Audiencia 69 / ORFANDAD PROBATORIA

21-06-18 / El defensor oficial hizo un repaso por distintas causas y, en todos los casos, pidió la absolución lisa y llana de los imputados. Pérez Videla recurrió al argumento de la falta de pruebas y aseguró que la explicación narrativa no evidenciaba la responsabilidad penal de los acusados.

El representante del Ministerio Público de la Defensa (MPD), Leonardo Pérez Videla, repasó las causas del D2, de la Compañía de Comunicaciones y del Casino de Suboficiales.Aseguró que no pudo encontrar pruebas concretas que relacionaran el contexto del momento de los hechos con la actuación particular de cada imputado. Hasta su fallecimiento, a Menéndez se le endilgaba la responsabilidad penal por todas las causas.

Susso y Bermejillo

El único imputado por esta causa es el oficial de inteligencia del D2, Armando Osvaldo Fernández, ya condenado por delitos de lesa humanidad. Pérez Videla hizo hincapié en la anomia que caracteriza a esta causa, fundamentándose en el manifiesto secreto y actuar ilegal de los perpetradores. Según el abogado, los autores son inidentificables.

Salvando la cuestión funcional, “no hay un solo elemento de prueba”. El representante del MPD sostuvo que están juzgando a Fernández basándose en el derecho penal de autor y no de acto y que, a pesar de que estos sean “casos tremendos”, no hay ninguna constancia de la relación con la participación del acusado.

Sobre las declaraciones testimoniales, aseguró que no se refirieron a los hechos juzgados sino a la ubicación histórica, al contexto universitario de militancia y de vivencias. Desestimó el testimonio de Alejandra Bermejillo, hermana de la víctima, por hablar desde el dolor y no brindar “ningún tipo de precisiones”. “La imputación está mezclada, lamentablemente, con la narrativa”, resumió.

Pérez Videla afirmó, basándose en la obra de Roberto Vélez, que la responsabilidad es atribuible “más a los grupos secretos”. Este “marco caótico no puede achacársele a un sujeto”. Asimismo, aseguró que nada tiene que ver el hecho juzgado con la Misión Ivanissevich de represión universitaria.
Como la pena sería anticonvencional y anticonstitucional, el caso “tiene que seguir lamentablemente impune”, adelantó. Pidió, finalmente, la absolución lisa y llana del imputado o, en su defecto, la absolución por el beneficio de la duda.

Compañía de Comunicaciones

Los imputados de este caso, Dardo Migno y Ramón Ángel Puebla, deben responder por lo sucedido a siete víctimas en la Compañía de Comunicaciones. El defensor afirmó que “no hay un solo elemento objetivo de prueba”. El control operacional del centro clandestino de detención (CCD) no podría tomarse como un elemento de intervención concreta de los acusados. Sostuvo que ese control significaba operativizar ingresos y egresos del “Lugar de Reunión de Detenidos (LRD)”, no garantizar traslados ni torturas.

Continuando con la estrategia de echarle la culpa al muerto, según Pérez Videla sería el comisario de la seccional 16 el responsable de lo ocurrido a la familia Alliendes. Aunque sin pruebas afirmó: “yo creo que murió quien estaba a cargo”.

Además, Pablo José Gutiérrez y Armando Osvaldo Fernández están acusados por lo ocurrido a Arturo Galván y Horacio Lucero en el D2. El abogado aseguró que la imputación se sostiene en el cumplimiento del rol y no en la participación concreta y, nuevamente, apeló a la orfandad probatoria. Además, aseguró que “para tareas de inteligencia se necesitan fondos” con los que la policía no habría contado.

Debido a que lo juzgado no cumple con los aspectos cognitivos y volitivos del dolo, el representante del MPD pidió la absolución lisa y llana de los imputados. En caso de que esto no cumpliera los requisitos, solicitó la absolución por el principio de la duda.

Casino de Suboficiales

Los imputados en esta causa, Armando Olimpo Carelli y Carlos Ledesma, tienen pocos elementos para defenderse debido a que las víctimas los mencionaron específicamente.El abogado Leonardo Pérez Videla habló de los hechos cometidos contra estas mujeres como “desavenencias que lamentablemente les tocó vivir”.

En primer lugar, solicitó que no se tuviera en cuenta la acusación por asociación ilícita ya que la posición funcional de los hombres en la jerarquía del Ejército no garantizaría su participación en el plan criminal. Refirió, desafortunadamente, al “terror de los imputados” de no saber por qué se los acusa.

Algunas víctimas nombraron explícitamente a Ledesma. Edith Arito habló de su rango y de cómo su voz aún le “martillaba la cabeza”. Dora Goldfarb hizo particular referencia a los insultos antisemitas del teniente. A pesar de esto, el abogado defensor afirmó que a Ledesma lo ocupaban “otras responsabilidades” que no se centraban en el Casino ya que tenía a su cargo toda la Compañía de Comandos y Servicios. Señaló al general Maradona, quien por supuesto ya falleció, a la cabeza de todo lo ocurrido.

En este contexto, se adelantó a la defensa de Walter Tomás Eichhorn, quien estaba prófugo al momento del inicio de este juicio, pero fue detenido y pronto será juzgado. Como responsable del Casino, “estaba a cargo de las tareas cotidianas”. Lo nombraron Beatriz García “y otra más” pero el resto “lo recuerda sin precisar”.

Aseguró Leonardo Pérez Videla que se debe distinguir el “marco de situación tremendamente doloroso” del “ejercicio o dominio de la situación”. Su tesis de defensa se centró en asegurar que el padecimiento de estas mujeres estaba a cargo de subgrupos y no de los responsables del CCD. Este “tremendo escarnio” estuvo “sometido a este poder superior que 40 años después no podemos conocer”.

Para Carelli, la defensa se fundamentó en la aseveración de la existencia de un problema interpretativo. Algunas víctimas se refirieron a él como “Willy” y el abogado afirmó que lo confundieron con Cardello, a quien apodaban así. La explicación faltante sería el motivo de la presencia de ese oficial de la policía federal en el predio del Ejército.Si bien él tenía el control de cada una de las detenidas, “el desastre se desató después” y estaba fuera de su alcance. Respecto de la secuencia del auto de Goldfarb simplemente afirmóque “fue de otra forma” pero no se explayó en fundamentar la afirmación.

Para concluir este caso solicitó, en contra de lo sostenido por la Fiscalía y la querella, que no se consideraran por separado los delitos sexuales y los tormentos. Los ataques sexuales eran, según el representante del MPD, parte del mismo delito de torturas agravadas por ser perseguidas políticas.

Por considerar escasas las pruebas para endilgar responsabilidades concretas a los imputados Carelli y Ledesma, el defensor solicitó para estos hombres la absolución lisa y llana o, en su defecto, por el beneficio de la duda.

Las causas del D2 y el ejército

Pérez Videla inició un recorrido “express” por las causas que involucran a autoridades policiales y militares a raíz de múltiples detenciones en el mayor centro de detención y exterminio de la Provincia, el Departamento de Informaciones D2.

En todos los casos, la defensa consistió en la ya mencionada “orfandad probatoria”, en reclamar la falta de investigación de ciertos aspectos, en repetir que las víctimas eran perseguidas con anterioridad a la detención y en lamentar que los “grupos secretos que cometieron los delitos ”fueran imposibles de determinar por el paso de los años. Para todos los acusados pidió la absolución lisa y llana o por beneficio de la duda.

Por los hechos cometidos contra Marta Rosa Agüero y Roberto Marmolejo el imputado es Armando Fernández, oficial de Inteligencia del D2 que ya fue condenado en juicios anteriores por numerosos crímenes.

La única defensa consintió en señalar que las víctimas, según sus propias declaraciones, estaban identificadas desde principios de los ’70. Este hecho parecería exonerar a Fernández ya que volvería innecesaria la tarea de inteligencia posterior que el propio acusado rechaza haber realizado como miembro del D2.

El abogado también reclamó que la Fiscalía no hubiera citado a declarar a los miembros de la Concertación Nacional Universitaria (CNU) cuyos nombres se pronunciaron más de una vez en las declaraciones testimoniales en relación a la persecución de militantes universitarios.

En la causa de Daniel Hervida está acusado Paulino Furió, jefe del G2 de Inteligencia del Ejército. El imputado había afirmado en su indagatoria que su tarea se remitía al “armado de causas y manejo de datos”. Según el defensor, como en todos los casos de autoría mediata, no existen elementos de contacto directo con los delitos y la acusación de la Fiscalía se basa solamente en su cargo.

La detención y los tormentos padecidos por Miguel Ángel Rodríguez tienen como responsable a Carlos Luciani, jefe de la Seccional 33 donde permaneció inicialmente secuestrado –y donde fue brutalmente golpeado- antes del trasladado al D2. La Fiscalía había señalado este caso como un ejemplo del funcionamiento de las comisarías como ruedas de auxilio en la represión ilegal.

Aunque Rodríguez declaró haber sido detenido por personal policial, el defensor buscó desvincular a esta fuerza recurriendo a la descripción del uniforme dada por la víctima, ya que coincidiría más con la vestimenta militar.

Por otro lado, argumentó que Luciani estuvo de licencia hasta el 29 de noviembre aunque su legajo indica que el mes de vacaciones concluyó un día antes del secuestro. De ser así, tampoco podría haber “planificado o preordenado” la detención. Además, reclamó a la Fiscalía el no haber citado a las demás autoridades de la comisaría que “seguro estuvieron” el día del hecho.

Por último, señaló como responsable del procedimiento y de los traslados a Sánchez Camargo, cuya firma figura en las actas y desestimó la acusación de asociación ilícita porque no existe repitencia ni sistematicidad en los delitos adjudicados a Luciani.

En la causa de Alfredo Luis Ghilardi está acusado como autor mediato Alcides París Francisca, jefe de policía que firmó personalmente la orden de traslado de la víctima desde el D2 hasta la penitenciaría. Sin embargo, para la defensa se trata de un hecho “accidental” que Francisca aseguró no conocer ni recordar porque en esa época estaba “recorriendo las comisarías de toda la Provincia”. El criterio para la imputación del Ministerio Público sería, una vez más, el cargo que desempeñaba.

Por la detención, los tormentos y el homicidio de Olga Inés Roncelli –vista por última vez con vida en el D2- están acusados Paulino Enrique Furió, Alcides París Francisca y Ricardo Benjamín Miranda, en calidad de autores mediatos. Los tres acusados declararon desconocer el caso y negaron la actividad de inteligencia asumida por el D2. Este caso, como todos los abordados por la defensa, sería producto del “ejercicio de una autoridad secreta y sistemática” que “definía quién sobrevivía”.

Lo mismo sucedería en la detención de Fredi Ramírez Longo, cuyos acusados son los jefes de la policía, Alcides París Francisca y su sucesor, Mario Laporta. De toda la prueba documental que existe en esta causa, el defensor solo resaltó que se indica la intervención del cuerpo de motorizada en la detención pero no se citó a ninguno de sus miembros a prestar declaración.

Por el secuestro de Carlos José Mauri también está imputado Mario Laporta cuya intervención habría sido, otra vez, “accidental”. Pérez Videla señaló que se desconocen las gestiones que realizó el yerno de Mauri –abogado con vínculos militares- a partir de las cuales podría señalarse con mayor precisión quienes estuvieron involucrados.

Por los delitos cometidos contra Nélida Virginia Correa,los acusados son Miguel Ángel Tello Amaya, Miguel Ángel Salinas y Carlos Faustino Álvarez, todos miembros del D2; los dos últimos imputados por primera vez.

El abogado defensor pidió no considerar la declaración de la víctima –que reconoció a varios agentes de este CCD, entre ellos los mencionados- debido a su incorporación por lectura de su declaración en juicio anterior. Señaló que es la “única prueba” existente y, al igual que en el resto de los casos, no existirían elementos suficientes para sostener la figura de asociación ilícita.

Por último, la defensa abordó escuetamente las causas del operativo contra la Juventud Guevarista por las cuales están acusados Diego Fernando Morales Pastrán, Armando Fernández Miranda y Pablo Gutiérrez Araya. Entre los múltiples delitos cometidos contra las víctimas se encuentra el homicidio de Daniel Moyano, visto por última vez en el D2.

Pérez Videla consideró que la Fiscalía “se volcó” a estos miembros de la policía porque son algunos “agentes que quedan vivos” pero no investigó ni acusó a personal de mayor rango.

Como sostuvo al comienzo de su alegato, el pedido de prisión perpetua para adultos mayores sería“inconstitucional y anticonvencional” y solicitó al tribunal que así lo declarara.

Los alegatos de la defensa continúan el viernes 22 de junio a las 9.30 hs.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Anuncios

Audiencia 66 / LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

08-06-18 / Durante toda la jornada se escucharon los alegatos y pedido de pena de los representantes del MEDH. Diego Lavado terminó su intervención por las causas correspondientes al D2. Viviana Beigel expuso sobre la causa Susana Bermejillo / Mario Susso y luego por la causa del Casino de Suboficiales del Ejército desde una perspectiva de género. Cerró Pablo Salinas, quien inició su alegato por el CCD Campo Las Lajas.

El abogado Diego Lavado retomó su alegato al iniciar la jornada. Repasó las pruebas del accionar conjunto de las distintas fuerzas armadas y de seguridad para explicar el funcionamiento del plan represivo. Esto quedó demostrado por la declaración de Sánchez Camargo en 1987.

Finalmente, y por todos los hechos narrados con anterioridad, Lavado formuló la acusación y el pedido de pena.

Alcides París Francisca fue acusado de ser autor mediato de los siguientes delitos:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía por el caso de Olga Inés Roncelli
  • Privación abusiva de la libertad agravada en el mismo caso
  • Privación abusiva de la libertad agravada por tres hechos
  • Tormentos agravados, por los mismos hechos

La pena solicitada por la querella para Francisca es prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

Mario Alfredo Laporta debe responder como autor mediato de los delitos de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por tres hechos
  • Tormentos agravados, por los mismos hechos

Lavado solicitó la pena de 20 años de prisión.

A Armando Osvaldo Fernández Miranda se lo acusó por:

  • Homicidio doblemente agravado por los casos de Susso y Bermejillo
  • Privación abusiva de la libertad agravada por 12 hechos
  • Tormentos agravados por 14 hechos
  • Lesiones graves agravadas, por los casos de Allegrini y Leda
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor persona encargada de la guarda en los mismos casos y Espínola

La pena solicitada para Fernández es prisión perpetua.

Diego Fernando Morales Pastrán fue acusado por ser coautor de los siguientes delitos:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas, por el caso de Daniel Moyano
  • Privación abusiva de la libertad agravada, por el mismo caso
  • Lesiones graves agravadas por los casos de Allegrini y Leda
  • Privación abusiva de la libertad agravada por seis hechos

Por todo lo mencionado se solicitó que se lo condenara a prisión perpetua.

Carlos Alberto Luciani debe responder penalmente como autor mediato de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, por Miguel Ángel Rodríguez
  • Tormentos agravados, por el mismo caso
  • Asociación ilícita en calidad de jefe

La pena pedida por el MEDH es de 20 años de prisión.

Pablo José Gutiérrez fue acusado de los siguientes delitos en calidad de coautor:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía por Daniel Moyano
  • Privación abusiva de la libertad agravada por el mismo caso
  • Privación abusiva de la libertad agravada por nueve hechos
  • Tormentos agravados, por 10 hechos
  • Lesiones graves agravadas por los casos de Allegrini y Leda
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda en los mismos casos

Para Gutiérrez se solicitó la pena de prisión perpetua.

Miguel Ángel Tello Amaya es acusado de:

  • Coautor de privación abusiva de la libertad agravada, por el caso de Nélida Virginia Correa
  • Y como partícipe primario de tormentos agravados por el mismo caso

Lavado pidió la pena de 16 años de prisión para Tello.

Ricardo Benjamín Miranda debe responder por ser autor mediato de:

  • Homicidio doblemente agravado por el caso de Olga Inés Roncelli
  • Privación abusiva de la libertad agravada en el mismo caso
  • Tormentos agravados, por el mismo hecho

Se solicitó para Miranda la pena de prisión perpetua.

Tanto a Miguel Ángel Salinas como a Carlos Faustino Álvarez se los acusa de ser coautores de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por el caso de Nélida Virginia Correa
  • Tormentos agravados por el mismo caso
  • Asociación ilícita en calidad de integrantes

Para estos dos imputados la pena pedida es de 16 años de prisión.

Por último, Roberto Usinger debe responder penalmente como coautor de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por Marcelo Straniero
  • Privación abusiva de la libertad agravada por 14 hechos
  • Tormentos agravados por 14 hechos
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda en los casos de Valerio Castillo y Rosa Rouge
  • Asociación ilícita en calidad de integrante

Para Usinger se pide la pena de 20 años de prisión.

El abogado Diego Lavado explicó la razón para pedir, en algunos casos, penas más duras que el Ministerio Público Fiscal. Para ello recurrió a la sentencia de Ortubia-Salinas de la Cámara Federal de Casación que afirma que no se puede hacer análisis de delitos en abstracto sino que hay que valorar el contexto del aparato organizado de poder, ejecutor de delitos de lesa humanidad. Mencionó, además, la particular condición de indefensión de las víctimas.

Para finalizar, Lavado citó a Joan Manuel Serrat, con su canción “Los macarras de la moral”:

“Sin prisa pero sin pausa,
esos carcamales
organizan sus cruzadas
contra el hombre libre
más o menos responsable
de todos los males
piensan que por su cuenta
sueñan y lo dicen.

Si no fueran tan temibles
nos darían risa.
Si no fueran tan dañinos
nos darían lástima.
Porque como los fantasmas,
sin pausa y sin prisa,
no son nada si se les quita la sábana”.

La CNU, Susana Bermejillo y Mario Susso

Viviana Beigel, encargada del alegato por los asesinatos de Bermejillo y Susso, comenzó su exposición agradeciendo a los familiares por los aportes en la reconstrucción de la historia de ambos. La tónica de su intervención fue similar a la adoptada por Pablo Salinas, una puesta en palabra de las vivencias generadas por el terrorismo de estado.

Reivindicó el derecho a la verdad y la obligación de investigar lo sucedido. “Somos la voz de las víctimas”, resaltó. Antes de abordar las causas hizo una contextualización de lo que sucedía en la esfera universitaria ya que tanto Susso como Bermejillo provenían de ese ámbito.

Según Beigel, la designación de Oscar Ivanisevich en el Ministerio de Educación de la Nación marcó un hito para la avanzada de las corrientes de derecha dentro de las instituciones educativas. Esta gestión, destinada a “combatir la infiltración marxista”, sirvió de caldo de cultivo para el accionar de los grupos de la misma orientación como la Concentración Nacional Universitaria (CNU ) vinculados a la Triple A.

En la causa sobre la CNU, tratada por el Tribunal de Mar del Plata, quedó demostrado su aporte a la ofensiva represiva. Su tarea consistía en realizar inteligencia sobre los estudiantes y se valían de métodos patoteriles como las amenazas, robos, falsificaciones y otros delitos propios de los cuerpos paraestatales. Tenían conexión con las policías y demás fuerzas; varios integrantes, con posterioridad, ocuparon cargos en el Estado.

En Mendoza, en 1975, fue designado rector de la UNCuyo, Otto Heber Burgos, quien, en línea con Ivanisevich, se dispuso a combatir la política disolvente que atribuía a las corrientes estudiantiles, mayoritariamente de izquierda.

Burgos, en su embestida contra el marxismo, contó con el valioso aporte de Enrique Gómez Saá, oficial del Ejército, perteneciente al área de inteligencia, quien se desempañaba como profesor de la Universidad. El mismo coordinaba con la policía y otras fuerzas, según consta en el libro de Roberto Vélez, sobre el tema.

Ya en Dictadura, se estableció un régimen de militarización de las prácticas cotidianas, como la prohibición de expresiones políticas así como el uso de barba para los jóvenes y maquillaje en las mujeres. La “Operación Claridad”, realizó una suerte de depuración de los claustros, tras “el ideario nacional”.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) contaba con fuerte presencia de integrantes de la CNU y un activo centro de estudiantes en manos de corrientes de izquierda. La provocación de los primeros era incesante, perturbaban las marchas y patoteaban, inclusive con el uso de armas. Seijo, Burlot, Lucas y otros, estaban abocados a terminar con esa “bastarda élite de mercenarios”, los marxistas, tal como lo consignan sus escritos.

El 14 de julio de 1976 se produjo el asalto a una estación de servicio protagonizada por el mencionado Pato Lucas, junto a Héctor Gómez y Talley, integrantes de la CNU. Fueron detenidos in fraganti. En sus declaraciones sostuvieron que el dinero estaba destinado a la lucha contra la subversión.

A mansalva

Existen contundentes indicios de que la CNU en articulación con el D2 de la Policía de Mendoza intervinieron en los homicidios de Susana Bermejillo y Mario Susso.

Mario Susso, estudiante de la UTN, pertenecía a la agrupación de izquierda FAUDI y era miembro del Partido Comunista Revolucionario (PCR). En diciembre de 1975 su domicilio fue allanado y estuvo detenido e interrogado en el D2. Después de un breve lapso fue liberado.

En la madrugada del 20 de marzo fue arrebatado del domicilio de sus padres por un grupo armado que lo baleó cuando intentaba evitar su secuestro. Su cuerpo, sin vida, fue encontrado horas después en la calle Pescadores.

Susana Bermejillo, estudiante de literatura y filosofía, estaba casada con Juan Carlos Carrizo, militante del Partido Comunista y estudiante de la UTN. Según Carrizo, la patota venía por él pero consiguió escapar; entonces se la llevaron a ella. El operativo estuvo a cargo de un grupo que parecía, eran de la policía (según sus familiares a uno de ellos lo llamaron “sargento”). Susana fue ultimada y abandonada en el mismo lugar que Mario Susso.

En cuanto a las pruebas, Juan Carlos Carrizo ha afirmado, reiteradamente, que fue la patota de la CNU quien ejecutó a su esposa y a Susso. Tal como fue señalado, anteriormente, esta agrupación tenía conexión con las policías locales. Prueba de ello es la indagatoria, bajo tortura, realizada a Roberto Mermolejo, en el D2, antes de las ejecuciones. Él era estudiante de la UTN y miembro de una agrupación de izquierda. Un día antes de este suceso fue torturado mientras le preguntaban por Susso y Carrizo.

Por los homicidios de Mario Susso y Susana Bermejillo está acusado Armando Osvaldo Fernández. Este policía del D2, entre otras funciones, era miembro de inteligencia y figura clave en el Comando de Operaciones Tácticas, encargado de los procedimientos.

Por ello fue imputado, en los dos casos, como autor mediato de:

  • homicidio agravado
  • privación abusiva de la libertad
  • tormentos agravados

La abogada pidió la pena de prisión perpetua.

Asimismo, solicitó compulsa para que sean investigados los miembros de la CNU señalados por Juan Carlos Carrizo.

Los impecables alegatos de Viviana Beigel fueron acompañados por una sala colmada de gente. Los familiares y pares en la militancia de Mario Susso y Susana Bermejillo, las expresas sobrevivientes del casino y sus parientes, amistades, varones y mujeres pertenecientes a los organismos de DDHH, periodistas, artistas y un nutrido grupo humano que escuchó con atención el alegato-homenaje desplegado por la abogada, con el soporte de cartas y fotografías.

Por una sentencia con perspectiva de género

Al abordar la causa del Casino de Suboficiales, el Centro Clandestino de Detención que albergó detenidas en 1976, Viviana Beigel analizó la situación particular de las mujeres durante el Terrorismo de Estado. Reconoció el trabajo previo iniciado por la Fiscalía a través del alegato de Rodríguez Infante sobre este tema.

La ideología conservadora del aparato represivo en relación a la mujer bregó por la recuperación de los roles tradicionales de madre y esposa con anterioridad al Golpe. Por ejemplo, el Comando Pío XII de Santuccione persiguió y ejecutó a mujeres que ejercían la prostitución antes de abocarse a militantes de organizaciones políticas y sociales.

El disciplinamiento hacia las víctimas, que se profundizó luego del 24 de marzo del ’76, implicó un castigo diferenciado por su condición de mujeres y fue una práctica sistemática y planificada, tendiente a imponer un orden social patriarcal. Beigel citó a Rita Segato para explicar que en la estrategia de desmoralizar al enemigo, la usurpación y la destrucción del cuerpo, es algo central.

Para los represores y su moral occidental y cristiana, la familia era la célula de la Nación. Por lo tanto, el Estado debía intervenir cuando esa familia se “desnaturalizaba”. La Iglesia también jugó un importante papel disciplinador cuando sus curas visitaban las cárceles o centros clandestinos buscando el arrepentimiento y la confesión de las detenidas.

Estas ideas eran expresadas por los mandos militares en sus comunicados y reglamentos, además de la prensa. La revista oficialista Para Ti, por ejemplo, se preguntaba “¿qué le están haciendo a nuestros hijos?” y sugería a las madres proteger de la amenaza subversiva a sus familias mediante una mayor dedicación.

Las militantes políticas, por lo tanto, fueron doblemente perseguidas: como opositoras y como transgresoras de sus roles impuestos, por ser “viriles”, por tener vida pública y por desatender la maternidad.

Los reglamentos militares y carcelarios establecieron pautas diferenciadas de género respecto de la requisa de mujeres (no dejarse amedrentar por reacciones “histéricas”) o la maternidad (de dos años se redujo a seis meses el lapso para la permanencia de infantes con sus madres). En el penal de Devoto se creó una junta interdisciplinaria que elaboró un “Plan de conducta y libertad” que forzaba a la confesión y clasificaba a las detenidas en “recuperadas”, “en vía de recuperación” o “irrecuperables”, a fines de generar divisiones y extraer información.

En los Centros Clandestinos de Detención, la represión también tuvo formas propias: la tortura física y psicológica, la violación, la desnudez forzada, los abortos, los partos deshumanizos. A la subversiva había que denostarla y destruirla. Y la sanción, en algunos casos, fue más allá de sus propios cuerpos, mediante la apropiación de sus hijos e hijas o la utilización de menores para torturarlas y amenazarlas.

La violencia sexual fue confirmada por la CONADEP, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y el Juicio a las Juntas. Progresivamente, la jurisprudencia nacional y provincial fue identificando los delitos sexuales en su especificidad y, según el artículo siete del Estatuto de Roma, como delitos de Lesa Humanidad en sí mismos.

El caso del Casino de Suboficiales

Este CCD de mujeres dependía de la Compañía de Comunicaciones de la VIII Brigada de Montaña y estaba a cargo de Walter Tomás Eichhorn, prófugo recientemente capturado, cuyo superior era Carlos Ledesma. Tanto ellos como los interrogadores (García, Pagella y Carelli) fueron reconocidos en numerosos testimonios de las víctimas.

De abril a septiembre de 1976 pasaron por allí dieciséis mujeres: Liliana Buttini, Vilma Emilia Rúpolo, Olga Salvucci, Norma Sibila de Morán (fallecida), Dora Goldfarb, Yolanda Cora Cejas, Estela Izaguirre, Carmen Corbellini, Edith Arito, Rosa Obredor, Beatriz García, Susana Nardi, María Elena Castro (fallecida), Liliana Petruy, Silvia Alliendes y Eda Sbarbati de Alliendes (fallecida).

Beigel relató en detalle el caso de Vilma Rúpolo, quien fue detenida dos días después de dar a luz a su hijo Mariano. El recién nacido quedó a cuidado de sus abuelos y pudo reencontrarse con su madre varios días más tarde, luego de que Rúpolo presionara con amenazas de suicidio. La querella instaló frente al tribunal el moisés en el que Mariano fue conducido al Casino por dos militares con Itacas. Una muestra muy gráfica de la caracterización que los represores tenían respecto de la peligrosidad de los “hijos e hijas de la subversión”.

Pese a la tortura y las amenazas constantes que padecieron las mujeres allí detenidas, la llegada de Mariano fue “un momento de alegría”. La solidaridad, que fue una característica entre las compañeras de cautiverio de los distintos centros y cárceles a lo largo del país, permitió, según sus palabras, la supervivencia frente al terror. En el caso del Casino, el cuidado colectivo del pequeño niño, los cantos de resistencia, la contención, fue un lazo salvador. Ese mismo compañerismo continuó a lo largo de cuarenta y dos años y las encontró, de nuevo, tomadas de las manos y en primera fila, oyendo esta vez, los alegatos que rescatan sus hechos.

Por estos delitos, la querella sostuvo la calificación legal y las acusaciones de la Fiscalía contra Carlos Ledesma (autor mediato) y Armando Olimpo Carelli (coautor) y pidió penas de 25 años e inhabilitación perpetua para ambos.

Por último, al igual que el Ministerio Público, Viviana Beigel pidió una sentencia con perspectiva de género que incluyera explícitamente la violencia desplegada por el aparato represivo contra las víctimas mujeres de este juicio.

Salinas inició el alegato por Las Lajas

En la última hora de la jornada del debate de hoy refirió Pablo Salinas lo sucedido en el CCD Campo Las Lajas. El abogado hizo un recorrido por la historia del MEDH, sus orígenes, su objetivo, sus valores. Mencionó a “las imprescindibles” Elba Morales y Pocha Camín y agradeció su trabajo incansable por dilucidar lo sucedido durante la última dictadura.

Sobre Las Lajas se conoce su uso como campo de tiro antes del ‘76. Sin embargo, entre ese año y el ‘83 hay un ocultamiento de la información de su funcionamiento. La querella sostuvo que la falta de datos sobre esa época se debe al uso de ese campo como Centro Clandestino de Detención. “En Campo Las Lajas están los restos de nuestros compañeros”, aseguró Salinas.

En ese contexto, hizo referencia al rol central de Carlos Santamaría como jefe de inteligencia de la IV Brigada Aérea. “La inteligencia decidía quién vivía y quién moría”, como también los distintos mecanismos para deshacerse de los cuerpos. Hay testimonios muy elocuentes que refieren a Las Lajas, dependiente de la Fuerza Aérea, como centro clandestino de detención, torturas y exterminio. Ejemplos de ello son las palabras de Horacio Oscar Ferraris, Emilio Luque Bracchi y Vivian Acquaviva.

Contra los dichos de Carlos Rico en su indagatoria, “¿por qué no juzgan a los Montoneros?”, Salinas respondió: “ojalá hubieran juzgado a todos como a ellos ahora, con todas las garantías. Esto es un Estado de derecho, no lo que aplicaban ustedes”. Y ejemplificó con la pastilla de cianuro que tomó María del Carmen Marín para evitar la máxima perversidad que podía sufrir al caer en manos de los represores.

Las víctimas de Las Lajas

A través de fotos, ilustraciones y distintas diapositivas hizo el abogado un recorrido por las víctimas de este caso. Mauricio López tenía un voto por la paz y por la pluralidad. Fue integrante del Consejo Mundial de Iglesias y el primer rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Era un profesor reconocido y muy querido.

Osvaldo Zuin era exseminarista y actor de teatro, militaba en el PRT. Emilio Luque estudiaba en Ciencias Físicas y Matemáticas en la UNSL, además de compartir habitación con el militante peronista Santana Alcaraz. María del Carmen Marín estudiaba Bellas Artes en Buenos Aires y militaba en Montoneros. Su padre, Carlos Armando Marín, la protegía y fue secuestrado luego de que ella se suicidara al tomar la pastilla de cianuro.

El jueves próximo, 14 de junio, continuará la audiencia con la conclusión del alegato de la querella y comenzará la defensa con su argumentación.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Audiencia 64 / PEDIDO DE PENA Y ALEGATO DE LAS QUERELLAS

01-06-18 / La Fiscalía finalizó su alegato y explicitó el pedido de penas para 20 procesados en este juicio. El abogado Fernando Peñaloza, en nombre de la secretaría de DDHH de la Nación, alegó en la causa Las Lajas. Luego, la querella del MEDH hizo una contextualización, a través del letrado Pablo Salinas, para dar paso al alegato de Carlos Varela por la causa que tiene como acusado a Carlos Rico.

La Fiscalía inicio la jornada exponiendo sobre la actividad de inteligencia de la Fuerza Aérea por las causas del Centro Clandestino de Detención Las Lajas y concluyó con las acusaciones de los únicos dos imputados, Carlos Santamaría y Paulino Furió.

Después de abordar la prioridad que la Inteligencia tuvo para las Fuerzas Armadas en general durante la audiencia anterior, el fiscal Rodríguez Infante precisó, en esta ocasión, los roles de la Fuerza Aérea y de la IV Brigada, en particular.

La Fuerza Aérea se rigió por la normativa común a todas las fuerzas, además de documentos del Ejército y reglamentos propios. Por ejemplo, la ya citada Directiva del Consejo de Defensa de 1975 le adjudicaba responsabilidad de colaborar con el Ejército para la “conducción centralizada del esfuerzo de inteligencia”. Otra del mismo año, denominada “Lucha contra la Subversión”, establecía la integralidad y coordinación en esta tarea. También se ordenaba evitar la compartimentación de las distintas unidades específicas de inteligencia de cada fuerza militar o policial a través de la Comunidad Informativa.

Una particularidad en el caso de la Fuerza Aérea es la prueba documental existente en los legajos de sus miembros respecto de la participación en dicha Comunidad Informativa. Por ejemplo, la constancia de intervención de agentes en los interrogatorios de las detenidas en el Casino de Suboficiales dependiente de la 8va. Compañía de Comunicaciones.

La IV Brigada, según se desprende del análisis de legajos y libros anuales, se organizó mediante nueve divisiones. La número dos tuvo a su cargo la inteligencia y fue conducida por Padorno hasta diciembre de 1976, quien además integró la Comunidad Informativa como consta en su legajo. Desde esa fecha, y hasta 1980, la jefatura fue ocupada por Carlos Santamaría.

Las pruebas del accionar ilegal de la División 2 de la IV Brigada, además de la existencia de un CCD dependiente de esta fuerza, quedan confirmadas por la participación de García, Jofré, Carelli y López en el Casino de Suboficiales, quienes fueron evaluados por autoridades tanto del Ejército como de la propia Aeronáutica, en una clara muestra de acción conjunta y coordinada.

García, jefe de los interrogadores del Casino, era auxiliar en la División 2 de la IV Brigada y fue evaluado por su responsable Padorno, pero también por Dopazo (jefe del G2 de Inteligencia del Ejército), quienes remarcaron su “formación moral e ideológica perfectamente cimentada”, los “sacrificios personales” demostrados en una “guerra no declarada pero existente de hecho”. La evaluación de López, también auxiliar de la División II de la Fuerza Aérea, es elocuente: “se preocupa en transmitir su experiencia en operaciones antisubversivas”.

Pese a que algunos de los acusados quisieran desviar la responsabilidad de la actividad ilegal de inteligencia hacia el Ejército, el fiscal explicó que la creación de las regionales de inteligencia en 1976 –en el caso de Mendoza, la Regional Oeste- buscó reforzar la tarea previa de las distintas fuerzas y sus divisiones especiales, tal como aclaraba la normativa que les dio origen. La División 2 de la Fuerza Aérea se integró a la Regional.

Las acusaciones

El legajo de Carlos Santamaría da cuenta de una larga carrera en inteligencia: realizó el curso de Oficial de inteligencia del Estado Mayor en 1976 y fue auxiliar de Inteligencia de la 9na. Brigada Aérea antes de su traslado a Mendoza. Desde 1980 en adelante siguió desempeñando estas tareas en otras regionales.

Tanto Santamaría como Padorno tuvieron un rol protagónico en la toma de decisiones de la IV Brigada como jefes de división e integraron, además, el Grupo Base IV que incluía al Escuadrón Tropa, a la Compañía de Policía Militar y a la Subunidad COIN, que operó como patota.

La Compañía de Policía Militar, a cargo de Santamaría desde octubre de 1976 hasta 1979, tenía como función el mantenimiento del orden y la ejecución de procedimientos y está probada la participación en el operativo de abril de 1977 contra la familia Pérez-Pereyra. También se produjo la segunda detención de Segundo Alliendes, cuando el imputado era el jefe.

El Ministerio Público ratificó la veracidad del testimonio del exconscripto José Alberto Flores Tejada, quien aseguró haber visto descender de un avión a Carelli y Santamaría en agosto de 1977, conduciendo a varias personas vendadas, una de las cuales, evidentemente herida, iba en una camilla. Las horas de vuelo consignadas en su legajo avalan esta declaración.

Más allá de la demostrada participación de Santamaría en la represión ilegal como jefe de Inteligencia, en este juicio se lo juzga únicamente por la desaparición de Mauricio López. Rodríguez Infante aclaró que la responsabilidad penal del acusado no varía por la participación o no en la detención de López ya que durante su cautiverio en Las Lajas, el Jefe de la División II fue, indefectiblemente, Santamaría.

Se lo acusó como autor mediato por los delitos de:

  • homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas
  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima
  • asociación ilícita como jefe u organizador

A raíz de los hechos padecidos por las demás víctimas está acusado también Paulino Furió, Jefe de Inteligencia de la 8va. Brigada de Montaña del Ejército hasta septiembre de 1977, fuerza que, según se explicó, condujo las tareas de inteligencia y la represión ilegal. Se lo consideró autor mediato de:

  • homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Osvaldo Zuin, Juan Ramón Fernández, Carlos Marín y María del Carmen Marín
  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes, por cinco hechos
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por cinco hechos
  • robo agravado por el uso de armas de fuego, en perjuicio de Carlos Marín y Mauricio López
PEDIDO DE PENA

El fiscal Dante Vega concluyó el alegato del Ministerio Público leyendo el pedido de pena para los acusados. Aclaró que se consideraron las circunstancias agravantes y atenuantes previstas por el Código Penal tales como la extensión del daño, los vínculos personales de las víctimas y los victimarios, las circunstancias de comisión del hecho y los motivos.

Se pidió prisión perpetua para José Luis Mirotta, Marcelo León, Armando Osvaldo Fernández, Pablo Gutiérrez Araya, Alcides Paris Francisca, Diego Fernando Morales Pastrán, Paulino Furió,Ricardo Benjamín Miranda y Carlos Santamaría.

Y prisión para Carlos Rico (18 años), Carlos Ledesma (25 años), Osvaldo Carelli (23 años), Dardo Migno (18 años), Ramón Ángel Puebla (20 años), Carlos Alberto Luciani (8 años), Mario Laporta (16 años), Ángel Salinas (9 años y 6 meses), Carlos Álvarez (9 años y 6 meses), Miguel Ángel Tello Amaya (8 años y 6 meses) y Roberto Usinger (16 años y 6 meses).

Además, como anticipó Rodríguez Infante en relación al Casino de Suboficiales, se pidió al tribunal el reconocimiento para todas las mujeres como víctimas de violencia de género.

Por la Reconstrucción Histórica

Fernando Peñaloza realizó un breve alegato sobre Las Lajas, única causa en la que querelló la Secretaría de DDHH de la Nación.

En tal sentido, el abogado recordó que la primera denuncia sobre ese Centro Clandestino de Detención (CCD) Campo Las Lajas, se realizó en 2004, durante la gestión de Eduardo Luis Duhalde a cargo de la Secretaría de DDHH. Cabe decir que de su existencia, en realidad, se supo por una carta que Emilio Luque envió el presidente Menem, en 1995, motivado por un pedido de reparación. En ella daba cuenta de su detención en aquel predio.

En relación a su alegato, Peñaloza dijo adherir, en un todo, a las consideraciones que realizó la Fiscalía sobre el rol que le cupo a la Fuerza Aérea durante el Terrorismo de Estado, así como a las responsabilidades penales de Juan Carlos Santamaría y Paulino Furio, y a las penas solicitadas.

Asimismo, resaltó el valor de los juicios en tanto reconstrucción histórica de lo acaecido en esa etapa. Luego, aclaró que centraría su mirada en el Campo Las Lajas, a propósito de los testimonios que se corresponden con el período octubre de 1976 – agosto de 1977.

Hizo una breve recuperación de las circunstancias de detención de las víctimas, por orden cronológico. Hizo mención a Vivian Aqcuaviva, secuestrada en octubre del ‘76, quien aportó dos elementos: reconoció el lugar y vio a la desaparecida Virginia Suárez, secuestrada desde mayo del ‘76. Luego, a fines de aquel mes, Emilio Luque, tomado en su domicilio y alojado brevemente en Las Lajas, contribuyó con la descripción del lugar y la construcción erigida en el predio.

Horacio Ferraris, detenido entre junio y agosto de 1977, proporcionó la mayor información sobre el lugar, hizo el primer croquis e individualizó a dos de las tres personas que vio al llegar: Mauricio López, que se le presentó con su nombre y Osvaldo Zuin, cuyo seudónimo era Horacio, pero por las señas se pudo determinar su identidad. Acerca del tercer hombre que estaba en el lugar, hasta el momento se ignora de quién se trata.

También, en julio del ‘77, supo del arribo y destino de los desaparecidos María del Carmen Marín, su padre Carlos y Juan Ramón Fernández. Con éste compartió el vuelo que lo trasladaría. Él quedó en Córdoba, mientras que Fernández recaló en Buenos Aires. En el juicio por el CCD Vesubio, un testigo sobreviviente dijo haber escuchado de boca de Fernández, víctima de desaparición forzada, que fue detenido en Mendoza y cautivo en el mencionado campo.

Asimismo, el abogado resaltó el inequívoco reconocimiento que hizo Ferraris de Las Lajas. El custodio del lugar, Ruggeri, en el momento de la inspección, admitió que el testigo conocía con precisión el lugar y admitió las reformas que, efectivamente, se habían realizado.

Por último, cabe destacar que están documentadas las guardias y custodias del predio con excepción del periodo de 1976 a 1980, un indicio más de que en ese periodo funcionó en la ilegalidad.

Para finalizar, Peñaloza hizo una petición. Solicitó al Tribunal que emita una declaración por la que se reconozca al Campo Las Lajas como Centro Clandestino de Detención. Para ello hizo referencia a la legislación y pactos internacionales que dan características especiales a los crímenes que se juzgan. Insistió en que no se tratan de meros delitos previstos en el código penal, sino que, a través de ellos, se realiza una verdadera reconstrucción histórica.

Como antecedente citó un pedido del fiscal Palacios al juez Rafecas por los “vuelos de la muerte”, los que no tienen imputados, pero trascendieron. El juez determinó el reconocimiento de los vuelos en la jurisdicción de su competencia.

Tal declaración de reconocimiento como CCD obligaría al Estado a no tocar el campo, agregó, y eventualmente, sería preservado como sitio de Memoria.

Invocó, finalmente, el derecho a la verdad y a la reparación histórica de las víctimas.

Alegato del MEDH- Introducción

Pablo Salinas inició su alegato poniendo en valor la tarea de los Organismos de Derechos Humanos en la reconstrucción de los hechos acaecidos durante el Terrorismo de Estado.

Visiblemente emocionado, sostuvo que el pueblo argentino vivió una “catástrofe” y adelantó que debido a la extensión del daño ocasionado se diferenciará de la Fiscalía en la solicitud de las penas.

Asimismo, recorrió la actitud de los diferentes gobiernos hasta romper con “el silenciamiento que quiere volver a imponerse”, dijo. Destacó lo recorrido mediante los sucesivos juicios por delitos de lesa humanidad en los que quedó acreditado el plan criminal ejecutado por las fuerzas armadas y de seguridad.

Luego, con ayuda de filminas, hizo referencia a los insumos que permitieron avanzar en el esclarecimiento y se refirió a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los datos acopiados por la Comisión de Desaparición de Personas (CONADEP) y los juicios desarrollados en el país.

Realizó una caracterización del plan sistemático liderado por la Junta Militar, consistente en la acción conjunta del ejército, la marina y la fuerza aérea. Éste se basó en la doctrina de la Seguridad Nacional con influencia de la Escuela Francesa. Tomando este sistema, Salinas recordó que el país fue dividido en cuadrículas y puso en funcionamiento 340 centros clandestinos de detención.

El esquema de represión incluyó las torturas y las desapariciones forzadas enmarcadas en un plan sistemático que incluía las operaciones conjuntas y el control operacional por parte de las fuerzas armadas y de seguridad.

En tal sentido, el abogado, con indignación, recordó que los acusados suelen admitir “yo estuve allí” donde se cometían los crímenes, pero, falsamente, afirman “pero no participé”.

En el tramo final de la introducción de la querella del MEDH hizo un breve repaso de la legislación internacional violada por los ejecutores del Terrorismo de Estado.

Sobre Carlos Rico

En la segunda parte de la jornada, el abogado querellante Carlos Varela fue quien se encargó de desarrollar la acusación contra Carlos Rico. De pie y con un discurso sin titubeos, comenzó agradeciendo al imputado por haber afirmado sentirse seguro y con las garantías constitucionales preservadas. En este pasaje Varela hizo referencia a la declaración indagatoria de Rico, momento en el que habló del “contexto” que se vivía en los años en los que se cometieron los hechos que se juzgan. Al decir del imputado, “las organizaciones quisieron construir un paraíso y construyeron un infierno”. En la misma instancia, denostó su rango y actuación para librarse de la responsabilidad penal.

Varela acostumbra a solventar su palabra con analogías con otros campos como la historia o la literatura. Esta vez no fue la excepción. Recurrió a una leyenda de un general japonés que fracasó en sus batallas porque falló “el clavo en la herradura del caballo” en el que iba a transmitir un mensaje. Explicó que esta anécdota es una perfecta correlación con la Teoría del Detalle en Criminalística, una de las que se emplea para reconstruir los hechos. Partiendo de este punto, Varela leyó el legajo de Rico en los ’70, donde se calificaba su buen desempeño, pero se le sugería ser más humanitario.

A las personas perseguidas en el operativo de febrero del ‘76, conocido como Rabanal, se los acusaba por el asesinato del agente Cuello. “Cuando me mandaron al D2 tuve que preguntar dónde estaba”, citó irónicamente el abogado al imputado. El discurso cayó por sí mismo. No es posible que un oficial subinspector de Infantería no haya sabido la ubicación del Departamento de Informaciones 2 de la Policía de Mendoza.

En ese lugar no había ningún sitio oficial de reclusión sino oficinas de recolección y análisis de la información, al menos legalmente. Allí, Rico fue enviado a trasladar a quienes estaban detenidos en la clandestinidad. El estado de estas personas era deplorable y así fueron a declarar en la Unidad Regional Primera ante el juez Carrizo quien, previamente, había declarado la competencia para actuar en este caso.

Luego de ser brutalmente interrogadxs, los ingresaron a la penitenciaría. El parte médico de esa instancia denotaba numerosas heridas, golpes y daños que no existían al inicio del secuestro. Habían sido cruelmente torturadxs y maltratadxs.

La ejecución de las tareas estuvo a cargo de cabos y demás agentes pero no es el rango el que permite saber la participación. Sánchez Camargo dijo que eran 84 hombres quienes cumplían estas funciones. Y Varela afirmó, con seguridad, que Rico era uno de ellos.

Para comprender la responsabilidad que le cabe en la comisión de delitos de lesa humanidad a Carlos Rico, el abogado querellante se apoyó en el derecho internacional público, con base en la costumbre o ius cogens. La Cláusula Martens, de la Segunda Convención de la Haya, estableció en 1899 que lo no regulado “las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho internacional”.

El Estatuto de Roma estableció que la responsabilidad de mando es imputable, entre otras cosas, cuando por los efectos extensivos o intensivos de lo sucedido no se puede desconocer lo sucedido. Entre enero del ’75 y febrero del ‘76 se cometieron en Mendoza 16 desapariciones forzadas o ejecuciones sumarias. Existen en la misma etapa 72 procedimientos policiales. De aquí que Rico, integrante del cuerpo de Infantería de la policía de Mendoza no pueda alegar desconocimiento. Además, por su cargo ocupaba una posición de garante, es decir, se aprovechó de su posición para no evitar el daño o las consecuencias. Este es el infierno, no el que dijo el imputado en su indagatoria.

En la última declaración de Rico hizo referencia a cuatro policías que perdieron su vida por “la subversión”. Varela se tomó un tiempo para explicar los casos concluyendo que la misma fuerza no hizo nada para esclarecer sus muertes.

La próxima audiencia será el jueves 7 de junio.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.