Audiencia 66 / LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

08-06-18 / Durante toda la jornada se escucharon los alegatos y pedido de pena de los representantes del MEDH. Diego Lavado terminó su intervención por las causas correspondientes al D2. Viviana Beigel expuso sobre la causa Susana Bermejillo / Mario Susso y luego por la causa del Casino de Suboficiales del Ejército desde una perspectiva de género. Cerró Pablo Salinas, quien inició su alegato por el CCD Campo Las Lajas.

El abogado Diego Lavado retomó su alegato al iniciar la jornada. Repasó las pruebas del accionar conjunto de las distintas fuerzas armadas y de seguridad para explicar el funcionamiento del plan represivo. Esto quedó demostrado por la declaración de Sánchez Camargo en 1987.

Finalmente, y por todos los hechos narrados con anterioridad, Lavado formuló la acusación y el pedido de pena.

Alcides París Francisca fue acusado de ser autor mediato de los siguientes delitos:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía por el caso de Olga Inés Roncelli
  • Privación abusiva de la libertad agravada en el mismo caso
  • Privación abusiva de la libertad agravada por tres hechos
  • Tormentos agravados, por los mismos hechos

La pena solicitada por la querella para Francisca es prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

Mario Alfredo Laporta debe responder como autor mediato de los delitos de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por tres hechos
  • Tormentos agravados, por los mismos hechos

Lavado solicitó la pena de 20 años de prisión.

A Armando Osvaldo Fernández Miranda se lo acusó por:

  • Homicidio doblemente agravado por los casos de Susso y Bermejillo
  • Privación abusiva de la libertad agravada por 12 hechos
  • Tormentos agravados por 14 hechos
  • Lesiones graves agravadas, por los casos de Allegrini y Leda
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor persona encargada de la guarda en los mismos casos y Espínola

La pena solicitada para Fernández es prisión perpetua.

Diego Fernando Morales Pastrán fue acusado por ser coautor de los siguientes delitos:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas, por el caso de Daniel Moyano
  • Privación abusiva de la libertad agravada, por el mismo caso
  • Lesiones graves agravadas por los casos de Allegrini y Leda
  • Privación abusiva de la libertad agravada por seis hechos

Por todo lo mencionado se solicitó que se lo condenara a prisión perpetua.

Carlos Alberto Luciani debe responder penalmente como autor mediato de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, por Miguel Ángel Rodríguez
  • Tormentos agravados, por el mismo caso
  • Asociación ilícita en calidad de jefe

La pena pedida por el MEDH es de 20 años de prisión.

Pablo José Gutiérrez fue acusado de los siguientes delitos en calidad de coautor:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía por Daniel Moyano
  • Privación abusiva de la libertad agravada por el mismo caso
  • Privación abusiva de la libertad agravada por nueve hechos
  • Tormentos agravados, por 10 hechos
  • Lesiones graves agravadas por los casos de Allegrini y Leda
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda en los mismos casos

Para Gutiérrez se solicitó la pena de prisión perpetua.

Miguel Ángel Tello Amaya es acusado de:

  • Coautor de privación abusiva de la libertad agravada, por el caso de Nélida Virginia Correa
  • Y como partícipe primario de tormentos agravados por el mismo caso

Lavado pidió la pena de 16 años de prisión para Tello.

Ricardo Benjamín Miranda debe responder por ser autor mediato de:

  • Homicidio doblemente agravado por el caso de Olga Inés Roncelli
  • Privación abusiva de la libertad agravada en el mismo caso
  • Tormentos agravados, por el mismo hecho

Se solicitó para Miranda la pena de prisión perpetua.

Tanto a Miguel Ángel Salinas como a Carlos Faustino Álvarez se los acusa de ser coautores de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por el caso de Nélida Virginia Correa
  • Tormentos agravados por el mismo caso
  • Asociación ilícita en calidad de integrantes

Para estos dos imputados la pena pedida es de 16 años de prisión.

Por último, Roberto Usinger debe responder penalmente como coautor de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por Marcelo Straniero
  • Privación abusiva de la libertad agravada por 14 hechos
  • Tormentos agravados por 14 hechos
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda en los casos de Valerio Castillo y Rosa Rouge
  • Asociación ilícita en calidad de integrante

Para Usinger se pide la pena de 20 años de prisión.

El abogado Diego Lavado explicó la razón para pedir, en algunos casos, penas más duras que el Ministerio Público Fiscal. Para ello recurrió a la sentencia de Ortubia-Salinas de la Cámara Federal de Casación que afirma que no se puede hacer análisis de delitos en abstracto sino que hay que valorar el contexto del aparato organizado de poder, ejecutor de delitos de lesa humanidad. Mencionó, además, la particular condición de indefensión de las víctimas.

Para finalizar, Lavado citó a Joan Manuel Serrat, con su canción “Los macarras de la moral”:

“Sin prisa pero sin pausa,
esos carcamales
organizan sus cruzadas
contra el hombre libre
más o menos responsable
de todos los males
piensan que por su cuenta
sueñan y lo dicen.

Si no fueran tan temibles
nos darían risa.
Si no fueran tan dañinos
nos darían lástima.
Porque como los fantasmas,
sin pausa y sin prisa,
no son nada si se les quita la sábana”.

La CNU, Susana Bermejillo y Mario Susso

Viviana Beigel, encargada del alegato por los asesinatos de Bermejillo y Susso, comenzó su exposición agradeciendo a los familiares por los aportes en la reconstrucción de la historia de ambos. La tónica de su intervención fue similar a la adoptada por Pablo Salinas, una puesta en palabra de las vivencias generadas por el terrorismo de estado.

Reivindicó el derecho a la verdad y la obligación de investigar lo sucedido. “Somos la voz de las víctimas”, resaltó. Antes de abordar las causas hizo una contextualización de lo que sucedía en la esfera universitaria ya que tanto Susso como Bermejillo provenían de ese ámbito.

Según Beigel, la designación de Oscar Ivanisevich en el Ministerio de Educación de la Nación marcó un hito para la avanzada de las corrientes de derecha dentro de las instituciones educativas. Esta gestión, destinada a “combatir la infiltración marxista”, sirvió de caldo de cultivo para el accionar de los grupos de la misma orientación como la Concentración Nacional Universitaria (CNU ) vinculados a la Triple A.

En la causa sobre la CNU, tratada por el Tribunal de Mar del Plata, quedó demostrado su aporte a la ofensiva represiva. Su tarea consistía en realizar inteligencia sobre los estudiantes y se valían de métodos patoteriles como las amenazas, robos, falsificaciones y otros delitos propios de los cuerpos paraestatales. Tenían conexión con las policías y demás fuerzas; varios integrantes, con posterioridad, ocuparon cargos en el Estado.

En Mendoza, en 1975, fue designado rector de la UNCuyo, Otto Heber Burgos, quien, en línea con Ivanisevich, se dispuso a combatir la política disolvente que atribuía a las corrientes estudiantiles, mayoritariamente de izquierda.

Burgos, en su embestida contra el marxismo, contó con el valioso aporte de Enrique Gómez Saá, oficial del Ejército, perteneciente al área de inteligencia, quien se desempañaba como profesor de la Universidad. El mismo coordinaba con la policía y otras fuerzas, según consta en el libro de Roberto Vélez, sobre el tema.

Ya en Dictadura, se estableció un régimen de militarización de las prácticas cotidianas, como la prohibición de expresiones políticas así como el uso de barba para los jóvenes y maquillaje en las mujeres. La “Operación Claridad”, realizó una suerte de depuración de los claustros, tras “el ideario nacional”.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) contaba con fuerte presencia de integrantes de la CNU y un activo centro de estudiantes en manos de corrientes de izquierda. La provocación de los primeros era incesante, perturbaban las marchas y patoteaban, inclusive con el uso de armas. Seijo, Burlot, Lucas y otros, estaban abocados a terminar con esa “bastarda élite de mercenarios”, los marxistas, tal como lo consignan sus escritos.

El 14 de julio de 1976 se produjo el asalto a una estación de servicio protagonizada por el mencionado Pato Lucas, junto a Héctor Gómez y Talley, integrantes de la CNU. Fueron detenidos in fraganti. En sus declaraciones sostuvieron que el dinero estaba destinado a la lucha contra la subversión.

A mansalva

Existen contundentes indicios de que la CNU en articulación con el D2 de la Policía de Mendoza intervinieron en los homicidios de Susana Bermejillo y Mario Susso.

Mario Susso, estudiante de la UTN, pertenecía a la agrupación de izquierda FAUDI y era miembro del Partido Comunista Revolucionario (PCR). En diciembre de 1975 su domicilio fue allanado y estuvo detenido e interrogado en el D2. Después de un breve lapso fue liberado.

En la madrugada del 20 de marzo fue arrebatado del domicilio de sus padres por un grupo armado que lo baleó cuando intentaba evitar su secuestro. Su cuerpo, sin vida, fue encontrado horas después en la calle Pescadores.

Susana Bermejillo, estudiante de literatura y filosofía, estaba casada con Juan Carlos Carrizo, militante del Partido Comunista y estudiante de la UTN. Según Carrizo, la patota venía por él pero consiguió escapar; entonces se la llevaron a ella. El operativo estuvo a cargo de un grupo que parecía, eran de la policía (según sus familiares a uno de ellos lo llamaron “sargento”). Susana fue ultimada y abandonada en el mismo lugar que Mario Susso.

En cuanto a las pruebas, Juan Carlos Carrizo ha afirmado, reiteradamente, que fue la patota de la CNU quien ejecutó a su esposa y a Susso. Tal como fue señalado, anteriormente, esta agrupación tenía conexión con las policías locales. Prueba de ello es la indagatoria, bajo tortura, realizada a Roberto Mermolejo, en el D2, antes de las ejecuciones. Él era estudiante de la UTN y miembro de una agrupación de izquierda. Un día antes de este suceso fue torturado mientras le preguntaban por Susso y Carrizo.

Por los homicidios de Mario Susso y Susana Bermejillo está acusado Armando Osvaldo Fernández. Este policía del D2, entre otras funciones, era miembro de inteligencia y figura clave en el Comando de Operaciones Tácticas, encargado de los procedimientos.

Por ello fue imputado, en los dos casos, como autor mediato de:

  • homicidio agravado
  • privación abusiva de la libertad
  • tormentos agravados

La abogada pidió la pena de prisión perpetua.

Asimismo, solicitó compulsa para que sean investigados los miembros de la CNU señalados por Juan Carlos Carrizo.

Los impecables alegatos de Viviana Beigel fueron acompañados por una sala colmada de gente. Los familiares y pares en la militancia de Mario Susso y Susana Bermejillo, las expresas sobrevivientes del casino y sus parientes, amistades, varones y mujeres pertenecientes a los organismos de DDHH, periodistas, artistas y un nutrido grupo humano que escuchó con atención el alegato-homenaje desplegado por la abogada, con el soporte de cartas y fotografías.

Por una sentencia con perspectiva de género

Al abordar la causa del Casino de Suboficiales, el Centro Clandestino de Detención que albergó detenidas en 1976, Viviana Beigel analizó la situación particular de las mujeres durante el Terrorismo de Estado. Reconoció el trabajo previo iniciado por la Fiscalía a través del alegato de Rodríguez Infante sobre este tema.

La ideología conservadora del aparato represivo en relación a la mujer bregó por la recuperación de los roles tradicionales de madre y esposa con anterioridad al Golpe. Por ejemplo, el Comando Pío XII de Santuccione persiguió y ejecutó a mujeres que ejercían la prostitución antes de abocarse a militantes de organizaciones políticas y sociales.

El disciplinamiento hacia las víctimas, que se profundizó luego del 24 de marzo del ’76, implicó un castigo diferenciado por su condición de mujeres y fue una práctica sistemática y planificada, tendiente a imponer un orden social patriarcal. Beigel citó a Rita Segato para explicar que en la estrategia de desmoralizar al enemigo, la usurpación y la destrucción del cuerpo, es algo central.

Para los represores y su moral occidental y cristiana, la familia era la célula de la Nación. Por lo tanto, el Estado debía intervenir cuando esa familia se “desnaturalizaba”. La Iglesia también jugó un importante papel disciplinador cuando sus curas visitaban las cárceles o centros clandestinos buscando el arrepentimiento y la confesión de las detenidas.

Estas ideas eran expresadas por los mandos militares en sus comunicados y reglamentos, además de la prensa. La revista oficialista Para Ti, por ejemplo, se preguntaba “¿qué le están haciendo a nuestros hijos?” y sugería a las madres proteger de la amenaza subversiva a sus familias mediante una mayor dedicación.

Las militantes políticas, por lo tanto, fueron doblemente perseguidas: como opositoras y como transgresoras de sus roles impuestos, por ser “viriles”, por tener vida pública y por desatender la maternidad.

Los reglamentos militares y carcelarios establecieron pautas diferenciadas de género respecto de la requisa de mujeres (no dejarse amedrentar por reacciones “histéricas”) o la maternidad (de dos años se redujo a seis meses el lapso para la permanencia de infantes con sus madres). En el penal de Devoto se creó una junta interdisciplinaria que elaboró un “Plan de conducta y libertad” que forzaba a la confesión y clasificaba a las detenidas en “recuperadas”, “en vía de recuperación” o “irrecuperables”, a fines de generar divisiones y extraer información.

En los Centros Clandestinos de Detención, la represión también tuvo formas propias: la tortura física y psicológica, la violación, la desnudez forzada, los abortos, los partos deshumanizos. A la subversiva había que denostarla y destruirla. Y la sanción, en algunos casos, fue más allá de sus propios cuerpos, mediante la apropiación de sus hijos e hijas o la utilización de menores para torturarlas y amenazarlas.

La violencia sexual fue confirmada por la CONADEP, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y el Juicio a las Juntas. Progresivamente, la jurisprudencia nacional y provincial fue identificando los delitos sexuales en su especificidad y, según el artículo siete del Estatuto de Roma, como delitos de Lesa Humanidad en sí mismos.

El caso del Casino de Suboficiales

Este CCD de mujeres dependía de la Compañía de Comunicaciones de la VIII Brigada de Montaña y estaba a cargo de Walter Tomás Eichhorn, prófugo recientemente capturado, cuyo superior era Carlos Ledesma. Tanto ellos como los interrogadores (García, Pagella y Carelli) fueron reconocidos en numerosos testimonios de las víctimas.

De abril a septiembre de 1976 pasaron por allí dieciséis mujeres: Liliana Buttini, Vilma Emilia Rúpolo, Olga Salvucci, Norma Sibila de Morán (fallecida), Dora Goldfarb, Yolanda Cora Cejas, Estela Izaguirre, Carmen Corbellini, Edith Arito, Rosa Obredor, Beatriz García, Susana Nardi, María Elena Castro (fallecida), Liliana Petruy, Silvia Alliendes y Eda Sbarbati de Alliendes (fallecida).

Beigel relató en detalle el caso de Vilma Rúpolo, quien fue detenida dos días después de dar a luz a su hijo Mariano. El recién nacido quedó a cuidado de sus abuelos y pudo reencontrarse con su madre varios días más tarde, luego de que Rúpolo presionara con amenazas de suicidio. La querella instaló frente al tribunal el moisés en el que Mariano fue conducido al Casino por dos militares con Itacas. Una muestra muy gráfica de la caracterización que los represores tenían respecto de la peligrosidad de los “hijos e hijas de la subversión”.

Pese a la tortura y las amenazas constantes que padecieron las mujeres allí detenidas, la llegada de Mariano fue “un momento de alegría”. La solidaridad, que fue una característica entre las compañeras de cautiverio de los distintos centros y cárceles a lo largo del país, permitió, según sus palabras, la supervivencia frente al terror. En el caso del Casino, el cuidado colectivo del pequeño niño, los cantos de resistencia, la contención, fue un lazo salvador. Ese mismo compañerismo continuó a lo largo de cuarenta y dos años y las encontró, de nuevo, tomadas de las manos y en primera fila, oyendo esta vez, los alegatos que rescatan sus hechos.

Por estos delitos, la querella sostuvo la calificación legal y las acusaciones de la Fiscalía contra Carlos Ledesma (autor mediato) y Armando Olimpo Carelli (coautor) y pidió penas de 25 años e inhabilitación perpetua para ambos.

Por último, al igual que el Ministerio Público, Viviana Beigel pidió una sentencia con perspectiva de género que incluyera explícitamente la violencia desplegada por el aparato represivo contra las víctimas mujeres de este juicio.

Salinas inició el alegato por Las Lajas

En la última hora de la jornada del debate de hoy refirió Pablo Salinas lo sucedido en el CCD Campo Las Lajas. El abogado hizo un recorrido por la historia del MEDH, sus orígenes, su objetivo, sus valores. Mencionó a “las imprescindibles” Elba Morales y Pocha Camín y agradeció su trabajo incansable por dilucidar lo sucedido durante la última dictadura.

Sobre Las Lajas se conoce su uso como campo de tiro antes del ‘76. Sin embargo, entre ese año y el ‘83 hay un ocultamiento de la información de su funcionamiento. La querella sostuvo que la falta de datos sobre esa época se debe al uso de ese campo como Centro Clandestino de Detención. “En Campo Las Lajas están los restos de nuestros compañeros”, aseguró Salinas.

En ese contexto, hizo referencia al rol central de Carlos Santamaría como jefe de inteligencia de la IV Brigada Aérea. “La inteligencia decidía quién vivía y quién moría”, como también los distintos mecanismos para deshacerse de los cuerpos. Hay testimonios muy elocuentes que refieren a Las Lajas, dependiente de la Fuerza Aérea, como centro clandestino de detención, torturas y exterminio. Ejemplos de ello son las palabras de Horacio Oscar Ferraris, Emilio Luque Bracchi y Vivian Acquaviva.

Contra los dichos de Carlos Rico en su indagatoria, “¿por qué no juzgan a los Montoneros?”, Salinas respondió: “ojalá hubieran juzgado a todos como a ellos ahora, con todas las garantías. Esto es un Estado de derecho, no lo que aplicaban ustedes”. Y ejemplificó con la pastilla de cianuro que tomó María del Carmen Marín para evitar la máxima perversidad que podía sufrir al caer en manos de los represores.

Las víctimas de Las Lajas

A través de fotos, ilustraciones y distintas diapositivas hizo el abogado un recorrido por las víctimas de este caso. Mauricio López tenía un voto por la paz y por la pluralidad. Fue integrante del Consejo Mundial de Iglesias y el primer rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Era un profesor reconocido y muy querido.

Osvaldo Zuin era exseminarista y actor de teatro, militaba en el PRT. Emilio Luque estudiaba en Ciencias Físicas y Matemáticas en la UNSL, además de compartir habitación con el militante peronista Santana Alcaraz. María del Carmen Marín estudiaba Bellas Artes en Buenos Aires y militaba en Montoneros. Su padre, Carlos Armando Marín, la protegía y fue secuestrado luego de que ella se suicidara al tomar la pastilla de cianuro.

El jueves próximo, 14 de junio, continuará la audiencia con la conclusión del alegato de la querella y comenzará la defensa con su argumentación.

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Audiencia 58 / EJECUCIONES SUMARIAS

26-04-18 / En la fecha se inició la etapa de alegatos. El fiscal Dante Vega hizo una breve semblanza de la época. Se abocó a analizar el rol y la responsabilidad de la Policía Federal en las ejecuciones de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar. Finalmente, abordó los casos de Susana Bermejillo y Mario Susso y estableció las responsabilidades de los acusados.

En la mañana de hoy, el fiscal Dante Vega, siguiendo el criterio del Archivo Nacional de la Memoria, denominó “ejecuciones sumarias” a los asesinatos cometidos durante el terrorismo de Estado. Así, recordó que en Mendoza, a partir de 1974 y durante el 1975, trascendieron numerosas ejecuciones sumarias a mano de grupos paraestatales. El vicecomodoro Julio César Santuccione, jefe de la Policía de Mendoza, propició el “terrorismo de calle” y el “terrorismo ideológico” con el fin de acabar con quienes consideraba la escoria de la sociedad. El primero estuvo a cargo del Comando Pío XII, cuyo propósito disciplinador estaba dirigido, particularmente, a proxenetas, mujeres y homosexuales en situación de prostitución. Los cuerpos castigados, aclaró, eran arrojados en la zona de Canota.

Por otro lado, el terrorismo ideológico fue desplegado por el Comando Anticomunista Mendoza (CAM), encargado de violentar a personas o entidades mediante atentados con bombas y ejecuciones. En este marco, en 1975, se registraron 23 NN que arribaron a la morgue local.

Estas prácticas, subrayó el fiscal, implicaron el descenso hacia la ilegalidad de la policía y significó la denigración de la misión que le fue asignada.

El rol de la Policía Federal

Las causas que tienen como víctimas a Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar deja al descubierto la participación de la delegación Mendoza de la Policía Federal en sendos crímenes y su inclusión dentro del esquema represivo.

Carmelo Cirella, exagente de esa fuerza, en los ’80 reveló las responsabilidades de su jefe Oscar Fenocchio y el oficial Rodolfo Cardello, ambos fallecidos, así como Ricardo Aleks, José Luis Mirotta y Marcelo León, en los hechos antes mencionados. El exagente reiteró la versión ante el Tribunal Militar, la CONADEP, la Legislatura y en la Justicia Federal.

Encarcelado en 2007, junto a quienes señaló por los homicidios de Sánchez Andía y Romano Rivamar, el exagente y su familia fueron amenazados. En esas condiciones pidió una ampliación de declaración y se desdijo de las acusaciones que venía sosteniendo desde hacía dos décadas. El resultado fue que la justicia dictó la falta de mérito y dejó en libertad a Aleks, Mirotta y León. Cuando se reabrió la causa, en 2012, Aleks se había profugado.

Resulta inequívoco que la Policía Federal tuvo un rol importante en la represión política. La temida Coordinación Federal fue eje de la represión política, desde la dictadura de Onganía en adelante. Ya en 1971 se gestó una Comisión Coordinadora de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que funcionaba en el Cuartel Central de la Policía Federal. En la Causa 13 -Juicio a los Comandantes de la FFAA- fueron denunciados los Centros Clandestinos de Detención “Superintendencia de Seguridad”, “Olimpo” y “Atlético”, comandados por la Policía Federal. Asimismo, miembros de esa fuerza recibieron fallos condenatorios en varios juicios por delitos de lesa humanidad sustanciados en el país.

En Mendoza, bajo la sigla RAF, la delegación local tenía un departamento de inteligencia.En los ’80, Tamer Yapur, Julio César Santuccione y Pedro Sánchez Camargo, dieron cuenta de la participación de la Policía Federal en la Comunidad Informativa y en el Comando de Operaciones Tácticas. Cabe destacar que estos eran espacios de diseño y ejecución de la llamada represión a la subversión. Al respecto, el exjefe Oscar Fenocchio, declaró que la Policía Federal tenía dos enlaces asignados para aquel fin, uno era el oficial Bocca, identificado por Cirella en una de sus declaraciones.

Cabe destacar que en la Fiscalía obran expedientes sobre distintos procedimientos atribuidos a la Policía Federal que incluían detenciones, torturas y ejecuciones. Algunas de ellos fueron: el secuestro de Ángela Pastora Vélez en la puerta de la penitenciaría en 1974; las detenciones de Guillermo Ravé, Teresita Llorens, Juan Surballe, Pablo Marín, Atilio Arra y Jorge Ochoa en 1975, así como las ejecuciones de Amadeo Sánchez Andía; Manuel Oviedo, Washington Granizo y las de Lindor Peñaloza y Guillermo Ferancalasia en 1976. En 1979 la detención de Ana Florencia Aramburo. Todas muestras irrefutables del accionar ilegal de la Policía Federal.

El testimonio de Carmelo Cirella

Según el Ministerio Público, la justicia no protegió a Carmelo Cirella Paredes luego de sus declaraciones. Por ejemplo, ubicó en la misma celda a sus excompañeros de trabajo. De esta forma se entiende que en las últimas declaraciones haya negado todo “por presión”, pese a que paulatinamente, aceptó haber intervenido. El expolicía era formoseño e ingresó a la Policía Federal en 1971. Por delitos comunes fue condenado a 20 años de prisión en 1985.

A lo largo de todo el alegato Dante Vega defendió la verosimilitud y la continuidad en los elementos fundamentales de su relato. La salud mental y el apego a la realidad en el testigo fueron constatados por una pericia psicológica.

Cirella aseguró haber escuchado a Cardello adjudicándose la autoría en el operativo que secuestró y ejecutó a Sánchez Andía. Los detalles brindados coinciden con las notas periodísticas que cubrieron el hecho.

En el caso de Romano Rivamar, su testimonio es más directo y no presenta contradicciones a lo largo de los años (exceptuando su intento inicial de desligarse). Sostuvo que el operativo fue ordenado por Fenocchio y que participaron León, Mirotta y Cardello, además de él mismo. La detención se realizó en tres autos, de madrugada. Trasladaron a Rivamar hasta Papagayos y lo ejecutaron con una escopeta. Dejaron el cuerpo hasta el día siguiente, cuando Cirella debió retirarlo y enterrarlo en alguna zona alejada, es decir, el Parque Ortega de Maipú, donde fue encontrado.

Ya en democracia y luego de su testimonio ante la CONADEP, Cirella indicó a la comisión de diputados que investigaba delitos de lesa humanidad, el lugar exacto donde Rivamar fue ejecutado en Papagayos. El informe de la Comisión asegura que se encontraron vainas de proyectiles.

Para desacreditar dichos testimonios, los imputados que fueron identificados por Cirella como partícipes de los delitos, sostienen que el móvil de la declaración fue la venganza. Sin embargo, ninguno de ellos fue responsable del sumario realizado por la propia fuerza que concluyó con la condena de Cirella. Marcelo León no se encontraba en la Provincia en ese momento.

Por todas estas razones, la fiscalía concluyó que Carmelo Cirella es un testigo “importante y creíble”, que actuó “por miedo y no por mentira” en los casos de aparentes contradicciones o modificaciones que presentan sus declaraciones consecutivas.

sobre las víctimas

Amadeo Sánchez Andía era peruano y estudiaba en la Escuela de Comunicación Colectiva, donde se desempeñaba como presidente del centro de estudiantes. Militaba en el PRT-ERP y se había casado con Mirta Haydée Ramírez, quien estaba embarazada.

Al parecer, el accidente del colectivo en el cual viajaba a Córdoba junto a dos miembros más de la organización -Gladys Sabatino y Aníbal Testa- puso en alerta a las fuerzas represivas. Presumiblemente, las autoridades policiales habían encontrado documentos orgánicos entre las pertenencias de Andía y Sabatino.

Luego del accidente, Sánchez Andía fue trasladado al Hospital Perrupato de San Martín y Sabatino al Hospital Central. Ella murió sospechosamente mientras su madre se encontraba comprando unos remedios, pese a que estaba por recibir el alta.

El joven permaneció internado en el Perrupato con custodia. La vigilancia fue confirmada por su hermano, por el personal del hospital y por la propia prensa, que incluso entrevistó a la víctima.

Juan Sánchez Andía, su hermano, viajó a Mendoza cuando se enteró del accidente y pudo acompañar al herido. Por su formación de médico, reconoció que el alta de Amadeo era inminente. Juan contactó a los abogados Ángel Bustelo y Carlos Bula. Por su parte, Amadeo les confió su temor por un posible secuestro. Por esta razón, los abogados presentaron un Habeas Corpus ante la Justicia Federal. El rechazo llegó un día después del asesinato de Andía.

El secuestro se produjo el 5 de junio de 1975 a las dos de la madrugada. Seis testigos, trabajadores del hospital, refirieron los detalles del operativo e identificaron a la Policía Federal como la responsable. Según ellos, ingresaron entre cinco y ocho personas con el rostro cubierto, redujeron al cabo de guardia, cortaron las líneas de teléfono y retiraron a Andía en una ambulancia que luego abandonaron en el camino.

En el libro de novedades de la Comisaría N° 12 de la policía figura la denuncia efectuada por personal del hospital. Se mencionan las palabras “secuestro” y “fuga” en la ambulancia. Horas antes del operativo se había retirado la custodia.

Las fuerzas involucradas quisieron hacer pasar la ejecución sumaria por un conflicto entre bandas terroristas, razón por la cual el cadáver de Andía presentaba la inscripción “por traidor Monto”, pese a que era del PRT-ERP. El propio jefe de terapia del hospital, Caramasa, aseguró que se trató de “un operativo comando”. El hermano de Amadeo estaba en la habitación cuando se llevaron a su hermano en la oscuridad, sin mediar palabra.

Para la fiscalía, la consigna se levantó para darle lugar a otra fuerza, en este caso, a la Policía Federal. Esta versión es confirmada por Alicia Perrupato, empleada del nosocomio, quien relató que al día siguiente del secuestro se hablaba de “la Federal”. Además, el director de la institución le solicitó tiempo después la historia clínica de Andía frente a miembros de dicha repartición. Por otro lado, después del operativo se encontró una llave correspondiente a la Policía Federal.

Por último, el informe forense determinó que la herida fue producto de un disparo de escopeta a corta distancia. Cirella repitió en tres ocasiones este dato al que solo se accedía por el mencionado documento y que, junto a otros detalles del operativo, coincide con lo que habría oído decir a Cardello.

Después del cuarto intermedio, el fiscal Vega continuó con la exposición del caso de Víctor Romano Rivamar, quien tenía 30 años y era empleado en la justicia provincial. El 22 de abril de 1976 en horas de la madrugada entraron a su casa en calle Ramírez alrededor de 12 hombres encapuchados. Arnaldo Aníbal Romano, su hermano, relató que llegaron en tres automóviles y se lo llevaron.

Esa noche la policía no llegó sino hasta una hora y media más tarde, síntoma de que habían liberado la zona. El cuerpo apareció semienterrado en Maipú, en las inmediaciones del Parque Ortega.

Si bien la víctima parece no haber tenido ninguna filiación política, la ejecución se puede haber debido a una venganza por motivos personales, aprovechándose del contexto represivo y violento de la época. Las tareas de inteligencia tanto previas como posteriores quedan en evidencia. La mañana anterior al secuestro, un supuesto inspector había pedido entrar a la casa para ver una filtración de agua denunciada por un vecino. Luego del asesinato, un hombre del Departamento de Inteligencia de la policía vestido de civil se presentó ante la familia de la víctima y les hizo preguntas sobre Víctor. El fiscal remarcó que la descripción que hace Arnaldo del secuestro, de la gente que participaba, de la modalidad y hasta de los lugares, coincide exactamente con la de Carmelo Cirella Paredes.

Después del crimen intentaron desviar el curso investigativo con llamadas que llegaron a la sede policial de un supuesto perito estadounidense primero y un periodista de la misma nacionalidad después, para preguntar por Víctor Romano Rivamar. La primera persona, ha contado Arnaldo, se jactaba de investigar sobre “los insurrectos”.

En sus declaraciones, Cirella refiere la sigla RAF. El parecido con la Royal Air Force británica no es casual, sostuvo el fiscal. En las palabras de otro arrepentido en el juicio por la masacre de Fátima, Armando Luchina, esas letras se referían a las personas alojadas en los tubos, no legales aunque pertenecientes a la Fuerza, “como si estuvieran alojadas en el aire”.

Tanto Mirotta como León tienen responsabilidad en estos hechos a pesar de haber querido demostrar su inocencia. Mirotta obvió mencionar cierta información sobre su supuesta estadía en Buenos Aires. León aseguró que Cirella lo acusó por venganza a pesar de no haber tenido él ninguna intervención en el sumario en su contra.

atribución de responsabilidades

En el caso de Amadeo Sánchez Andía, las imputaciones son por formar parte y cumplir labores en la Policía Federal: León en el aparato de inteligencia y Mirotta como subcomisario. Por Víctor Romano Rivamar, la responsabilidad les cabe en calidad de coautores de acuerdo a las versiones de Cirella Paredes.

Así, la acusación se sostiene en los siguientes hechos:

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, por dos hechos.
  • homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en los dos casos relatados.
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, en el caso de Sánchez Andía.
  • asociación ilícita para Mirotta en calidad de jefe y para León en calidad de organizador.
Los asesinatos del 20 de marzo de 1976

En esa época, “la universidad, para los militares, era la usina del pensamiento subversivo”, resaltó el fiscal Dante Vega. El terrorismo estatal estaba en búsqueda de los dirigentes estudiantiles. En la UTN, el centro de estudiantes estaba en manos de la izquierda. Sin embargo también había miembros de organizaciones de ultraderecha que los marcaban en asambleas o los amenazaban.

Mario Susso y Juan Carlos Carrizo, ambos dirigentes de izquierda en esa universidad, eran un blanco en el operativo represivo. Estaban siendo investigados y habían sido detenidos con anterioridad. En diciembre del ’75,Susso pasó un fin de semana alojado en el D2, mientras su hermano buscaba un abogado que lo ayudara en su liberación. A Carrizo le allanaron la casa que compartía con una familia en busca de armas, panfletos o folletería y no encontraron nada.

Mario Susso tenía 27 años y era presidente del centro de estudiantes en la UTN. Militaba en el PCR y estaba en pareja con Norma Martínez. Una semana antes del secuestro, un grupo de personas concurrieron al departamento donde se mudarían juntos y le preguntaron a los vecinos por él, para corroborar dónde era su vivienda. Susana Bermejillo tenía 27 años y hacía una semana había terminado la licenciatura en Letras en la UNCuyo. Era militante en la Comisión Universitaria del Partido Comunista y estaba casada con Juan Carlos Carrizo. Antes de la detención ilegal, la policía había allanado la casa donde habían vivido hasta hacía pocos días en el Barrio Unimev.

La noche del 20 de marzo del ‘76 a las 3 de la mañana ingresaron violentamente tres personas de civil a la casa de la familia de Susso, en la Quinta Sección. Al salir, llevándose al joven, hicieron algunos disparos intimidatorios y él intentó escaparse corriendo. Una bala le dio en la pierna y se lo llevaron en un Peugeot 404 color ladrillo. “¿Vos me vas a hacer esto?” escuchó la madre que le decía Mario al secuestrador. Ante esta frase, el Ministerio Público Fiscal expresó la impotencia de no poder llegar a una pista certera.

Esa misma noche Carrizo y Bermejillo estaban festejando su primer aniversario de casados con otras parejas amigas. Finalizado el convite, a las 3.55 de la madrugada ingresó ferozmente un grupo de hombres. Juan Carlos alcanzó a escaparse por los techos, no sin antes escuchar “a esta la llevamos”. Sacaron de la vivienda a Susana Bermejillo a la fuerza y partieron en tres autos. De ambos hechos hay notas periodísticas.

Susso y Bermejillo fueron víctimas de ejecuciones sumarias esa misma noche. Sus cuerpos aparecieron horas después, en la calle Pescadores de Las Heras, en un descampado. Un colectivero advirtió esta situación y en la necropsia figuraban los disparos a corta distancia y demás detalles. Roberto Marmolejo, que para la fecha estaba detenido en el D2, dijo que el 19 de marzo lo interrogaron bajo tortura preguntándole dónde vivían y qué militancia tenían Susso y Carrizo.

acusación

Por estos asesinatos está imputado Armando Osvaldo Fernández Miranda, del D2. Anteriormente, la responsabilidad también recaía sobre otros hombres que ya están fallecidos: Menéndez, Oyarzábal y Smaha. Este último, junto con Fernández, eran los encargados de la inteligencia de ese CCD, como también de los enlaces con la autoridad militar y de las ejecuciones sumarias.

Fernández es acusado por la autoría mediata de:

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, por dos hechos.
  • homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en dos casos.
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por dos hechos.

La próxima audiencia será el viernes 27 de abril en horario habitual.

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Audiencia 33 / ENTRE EL LICEO MILITAR Y LA CÁRCEL

22-09-17 / A través de los testimonios brindados en la fecha por Rosa Obredor y Rafael Morán, se conocieron detalles del funcionamiento del Casino de Suboficiales del Ejército y su personal. Los mismos son complementarios de las declaraciones escuchadas las últimas semanas.

Rosa “Kity” Obredor trabajaba en la Dirección de Tránsito y Transporte de la Provincia cuando fue secuestrada, el 24 de marzo de 1976. La sacaron del domicilio que compartía con su esposo y sus dos hijitos, el último de cinco meses, al que “estaba amamantando”, resaltó.

Fue la primera en llegar “a un lugar cerca de la cárcel…le decíamos La Casita”, apuntó. El mismo es, precisamente, el edificio del Casino de Suboficiales, hoy señalizado como Centro Clandestino de Detención.

Durante el periodo que le toco vivir, el espacio concentraba a unas trece detenidas. Obredor valoró la relación de solidaridad establecida entre las mujeres. “Lo más interesante era salir a limpiar los baños” para eludir el encierro de veinticuatro horas por una de recreo. Las presas no tenían contacto con sus familiares, solo los podían ver cuando pasaban por la calle lateral, con la finalidad de preguntar por ellas.

Obredor comentó que adhería al humanismo y por ese motivo había sufrido su primera detención, en Córdoba, en 1974.

Como sucede habitualmente, la Fiscalía le preguntó sobre el trato recibido. Relató que dos veces fue vendada e interrogada sobre su actividad. Ella reafirmó ante los represores su pertenencia al humanismo; “se burlaban de los ejercicios, de la meditación”, dijo. Agregó que no fue torturada, pero supo que, después que ella salió en libertad, el ambiente se había puesto más pesado.

Preguntada por las personas que compartieron cautiverio, recordó a Sara Bonardell, Cora Cejas, Liliana Buttini y Beatriz García. Además, evocó a una almacenera del FIP (Frente de Izquierda Popular) y a una señora muy mayor, cuyos nombres no se acordaba. Precisamente, junto con la anciana, salió en libertad semanas después de ser detenida.

La complicidad del diario Los Andes

Rafael Antonio Morán Novillo declaró por los sucesos ocurridos a su esposa, ya fallecida, Norma Sibila. Ella estuvo detenida junto con unas 15 mujeres en el Casino de Suboficiales. El testigo habló con mucha claridad sobre esa situación, pero también sobre la inteligencia y el contexto de persecución política en manos de las fuerzas armadas y de seguridad.

Norma Sibila y su marido eran periodistas en el diario Los Andes. La profesión les hizo investigar y tener más conocimiento sobre aquellos años. Ella era jefa de la sección gremial en el periódico y también secretaria de prensa, justamente, del sindicato de prensa de la provincia de Mendoza. Él era jefe de policiales. Anteriormente, habían trabajado en “Claves”, una revista política de Mendoza, crítica con la dictadura de Onganía. En el diario Los Andes ciertos periodistas rompieron con la censura impuesta por el gobierno militar. “A mí nunca me dijeron por qué fui detenido. Pero a buen entendedor, pocas palabras”, refirió el testigo.

Rafael Morán fue detenido el 24 de marzo de 1976. Otros colegas sufrieron la misma suerte. Hubo un allanamiento en la vivienda del matrimonio, pero no encontraron nada porque ella se había escondido en la casa de un tío. Allí, los abogados Alberto Day y Alfredo Mozzo la visitaban casi diariamente.

Corría la primera quincena de abril cuando a la casa de los padres de Norma llegó un telegrama del diario Los Andes a través del cual la intimaban a presentarse en su lugar de trabajo dentro de las 48 horas, a riesgo de ser despedida. Ella se presentó porque Day se lo aconsejó, explicando que el momento de mayor peligro ya había pasado. Fue detenida en el mismo diario Los Andes.

La recluyeron en el Casino de Suboficiales, un lugar que quedaba entre la cárcel y el Liceo militar, señaló; donde sufrió torturas psicológicas muy fuertes. Otras compañeras fueron maltratadas físicamente. En ese lugar, Norma Sibila encabezó una protesta por las pésimas condiciones en las que las hacían vivir. En septiembre de ese año fue trasladada a la penitenciaría provincial.

En diciembre, un primer teniente de la fuerza aérea que ella conocía y se presentó como Jorge García, le dijo a Sibila que iba a salir en libertad. Ese hombre, explicó Rafael Morán, era jefe de un grupo de entre 10 y 15 torturadores de distintas fuerzas, de los cuales conoció a Pagela. Norma fue liberada el 24 de diciembre de 1976. Por estar proscripta no pudo volver a trabajar sino hasta 8 años después, aunque, por supuesto, no en el diario Los Andes.

De torturador a héroe de guerra

En la guerra de Malvinas hubo dos situaciones que Rafael Morán relacionó. El 1 de mayo de 1982 se conoció que un capitán llamado Jorge Osvaldo García Cuerva había sido tumbado cuando intentaba arribar al continente. Posteriormente, el 25 de mayo de ese año, se informó que, nuevamente, otro capitán con el mismo nombre había sido derribado de su avión por un misil de una fragata y nunca se lo encontró.

“Ahora bien, ¿tendrá que ver este Jorge García con aquel que se presentó ante mi mujer y le dijo ‘te vas en libertad’?”, se preguntó el periodista. A todas luces hay una situación oscura sobre el destino de García, reiteradamente mencionado como un torturador, por las exdetenidas en el Casino.

DEl Estado criminal

Al preguntar el fiscal Daniel Rodríguez Infante por Mario Susso y Susana Bermejillo, Morán contó que él escribió el copete y el título de la crónica por ese caso. Recordaba el caso con muchos detalles: militancia, lugar donde se encontraron los cuerpos, entre otras cosas. “Todos sabíamos en aquel momento que había grupos paramilitares, parapoliciales e incluso de las mismas fuerzas militares y policiales que cometían este tipo de delitos”, reveló en su testimonio.

Rafael Morán confesó que, antes del golpe, un jefe policial le había narrado el funcionamiento del sistema interprovincial que se usaba para desaparecer personas. No dijo el nombre de aquella persona que le hizo tamaña confidencia por atenerse al deber ético profesional de no revelar las fuentes de información.

La próxima audiencia será el jueves 28 de septiembre a las 9.30.

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