, sus representados “exigen que se pruebe su participación”.

En un “estado constante de necesidad y excepción”, entre el “caos y el terror” desatados, reclamó que “la carga de todo lo sucedido” la soportan los imputados.

La posverdad del genocidio: inexistencia de asociación ilícita

El defensor reiteró su pedido de “honrar el principio de verdad jurídica objetiva” para evitar caer en “invenciones o ficciones” en relación a la figura de la asociación ilícita adjudicada a los acusados. Citó a Zaffaroni para justificar que la justicia penal “ataca por sectores”: a los más vulnerables y a los disidentes molestos.

Siempre siguiendo a este autor, Pérez Videla sostuvo que la justicia no debe basarse en una estructura ficcional vehiculizada por un “sistema de criminalización mediática”: la prensa construye posverdad al alejarse del juicio, de los hechos y de las pruebas. El resultado de este “relato” es un “juicio moral y ético” que lo coloca a él mismo como “defensor de veinte genocidas” frente a la opinión pública.

Esto es lo que sucedió, para la defensa, con el delito de asociación ilícita. El abogado pidió la nulidad de esta acusación por violar los artículos 298 y 123 del Código Penal y explicó que la Fiscalía basó su pedido en la mera narración sin existir prueba real que la sustente. Son tres elementos que no se cumplirían: la existencia del grupo (no se mencionan los “socios”, es una “simple conjunción de imputados”), el propósito colectivo (se justifica con el “relato” del plan sistemático) y la permanencia en el tiempo (para acusar se considera cuando conviene la información presente en los legajos).

Más pedidos de nulidad

Pérez Videla requirió la nulidad del alegato mediante el cual el Estado provincial adhirió a la acusación del Ministerio Público Fiscal. El defensor consideró que hubo desconocimiento de hechos y penas y que esta decisión le resta seriedad al juicio. “Parece importar el reproche”, declaró. También opinó que respondió a razones políticas.

Luego, solicitó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua para adultos mayores amparándose, ahora sí, en los tratados internacionales que los identifican como sujetos vulnerables.

Por último, determinó la ilegalidad de la incorporación de declaraciones testimoniales de personas fallecidas o incapacitadas por lectura como dispone la Acordada 1/12 porque “son imposibles de rebatir” y la nulidad del reconocimiento fotográfico, presente en otras causas, como prueba en este juicio.

Las causas de la Policía Federal

El abogado abordó las causas que involucran a la Policía Federal por las ejecuciones sumarias de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar y que tienen como imputados a José Luis Mirotta y Marcelo León. Pidió para ambos la absolución lisa y llana o por beneficio de la duda.

Su estrategia defensiva tuvo tres líneas recurrentes: acusar a la Fiscalía por lo no investigado (sin mencionar la imposibilidad que hubo por años debido a las leyes de impunidad), intentar establecer contradicciones en las testimoniales (a lo largo de cuarenta años algunos testigos han declarado en más de una ocasión y con grandes distancias temporales) y remarcar la falta de prueba. Poniendo énfasis en los detalles, los hechos centrales de la imputación quedaron en varias ocasiones desdibujados.

Como ejes centrales, cuestionó la investigación realizada por el periodista Rodrigo Sepúlveda que es prueba en esta causa y desestimó la veracidad del testimonio del exmiembro de la Policía Federal, Carmelo Cirella. Sostuvo que el documental en cuestión no era “objetivo” ni “correcto en términos de labor periodística” porque convirtió a Cirella en “personaje”. Además, consideró que estaba “limitado” por haber sido realizado en el marco de una materia universitaria. La Fiscalía, con estas dos fuentes, habría basado la imputación en una “construcción versionada” de los hechos.

Carmelo Cirella declaró por primera vez ante la CONADEP en 1984. Para el defensor, los datos que brindó respecto de Sánchez Andía –hecho que no presenció- fueron los mismos que había difundido la prensa, salvo por elementos ficcionales como el corte de manos. La existencia de “el balcón”, donde se habrían arrojado varios cuerpos, tampoco pudo ser constatado. Como el testigo modificó varias veces la nómina de los supuestos responsables del hecho, la defensa consideró que acusó a sus excolegas con “animo de vendetta” y con esperanza de algún beneficio. También restó valor a lo relatado por Juan Sánchez Andía, hermano de la víctima, por “confusiones y olvidos” en las sucesivas declaraciones respecto de elementos menores como la distribución de las habitaciones y camas del hospital donde estuvo internado Amadeo. El mismo recurso de deslegitimación de la prueba testimonial aplicó al abogado Carlos Bula por no recordar el derrotero del Habeas Corpus presentado a favor de su defendido.

Sobre el imputado, José Luis Mirotta, solo indicó que no estuvo presente en Mendoza al momento del hecho, tal como sostuvo él mismo en su ampliación declaratoria.

Para desdibujar el caso del asesinato de Romano Rivamar, la defensa fue la misma. El abogado consideró que las declaraciones del hermano fueron poco consistentes respecto de la fuerza que intervino en la detención y que, progresivamente y a partir de rumores, se buscó culpar a la Policía Federal. El testimonio del primo de la víctima, el juez Fernando Romano, también carecería de valor por su avanzada edad (“casi senil”) y falta de memoria.

Pérez Videla también relativizó el testimonio de Clemente Montaña, legislador que encabezó la comisión que visitó el lugar donde fue arrojado el cuerpo de Romano Rivamar. Luego de ser conducidos por el propio Cirella, Montaña había manifestado el alto grado de precisión en lo narrado por el expolicía. La defensa expresó su desconfianza respecto de las vainas encontradas, cuestionó la falta de presencia judicial, la inexistencia de fotos y la falta de preservación del lugar.

Por último, el defensor analizó los resultados de la pericia psicológica ordenada por el Ministerio Público Fiscal para Carmelo Cirella. Aunque todos reconocieron que no sufría ninguna patología psiquiátrica y que demostraba apego a la realidad, el defensor destacó que, una vez interrogados por él, tampoco habían negado la posibilidad de que falseara la verdad.

La defensa concluyó que no existen certezas sobre los hechos (no pueden reconstruirse por completo) ni en las declaraciones de Cirella (son todos relatos distintos) para sostener la acusación de prisión perpetua de la Fiscalía. Y agregó que los múltiples elementos ficcionales e incomprobables que manifiesta no lo hace creíble según las teorías principales sobre la evaluación del testimonio.

La próxima audiencia será el viernes 15 de junio a las 9.30 hs.

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Audiencia 63 / LA FUERZA AÉREA AL DESCUBIERTO

18-05-18 / Después de abordar la última causa que involucra al D2, la Fiscalía inició un sólido alegato para demostrar el compromiso de la Fuerza Aérea en la represión ilegal. También fundamentó la responsabilidad del imputado Juan Carlos Santamaría en relación a la desaparición forzada del profesor Mauricio Amílcar López e hizo un repaso de lo acaecido en el campo Las Lajas.

Causa Straniero

El fiscal Daniel Rodríguez Infante concluyó su alegato sobre la responsabilidad del D2 con el análisis de la responsabilidad de Roberto Usinger por lo acontecido con los hermanos Pedro y Marcelo Straniero.

Pedro Straniero era estudiante de Filosofía y Letras y bibliotecario. Se trasladó a Panamá con una beca de estudios, oportunidad que aprovechó para reunir libros de su interés.

Los hechos comienzan con una requisa de la Policía Aeronáutica por el hallazgo de “material de corte marxista” perteneciente a Pedro Straniero, quien había ido a retirar un envío de 500 libros despachados desde Panamá. En ese momento lo acompañaba su hermano Marcelo. La novedad fue reportada al D2 y los hombres resultaron aprehendidos en el aeropuerto el 13 de abril de 1981.

Ambos fueron transportados al D2. Allí fueron vendados e interrogados con violencia. Tres días después, Marcelo fue liberado.

Pedro Straniero pasó a la penitenciaría el 22 de abril. Fue acusado por infracción a la ley 20.840 y un mes después intervino la justicia federal, que lo sobreseyó otorgándole la libertad en julio del mismo año.

Tiempo después, Pedro Straniero reconoció a uno de sus carceleros, Roberto Usinger, quien tenía un puesto en la plazoleta Alem.

En este juicio, el policía está imputado por 15 víctimas detenidas en el D2, a partir del ‘79 y en los ‘80. Se trata de Oscar Pérez, los apresados/as por su vínculo con el Partido Comunista y los hermanos Straniero.

Según el legajo de Roberto Usinger, fue agente del D2 entre octubre de 1978 y 1983. Se desempeñó, alternativamente, en Reunión de Información y como escribiente en esa sección.
En su declaración, el agente reconoció haber atendido a los detenidos en los calabozos cumpliendo a órdenes de sus superiores. Mencionó a su jefe López así como a Oyarzabal y Gómez, ambos fallecidos. Aseguró no haber realizado traslados aunque quedó demostrado que fue el encargado de llevar al detenido Aliste a la penitenciaría.

Trató de minimizar su rol aunque por el solo hecho de ser custodio le cabe la coautoría funcional por división de roles, resaltó el fiscal.

Por ello, Roberto Usinger está acusado de

  • Privación abusiva de la libertad agravada en 14 casos
  • Privación abusiva de la libertad (en el caso de Marcelo Straniero)
  • Tormentos agravados en 15 casos
  • Abuso deshonesto por 3 hechos
El rol de la Fuerza Aérea

El fiscal general, Dante Marcelo Vega, hizo una ilustrativa introducción para contextualizar el lugar que ocupó la Fuerza Aérea en el esquema represivo del terrorismo de Estado.

“La Fuerza Aérea fue tan eficaz que nos enteramos tarde” dijo Vega, en referencia al sigilo con que actuó, casi sin dejar rastros. La primera denuncia recabada por la Fiscalía fue en 2004, por el testimonio del sobreviviente Horacio Ferraris.

Con anterioridad el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) venía sosteniendo la existencia de un campo de exterminio en los dominios de la Fuerza Aérea (FA) que localizaba en el campo Las Lajas.

Efectivamente, la puesta en marcha de los decretos de octubre de 1975 otorgó a las Fuerzas Armadas la potestad para ejecutar las medidas que fueran necesarias para la eliminación de la “subversión”. Como es sabido, los militares adoptaron el esquema represivo de la Escuela Francesa para cumplir su cometido.

Estos decretos fueron el preludio del Golpe Militar del 24 de marzo. Las Fuerzas Armadas tomaron el control del país gobernando mediante una Junta Militar integrada por los comandantes de las tres armas. De tal manera que cada una contaba con el 33% en el reparto del poder. La estrategia era involucrar al conjunto y la Fuerza Aérea, sin lugar a duda, cumplió su papel en la distribución de tareas.

A la vez, en la planificación de la represión, el Consejo de Defensa le confirió a cada fuerza, la responsabilidad de emitir las directivas pertinentes. Así como el Ejército diseñó la 404/75 denominada la Peugeot, la Aviación emitió la propia, llamada “Orientación”.

Está sobradamente demostrado que la modalidad adoptada consistió en un esquema público de represión y, en paralelo, otro clandestino e ilegal. En ambas modalidades las fuerzas armadas emplearon a sus propios hombres, locaciones y logística. También, utilizaron sus instalaciones como Centro Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio.

La relativa relevancia de la Fuerza Aérea en la faena se debió a que es el arma con menor número de efectivos. Sin embargo, un informe del Ministerio de Defensa, desclasificado en 2014, develó que a la FA se le asignó la Subzona 16° en el Oeste de la provincia de Buenos Aires, (que contó con el conocido CCD “Mansión Seré”) en las localidades aledañas al aeropuerto de Morón.

La fuerza contaba con un Comando de Operaciones Aéreas (COA) que, a su vez, estaba a cargo del Comando de Agrupaciones Marco Interno (CAMI) ocupado, específicamente, de la lucha contra la subversión. Asimismo, el mencionado informe indica que la IV Brigada Aérea estaba a cargo de una subárea para idéntica tarea.

Así lo confirmó el Gral. Jorge Maradona en su declaración ante la Cámara Federal, en 1986. Entonces, señaló que la Aviación debió tener un Lugar de Reunión de Detenidos (LRD) en la zona circundante a la base aérea. La misma versión proporcionó el jefe del G2 del Ejército, Orlando Dopazo, en su declaración.

Por ende, es coherente inferir que la Fuerza Aérea contó con centros clandestinos. De hecho, se pudo constatar que en un cine, que estaba en un hangar, hubo personas detenidas en fecha próxima al Golpe del 24 de marzo. Sin embargo, el campo Las Lajas fue el escenario de mayores crímenes.

Los juicios debatidos en Mendoza demostraron que la comisaría 16° y 17° de Las Heras se reportaban a la Fuerza Aérea y sus efectivos participaron en varios operativos de secuestro y desaparición de personas. También es sabido que tenían representantes en la Comunidad Informativa donde convergían todas las fuerzas para la toma de decisiones en el “aniquilamiento de la subversión”.

Las víctimas de Las Lajas

Fue el fiscal Daniel Rodríguez Infante quien se encargó de detallar las causas de las víctimas de este juicio. Aclaró en la introducción que por apartamiento o fallecimiento de los imputados no se puede continuar la acusación por los hechos cometidos contra Emilio Luque Bracchi. Sin embargo, en compromiso con la reconstrucción histórica y como soporte de las demás investigaciones, se explayó.

Luque tenía 20 años, estudió Ciencias Agrarias y después Geología en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Allí compartía la pensión con el militante peronista Sandro Santana Alcaraz, con quien él liga su secuestro. Luego de ser expulsados de la universidad, Emilio vuelve a Mendoza el 28 de octubre de 1976. Horas después se lo llevan detenido y, aunque se encontraba imposibilitado de ver, pudo identificar con precisión el camino de tierra y el arribo a Las Lajas. En 1995 remitió una carta al presidente de la Nación anoticiando este secuestro y reclamando la indemnización por su detención.

Horacio Oscar Ferraris tenía 24 años y militaba en la Juventud Peronista. Vivía en San Luis, lugar desde donde fue secuestrado el 24 de junio de 1977. Por declaraciones judiciales y extrajudiciales suyas se puede acreditar la fecha y su destino. Inmediatamente fue trasladado al campo Las Lajas en Mendoza. Estuvo allí hasta agosto de ese año.

Es un sobreviviente cuyo testimonio resulta fundamental para el reconocimiento del lugar, tanto para su descripción física como para su reconstrucción como centro clandestino de detención. Para llegar había que transitar un camino de tierra y atravesar una tranquera. En un primer momento fue introducido en una carpa donde lo torturaron salvajemente un día entero. Luego estuvo una semana en un lugar similar pero más grande que también tenía piso de tierra. Finalmente, lo llevaron a una construcción de chapa donde compartió cautiverio con tres hombres más: uno que no recuerda, otro con la pierna enyesada a causa de una herida de bala y uno mayor que le dijo ser rector de la UNSL. Si bien no pudo identificar al primero, fueron tan elocuentes las descripciones de Ferraris que, aún en ausencia de prueba documental, se pudo afirmar que los otros dos eran Osvaldo Zuin y Mauricio Amílcar López, respectivamente.

Sobre el lugar, relató además que “salían y entraban vehículos” que “llevaban y traían gente”. En “bajar al pueblo”, como decían los guardias, se demoraban aproximadamente media hora. La descripción de Vivian Acquaviva, también sobreviviente de este CCD, coincide plenamente. Un rancho, sin luz y con piso de tierra. Por fotos, luego, reconoció la entrada al sitio.

Horacio Ferraris presentó una denuncia en 2004 y, en instrucción, elaboró un croquis de Las Lajas. Nadie había concurrido al lugar hasta ese momento. El juez dispuso la inspección y el dibujo elaborado en esa ocasión coincidió sustancialmente con el del testigo. El relato del soldado Ruggeri, quien guió en ese momento, ratificaba las menciones del denunciante.

No se sabe con exactitud qué día ingresó Mauricio Amílcar López al campo Las Lajas. Tenía 58 años de edad cuando fue secuestrado el 1 de enero de 1977. Su sobrino vio, desde el techo, cómo se lo llevaban, en un Ford Falcon, guardias y personas con traje militar. López era un hombre reconocido, había integrado el Consejo Mundial de Iglesias y fue el primer rector de la UNSL.

Una carta, manuscrita por la víctima según reconocieron sus familiares, despachada desde Chile el 4 de enero de 1977, menciona que está ausente pero bien tratado y alimentado. Como remitente figuraba la sigla AADAL (Asociación Anticomunista de América Latina), en un intento más de las FFAA de atribuir los hechos ilegales a organizaciones paramilitares.

La inexistencia de certezas sobre el paradero de López después de su secuestro implica un “déficit en términos de reconstrucción histórica pero no afecta a la atribución de la responsabilidad penal a los culpables”, precisó Rodríguez Infante. El testimonio de Horacio Ferraris evidencia que Mauricio López y Osvaldo Zuin estaban en la casa de chapa cuando él arribó. Ellos no tenían vendas en los ojos, circulaban por el lugar y lo conocían bastante bien. Además, cuidaban de él y preparaban la comida y el café de quienes los custodiaban.

Son múltiples los testimonios que pueden acreditar el secuestro e itinerario de detención de Héctor Osvaldo Zuin. Meschiatti, Denaro Hernández, Sallei Mellado, Carreras, Ferraris. La víctima se fue de Mendoza a fines del ‘76 o principios del ‘77 y se vio con una amiga en enero de ese año en Córdoba.

Teresa Meschiatti declaró haber visto a “Horacio”, como le decían, en el centro de detención La Perla. Contó que era un exseminarista y estaba herido de bala en una pierna. Sin embargo estaba contento porque sabía que lo trasladarían a su provincia. Por las características físicas y las circunstancias que contó Ferraris, Osvaldo Zuin fue parte del grupo de cuatro hombres que estuvieron alojados en esa construcción de chapa en Las Lajas aunque no se sabe cuándo ingresó.

María del Carmen Marín vivía en Buenos Aires y estudiaba Bellas Artes. Militaba en la Juventud Peronista y, preocupada por su destino, vino a Mendoza en las vacaciones de invierno. Fue secuestrada diez días después de llegar a la Provincia, con 23 años. Durante el tiempo que estuvo acá le fueron enviadas cartas escritas en código, advirtiéndole que corría peligro. El 27 de julio llegó un compañero de Buenos Aires apodado “tucumano” que le dijo a la madre de María del Carmen que tenía una pastilla de cianuro para su hija por si eran capturados. El chico era Juan Ramón Fernández.

Esa noche tuvieron una reunión familiar con este hombre y discutieron largas horas cuál sería la mejor decisión para proteger a María del Carmen. Ella y Fernández salieron a tomar un café y no volvieron más. Fue el Equipo Argentino de Antropología Forense quien le informó a la familia Marín que Ricardo Cabello, un sobreviviente de El Vesubio, declaró haber visto a Fernández en ese centro clandestino. El Tucumano le relató su detención en la estación de Mendoza, con una compañera “rubiecita”.

Horas más tarde, alrededor de las 6 de la mañana, fueron a buscar a Carlos Marín, su padre, quien vivía con su hermana. Le preguntaron por las cartas de su hija y lo secuestraron.

El testimonio de Horacio Ferraris esclarece el operativo. Una noche a fines de julio trajeron a Las Lajas a una pareja. El joven fue atado a un mástil y salvajemente torturado. La mujer, para evitar esa suerte, tomó una pastilla de cianuro y se suicidó. Los perpetradores la patearon después de muerta con bronca por no haber podido torturarla. Los efectivos salieron y volvieron horas más tarde con el padre de la chica. Desde ese momento no se tuvo más noticias sobre Carlos y María del Carmen Marín. Juan Ramón Fernández, en cambio, fue trasladado con Ferraris en un avión. Este último fue dejado en Córdoba y el primero siguió viaje. Fue visto por última vez en El Vesubio y el hecho está confirmado por la sentencia de la causa de ese centro clandestino, de marzo de 2015.

testimonios

Además de la ya mencionada carta enviada por Luque al presidente en 1995, primera mención sobre Las Lajas, dos años más tarde relató su detención en este CCD ante la Legislatura de Mendoza. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación inició una investigación en calidad de querella. En Mendoza, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, representando a la familia de Mauricio López, insistió con su elevación a juicio.

La Fuerza Aérea respondió a la justicia a través de un informe realizado por el comodoro Puig en 2004. Allí se explicaba la compra y donación del predio en la década del ’40. Según el texto, funcionó como campo de tiro y adiestramiento hasta su intervención para las pericias judiciales de 2004, con excepción del intervalo 1976-1982, cuando se suspendió su uso a raíz de un accidente.

Además de los testimonios de los tres sobrevivientes, la extraña muerte del conscripto José Dimódica arrojó información sobre el CCD. La familia del joven soldado que realizaba la guardia en Las Lajas refirió los relatos escuchados del propio Dimódica respecto de camiones con gente y un pozo donde se oían personas. Estos comentarios y la muerte en una situación dudosa cubrieron de sospechas a la Fuerza Aérea.

Calificaciones legales

Por esta causa están imputados Paulino Enrique Furió y Juan Carlos Santamaría, este último exclusivamente por el caso de Mauricio López.

En primer lugar, Rodríguez Infante sostuvo que todos los sobrevivientes fueron sometidos a sesiones tradicionales de tortura (desnudez, tortura con picana sobre una mesa, golpes y violación en el caso de Vivian Acquaviva). También hay certezas sobre algunas de las personas desaparecidas por el testimonio de Ferraris (oyó cómo torturaron a Juan Ramón Fernández y Carlos Marín). Más allá de esto, las condiciones de detención, el conocimiento de la tortura ajena y el régimen de reclusión configuran por sí mismos el delito de tormentos.

La muerte de María del Carmen Marín por ingesta de pastilla de cianuro mereció una reflexión sobre la responsabilidad por homicidio. Para la Fiscalía, la víctima no optó libremente por el suicidio sino como alternativa para evitar padecimientos posteriores que se presentaban como certeros (la tortura que ya habían descargado sobre su compañero). Por lo tanto, fue obligada a infringirse una autolesión y los responsables de ponerla en esta encrucijada deben ser considerados autores mediatos de su muerte. Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia al confirmar la sentencia de una causa de la ESMA.

La prioridad de la inteligencia

Según el Ministerio Público, estos hechos y sus imputados llevaron a investigar por primera vez en profundidad la tarea de inteligencia de las Fuerzas Armadas, como se hizo con la policía y el D2 en juicios anteriores. El interés es determinar qué rol jugó la Fuerza Aérea en particular, dado que Santamaría era el máximo jefe de inteligencia de la IV Brigada.

Este tramo del alegato comenzó analizando la normativa general que trazó las directrices de las actividades de inteligencia para las tres fuerzas, antes y después del Golpe Militar. Entre ellos, la “Directiva del Consejo de Defensa” (1975), los reglamentos sobre “Organización y funciones de los Estados Mayores”, “Instrucción de lucha contra guerrillas” (1969), “prisioneros de guerra” (1969) y “operativos contra fuerzas irregulares” (1970). Además de documentos reservados y secretos como “Unidad de inteligencia” (1973).

De su lectura se desprenden los objetivos de la inteligencia y su instrumentalización: obtener información sobre el aparato político administrativo del enemigo, crear inestabilidad constante para las organizaciones, eliminar o desalentar el apoyo hacia las mismas, identificar integrantes, entre otros. El jefe de inteligencia es el primer miembro del Estado Mayor y las máximas autoridades de las unidades abocadas a esta tarea son responsables de conducir los interrogatorios. Además, explican la existencia de órdenes personales y verbales y la destrucción de documentación relacionada con esta función.

Esto demuestra que la inteligencia fue una tarea prioritaria, cuyos jefes recibieron formación especializada y cuyos procedimientos estaban preestablecidos por las máximas autoridades militares.

La audiencia con el cierre de las acusaciones y el comienzo de los alegatos de la querella será el viernes 1 de junio a las 9.30.

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