07-12-17 / En la jornada prestaron declaración, desde Córdoba, dos testigos en la causa por la desaparición de Olga Roncelli y un compañero de Osvaldo Zuin; éste último desde Brasil. Finalmente, se escuchó a Guillermo Scoons, quien fuera víctima de detención ilegal por ser exmiembro del Partido Comunista y, actualmente, reside en Chile.
Ninguno de los testigos ofrecidos por la Fiscalía, en el día de hoy, compareció ante el Tribunal que preside Daniel Cisneros. Sus declaraciones fueron recibidas por videoconferencia.
Guillermo Alberto Denaro declaró en primera instancia, desde San Pablo, Brasil. El testigo fue compañero de militancia de Osvaldo Zuin (“Horacio”) en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). La última vez que se vieron fue a fines del ‘76 o principios del ‘77, en la calle. Osvaldo era el encargado de la Regional Mendoza, que dependía de Córdoba. En un encuentro rápido le dio instrucciones de seguridad que venían desde las autoridades de la Organización.
Volvió a tener noticias de Zuin cuando un amigo, Miguel Balestrieri, lo citó para transmitirle algo de su interés.A principios de abril del ’78 se presentó junto a su hermano, Blanco Balestrini, oficial de la SIDE, quien le informó de la detención de Zuin y dijo que había mencionado su nombre y, por ende, lo estaban buscando. Asimismo, le contó que en la detención había sido baleado y fracturado en una pierna. Luego, trasladado a Mendoza y asesinado.
El oficial de la SIDE le pidió que se entregara, garantizándole su vida si colaboraba, es decir, si delataba nombres. Denaro se negó y pidió otra opción. El hombre de la SIDE le dio “cinco días para desaparecer del mapa”. Le aclaró que la historia sería ventilada tarde o temprano y, cuando eso sucediera, podría declarar a su favor.
Un día después, Denaro salió de Mendoza. Y el 5 de abril ya estaba fuera del país. Desde entonces vive en Brasil.
Desde Córdoba
Iris Santos, integrante de la Juventud Universitaria Peronista era amiga personal de Olga Roncelli. No compartían militancia sino que era preceptora en una escuela en Lavalle donde la víctima daba clases.
En 1975, Santos fue detenida por unos días. Ya estando en libertad, allanaron su casa y ella decidió llevar su vida a la clandestinidad, desde octubre de ese año. En esa circunstancia, visitaba a menudo a Roncelli, incluso en una época cuidó a su hijo. Olga nunca le cerró las puertas de su casa. El 29 de mayo de 1977 Iris se enteró por un aviso fúnebre de que su madre había fallecido. Olga se acercó a la casa familiar, habló con el padre de su amiga y él le recomendó no acercarse a la vivienda porque la vigilaban.
La testigo decidió irse a San Juan con unos familiares. Es decir que los meses previos a la desaparición de Roncelli, Santos ya no estaba en Mendoza. Caracterizó a su amiga como una persona muy solidaria.
Al cierre, el abogado querellante Pablo Salinas, preguntó qué auto manejaba Olga; la testigo señaló que tenía un Fiat 128, quizás de color verde.
Finalizado el testimonio, el abogado advirtió al Tribunal que en el Campo Las Lajas se encontraron, enterradas, autopartes de un vehículo idéntico. Agregó que las pericias podrían ser de utilidad para la causa que compromete a la Fuerza Aérea.
Ricardo D’Amico ya testimonió en 2014 en la causa por las detenciones ilegales y torturas sufridas por un numeroso grupo cercano a la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO).
En esta ocasión la indagatoria se centró en lo sucedido en una vivienda de Villanueva donde fueron apresados varios de ellos. Allí vivían Juan Carlos Yanzón, su padre y su primo. El procedimiento realizado el 29 de agosto de 1975 se completó con la detención de D’Amico junto con Eduardo Glogowsky, Luz Faingold, Hugo Tomini, Prudencio Mochi, Susana Ligeras y Mercedes Miranda.
A nombre del testigo estaba el alquiler de la casa donde se produjo este operativo contra los miembros de la OCPO. El dato significativo es que la garante en ese contrato era Olga Inés Roncelli.
Según el testigo ella era simpatizante de esa agrupación.
Un infierno en el D2
Guillermo Scoones, detenido en 1980 dentro del operativo contra miembros del Partido Comunista (PC), testimonio desde Chile.
Su secuestro se produjo en octubre, cuando estacionaba frente a la casa de su familia en la calle Pedro Molina del centro. Un policía de civil, identificado como Sargento Martínez, lo obligó a descender de su vehículo y lo trasladó al Palacio Policial.
En el D2 –cuyo estacionamiento conocía tras haber estado detenido por averiguación de antecedentes en una ocasión anterior- permaneció tres meses. Según el testigo estuvo en una diminuta celda donde dijo haber vivido “un infierno” al escuchar los tormentos y los gritos de otras personas detenidas. También él fue víctima de tortura física – picana y golpes- y psicológica durante los interrogatorios. Reconoció que la tortura es “tan degradante, reduce tanto la condición humana” que los detalles le resultan difíciles. Sin embargo, mencionó que recibió un golpe de arma en la cabeza que le produjo un desmayo y posteriores ataques epilépticos frecuentes.
También relató un episodio que pudo observar desde la mirilla de la celda: luego de lo que supuso fue un interrogatorio brutal por causa de los gritos, vio cómo dos personas sacaban arrastrando el cuerpo de un hombre mayor, moribundo, por el pasillo.
Explicó que su familia, que sabía que estaba en el D2 por la dirección en la que se lo habían llevado, hizo lo indecible para “blanquear” su situación. Incluso su padre se entrevistó con Luciano B. Menéndez en Córdoba, pero este negó su detención.
Durante su permanencia en el D2 identificó a otro detenido, Ignacio González, miembro de la dirección del PC, con quien habló desde la celda. Sin embargo, ya en la penitenciaría, supo que todos los demás militantes de la Organización que estaban cautivos habían pasado por este CCD: las ocho personas incluidas en la misma causa, es decir, Rafael Báez, Ignacio González, Jorge Aliste, Aurelio Berlanga, Carmen Rey, Gabriel Solá y Valerio Castillo. En el penal provincial estuvo un año.
Respecto de su situación legal, en el Juzgado Federal del exjuez Guzzo se le abrió una causa por violación a la ley 20.840 de Seguridad Nacional. Recordó que en 1975 lo detuvieron bajo la misma ley y secuestraron su extensa biblioteca.
También detalló el rol activo que tuvo el consulado francés en su defensa durante el proceso. A pedido de su pareja, una mujer francesa, el gobierno de ese país ofreció un abogado que actuó como codefensor. Asimismo, envió una delegación de juristas que constató la destrucción de su vivienda luego de los sucesivos allanamientos y se entrevistó con Guzzo. Scoones caracterizó al exjuez como “empleado de los militares” y lamentó que no hubiera sido posible condenarlo.
Según el testigo, la comitiva francesa presionó a Guzzo con una sanción internacional y el exmagistrado se vio obligado a liberarlo condicionalmente: no podía moverse de la ciudad de Mendoza mientras duraba el juicio. Finalmente, amparado por el gobierno francés y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, pudo salir del país vía Uruguay y Brasil hacia Francia.
Por último, Scoones explicó al tribunal que al momento de su detención estaba desligado del PC por diferencias con la conducción de Fernando Nadra así como la caracterización y respaldo al Golpe. Resaltó el error cometido por la brutalidad del gobierno de Videla y “los carniceros que lo acompañaron”.
La próxima audiencia será el jueves 14, a las 9.30 hs.
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