Audiencia 76 / ÚLTIMAS PALABRAS DE ROBERTO USINGER

23-08-18 / En la fecha se escucharon las últimas palabras de Roberto Usinger, agente del D2 procesado por privaciones ilegitimas de la libertad y tormentos, a quien reconocieron varios testigos.

Usinger, a lo largo de su exposición minimizó su rol dentro del D2 y se valió de un ayuda memoria para refutar algunos dichos de la Fiscalía y de los testigos.

Al iniciar, hizo referencia a la ampliación de su declaración indagatoria. El acusado mencionó los nombres de policías ya fallecidos como los máximos responsables sobre el destino de las y los detenidos. La Fiscalía advirtió la estratagema y se lo reprochó. Al respecto, Usinger respondió que ya hacía más de 30 años que estaba desvinculado de la Policía, por ende, no sabía quiénes seguían con vida y quiénes no. Molesto, afirmó que no era cierto que “le tiraba todo a los muertos”.

También contradijo la versión de que se quedaba con dinero de los detenidos. Describió los procedimientos establecidos para el manejo de valores, que distan bastante de lo que sucedía en la realidad. Según el imputado, el dinero que portaba el o la apresada era guardado en un sobre y luego, junto a los objetos de cuantía, era entregado a un familiar.

En cuanto al traslado de detenidos negó rotundamente los dichos de los testigos y aportó que los encargados eran los choferes del D2. En la época de los hechos (1979 al 1981), dijo que esa función la cumplían Hipólito Sosa y Domingo Scacchi, ambos fallecidos. Lamentó que los libros de novedades del D2 hayan desaparecido. Según él, si existieran hubiese sido favorecido porque allí constaban los servicios que realmente había cumplido.

Por otro lado, aportó el nombre de los médicos que asistían a las y los cautivos. Recordó que al menos ocho veces los hizo llamar. Mencionó a un psiquiatra Irisarri, quien visitaba los calabozos y a los doctores Masnú y Podestá.

Usinger reconoció que él atendía y acompañaba a los detenidos de una dependencia a otra, dentro del D2, tal como lo señaló el testigo víctima Oscar Pérez, torturado en esa dependencia. Así, también lo indicaron, los hermanos Straniero y los miembros del Partido Comunista presos en una redada.

En varios tramos de su intervención hizo referencia a consecuencias familiares lamentables, ocasionadas por su detención y solicitó al Tribunal le otorgue la prisión domiciliaria.

Para finalizar, Roberto Usinger, concluyó, “pido perdón si alguien se sintió ofendido”.

Al cierre, el Presidente del Tribunal, Daniel Cisneros, ofreció el cronograma de las próximas audiencias. El 29 de agosto tomará últimas palabras a Mirotta, León y Santamaría en el Juzgado de San Martín- Olivos, Pvcia de Buenos Aires. Luego ocupará el 6 y 13 de septiembre para completar las últimas palabras de los procesados. Aún no se estableció la fecha del veredicto.

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Audiencia 74 / DÚPLICA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA

02-08-18 / El defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, presentó las contrarréplicas siguiendo el esquema argumentativo desarrollado por el Ministerio Público Fiscal la semana pasada. La próxima audiencia será el turno del abogado defensor de Carlos Santamaría.

Caracterización del contexto

El abogado defensor, Leonardo Pérez Videla, sostuvo la posición esgrimida en la instancia de alegatos respecto de la caracterización del contexto como “beligerante”. Al respecto, aseguró que la perspectiva de la defensa fue siempre “desideologizada”.

Para justificar el “marco inconmovible” al que ya se había referido, reiteró la existencia de “claras manifestaciones de violencia” desde comienzos de la década del ‘70 tales como secuestros, copamientos y tomas. Aclaró que en este contexto de “caos y terror” deben ser juzgados los acusados.

Como la Fiscalía pidió citar fuentes que avalaran esta caracterización, Pérez Videla enumeró una serie de publicaciones de “propaganda” de las organizaciones políticas que contenían “partes de guerra”: Cristianismo y Revolución, Evita Montonera, El Combatiente,Gaviotas Blindadas, entre otras.

Por otro lado, se refirió a la crisis institucional de estos años y justificó su incapacidad para explicar lo ocurrido hacia el interior del peronismo. Volvió a solicitarle a la querella que dilucidara el extraño paso de la “juventud maravillosa” a la “infiltración marxista”.

En cuanto a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, reiteró el argumento de la trama paraestatal que encabezó la represión ilegal y mencionó asesinatos y desplazamientos dentro de las propias fuerzas: “nadie sabía nada ni podía determinar nada”, dijo en relación a sus defendidos.

Prescripción e irretroactividad

La estrategia del defensor fue ampararse, una vez más, en el voto en disidencia de Argibay respecto de la imprescriptibilidad de los delitos cometidos. Pérez Videla discutió que el espíritu de los fallos que dispusieron dicha imprescriptibilidad estuvo orientado a juzgar a los altos mandos, mientras que la situación de los demás miembros de las Fuerzas Armadas es distinta y merece una consideración particular.

En contraposición a una justicia “punitivista”, solicitó que se respeten las garantías básicas de sus defendidos a quienes se imputa por la simple pertenencia a las fuerzas. Como en los alegatos, reclamó analizar cada caso y evitar generalizaciones. Ese habría sido el objetivo de mencionar los fallos Fontevecchia y Muiña, cuestionados por el Ministerio Público Fiscal.

Nulidad de la asociación ilícita

La defensa reiteró que no está suficientemente probada la plataforma fáctica para “tamaña acusación”. Las penas “son duras” pero no se demuestran los aportes concretos de los acusados como miembros de un “aparato organizado de poder cuyo objetivo fue destruir a las personas”, que efectivamente existió.

Como base del derecho a la defensa mencionó la posibilidad del imputado de expresarse sobre todos los hechos y pruebas, razón por la cual la acusación debe ser clara. Reclamó que este aspecto no se cumplió desde la instancia indagatoria ni en el desarrollo posterior del juicio.

Por último, sostuvo que la Fiscalía consideró arbitrariamente el valor de las licencias de los imputados cuando fue conveniente para la acusación, mientras que no se demostró la presencia de sus defendidos en los días concretos. En síntesis, se trataría de “imputación narrativa” por su pertenencia a las fuerzas de seguridad, tal como sucedió con “todos los empleados del D2”.

Nulidades varias

En relación a la incorporación de declaraciones de juicios previos por lectura, el abogado defensor argumentó que quita seriedad y relevancia al juicio. Puntualmente, la acusación por el caso de Nélida Virginia Correa, se sostiene sobre las declaraciones de la víctima que no pudieron ser rebatidas por los imputados.

También defendió el pedido de nulidad de los reconocimientos fotográficos porque la muestra es “sugestiva” y fácil de “dirigir”. En muchos casos las descripciones hechas por los y las testigos no coincidirían con las identificaciones realizadas.

Prohibición de acción de regreso

En su réplica, la Fiscalía justificó la imposibilidad de aplicar el principio de prohibición de regreso tomando como ejemplos los casos de Roberto Usinger y Carlos Rico porque sus intervenciones no fueron culposas sino dolosas, es decir, manifiestamente ilegales. Pérez Videla cuestionó el concepto restrictivo de esta figura que tomó la parte acusadora en relación al desarrollo histórico que tuvo en la doctrina.

Según el abogado defensor, existen antecedentes internacionales que abordan situaciones de traslados donde se toma en cuenta este principio. Por otro lado, marco la ligazón con el propio Estatuto de Roma y la posibilidad, o no, de conocer la ilegalidad de los actos. En el caso de Carlos Rico, el imputado reconoció desde el primer momento su participación y aseguró haber acatado la orden emitida por las autoridades competentes, entre ellas un juez. Además, cuestionó la selectividad de responsables en la “cadena”, dado que el juez Carrizo no está acusado por los hechos que sí se le adjudican a Rico.

De esta forma, la defensa pidió contemplar la participación puntual, accidental y casual de los acusados. Sobre Rico y su juventud al momento de los hechos, sostuvo que era demasiado joven para “organizar semejante faena”: “vean lo que es hoy un joven de ‘veintipico’ de años, vean si pueden cargarle semejante reproche”. Para el abogado, Rico “accidentalmente confió”.

Inconstitucionalidad de prisión perpetua

En relación a la inconstitucionalidad y anticonvencionalidad de la pena de prisión perpetua para adultos mayores, Pérez Videla sostuvo que por doctrina y jurisprudencia no existe esta pena en la legislación argentina.

“Viene sucediendo que se aplica penas perpetuas a mayores de 70 años en estos juicios pero debe detenerse”. Instó al tribunal a “animarse a plantear otra cosa[…]conforme al principio de finalidad y función de la pena, vinculado al principio de legalidad, de mínima severidad, favor humanitatis”. Debe tenerse en cuenta una posición “misericorde y piadosa” frente a la decrepitud y la vulnerabilidad de las personas mayores. Pese a los terribles delitos que se abordan en estos juicios, “no tenemos por qué crear un marco de excepcionalidad”.

Delitos sexuales

Por último, la defensa respondió a la Fiscalía respecto de la separación entre el dolor y el perjuicio sufrido por los delitos sexuales y la figura general de tormentos.

Pérez Videla sostuvo que el carácter individual, personal y situacional de estos delitos no era claro en relación a las coautorías adjudicadas a sus defendidos. Aseguró que el objetivo no es “vilipendiar el dolor sufrido” sino cuestionar el engranaje lógico que sustenta la acusación.

Tomando como referencia Berenger, el abogado argumentó que no se visualizan los actos cognitivos y volitivos que caracterizan a estos delitos porque se desarrollaron en el marco de la tortura. Por otro lado, no fueron prácticas sistemáticas sino dolos individuales.

La defensa concluyó su contrarréplica con el pedido de absolución lisa y llana o por beneficio de la duda para todos los acusados.

La próxima audiencia será el jueves 16 de agosto, a las 9.30 hs.

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Audiencia 70 / POSVERDAD O NO

22-06-18 / Finalizó el alegato la Defensoría oficial con referencia a causas del D2 y Las Lajas. Con un discurso dubitativo y relativizante Leonardo Pérez Videla recorrió los casos faltantes a fin de pedir la absolución de todos los defendidos. Nuevamente se ancló su razonamiento en la orfandad probatoria reinante.

Leonardo Pérez Videla, representante del Ministerio Público de la Defensa, se encargó de finalizar el alegato correspondiente a 22 causas. Hizo un pasaje por diversos casos intentando disminuir la responsabilidad penal de los acusados. Su discurso, como los días previos, estuvo plagado de dilaciones y evitó, casi permanentemente, hacer menciones afirmativas y generalizadoras. El objetivo, quizá, sería salvar posibles superposiciones con otras defensas e, incluso, anticiparse a futuras acusaciones.

Sobre el D2

Armando Osvaldo Fernández es el responsable penalmente de lo sucedido contra Adriana de las Mercedes Espínola. Pérez Videla hizo hincapié en la falta de bases sólidas sobre las que fundamentar la defensa y trajo a colación un traslado firmado por el difunto Sánchez Camargo. No mencionó el informe que suscribió el imputado, dirigido a la 8va. Brigada, sobre el allanamiento en la casa de la víctima y, por el contrario, reafirmó la falta de prueba documental y testimonial.

La tesis de la defensa fue que el secuestro de Espínola estuvo dirigido por el ejército. Esto se fundamentó en que su pareja de ese entonces, Sgroi, tuvo un paso por el centro clandestino de detención (CCD) llamado Campo Los Andes. Dicho CCD estaba bajo dominio del ejército y, según el abogado, esa sería una razón válida para extender la responsabilidad penal a dicha fuerza.

Mirta Irma Hernández fue detenida en 1979 y alojada en el D2. El imputado es Mario Alfredo Laporta, a cargo de la policía provincial en ese entonces. Pérez Videla sostuvo que, con mayor rigor de análisis, podríamos deducir que la responsabilidad le cabe a una estructura mayor como sería, aquí también, el ejército. Los secuestros de sus compañeros del Partido Comunista Marxista Leninista y sus continuas mudanzas a distintos lugares del país evidenciarían un derrotero de persecución que, solamente, le cabría a ese grupo omnímodo de poder.

No hay pruebas de que Laporta haya ordenado la detención, según el defensor. “El problema es que los únicos responsables se han muerto” y que “el D2 era autosuficiente”. El jefe de la policía no habría cumplido ninguna función en esta dependencia policial, ubicada en su edificio principal.

Tanto para Fernández como para Laporta, el defensor oficial solicitó la absolución lisa y llana o, si el Tribunal no compartiera el criterio, pidió la absolución por el beneficio de la duda.

Las causas contra Roberto Usinger

En su alegato, El Ministerio Público Fiscal, calificó a Roberto Usinger como coautor por los delitos perpetrados en perjuicio de quince personas que fueron conducidas al D2. Son las causas que abordan el secuestro de Oscar Miguel Pérez, el operativo de 1980 contra el Partido Comunista (PC) y las detenciones de los hermanos Straniero.

Pérez Videla sostuvo que el imputado no participó en la detención ni en los traslados de las víctimas –pese a que Aliste aseguró que lo condujo hasta la penitenciaría- y explicó que su trabajo en el D2 se limitaba a registrar en un libro los ingresos en la puerta del edificio.

Al abordar el operativo en cadena que se desplegó contra doce militantes y/o simpatizantes del PC –María Rosa Rouge, Valerio Castillo, Aurelio Berlanga, Aníbal Firpo, Patricia Campos, Concepción Azuaga de Berlanga, Jorge Aliste, Rafael Báez, Carmen Noemí Rey, Gabriel Solá, Ignacio González y Guillermo Scoones-, el abogado defensor buscó responsabilizar al ejército por las múltiples detenciones, aunque muchas de las víctimas señalaron, claramente, la intervención conjunta de fuerzas policiales y militares (como se desprende de las declaraciones de María Rosa Rouge y Valerio Castillo, por ejemplo).

Para sostener esta hipótesis también citó las circunstancias del secuestro de Rafael Báez que figuran en el Habeas Corpus presentado en su beneficio. Destacó que Usinger “no aparece vinculado de ninguna forma” con estas detenciones y reclamó que la Fiscalía quisiera responsabilizarlo por todos los tramos.

Como algunas de las víctimas declararon recordarlo, tanto por su nombre real como por su apodo (“el ruso”), la estrategia defensiva consistió en señalar la confusión de los testigos con otro miembro del D2, Eduardo Smaha. Para Pérez Videla, este agente, obviamente fallecido, coincide mejor con la descripción “morfológica” de un hombre “macizo, de unos cien kilos” que dieran las víctimas. Sin embargo, la Fiscalía ya había aclarado en su alegato que Smaha no trabajaba allí para el momento de los hechos, algo que confirmó en su indagatoria el propio Usinger.

Valerio Castillo declaró que uno de los guardias apodado “el ruso” le robó dinero que su familia había enviado mientras estaba detenido en el D2 pero la defensa argumentó que ningún familiar confirmó este hecho. Jorge Aliste, por su parte, también describió a un guardia joven de civil apodado “el ruso” como la persona que lo trasladó desde el Palacio Policial hasta la cárcel junto con Rafael Báez. En ese trayecto, el agente había detenido el vehículo en una calle de la Quinta Sección para hablar con su esposa. La dirección brindada por Aliste coincidía con la que figuraba en el legajo de Usinger en ese momento. Sin embargo, la única defensa de Pérez Videla fue repetir que el imputado negó este episodio e insistir en que no estaba dentro de sus tareas.

Luego, continuó con la detención de los hermanos Pedro y Marcelo Straniero en el aeropuerto provincial. La causa se originó cuando las autoridades encontraron libros “subversivos” entre el equipaje de Pedro, que regresaba de una beca en Panamá: “hoy estamos en las antípodas de que a alguien que traiga libros de un viaje le pase lo que le pasó a ellos”, aseguró el abogado.

El defensor se aferró a la declaración de Pedro Straniero en la audiencia: “no tengo nada contra él”, había dicho de Usinger, a quién reconoció como miembro del D2 pero aclaró que no lo había maltratado. Luego, señaló aparentes contradicciones en las declaraciones de los hermanos porque uno de ellos había identificado a Usinger en su puesto de la Plazoleta Alem pero en sucesivas instancias confundió el lugar.

La última causa tiene como víctima al ciudadano chileno Oscar Miguel Pérez que estuvo detenido en el D2 y reconoció a Usinger como uno de los policías que lo trasladaba a las sesiones de tortura. Además, aseguró que, en al menos una ocasión, estuvo presente durante el interrogatorio y explicó que conocía los nombres de los guardias porque compartió cautiverio con los armeros y exoficiales detenidos que los identificaban.

En este caso, el recurso desesperado del defensor fue negar la tortura sufrida por la víctima para restar responsabilidad a Usinger y/o deslegitimar la declaración de Pérez. Con este fin, señaló que Cascarano, uno de los armeros mencionados, relató haber visto a Pérez sin signos aparentes de tortura cuando a éste le permitieron recibir a su familia. Luego, argumentó que, de haber registrado un delito en flagrancia como la tortura, el cónsul chileno que visitó a la víctima, habría recurrido a la justicia. Nada explicó Pérez Videla de los intentos del D2 por mejorar la apariencia del detenido para llevarlo frente al funcionario ni de las amenazas recibidas por la víctima antes de dicho encuentro.

En última instancia, el abogado recordó que solo después del episodio con el cónsul le permitieron a Pérez tener contacto con otros. Por lo tanto, las charlas con Usinger deben haber sucedido cuando ya no era interrogado.

En sintonía con la defensa esgrimida en los restantes casos, Pérez Videla reiteró la falta de certezas sobre la intervención de Usinger: su tarea de guarda en la entrada era “inocua”. “No aportó en el desarrollo del plan criminal”, mucho menos puede considerarse indispensable.

Sostuvo que la acusación cae sobre él porque “se abrió el pecho desde el primer momento” al confirmar su trabajo en el D2. Solo por su pertenencia a este Departamento no porque esté probado el dolo, es decir, los elementos volitivos y cognitivos.

Según el defensor, la planificación del D2 como Centro Clandestino de Detención fue “secreta y anónima”, “solo los agentes de mayor rango podían entrar”. Y aseguró que los sonidos “no llegaban” hasta Usinger para exigirle que hubiera actuado. Su presencia en las fechas de las detenciones tampoco está acreditada porque “se perdieron los libros”.

Al igual que en las causas del Casino de Suboficiales, la defensa no reconoció la calificación de abuso deshonesto como delito específico por fuera de la figura de tormentos porque no existiría un dolo distinto que la represión ideológica.

Por estas razones, pidió para el acusado la absolución lisa y llana o por beneficio de la duda, además de la ya exigida nulidad en la imputación por asociación ilícita sostenida por la Fiscalía.

Sobre Las Lajas

El imputado Paulino Enrique Furió debe responder en esta oportunidad por la causa de Mauricio Amílcar López. Leonardo Pérez Videla sostuvo la tesis de que la acusación a Furió está alimentada por la construcción de un relato y “una posverdad” que está lejos de ser relacionada con principios jurídicos. Existiría, entonces, un principio de verdad jurídica que no tendría nada que ver con el reclamo de las querellas en la búsqueda de responsables.

Pidió el abogado que no se ciñera el reclamo a la generalidad sino a la prueba de cada caso. Los testimonios de los familiares y de sobrevivientes como Ferraris y Luque no evidenciarían más que una situación espacial y temporal de los hechos reconstruida por ellos. Por “tamaña carga” no podría responder Paulino Furió, jefe de inteligencia del Ejército. “El paso o no de una de las víctimas por el lugar” no se puede comprobar, reafirmó el defensor.

El razonamiento de Pérez Videla se fundamentó en la existencia de un sistema normativo usado para someter a las personas que nada tenía que ver con el sistema legal. Es decir que el cargo del imputado no garantizaría la participación necesaria para el funcionamiento de un sistema ilegal. De lo contrario, sería una “prueba casi diabólica que es imposible rebatir”. Este escenario de ilegalidades habría sido responsabilidad total de subgrupos de poder omnímodo y superior. Dentro de la misma policía había confrontaciones internas, relató el abogado. Habló de ataques a dependencias policiales y no se explayó, justificándose en que el resto “sabe más de esto que yo y están mucho más ilustrados”. Fue suficiente con aclarar que el dominio del destino de las personas secuestradas no dependía de su defendido.

La tesis en materia autoral se basó en la “multijurisdiccionalidad fáctica”. No se sabe, afirmó el defensor, quién es responsable, porque son muchas las instituciones e incluso de distintas nacionalidades que interceden por el caso de Mauricio López y en otros de Las Lajas. “No sé por qué este subgrupo lo declara enemigo”, concluyó en este sentido.

Si bien aclaró que todo el marco de esta causa fue secreto, aseguró que “los responsables ya están muertos”. “Todo ese marco de teoría es para otras personas que no sabemos, si es que fue así” afirmó.

En su alegato, el querellante Pablo Salinas introdujo la idea de que si querían juzgar a los Montoneros, era necesario tener pruebas y hacer un juicio correspondiente. Pérez Videla no perdió oportunidad para plantear la dicotomía y pedir el mismo criterio para las fuerzas policiales y militares.

Sin rastros de pruebas indiciales y de constancias sobre la intervención de las personas a cargo, el representante del MPD pidió la absolución lisa y llana de Paulino Enrique Furió o, en su defecto, la absolución por el beneficio de la duda.

En la próxima audiencia, el abogado Carlos Benavídez alegará en defensa de Juan Carlos Alberto Santamaría por las causas de Campo Las Lajas. Será el jueves 28 a las 9.30 hs.

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