Audiencia 25 / SOBRE AMADEO SÁNCHEZ Y GLADYS SABATINO

03-08-17 / Siguió la ronda de testimonios para dilucidar responsabilidades en el asesinato de Amadeo Sánchez Andía. Se escuchó a dos profesores de la Escuela de Comunicación, donde cursaba el joven, y a su cuñado. Además, se abordó la sospechosa muerte de Gladys Sabatino, a través de otros dos testimonios.

Los profesores

Ramón Wenceslao Martínez para mayo de 1975 se desempeñaba como profesor de la Escuela Superior de Comunicación Colectiva y era reportero del diario Los Andes. Casualmente, debió cubrir el hallazgo del cuerpo de Amadeo, en Canota y se trasladó hasta el lugar. Dijo haber reconocido de inmediato al estudiante y ofreció algunos detalles. Se refirió a los ultrajes y, agregó, que sobre la piel “tenía escrito con carbón: por Monto”.

Después, se encargó de escribirla crónica sobre el hecho, pero subrayó que fue muy “corregida”. Dijo que los periodistas solían recurrir a distintas fuentes y advertía que los informes de la policía “eran armados”. La Fuerza tenía su propio departamento de prensa y distribuía su versión a los medios masivos.

En respuesta a lo indagado por el fiscal Dante Vega, Martínez dijo que Sánchez era un joven tranquilo, querible, comprometido con la lucha propia de los estudiantes y dijo desconocer si tenía militancia fuera de este ámbito. Preguntado acerca de quién atribuía el asesinato de Sánchez Andía, respondió que suponía que no provenía de una agrupación política, sino de “otra fuerza o poder”.

Daniel Prieto Castillo también aportó su testimonio. Él es un referente y prestigioso teórico de la Comunicación Popular, fue profesor universitario y publicó numerosos trabajos sobre la especialidad.

Por aquellos años se desempeñó como director de la Escuela Superior de Comunicación; asumió durante el gobierno de Martínez Baca y renunció a la dirección después de que este fuera destituido. Recordó que el nuevo titular de la cartera de Educación de la Provincia, Olguín, le advirtió que no le podía garantizar su seguridad. Al respecto destacó que se vivía un clima enrarecido y decidió retirarse de la dirección en abril de 1975.

A Amadeo Sánchez Andía lo recordó como un estudiante sensato, muy querible, que fue secretario del Centro de Estudiantes y lo identificó con una corriente de izquierda, sin precisar.
Sobre los hechos que se investigan dijo que recibió la noticia de su asesinato cuando regresaba de San Juan y supo que una religiosa, cuyo nombre no recuerda, pudo verlo cuando estaba internado en el hospital de San Martín.

El asesinato de Amadeo “nos marcó muchísimo”, fue para intimidar, agregó. También rememoró que, a esa Escuela, de corta vida, asistieron siete estudiantes que luego fueron desaparecidas/os e, incluso, él le brindó refugio a un estudiante perseguido, que se lo solicitó.

Ramírez indignado

El siguiente en declarar fue Joaquín Ramírez, hermano de Mirta Ramírez, esposa de Amadeo Sánchez Andía. El testigo recordó el día en que lo conoció en la casa familiar de General Alvear, donde le pareció a primera vista una persona amable y «querible”, “en ningún momento hablamos de tendencias políticas”, dijo.

La pareja estudiaba periodismo, y “la situación económica no era la mejor”, recordó también con pesar. Por eso varias veces viajó desde Tunuyán (donde trabajaba y vivía) para verlos y la visita era solo una excusa para facilitarles algún tipo de alimento.

Admitió sentir vergüenza de no recordar si el día del casamiento fue testigo o padrino de la boda; lo que pasó después, lo dejó profundamente conmocionado.

Luego del accidente de Sánchez Andía, camino a Córdoba, fue a verlo al hospital donde estaba internado, en San Martín. Notó que estaba custodiado por un guardia policial y que era, además, el único en la pieza. Joaquín prometió llevarle un pijama y Amadeo le preguntó si sabía algo sobre una chica que también iba con él en el colectivo (Gladys Sabatino); lo notó preocupado.

Al llevarle el pijama ya no pudo verlo. Lo dejó en mesa de entradas, aunque sabe que sí se lo entregaron porque lo vio en una foto en un diario: estaba tirado, separado del cuerpo asesinado.

Después de este hecho, recorrió más de diez comisarías intentando dar con el cuerpo. Finalmente, lo encontró en la morgue del Hospital Militar, donde pudo reconocerlo: entre 15 y 20 balas lo habían impactado. Entonces,insultando, sacó “lo peor de su verborragia”, según dijo. Afuera del Hospital Militar, de hecho, vio un Falcon, hacia el que se dirigió para increpar a los ocupantes que estaban dentro: “Y ni me miraron”, se sorprendió.

Pero todavía quedaba más: mandó a su hermana en un colectivo hasta General Alvear, para que estuviese a salvo (no la volvió a ver hasta algunos meses después, cuando dio a luz). Las autoridades dispusieron que fuera directamente enterrado, sin velarlo, en el cementerio de la capital. El cortejo fueron dos autos ocupados por su hermano y él y patrulleros custodiando. “Cada dos o tres tumbas había gente vigilándolo. Les dije que por qué no lo dejaban tranquilo”, recordó.

Mirta y Amadeo convivían en una piecita, frente al Hospital Central. “Creo que posteriormente fue objeto de un allanamiento”, deslizó ante una pregunta de la Fiscalía. También la casa familiar en General Alvear, donde detuvieron por breve tiempo a Mirta.

Las palabras finales de Joaquín fueron elocuentes: “Yo lo veía como un idealista, que estaba trabajando ‘por una vida mejor’, por decirlo de alguna manera”. Explicó que él y su familia eran «gente de campo», a quienes no les entraba en la cabeza otra forma de transformar el mundo que no sea a través del trabajo duro y constante. “No entendíamos a ese idealista”, reiteró.

Aportes sobre el caso de Gladys (Kity) Sabatino

Luis Eduardo Lenzano dijo que era sobrino político de una hermana de Gladys Beatriz Sabatino. Contó sobre sus charlas, hablaban de política, discutían muchas cosas, pero nunca hablaban de pertenencias partidarias. “Yo militaba en una agrupación universitaria de izquierda”, aclaró. En el diálogo, Gladys mostraba un profundo interés por el cambio social.

Según la versión periodística, contó el testigo, ella viajaba a Córdoba para conmemorar el Cordobazo. Cuando se enteró del accidente en micro, tomó contacto con su tía quien le informó que Kity estaba bien, que el personal médico la veía estable. Luego la mandaron a comprar un remedio, que le tomó 30 o 40 minutos -especuló Lenzano. A su regreso, dijeron que Gladys Sabatino se había descompensado y había fallecido. Lenzano admitió que ella estaba en pareja con un compañero de nombre Ricardo, además había un tercer ocupante del ómnibus siniestrado que viajaba junto a Amadeo y Gladys.

La muerte fue sospechosa porque ella falleció sorpresivamente y en similares circunstancias que Amadeo Sánchez.

Paula Baigorria fue la última persona de la audiencia en prestar su testimonio. Ella formó parte de un equipo que investigó las desapariciones de personas pertenecientes a la Universidad Nacional de Cuyo. Esta investigación derivó en el libro Apuntes de la memoria.

En este contexto, Baigorria tuvo contacto con la causa de Amadeo Sánchez Andía y supo que la compañera que iba en el ómnibus con él, también había muerto. Así conoció el caso de Gladys Beatriz Sabatino, quien había sido estudiante de medicina en la UNCUYO.

Luego de realizar llamadas telefónicas a distintas mujeres referentes de los organismos de derechos humanos no lograba dar con alguien del entorno de Sabatino.

Por casualidad, en el marco de la investigación, entrevistó a Luis Lenzano, así se enteró de que él era familiar y supo que también, Alicia Peña, tenía un lazo similar. A través de estas personas, Paula Baigorria logró corroborar que la versión de los parientes de Gladys era igual a la de sus compañeros y compañeras: sospecharon una muerte inducida, durante su internación. Nunca habían hecho una denuncia porque no sabían, siquiera, cómo proceder. Por eso, el equipo investigador decidió incluir el caso de Gladys Beatriz Sabatino al final del libro Apuntes de la memoria.

La próxima audiencia será el 10 de agosto a las 9.30.

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Audiencia 23 / LA CONFIRMACIÓN EN EL TIEMPO DE VERSIONES QUE ACREDITAN LOS CRÍMENES DE LA FEDERAL

29-06-17 / Con algunos aportes clave, continuó este jueves la ronda testimonial en torno a asesinatos cometidos en 1975 y 1976 por personal de la delegación local de la Policía Federal. Un ex diputado provincial brindó información relativa a las investigaciones impulsadas en 1984 por parte del cuerpo legislativo a partir de las confesiones realizadas por Carmelo Cirella Paredes, represor por entonces detenido que, entre otros hechos, refirió el lugar donde fue ejecutado Víctor Romano Rivamar. A su vez, el grupo médico que en 2007 peritó al ex policía, corroboró que por “fines gananciales”, entre el temor y las amenazas, Paredes podía “ocultar información relevante”, lo cual explicaría por qué modificó antes de morir versiones incriminatorias que sostuvo durante más de dos décadas. En el último tramo de la jornada el abogado Carlos Bula describió la entrevista que tuvieron junto a Ángel Bustelo con Amadeo Sánchez Andía, detenido e internado en el Hospital de San Martín, horas antes de ser secuestrado y asesinado por un comando; y la sobreviviente Alicia Peña relató las sospechas y extrañas circunstancias en que se produjo la muerte de Gladys Sabatino, compañera de Amadeo, cuando estaba a punto de ser dada de alta en el Hospital Central.

 

Reconstrucción del asesinato de Romano Rivamar a 8 años de los hechos

Clemente Montaña fue diputado provincial en la década del ‘80. En 1984 era presidente de la Comisión de Derechos y Garantías. Allí conocieron el caso de Carmelo Cirella Paredes, miembro de la Policía Federal que manifestó que tenía para declarar hechos acontecidos durante la dictadura. Estaba en prisión, así que fue acompañado por agentes penitenciarios. Ante la Comisión, Cirella contó el caso de “un ciudadano de apellido Romano” y se ofreció para hacer una reconstrucción. Este hombre, contó el policía según dice Montaña, fue sacado de su domicilio a la madrugada -“algo así como a las tres de la mañana”-, los captores entraron por distintos frentes a su casa y se lo llevaron en ropa interior.

Para la investigación llevaron a Cirella a hacer el recorrido de aquel operativo. Desde la sede de la Policía Federal partieron hacia el domicilio de Víctor Romano Rivamar en Guaymallén. El agente reconstruyó el hecho: contó por dónde habían entrado -él solamente conducía un vehículo- y se fueron hacia la zona de Papagayos, punto en el que ejecutaron a la víctima. Cirella marcó un determinado lugar y dijo “hasta acá llegamos con los coches”. Luego, en calzoncillos, Romano caminó un trecho y lo fusilaron por la espalda. Hubo varios disparos.

Cuando volvieron a la dependencia de la Federal, los hicieron volver al lugar del asesinato para llevar el cuerpo a un lugar seguro. Los policías fueron a Maipú -donde antiguamente estaba el Parque Ortega- y en un pozo para cal dejaron el cuerpo, lo taparon y se fueron. El perro de un hombre que pasaba por la zona se detuvo a ladrar por una mano que estaba al descubierto. Lo sacaron y la Comisaría Décima de Maipú se encargó del hecho. Entregaron el cuerpo a la familia y, a pesar de que la madre no lo reconoció, supieron que era Víctor por el calzoncillo que tenía puesto, traído de un viaje que hizo a Estados Unidos y cuya marca no se conseguía en el país.

A raíz de una pregunta del fiscal Dante Vega, el testigo recordó que cuando fueron con la Comisión de Derechos y Garantías hasta Papagayos con Cirella, encontraron cápsulas de armas de fuego. Con la Ley de Obediencia Debida avecinándose, desde la Comisión decidieron llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para darle curso a la investigación. Entregaron toda la información y también las cápsulas halladas. Clemente Montaña no supo cómo continuó la situación. El defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, preguntó si algún otro testimonio avalaba lo dicho por Carmelo Cirella Paredes. El testigo respondió negativamente, aunque previamente afirmó que siempre creyó el relato del policía que, además, coincidía con el de la madre de la víctima.

INSUSTANCIAL TESTIMONio

Poco y nada aportó a la justicia el abogado y político Sergio Hugo Bruni, quien hacia 1984 era subdirector de la Penitenciaría Provincial y autorizó la salida del entonces detenido Cirella Paredes para que sea indagado por la Comisión de Derechos y Garantías y recorriera los lugares donde se perpetraron los hechos por él denunciados. Pese a que veinte años después el propio Bruni señaló al periodista Rodrigo Sepúlveda en el documental “7746 Legajo CONADEP” algunos de los hechos relatados por el represor, frente al Tribunal se mostró reticente y desmemoriado y el fiscal Vega no pudo confrontar sus afirmaciones previas.

Última entrevista al represor confidente

En 2007 Cirella Paredes fue objeto de un peritaje psicológico cuando estaba en prisión domiciliaria, a cargo del psiquiatra Andrés Quiróz y de dos psicólogos, Silvana Nicosia y Omar Mejía. En general, los tres testigos corroboraron el diagnóstico que en su momento se manifestó en el examen: Cirella Paredes «tenía el juicio crítico conservado». Es decir, estaba lúcido mentalmente. Quiroz expresó que les pareció, en un lenguaje llano y no científico, “un lobo disfrazado de cordero”. Era un individuo antisocial, con poca capacidad para empatizar con el otro, y les habló desde un lugar de victimización y desde una posición “demasiada correcta”. Por otra parte, declaró que no se veía en él ni ansiedad ni angustia.

“Llegamos a la conclusión juntos, no tuvimos diferencias de opiniones”, dijo, y “no habían fallos cognitivos como para decir que había alteraciones en su memoria”, agregó. Además, no conocían la situación procesal de Cirella, y Nicosia señaló expresamente que no pudieron “profundizar en la situación delictual del señor”. La psicóloga especificó que la técnica empleada fue la de una entrevista clínica que duró aproximadamente una hora y media. Lo vio “tranquilo, lúcido”, y destacó que era un sujeto con un modo de actuar centrado en sí mismo. “No recuerdo específicamente la entrevista con el señor Cirella”, respondió a la defensa, cuando quiso indagar qué elementos les habían hecho pensar a los profesionales que Cirella era una persona que podía ocultar o tergiversar información conscientemente según su conveniencia. “A través de las entrevistas se puede hipotetizar si alguien miente, pero eso no se puede saber con certeza”, precisó.

“Tengo miedo de que me boleteen”

Por el caso de Amadeo Sánchez Andía declaró Carlos Bula, abogado que trabajaba en el estudio de Ángel Bustelo en los días del asesinato. Ellos realizaron y presentaron el habeas corpus por Amadeo, a solicitud de su hermano Arnaldo. “Lo que nos importaba era salvaguardar la vida del detenido, no preguntábamos por qué estaban detenidos ni a qué partido político pertenecían”, dijo Bula. Así, los primeros días de junio de 1975, los abogados viajaron hasta San Martín para ver al joven peruano que estaba internado en el Hospital local después de sufrir un grave accidente en un colectivo de larga distancia. “El hermano nos dijo que estaba detenido y que pertenecía a una agrupación guerrillera, le habían encontrado documentación que lo comprometía”, recordó.

Para poder hablar con Amadeo tuvieron que pedir autorización en una comisaría de San Martín. Cuando pudieron ver a Sánchez Andía, comprobaron que estaba consciente, en una habitación junto a dos o tres pacientes más y con un custodio en la puerta. Ahí les expresó su preocupación, porque había escuchado que alguien había dicho sobre él “a este  tipo hay que hacerle algo”. “Tengo temor de que me boleteen”, confesó. Luego se enteraron del secuestro y asesinato, tras lo cual “nunca más tuvimos contacto ni con el hermano ni con ninguna persona vinculada a Sánchez Andía”.

Respecto al habeas corpus, recordó que Bustelo lo presentó a la Justicia Federal y que fue rechazado. Bula también sostuvo que tras el crimen se hablaba de un llavero que había aparecido en el hospital, que decía “Escuela de Policía Lemos” -por el Instituto “Ramón Falcón”, como apuntan otros testigos. De este objeto no pudo asegurar si lo dejaron ahí con el propósito de despistar, de dejar un mensaje, o si se le extravió a alguno de los secuestradores.

Llamativa muerte en el Hospital Central

Alicia Graciela Peña es una de las víctimas contempladas en el cuarto juicio y en esta oportunidad volvió a testimoniar pero en relación a la causa de Sánchez Andía -a quien no conoció personalmente-, cuyas derivaciones implican también el probable homicidio de su compañera de militancia, Gladys Beatriz Sabatino -“Kitty”-, hermana menor de una tía política de la testigo, que además estaba en malas condiciones de salud.

Peña explicó que a finales de mayo de 1975 supo del accidente del colectivo en el que viajaban Amadeo y Gladys con destino a Córdoba a un acto en conmemoración del “Cordobazo”. Por su madre, en contacto con “Chichí” -hermana de Kitty- pudo conocer que ella había sido trasladada con heridas leves al Hospital Central y uno o dos días después falleció en el nosocomio pese a estar recuperada y con un alta médica inminente. Alguien pidió a Chichí que a tal fin consiguiera una medicación de forma urgente para su hermana, y al retornar a la sala -“muy contenta porque ya se iban para la casa”- la encontró a puertas cerradas. Allí le dijeron que había muerto producto de una descompensación. El clima de sospechas en el ámbito familiar y universitario -Gladys estaba en quinto año de Medicina- se acentuó con el hallazgo días después del cuerpo fuertemente violentado de Amadeo.

La semana próxima no habrá debate, por lo cual las audiencias retoman el 27 de julio, una vez concluida la feria judicial.

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Audiencia 22 / LA IMPORTANCIA DE LOS TESTIMONIOS Y LA RECONSTRUCCIÓN DOCUMENTAL

15-06-17 / Una impecable apertura de la etapa testimonial se vivió este jueves en el marco del sexto juicio por delitos de lesa humanidad. Seis testigos dieron cuenta de los hechos relativos a los secuestros y asesinatos, en 1975 y 1976, de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar, hechos en los que está seriamente comprometido el accionar de la Policía Federal local. Dos hermanos de las víctimas y la hija del militante peruano brindaron vivos semblantes de sus seres queridos y aspectos claves de los operativos en su contra y del hallazgo posterior de sus cuerpos. Además, el periodista Rodrigo Sepúlveda ofreció un testimonio sin fisuras acerca de la veracidad de las confesiones e involucramientos señalados por el represor Cirella Paredes, entrevistado en su documental “7746 Legajo Conadep”.

“Conocí íntimamente a mi hermano, su formación, su integridad humana, y estoy seguro de que ése no era el final para él”, dijo emocionado Juan Régulo Sánchez Andía en relación al secuestro y la ejecución sumaria, a mediados de 1975, de Amadeo Sánchez Andía, hechos por los cuales están imputados los ex policías federales Marcelo León y Luis Mirotta.

Juan es el mayor de cinco hermanos de una familia de origen peruano. Llegó desde Ica a la Argentina a principios de los años ‘70 para estudiar medicina, mientras trabajaba en diversos proyectos hidroeléctricos y empresas en la Patagonia. Tras él llegó Amadeo, el menor de todos, que se volcó a la actividad gremial y la militancia política en el PRT-ERP. Amadeo se radicó en Mendoza para estudiar periodismo en la Escuela de Comunicación Colectiva, de la que llegó a ser secretario del Centro de Estudiantes.

El 29 de mayo de 1975 Amadeo, de 25 años, sufrió graves lesiones al accidentarse a la altura de La Paz el colectivo de la empresa Colta donde viajaba con rumbo a Córdoba por una actividad militante. Derivado al entonces Hospital Regional de San Martín, fue secuestrado por un grupo comando la noche del 5 de junio, en presencia de Juan, por “cuatro o más personas encapuchadas y con armas largas”. Juan fue trasladado bajo maltratos a una comisaría, según supuso por el número de policías y, tras ser fichado, fue liberado en la madrugada. Desde allí volvió al Hospital, donde encontró, en la habitación antes ocupada por Amadeo, un llavero de la Policía Federal con la inscripción “Juan Ramón Falcón”. Juan inició gestiones con el abogado Carlos Bula y viajó a San Juan a reunirse con su familia. Después, Mirtha Haydée Ramírez -“Monona”-, la esposa de Amadeo, le comunicó que el cuerpo sin vida había sido hallado en Canota, brutalmente torturado y con inscripciones. Juan hizo el reconocimiento en el Hospital Emilio Civit.

Asalto y secuestro en el Hospital de San Martín

Otros dos testigos presenciales de lo sucedido durante el secuestro de Amadeo hicieron sus aportes y reafirmaron lo declarado en otras ocasiones, inclusive pocas horas después del hecho. Por entonces, Gilberto Domínguez Pérez y Hugo Simón Muñoz trabajaban en el Hospital Regional de San Martín y compartían sala en la guardia nocturna, como enfermero y telefonista respectivamente. De sus dichos puede comprobarse que, en la noche del 5 al 6 de junio de 1975, un grupo de alrededor de seis personas con los rostros cubiertos y armas largas ingresó violentamente al nosocomio, secuestró “a un herido Sánchez que no era de acá”, y salió en una de las ambulancias, que abandonaron a los cien metros para huir en otro vehículo que los esperaba. No había guardia policial aquella noche. Dos de los captores habían entrado en la sala donde estaban Domínguez y Muñoz, a quienes redujeron en el suelo y pidieron indicaciones acerca de dónde estaba la farmacia. También cortaron la línea telefónica incomunicando la guardia con las salas.

El lugar de la hija, voz de la historia

Gladys Beatriz Sánchez Andía nació seis meses después de que su padre fuera asesinado.
Su testimonio fue una demostración más de la relevancia del testimonio de las hijas y los hijos, no sólo para la reconstrucción histórica e identitaria, sino también para esclarecer el desarrollo de los hechos. Explicó que, en relación al secuestro de Amadeo, su principal fuente de información provino de las conversaciones familiares, de su tío Juan y su mamá.
Amadeo y Mirtha estaban recientemente casados. Ella estaba embarazada de Gladys, por lo cual optó por no viajar a Córdoba al encuentro en la Escuela de Guerrilla.
“Sabían que estaban marcados”, explicó Gladys sobre la derivación de su padre al Hospital de San Martín tras el accidente, y sobre el hecho de que los primeros días estuvo bajo custodia policial, y el allanamiento de la vivienda de calle Alem, donde vivía la pareja.
El secuestro se explica porque “habían descubierto los motivos del viaje a Córdoba”, hacia donde Amadeo viajaba con otros dos militantes del PRT, Aníbal Testa y Gladys Beatriz Sabatino, “que estaba en quinto año de Medicina, la trajeron al Hospital Central porque sus heridas no eran graves y muere cuando estaban a punto de darle el alta”. Sabatino estaba al cuidado de una prima que salió por unos minutos a la farmacia, y al regresar la encontró muerta.
En relación al secuestro de su padre, Gladys corroboró el incidente del llavero de la Policía Federal hallado por su tío y que Amadeo pasó por la delegación antes de su fusilamiento.
Luego sobrevino la consternación ante el hallazgo de sus restos en Canota.
Otra fuente de reconstrucción a la que Gladys consideró “justa en todo”, fueron los aportes de la investigación del periodista Rodrigo Sepúlveda en el documental “7746 Legajo CONADEP”, que da cuenta de delitos cometidos por la Policía Federal, entre ellos, la ejecución de su padre.
En calma y con mucho amor, Gladys reivindicó el compromiso de Amadeo y sus “circunstancias políticas”, porque “quería un lugar y un momento más justo”. De su mamá ponderó la lucha y lamentó que haya fallecido “esperando el juicio”, y de sus propios hijos celebró que sean “la prolongación de todo eso”.

La Federal en torno al secuestro y la ejecución de Romano Rivamar

Arnaldo Aníbal Romano es hermano de Víctor Romano Rivamar, detenido ilegalmente a los 29 años en abril de 1976, y encontrado muerto tres meses después. Víctor vivía con su madre viuda en calle Ramírez de Ciudad y Arnaldo a dos cuadras del domicilio familiar. Ambos eran empleados del Poder Judicial -Víctor en la Quinta Fiscalía del Crimen-, se llevaban 14 meses de diferencia y eran “muy unidos”. No tenían actividad política y el único contacto que tenían con la policía era a través del ámbito laboral, lo cual hizo que el allanamiento y secuestro fuera aún más desconcertante para la familia. Aquel 22 de abril a las tres de la mañana el mozo de un local próximo a los domicilios golpeó la puerta de la casa de Arnaldo y le dijo que “unos encapuchados” se habían llevado a Víctor, en calzoncillo y camiseta arrancándolo de la cama al lado de su madre. Los captores llevaban borceguíes, ropa azul y bombachas de Infantería. Arnaldo se dirigió inmediatamente a la comisaría Cuarta, donde le dio la impresión de que lo estaban esperando. Tres horas después le dijeron: “ya sabemos dónde es” cuando le daba las señales de la casa. Según aportes de vecinos, ya fallecidos, hubo tres vehículos operativos aquella noche: un Falcon azul, otro blanco y un Fiat 125, que el testigo asegura haber visto en sus averiguaciones tanto en Investigaciones de la Policía Provincial como frente a la sede de la Policía Federal.

Además de sus infructuosas gestiones en la búsqueda, la madre acudió en vano a autoridades de la Iglesia, como monseñor Rafael Rey. Entre el momento de la desaparición y el hallazgo del cadáver, meses después, Arnaldo recibió todos los días, a las tres de la mañana, llamados telefónicos que se presentaban como provenientes del exterior, pero que fueron hechas desde el Comando de Comunicaciones del Ejército, interrogándolo acerca de sus actividades y del paradero de Víctor. En julio dieron con el cuerpo, semienterrado, que fue descubierto por un perro en el campo Ortega, en Maipú. El médico forense Bringuer -que además era el doctor de cabecera de la familia- constató que había sido fusilado con las manos atadas.

Quien empezó a echar luz sobre el caso fue el por entonces suboficial de la Federal, Carmelo Cirella Paredes, que fue el primer represor local en quebrar el silencio, según quedó registrado en declaraciones ante la CONADEP y en el documental “7746 Legajo CONADEP”, del periodista Rodrigo Sepúlveda. Además de atribuirse participación en el hecho –trasladando, por orden de Mirotta, el cadáver ejecutado en la zona de Papagayos-, Cirella incriminó a Rodolfo “Willy” Cardello, macabro agente de inteligencia de la Policía Federal. Arnaldo apoya las versiones de Cirella y coincide en que a Víctor “fueron a matarlo directamente”. “¿Qué cree que pasó con su hermano?”, le preguntó por último el fiscal Dante Vega, a lo que el testigo aludió las versiones que indicaban que se trataba de una venganza porque Víctor andaba “con la mujer de algún milico”. Reconstruir los hechos, hacer memoria e iluminar verdades son algunos de los propósitos de este juicio que apenas comienza.

La verdad de los dichos de Cirella Paredes

El testimonio de Rodrigo Fernando Sepúlveda, realizador del documental “7746 Legajo CONADEP”, estuvo orientado a precisar los hechos reconstruidos y a establecer la verdad -o no- de las afirmaciones e incriminaciones de Cirella Paredes, actualmente fallecido. El periodista fue interrogado respecto al testimonio de Cirella, represor que relató a la CONADEP el accionar de la patota de la Federal que actuara en los secuestros y asesinatos de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar. Sepúlveda señaló la consistencia entre el relato filmado por él y los integrantes de su equipo en 2005, y la versión brindada por el ex policía a partir de 1984. El documental fue estrenado el 24 de marzo de 2006, a treinta años del golpe cívico militar.

En 2007 el juez Walter Bento citó a Rodolfo Cardello, Marcelo León, José Luis Mirotta y Carmelo Cirella Paredes por los hechos narrados en el documental. Cirella se desdijo de las versiones sostenidas durante más de 20 años y acusó a Sepúlveda de haberle pagado por su testimonio. El periodista, que en su momento se defendió públicamente y en la audiencia aportó documentación que lo respalda, amplió sobre elementos que reafirman la verdad de los dichos de su principal fuente para la investigación.

Para el testigo el relato del ex policía no sólo era consistente con su declaración de 1984 -cuando dio cuenta de la operatividad, disponibilidad y participación de todo el cuerpo de la delegación en diversos hechos del terrorismo de Estado-, sino también con un conjunto de evidencias reunidas para reconstruir los hechos, como periódicos de la época y otros testimonios vinculantes. Si en 2007 Cirella declaró ante la justicia federal que había mentido tanto a la CONADEP como a los documentalistas, lo hizo porque estaban bajo amenaza él – que se hallaba detenido- y su familia. Entre otras aseveraciones contundentes, Sepúlveda explicó que pagar por una entrevista no entra en sus prácticas, que no hubiese buscado a Cirella como testigo de su documental “si no le hubiera creído”, y que el represor, pese a su miedo, “sabía lo que estaba haciendo”.

El tribunal anunció cuarto intermedio hasta el 29 de junio.

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