Audiencia 67 / SE LLEVARON A LOS MEJORES

14-06-18 / El Dr. Pablo Salinas, en representación del MEDH, concluyó su exposición sobre las causas del Centro Clandestino de Detención Las Lajas y realizó un pedido especial por los menores detenidos junto a sus madres. El Defensor Oficial, Leonardo Pérez Videla, dio comienzo al alegato de la defensa con las causas de la Policía Federal.

Concluye el alegato de la querella

Pablo Salinas continuó su alegato sobre el Centro Clandestino de Detención y Exterminio (CCDyE) “Campo Las Lajas”, causa por la que están imputados Paulino Enrique Furió y Juan Carlos Santamaría, jefes de Inteligencia del Ejército y de la Fuerza Aérea, respectivamente.

Inició la jornada con unas elocuentes palabras de Furió que constan en su legajo: “me tocó asumir un rol de relevancia en la gestión asumida (sic) por las FF. AA., particularmente por el ejército, en afrontar la misión de derrotar al enemigo apátrida que se había enquistado como un cáncer en nuestra sociedad argentina”. “A confesión de parte, relevo de pruebas”, sentenció Salinas.

La Orden 239, que dispuso el control operacional del Ejército sobre cada detenido, indicaba que debía informarse por escrito al Gral. Jorge Maradona, máxima autoridad del Ejército, todo lo que ocurría. Como Lajas dependía de la Fuerza Aérea, la coordinación entre las fuerzas es indiscutible.

Tal como ya se ha escuchado en la etapa de alegatos, dos testimonios fundamentales acreditan la existencia de Las Lajas como CCD: los de los sobrevivientes Luque Bracchi y Ferraris. Sus palabras, a su vez, se refuerzan con los hechos. El Habeas Corpus que presentó la familia de Santana Alcaráz menciona a Luque Bracchi como compañero de habitación del joven desaparecido en San Luis, tal como consta en su declaración. Cuando se presentó Ferraris, por su parte, el MEDH solicitó que realizara un croquis del CCD antes de visitarlo en persona, lo cual confirmó la precisión del recuerdo del testigo. La declaración de Ángel Ruggieri, suboficial de la Fuerza Aérea a cargo del campo de tiro, no hace más que resaltar la veracidad de lo indicado por Ferraris durante el reconocimiento.

Todo lo que relató este testigo respecto de su cautiverio en Las Lajas permitió reconstruir los hechos de los demás detenidos allí hacia 1977: Osvaldo Zuin (confirmado por Teresa Meschiatti y Flores Tejada), María de Carmen Marín y su padre Carlos (el contexto de sus detenciones consta en los Habeas Corpus rechazados por la justicia), Juan Ramón Fernández y Mauricio López.

Las circunstancias del secuestro de Mauricio López el 1 de enero de 1977 están descriptas en el Habeas Corpus que presentó su familia: cinco individuos quedaron afuera mientras otros cinco ingresaban violentamente a su domicilio. Además de llevarse a López, robaron múltiples objetos de la casa y dinero. Utilizaron dos vehículos que se vinculan al D2, a la Policía Federal y a la Concertación Nacional Universitaria: un Ford Falcon color crema y un 404 anaranjado.

La Seccional 5ta, donde se realizó la denuncia, resolvió “dar intervención al Juzgado Federal” y difundió un radiograma que contenía una descripción cambiada de los vehículos. Aquí comenzó, según Salinas, el encubrimiento del hecho con complicidad policial. La Justicia Federal, representada por Otilio Romano, clausuró el expediente el 10 de enero mediante un sello que indicaba la inexistencia de hechos para investigar. Tampoco respondió la Justicia cuando el hermano de Mauricio presentó una carta, supuestamente, enviada por la víctima desde Chile.

La hipótesis de la querella es que en Las Lajas existe un pozo de una antigua bomba que los represores posiblemente aprovecharon para esconder los cuerpos de las personas asesinadas.

Calificación legal y pedido de pena

La querella pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta para Juan Carlos Santamaría (capitán, jefe de División Inteligencia y miembro de la Comunidad Informativa) como autor mediato de los siguientes delitos cometidos en perjuicio de Mauricio López:

  • privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes
  • homicidio triplemente calificado por alevosía, por concurso premeditado por dos o más personas y para asegurar su posterior impunidad
  • asociación ilícita en calidad de jefe u organizador

La misma pena se solicitó para Paulino Enrique Furió (capitán ascendido a mayor, jefe del G2 de Inteligencia del Ejército) como autor mediato por los siguientes delitos:

  • privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes, en perjuicio de Mauricio López, Osvaldo Zuin, María del Carmen Marín, Carlos Marín, Juan Ramón Fernández y Horacio Ferraris
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por los mismos seis casos
  • homicidio triplemente calificado por alevosía, por concurso premeditado por dos o más personas y para asegurar su posterior impunidad, en perjuicio de Mauricio López
  • robo agravado y allanamiento ilegal, en perjuicio de Mauricio López

Por último, adhirió al pedido de Fernando Peñaloza para que el Campo Las Lajas sea expresamente considerado Centro Clandestino de Detención.

Pedido por la infancia

Salinas solicitó al Tribunal que se reconozca en la sentencia a los niños y las niñas que también padecieron el Terrorismo de Estado como víctimas de este juicio: Mariano Morales (hijo de Vilma Rúpolo), Yanina Rosa Rossi (hija de Stella Maris Ferrón) y Alejo Hunau (hijo de Silvia Ontivero). Justificó esta posición explicando que los represores podrían haberlos dejado pero decidieron llevarlos para torturar a sus madres y/o para forzarlos a identificar personas cercanas al ámbito familiar.

Esa juventud maravillosa

Pablo Salinas concluyó el alegato de la querella rindiendo homenaje a la generación “comprometida con la libertad, la solidaridad y el cambio social” en nuestro país que fue el principal blanco del aparato represivo durante la década del ’70. “Se llevaron a los mejores”, señaló. Acompañó las fotos de alguna de las víctimas con palabras de Ángela Urondo, Pablo Seydell y Ernesto Espeche.

Empezó el alegato de la defensa

A modo de introducción, y en consonancia con los planteos habituales de la defensa en estos juicios, Leonardo Pérez Videla, abogado defensor, sostuvo que el proceso afectaba el principio de legalidad, se opuso a la imprescriptibilidad de los delitos y defendió la irretroactividad de la ley penal.

Para ello, pidió circunscribirse a los artículos 18, 27, 28 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y citó los fallos de los casos Muiña y Fontevecchia en los que se abre una nueva interpretación de la jerarquía normativa de los tratados internacionales. También, recurrió al voto en disidencia de Carmen Argibay en la causa Mazzeo para argumentar que “los tribunales no son omniscientes” y deben “trabajar en cada caso persiguiendo la verdad objetiva”.

Demandó, justamente, una visión particular y “menos politicista” ya que “mientras más avanzamos y damos lugar a planteos vinculados al dolor y la tragedia, mientras más generalizamos y legitimamos ese reclamo, más bastardeamos la justicia”.

Por último, criticó el “tono general de reproche” de estos juicios: se acusa a todos los imputados de saber qué pasó y no querer hablar lo cual es una “irracionalidad absoluta”.

Un contexto “inconmovible”

Luego de esta introducción jurídica general, Pérez Videla quiso esbozar una reconstrucción “más adecuada con el criterio de justicia” respecto del contexto en el cual se desarrollaron los hechos. Descartó la idea de guerra y prefirió hablar de un “conflicto de serias características beligerantes” señalando que la “juventud comprometida” a la que se refirió la querella en sus alegatos no marcó una distancia clara de rechazo a ese clima de confrontación: “fácilmente se podría haber levantado esa bandera”, concluyó.

Los imputados, por su parte, coincidieron en la descripción de una “situación inconmovible” que no pudieron alterar ni manejar porque “no caía en el ámbito de su dominio ni decisión” y “cuyos resultados eran inevitables”. Para eximirlos de responsabilidad, reconoció la existencia de “grupos secretos manejados por altas autoridades que lamentablemente están muertas”. Caso contrario, sus representados “exigen que se pruebe su participación”.

En un “estado constante de necesidad y excepción”, entre el “caos y el terror” desatados, reclamó que “la carga de todo lo sucedido” la soportan los imputados.

La posverdad del genocidio: inexistencia de asociación ilícita

El defensor reiteró su pedido de “honrar el principio de verdad jurídica objetiva” para evitar caer en “invenciones o ficciones” en relación a la figura de la asociación ilícita adjudicada a los acusados. Citó a Zaffaroni para justificar que la justicia penal “ataca por sectores”: a los más vulnerables y a los disidentes molestos.

Siempre siguiendo a este autor, Pérez Videla sostuvo que la justicia no debe basarse en una estructura ficcional vehiculizada por un “sistema de criminalización mediática”: la prensa construye posverdad al alejarse del juicio, de los hechos y de las pruebas. El resultado de este “relato” es un “juicio moral y ético” que lo coloca a él mismo como “defensor de veinte genocidas” frente a la opinión pública.

Esto es lo que sucedió, para la defensa, con el delito de asociación ilícita. El abogado pidió la nulidad de esta acusación por violar los artículos 298 y 123 del Código Penal y explicó que la Fiscalía basó su pedido en la mera narración sin existir prueba real que la sustente. Son tres elementos que no se cumplirían: la existencia del grupo (no se mencionan los “socios”, es una “simple conjunción de imputados”), el propósito colectivo (se justifica con el “relato” del plan sistemático) y la permanencia en el tiempo (para acusar se considera cuando conviene la información presente en los legajos).

Más pedidos de nulidad

Pérez Videla requirió la nulidad del alegato mediante el cual el Estado provincial adhirió a la acusación del Ministerio Público Fiscal. El defensor consideró que hubo desconocimiento de hechos y penas y que esta decisión le resta seriedad al juicio. “Parece importar el reproche”, declaró. También opinó que respondió a razones políticas.

Luego, solicitó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua para adultos mayores amparándose, ahora sí, en los tratados internacionales que los identifican como sujetos vulnerables.

Por último, determinó la ilegalidad de la incorporación de declaraciones testimoniales de personas fallecidas o incapacitadas por lectura como dispone la Acordada 1/12 porque “son imposibles de rebatir” y la nulidad del reconocimiento fotográfico, presente en otras causas, como prueba en este juicio.

Las causas de la Policía Federal

El abogado abordó las causas que involucran a la Policía Federal por las ejecuciones sumarias de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar y que tienen como imputados a José Luis Mirotta y Marcelo León. Pidió para ambos la absolución lisa y llana o por beneficio de la duda.

Su estrategia defensiva tuvo tres líneas recurrentes: acusar a la Fiscalía por lo no investigado (sin mencionar la imposibilidad que hubo por años debido a las leyes de impunidad), intentar establecer contradicciones en las testimoniales (a lo largo de cuarenta años algunos testigos han declarado en más de una ocasión y con grandes distancias temporales) y remarcar la falta de prueba. Poniendo énfasis en los detalles, los hechos centrales de la imputación quedaron en varias ocasiones desdibujados.

Como ejes centrales, cuestionó la investigación realizada por el periodista Rodrigo Sepúlveda que es prueba en esta causa y desestimó la veracidad del testimonio del exmiembro de la Policía Federal, Carmelo Cirella. Sostuvo que el documental en cuestión no era “objetivo” ni “correcto en términos de labor periodística” porque convirtió a Cirella en “personaje”. Además, consideró que estaba “limitado” por haber sido realizado en el marco de una materia universitaria. La Fiscalía, con estas dos fuentes, habría basado la imputación en una “construcción versionada” de los hechos.

Carmelo Cirella declaró por primera vez ante la CONADEP en 1984. Para el defensor, los datos que brindó respecto de Sánchez Andía –hecho que no presenció- fueron los mismos que había difundido la prensa, salvo por elementos ficcionales como el corte de manos. La existencia de “el balcón”, donde se habrían arrojado varios cuerpos, tampoco pudo ser constatado. Como el testigo modificó varias veces la nómina de los supuestos responsables del hecho, la defensa consideró que acusó a sus excolegas con “animo de vendetta” y con esperanza de algún beneficio. También restó valor a lo relatado por Juan Sánchez Andía, hermano de la víctima, por “confusiones y olvidos” en las sucesivas declaraciones respecto de elementos menores como la distribución de las habitaciones y camas del hospital donde estuvo internado Amadeo. El mismo recurso de deslegitimación de la prueba testimonial aplicó al abogado Carlos Bula por no recordar el derrotero del Habeas Corpus presentado a favor de su defendido.

Sobre el imputado, José Luis Mirotta, solo indicó que no estuvo presente en Mendoza al momento del hecho, tal como sostuvo él mismo en su ampliación declaratoria.

Para desdibujar el caso del asesinato de Romano Rivamar, la defensa fue la misma. El abogado consideró que las declaraciones del hermano fueron poco consistentes respecto de la fuerza que intervino en la detención y que, progresivamente y a partir de rumores, se buscó culpar a la Policía Federal. El testimonio del primo de la víctima, el juez Fernando Romano, también carecería de valor por su avanzada edad (“casi senil”) y falta de memoria.

Pérez Videla también relativizó el testimonio de Clemente Montaña, legislador que encabezó la comisión que visitó el lugar donde fue arrojado el cuerpo de Romano Rivamar. Luego de ser conducidos por el propio Cirella, Montaña había manifestado el alto grado de precisión en lo narrado por el expolicía. La defensa expresó su desconfianza respecto de las vainas encontradas, cuestionó la falta de presencia judicial, la inexistencia de fotos y la falta de preservación del lugar.

Por último, el defensor analizó los resultados de la pericia psicológica ordenada por el Ministerio Público Fiscal para Carmelo Cirella. Aunque todos reconocieron que no sufría ninguna patología psiquiátrica y que demostraba apego a la realidad, el defensor destacó que, una vez interrogados por él, tampoco habían negado la posibilidad de que falseara la verdad.

La defensa concluyó que no existen certezas sobre los hechos (no pueden reconstruirse por completo) ni en las declaraciones de Cirella (son todos relatos distintos) para sostener la acusación de prisión perpetua de la Fiscalía. Y agregó que los múltiples elementos ficcionales e incomprobables que manifiesta no lo hace creíble según las teorías principales sobre la evaluación del testimonio.

La próxima audiencia será el viernes 15 de junio a las 9.30 hs.

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Audiencia 58 / EJECUCIONES SUMARIAS

26-04-18 / En la fecha se inició la etapa de alegatos. El fiscal Dante Vega hizo una breve semblanza de la época. Se abocó a analizar el rol y la responsabilidad de la Policía Federal en las ejecuciones de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar. Finalmente, abordó los casos de Susana Bermejillo y Mario Susso y estableció las responsabilidades de los acusados.

En la mañana de hoy, el fiscal Dante Vega, siguiendo el criterio del Archivo Nacional de la Memoria, denominó “ejecuciones sumarias” a los asesinatos cometidos durante el terrorismo de Estado. Así, recordó que en Mendoza, a partir de 1974 y durante el 1975, trascendieron numerosas ejecuciones sumarias a mano de grupos paraestatales. El vicecomodoro Julio César Santuccione, jefe de la Policía de Mendoza, propició el “terrorismo de calle” y el “terrorismo ideológico” con el fin de acabar con quienes consideraba la escoria de la sociedad. El primero estuvo a cargo del Comando Pío XII, cuyo propósito disciplinador estaba dirigido, particularmente, a proxenetas, mujeres y homosexuales en situación de prostitución. Los cuerpos castigados, aclaró, eran arrojados en la zona de Canota.

Por otro lado, el terrorismo ideológico fue desplegado por el Comando Anticomunista Mendoza (CAM), encargado de violentar a personas o entidades mediante atentados con bombas y ejecuciones. En este marco, en 1975, se registraron 23 NN que arribaron a la morgue local.

Estas prácticas, subrayó el fiscal, implicaron el descenso hacia la ilegalidad de la policía y significó la denigración de la misión que le fue asignada.

El rol de la Policía Federal

Las causas que tienen como víctimas a Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar deja al descubierto la participación de la delegación Mendoza de la Policía Federal en sendos crímenes y su inclusión dentro del esquema represivo.

Carmelo Cirella, exagente de esa fuerza, en los ’80 reveló las responsabilidades de su jefe Oscar Fenocchio y el oficial Rodolfo Cardello, ambos fallecidos, así como Ricardo Aleks, José Luis Mirotta y Marcelo León, en los hechos antes mencionados. El exagente reiteró la versión ante el Tribunal Militar, la CONADEP, la Legislatura y en la Justicia Federal.

Encarcelado en 2007, junto a quienes señaló por los homicidios de Sánchez Andía y Romano Rivamar, el exagente y su familia fueron amenazados. En esas condiciones pidió una ampliación de declaración y se desdijo de las acusaciones que venía sosteniendo desde hacía dos décadas. El resultado fue que la justicia dictó la falta de mérito y dejó en libertad a Aleks, Mirotta y León. Cuando se reabrió la causa, en 2012, Aleks se había profugado.

Resulta inequívoco que la Policía Federal tuvo un rol importante en la represión política. La temida Coordinación Federal fue eje de la represión política, desde la dictadura de Onganía en adelante. Ya en 1971 se gestó una Comisión Coordinadora de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que funcionaba en el Cuartel Central de la Policía Federal. En la Causa 13 -Juicio a los Comandantes de la FFAA- fueron denunciados los Centros Clandestinos de Detención “Superintendencia de Seguridad”, “Olimpo” y “Atlético”, comandados por la Policía Federal. Asimismo, miembros de esa fuerza recibieron fallos condenatorios en varios juicios por delitos de lesa humanidad sustanciados en el país.

En Mendoza, bajo la sigla RAF, la delegación local tenía un departamento de inteligencia.En los ’80, Tamer Yapur, Julio César Santuccione y Pedro Sánchez Camargo, dieron cuenta de la participación de la Policía Federal en la Comunidad Informativa y en el Comando de Operaciones Tácticas. Cabe destacar que estos eran espacios de diseño y ejecución de la llamada represión a la subversión. Al respecto, el exjefe Oscar Fenocchio, declaró que la Policía Federal tenía dos enlaces asignados para aquel fin, uno era el oficial Bocca, identificado por Cirella en una de sus declaraciones.

Cabe destacar que en la Fiscalía obran expedientes sobre distintos procedimientos atribuidos a la Policía Federal que incluían detenciones, torturas y ejecuciones. Algunas de ellos fueron: el secuestro de Ángela Pastora Vélez en la puerta de la penitenciaría en 1974; las detenciones de Guillermo Ravé, Teresita Llorens, Juan Surballe, Pablo Marín, Atilio Arra y Jorge Ochoa en 1975, así como las ejecuciones de Amadeo Sánchez Andía; Manuel Oviedo, Washington Granizo y las de Lindor Peñaloza y Guillermo Ferancalasia en 1976. En 1979 la detención de Ana Florencia Aramburo. Todas muestras irrefutables del accionar ilegal de la Policía Federal.

El testimonio de Carmelo Cirella

Según el Ministerio Público, la justicia no protegió a Carmelo Cirella Paredes luego de sus declaraciones. Por ejemplo, ubicó en la misma celda a sus excompañeros de trabajo. De esta forma se entiende que en las últimas declaraciones haya negado todo “por presión”, pese a que paulatinamente, aceptó haber intervenido. El expolicía era formoseño e ingresó a la Policía Federal en 1971. Por delitos comunes fue condenado a 20 años de prisión en 1985.

A lo largo de todo el alegato Dante Vega defendió la verosimilitud y la continuidad en los elementos fundamentales de su relato. La salud mental y el apego a la realidad en el testigo fueron constatados por una pericia psicológica.

Cirella aseguró haber escuchado a Cardello adjudicándose la autoría en el operativo que secuestró y ejecutó a Sánchez Andía. Los detalles brindados coinciden con las notas periodísticas que cubrieron el hecho.

En el caso de Romano Rivamar, su testimonio es más directo y no presenta contradicciones a lo largo de los años (exceptuando su intento inicial de desligarse). Sostuvo que el operativo fue ordenado por Fenocchio y que participaron León, Mirotta y Cardello, además de él mismo. La detención se realizó en tres autos, de madrugada. Trasladaron a Rivamar hasta Papagayos y lo ejecutaron con una escopeta. Dejaron el cuerpo hasta el día siguiente, cuando Cirella debió retirarlo y enterrarlo en alguna zona alejada, es decir, el Parque Ortega de Maipú, donde fue encontrado.

Ya en democracia y luego de su testimonio ante la CONADEP, Cirella indicó a la comisión de diputados que investigaba delitos de lesa humanidad, el lugar exacto donde Rivamar fue ejecutado en Papagayos. El informe de la Comisión asegura que se encontraron vainas de proyectiles.

Para desacreditar dichos testimonios, los imputados que fueron identificados por Cirella como partícipes de los delitos, sostienen que el móvil de la declaración fue la venganza. Sin embargo, ninguno de ellos fue responsable del sumario realizado por la propia fuerza que concluyó con la condena de Cirella. Marcelo León no se encontraba en la Provincia en ese momento.

Por todas estas razones, la fiscalía concluyó que Carmelo Cirella es un testigo “importante y creíble”, que actuó “por miedo y no por mentira” en los casos de aparentes contradicciones o modificaciones que presentan sus declaraciones consecutivas.

sobre las víctimas

Amadeo Sánchez Andía era peruano y estudiaba en la Escuela de Comunicación Colectiva, donde se desempeñaba como presidente del centro de estudiantes. Militaba en el PRT-ERP y se había casado con Mirta Haydée Ramírez, quien estaba embarazada.

Al parecer, el accidente del colectivo en el cual viajaba a Córdoba junto a dos miembros más de la organización -Gladys Sabatino y Aníbal Testa- puso en alerta a las fuerzas represivas. Presumiblemente, las autoridades policiales habían encontrado documentos orgánicos entre las pertenencias de Andía y Sabatino.

Luego del accidente, Sánchez Andía fue trasladado al Hospital Perrupato de San Martín y Sabatino al Hospital Central. Ella murió sospechosamente mientras su madre se encontraba comprando unos remedios, pese a que estaba por recibir el alta.

El joven permaneció internado en el Perrupato con custodia. La vigilancia fue confirmada por su hermano, por el personal del hospital y por la propia prensa, que incluso entrevistó a la víctima.

Juan Sánchez Andía, su hermano, viajó a Mendoza cuando se enteró del accidente y pudo acompañar al herido. Por su formación de médico, reconoció que el alta de Amadeo era inminente. Juan contactó a los abogados Ángel Bustelo y Carlos Bula. Por su parte, Amadeo les confió su temor por un posible secuestro. Por esta razón, los abogados presentaron un Habeas Corpus ante la Justicia Federal. El rechazo llegó un día después del asesinato de Andía.

El secuestro se produjo el 5 de junio de 1975 a las dos de la madrugada. Seis testigos, trabajadores del hospital, refirieron los detalles del operativo e identificaron a la Policía Federal como la responsable. Según ellos, ingresaron entre cinco y ocho personas con el rostro cubierto, redujeron al cabo de guardia, cortaron las líneas de teléfono y retiraron a Andía en una ambulancia que luego abandonaron en el camino.

En el libro de novedades de la Comisaría N° 12 de la policía figura la denuncia efectuada por personal del hospital. Se mencionan las palabras “secuestro” y “fuga” en la ambulancia. Horas antes del operativo se había retirado la custodia.

Las fuerzas involucradas quisieron hacer pasar la ejecución sumaria por un conflicto entre bandas terroristas, razón por la cual el cadáver de Andía presentaba la inscripción “por traidor Monto”, pese a que era del PRT-ERP. El propio jefe de terapia del hospital, Caramasa, aseguró que se trató de “un operativo comando”. El hermano de Amadeo estaba en la habitación cuando se llevaron a su hermano en la oscuridad, sin mediar palabra.

Para la fiscalía, la consigna se levantó para darle lugar a otra fuerza, en este caso, a la Policía Federal. Esta versión es confirmada por Alicia Perrupato, empleada del nosocomio, quien relató que al día siguiente del secuestro se hablaba de “la Federal”. Además, el director de la institución le solicitó tiempo después la historia clínica de Andía frente a miembros de dicha repartición. Por otro lado, después del operativo se encontró una llave correspondiente a la Policía Federal.

Por último, el informe forense determinó que la herida fue producto de un disparo de escopeta a corta distancia. Cirella repitió en tres ocasiones este dato al que solo se accedía por el mencionado documento y que, junto a otros detalles del operativo, coincide con lo que habría oído decir a Cardello.

Después del cuarto intermedio, el fiscal Vega continuó con la exposición del caso de Víctor Romano Rivamar, quien tenía 30 años y era empleado en la justicia provincial. El 22 de abril de 1976 en horas de la madrugada entraron a su casa en calle Ramírez alrededor de 12 hombres encapuchados. Arnaldo Aníbal Romano, su hermano, relató que llegaron en tres automóviles y se lo llevaron.

Esa noche la policía no llegó sino hasta una hora y media más tarde, síntoma de que habían liberado la zona. El cuerpo apareció semienterrado en Maipú, en las inmediaciones del Parque Ortega.

Si bien la víctima parece no haber tenido ninguna filiación política, la ejecución se puede haber debido a una venganza por motivos personales, aprovechándose del contexto represivo y violento de la época. Las tareas de inteligencia tanto previas como posteriores quedan en evidencia. La mañana anterior al secuestro, un supuesto inspector había pedido entrar a la casa para ver una filtración de agua denunciada por un vecino. Luego del asesinato, un hombre del Departamento de Inteligencia de la policía vestido de civil se presentó ante la familia de la víctima y les hizo preguntas sobre Víctor. El fiscal remarcó que la descripción que hace Arnaldo del secuestro, de la gente que participaba, de la modalidad y hasta de los lugares, coincide exactamente con la de Carmelo Cirella Paredes.

Después del crimen intentaron desviar el curso investigativo con llamadas que llegaron a la sede policial de un supuesto perito estadounidense primero y un periodista de la misma nacionalidad después, para preguntar por Víctor Romano Rivamar. La primera persona, ha contado Arnaldo, se jactaba de investigar sobre “los insurrectos”.

En sus declaraciones, Cirella refiere la sigla RAF. El parecido con la Royal Air Force británica no es casual, sostuvo el fiscal. En las palabras de otro arrepentido en el juicio por la masacre de Fátima, Armando Luchina, esas letras se referían a las personas alojadas en los tubos, no legales aunque pertenecientes a la Fuerza, “como si estuvieran alojadas en el aire”.

Tanto Mirotta como León tienen responsabilidad en estos hechos a pesar de haber querido demostrar su inocencia. Mirotta obvió mencionar cierta información sobre su supuesta estadía en Buenos Aires. León aseguró que Cirella lo acusó por venganza a pesar de no haber tenido él ninguna intervención en el sumario en su contra.

atribución de responsabilidades

En el caso de Amadeo Sánchez Andía, las imputaciones son por formar parte y cumplir labores en la Policía Federal: León en el aparato de inteligencia y Mirotta como subcomisario. Por Víctor Romano Rivamar, la responsabilidad les cabe en calidad de coautores de acuerdo a las versiones de Cirella Paredes.

Así, la acusación se sostiene en los siguientes hechos:

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, por dos hechos.
  • homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en los dos casos relatados.
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, en el caso de Sánchez Andía.
  • asociación ilícita para Mirotta en calidad de jefe y para León en calidad de organizador.
Los asesinatos del 20 de marzo de 1976

En esa época, “la universidad, para los militares, era la usina del pensamiento subversivo”, resaltó el fiscal Dante Vega. El terrorismo estatal estaba en búsqueda de los dirigentes estudiantiles. En la UTN, el centro de estudiantes estaba en manos de la izquierda. Sin embargo también había miembros de organizaciones de ultraderecha que los marcaban en asambleas o los amenazaban.

Mario Susso y Juan Carlos Carrizo, ambos dirigentes de izquierda en esa universidad, eran un blanco en el operativo represivo. Estaban siendo investigados y habían sido detenidos con anterioridad. En diciembre del ’75,Susso pasó un fin de semana alojado en el D2, mientras su hermano buscaba un abogado que lo ayudara en su liberación. A Carrizo le allanaron la casa que compartía con una familia en busca de armas, panfletos o folletería y no encontraron nada.

Mario Susso tenía 27 años y era presidente del centro de estudiantes en la UTN. Militaba en el PCR y estaba en pareja con Norma Martínez. Una semana antes del secuestro, un grupo de personas concurrieron al departamento donde se mudarían juntos y le preguntaron a los vecinos por él, para corroborar dónde era su vivienda. Susana Bermejillo tenía 27 años y hacía una semana había terminado la licenciatura en Letras en la UNCuyo. Era militante en la Comisión Universitaria del Partido Comunista y estaba casada con Juan Carlos Carrizo. Antes de la detención ilegal, la policía había allanado la casa donde habían vivido hasta hacía pocos días en el Barrio Unimev.

La noche del 20 de marzo del ‘76 a las 3 de la mañana ingresaron violentamente tres personas de civil a la casa de la familia de Susso, en la Quinta Sección. Al salir, llevándose al joven, hicieron algunos disparos intimidatorios y él intentó escaparse corriendo. Una bala le dio en la pierna y se lo llevaron en un Peugeot 404 color ladrillo. “¿Vos me vas a hacer esto?” escuchó la madre que le decía Mario al secuestrador. Ante esta frase, el Ministerio Público Fiscal expresó la impotencia de no poder llegar a una pista certera.

Esa misma noche Carrizo y Bermejillo estaban festejando su primer aniversario de casados con otras parejas amigas. Finalizado el convite, a las 3.55 de la madrugada ingresó ferozmente un grupo de hombres. Juan Carlos alcanzó a escaparse por los techos, no sin antes escuchar “a esta la llevamos”. Sacaron de la vivienda a Susana Bermejillo a la fuerza y partieron en tres autos. De ambos hechos hay notas periodísticas.

Susso y Bermejillo fueron víctimas de ejecuciones sumarias esa misma noche. Sus cuerpos aparecieron horas después, en la calle Pescadores de Las Heras, en un descampado. Un colectivero advirtió esta situación y en la necropsia figuraban los disparos a corta distancia y demás detalles. Roberto Marmolejo, que para la fecha estaba detenido en el D2, dijo que el 19 de marzo lo interrogaron bajo tortura preguntándole dónde vivían y qué militancia tenían Susso y Carrizo.

acusación

Por estos asesinatos está imputado Armando Osvaldo Fernández Miranda, del D2. Anteriormente, la responsabilidad también recaía sobre otros hombres que ya están fallecidos: Menéndez, Oyarzábal y Smaha. Este último, junto con Fernández, eran los encargados de la inteligencia de ese CCD, como también de los enlaces con la autoridad militar y de las ejecuciones sumarias.

Fernández es acusado por la autoría mediata de:

  • privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, por dos hechos.
  • homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en dos casos.
  • tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por dos hechos.

La próxima audiencia será el viernes 27 de abril en horario habitual.

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Audiencia 53 / LA CULPA ES DE OTRO

22-03-18 / Desde la sede del TOF N°2 de San Martín, Prov. de Buenos Aires, Juan Carlos Santamaría, José Luis Mirotta y Marcelo León hicieron una ampliación de sus respectivas declaraciones. En todos los casos intentaron desvincularse de los delitos que se les endilgan y afirmaron no haber participado de la represión política. “Soy inocente”, fue la expresión más escuchada en esta jornada.

El presidente del Tribunal, Daniel Cisneros, optó por hacer comparecer en su jurisdicción – Tribunales Federales de San Martín- a los detenidos en Buenos Aires que quisieron declarar. Asistido por la secretaria del Tribunal, Natalia Suarez, y por videoconferencia, se pudo escuchar a los imputados. Mientras, las partes y el público, seguían las alternativas de la audiencia desde la Sala.

Al inicio, el defensor de Santamaría, Carlos Benavidez, pidió incorporar nueva prueba.Se trata de un libro de la Fuerza Aérea en el que están registrados los conscriptos que ingresaron en 1977, a fin de interrogar a otros soldados de esa clase.

El peso de las evidencias

Juan Carlos Santamaría hizo denodados esfuerzos por mantenerse alejado de los sucesos del año ‘77 y de la represión clandestina. Describió la dinámica interna de la IV Brigada como si nada pasara en el país ni la unidad estuviese afectada a la “lucha antisubversiva” dispuesta desde sus altos mandos. Se atuvo a lo oficialmente transmitido o dibujado.

Aviador militar de origen entrerriano, habló de sus habilidades para pilotear aviones caza y su exigua experiencia con los viejos Douglas, utilizados para transporte de carga, en los que presuntamente se habrían realizado los traslados de los detenidos ilegales. Durante el periodo en cuestión se desempeñó como copiloto por su impericia, aseguró.

Empezó señalando que nada tuvo que ver con el secuestro y desaparición de Mauricio López porque él no se encontraba en la Provincia los primeros días del ‘77. Fue trasladado de Comodoro Rivadavia a Mendoza el 15 de diciembre de 1976 y se presentó en su destino el 18 de enero. También indicó que a fines del ’75 había hecho un curso de Inteligencia a desgano porque éste le restaba horas de vuelo.

El imputado señaló que revistó en el Escuadrón Tropa, fue jefe de la Policía Militar y de la División Inteligencia de la IV Brigada. Según su versión, esta División se dedicaba a la seguridad interna mediante la asignación de santo y seña, la acreditación de los soldados y otras tareas administrativas. Trató de desmentir cada uno de los cargos que pesan sobre él con argumentos bastante pobres. Con respecto al profesor López, remarcó que “ya tenía antecedentes…”. La misma expresión utilizó para el testigo Ferraris y agregó que ambos tenían legajo en San Luis.

Asimismo, repasó dichos de los testigos que lo incriminan ofrecidos por la Fiscalía. Se dedicó a desacreditar las declaraciones de José Flores por inexactitudes en las fechas o por confundir su apellido, mencionándolo como “Santamarina”. Protestó contra Emilio Luque porque estuvo sólo un día en el campo Las Lajas y testimonió dos veces. Cargó particularmente contra Mario Benditti a través de la lectura de un informe médico que describe trastornos psicológicos.
Su extensa declaración estuvo colmada de inferencias, de cuestiones implícitas no mencionadas, por todos sabidas, pero que el imputado se habría propuesto no mencionar.

Después del cuarto intermedio

Santamaría aceptó preguntas de la Fiscalía, oportunidad en que Daniel Rodriguez Infante, con perspicacia, develó algo de lo no dicho y las contradicciones. Así, el imputado señaló que la Policía Militar no participaba de operativos fuera de la unidad; sin embargo, el Fiscal leyó las disposiciones de un Reglamento Reservado de la Fuerza Aérea que, entre otras disposiciones, determinaba la participación de esa dependencia en las detenciones.

Al interrogarlo por su condición de jefe de la División Inteligencia, se excusó diciendo que él se dedicaba a la formación de los soldados; las tareas las realizaba el Suboficial Silva quien “nunca fue imputado”, destacó. Su presencia en esa División era de carácter burocrático y sólo pasaba para firmar. Presionado por las preguntas indicó que la Regional de Inteligencia de la Fuerza Aérea era la que se ocupaba de la “seguridad externa” y participaba de la Comunidad Informativa pero se inhibió de mencionar la lucha contra la subversión.

Santamaría admitió que el oficial Padorno y su subordinado, Armando Carelli, estaban en comisión en esa dependencia. Para atenuar la responsabilidad de sus camaradas de arma señaló que el Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército era la columna vertebral de la represión en Mendoza y, sin embargo, sus integrantes no llegaron a juicio porque se profugaron.

Finalmente, el Fiscal puso de relieve la existencia de una planilla de registro de la Fuerza Aérea en la que está indicado que Santamaría cumplió 36 horas de vuelo desde febrero a octubre del ‘77. En ella están consignados los meses que no voló. Quedó flotando la incógnita sobre los períodos en que sí voló, dónde fue y qué aviones piloteó. El dato es altamente significativo ya que el testigo Flores señaló que siendo conscripto, en agosto o septiembre de 1977, presenció el desembarco de personas vendadas y atadas que bajaron de un avión junto a Santamaría y Carelli. Para su descargo apenas respondió que él redactó un informe en el que señPadornoaló que cubrió sólo 11 horas de vuelo.

Santamaría aseguró que no conoció Las Lajas a pesar de que este era el campo de tiro de la IV Brigada Aérea. Concluyó su exposición como la inició, declarando ser inocente.

la federal

Dos miembros de la Policía Federal son acusados por los asesinatos de Amadeo Sánchez Andía, en junio de 1975, y de Víctor Romano Rivamar, en marzo de 1976. El primero era estudiante de la Escuela de Comunicación y fue hallado fusilado en Canota. El segundo era empleado judicial y apareció muerto más de 40 días después en Maipú.

José Luis Mirotta empezó su declaración indagatoria aclarando que él no fue responsable de los hechos por los que se lo acusa. Para la época de los casos juzgados él era “un oficial subalterno” de esta fuerza. Explicó que los jefes eran Fenochio, Barrozo, Zúcaro. Él, junto con otros, no tenían cargos jerárquicos. El imputado, que refirió al Golpe de Estado como “derrocamiento de la presidenta”, sostuvo que su procesamiento de 2012 se basó en un error del fiscal.

Aclaró incluso que hace poco se dio cuenta de que en el año 1976 él estuvo en Buenos Aires desde el 1 de febrero hasta julio. Había viajado para hacer un curso que se interrumpió en abril, momento en el que empezó a prestar servicios en la División Delegaciones de la Superintendencia del Interior. Nunca pudo realizar tal capacitación porque en julio le avisaron que no se retomaría sino que se suspendería el curso. Así intentó liberarse de los cargos por el asesinato de Romano Rivamar. Sin embargo, esta coartada no lo libera de cargos respecto de la muerte de Sánchez Andía, a mediados de 1975. Respecto de esto aclaró que “a este subversivo peruano” no lo vio nunca. No fue parte de la patota (sic) que le dio la muerte. No dio más argumentos ni pruebas sobre este punto.

Marcelo León declaró que ingresó a la Policía Federal en 1970. El curso de formación duraba dos años. Sin embargo, se suspendió antes y en 1971 egresó como subayudante, cargo que cumplió durante 1973 y 1974 en distintas reparticiones.

En 1975, a los 24 años, fue trasladado a Mendoza como Subinspector Oficial de Servicio, cargo que desempeñó hasta julio de 1976: “yo era el último de los oficiales”. Tenía entre sus tareas el cuidado de la delegación cuando los jefes no estaban, el mantenimiento de la seguridad y el control de los ingresos y egresos del personal. “Yo era un che pibe en la delegación”.

En teoría le tocaba trabajar “24 por 48” horas, pero aseguró que esto nunca se cumplía: pasadas las veinticuatro horas lo mandaban a colaborar en las distintas oficinas de la delegación: Administración, Documentación, Inteligencia. Respecto de esta última, explicó que su trabajo consistió en hacer partes y “explotación de prensa”. Es decir, leer los diarios y seleccionar información para enviar al comisario y/o a Buenos Aires, para que estuvieran enterados de todo lo que pasaba en Mendoza. Sin embargo, resaltó que su rol fue únicamente la transcripción, como un simple escriba. Ante la pregunta de la Fiscalía sobre el contenido de los partes, León indicó que se comunicaban problemas del ámbito político, gremial o estudiantil a las “mesas” encargadas –que luego conformarían Divisiones-, pero que de ninguna manera se trató de información antisubversiva. Según el imputado, “hacer inteligencia es explotar la información” que se encuentra en la prensa.

Además, sostuvo que nunca salió a la calle para realizar ningún operativo porque los comparendos y detenciones le correspondían a la Oficina de Inteligencia, cuyas autoridades eran Alex, Boca y Palo. Entre los subalternos mencionó a Duarte y Amaya. Agregó que en la delegación también prestaba funciones personal de Buenos Aires que era destinado a esta repartición como auxiliar de Inteligencia, pero dijo desconocer los nombres.

Explicó que en julio de 1976 viajó a Buenos Aires a realizar el curso de instrucción de la Federal que le permitió ascender a Inspector en 1977. En ese momento regresó a Mendoza como responsable de la Brigada.

Sobre Carmelo Cirella y su denuncia, León explicó que durante 1975 trabajaba como radio operador. Lo consideró un “mentiroso” que actuó con resentimiento porque “no lo sacaron de la cárcel”. Supo que la Policía Federal le inició un sumario administrativo, pero no llegó a verlo porque a él le tocó trasladarse a Buenos Aires a mediados de 1976 para el mencionado curso.
La próxima audiencia será el jueves 5 de abril a las 9.30.

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